CASO MALDONADO / 1. «Les dimos corchazos para que tengan», el incendio de las viviendas mapuches y toda la información
Foto: Juan Pablo Escola, el comandante que encabezó el operativo en cuyo transcurso desapareció Santiago, Van una serie de notas de la agencia Télam sobre este caso apasionante:
Investigan incendio de la casa de un Mapuche que actuó en la «ocupación» de un juzgado federal
Se trata de Marcelo Calfupan, vocero de la comunidad Vuelta del Río
«Si hubieran pasado en auto lo hubieran visto las personas que quedaron de guardia», aseguró Calfupan, quien informó que Rogelio Fermín, otro de los mapuches que participó de la ocupación del juzgado, perdió ayer por la noche todos los animales de su corral.
Fuentes de la investigación aseguraron a Télam que abonan a la teoría de que el incendio lo realizaron personas a caballo, aunque precisaron que hay que esperar al menos hasta el lunes para tener los resultados de las pericias.
El hecho se produjo ayer cerca de las 20 cuando los habitantes de la comunidad se encontraban aún en Esquel luego de realizar la medida de fuerza en la sede judicial, ubicada en 25 de Mayo y San Martín, y se dio a conocer gracias a la viralización de un audio de la dirigente mapuche Moira Millán.
«Fuimos a pedir garantías para el resguardo de la integridad de la comunidad y nos encontramos con una casa quemada», se quejó Millán y calificó de «mafioso» el ataque a la vivienda.
Por la mañana, las regionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste de Chubut y El Bolsón convocaron a una caravana hacia Vuelta al Río en apoyo a esa comunidad mapuche tras el allanamiento del lunes y el incendio de la casa.
«Estamos en una situación que no se puede separar de un contexto que se está viviendo antes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, esto es un conflicto de tierras, todo lo que pasa viene de eso», aseguró Mabel Sánchez, presidenta de APDH Noroeste de Chubut. «Yo siempre pongo la cara por mi comunidad, quizás me quemaron la casa para que me vaya pero yo no voy a abandonar a mi gente», concluyó Calfupan.
En tanto, habitantes de la comunidad dijeron al fiscal que un testigo relató que pusieron minas antipersonas en el territorio, aunque todavía no realizaron la denuncia correspondiente, la cual podría derivar en una investigación del fuero federal en el territorio.
Caso Maldonado: «Les dimos corchazos para que tengan», dijo un gendarme que participó del operativo
El dato surge del peritaje hecho en celulares secuestrados a los uniformados
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«Les dimos corchazos para que tengan.» Así hablaba un gendarme que participó del operativo de desalojo de la ruta 40, en Chubut, el 1° de agosto pasado, día de la desaparición de Santiago Maldonado». El dato, según afirmó al diario La Nación «una fuente con acceso al expediente, surge del peritaje hecho sobre los más de 70 teléfonos celulares secuestrados a los gendarmes que participaron del operativo, que comenzó sobre la ruta 40 y terminó dentro del predio ocupado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia en la estancia Leleque, departamento de Cushamen, Chubut», según la crónica publicada ayer en dicho matutino por el , jueves, por el periodista Gabriel Di Nicola. La frase es dicha por uno de los gendarmes a un superior en un mensaje de audio, y «confirma que hubo contacto entre los manifestantes y los gendarmes, y que también hubo una agresión», agregó la fuente consultada por el periodista.
Anteayer, el canal Todo Noticias (TN) reveló que un policía de Río Negro denunció que el 16 de agosto pasado, cuando participaba de un rastrillaje en busca de pistas sobre Maldonado, encontró «cartuchos de FAL y proyectiles nueve milímetros, que no fueron utilizados como prueba porque la fiscal a cargo dijo que no era lo que buscaban».
Los resultados del peritaje, realizado por expertos de la Policía Federal, le fueron entregados a la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila.
El caso Maldonado tiene dos causas: una está caratulada como desaparición forzada y otra es el habeas corpus que se inició después de la denuncia de la desaparición.
El expediente caratulado como «desaparición forzada» está delegado en la fiscal Ávila, que tiene la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), conducida por Félix Crous.
Caso Maldonado: Mapuches denuncian incendio de viviendas tras haber ocupado el juzgado de Otranto
La policía lo negó. Los aborígenes sospechan que fue cómplice
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La mapuche Moira Millán denunció hoy ataques a viviendas de la comunidad Vuelta del Río, en el noroeste de Chubut, y sostuvo que se trató de una represalia por la ocupación, escasas horas antes, del juzgado federal de Esquel a cargo de Guido Otranto, en la que una decena de sus miembros exigieron la renuncia del magistrado que investiga la desaparición del joven Santiago Maldonado. «En este preciso instante están quemando las casas de los hermanos de Vuelta del Río que vinieron a hacer la ocupación pacífica para pedir la remoción del juez Otranto»•, dijo una angustiada Millán en un audio que se viralizó en las redes sociales.La denuncia dio hoy lugar a una aguda controversia entre los miembros de la comunuidad u la Policía de Chubut, que puso en duda la misma existencia del siniestro. En su mensaje, Millán señaló que «están tomando represalias contra nuestros hermanos y hermanas, aparentemente un grupo de hombres armados que no sabemos si son policías o parapoliciales».
Según el informe policial, policías en tres móviles y bomberos voluntarios acudieron al lugar «anoche alrededor de las 21.20» por diversos accesos y, luego de superar la resistencia de los pobladores, constatataron «que no había llamas ni humo, dejando constancia de que a la hora del incidente no había luz».
Sergio Nahuelquir, vocero del vecino Pu Lof en Resistencia de Cushamen, dijo a Télam que «ellos (por la policía) dicen que fueron a las 21.20 pero el incendio comienza más o menos a las 22.40».
Y la abogada Sonia Ivanoff, defensora del lonko Jones Huala, consultada por esta agencia, confirmó que «las casas fueron quemadas, como pueden certificar Gustavo Macayo, Radwidilovsky y otros asesores de defensa pública de Esquel que estuvieron en la casa quemada de Calfupan».
Respecto del comunicado de la Policía provincial, la letrada señaló que «ellos son cómplices, no es la primera vez que actúan con complicidad incluso con Benetton», el grupo italiano propietario de cerca de un millón de hectáreas, la mayor parte de ellas en la Patagonia.
La acuciante sospecha de los comuneros mapuches es que los hombres de a caballo que vieron merodear a sus viviendas responden al mayordomo de la estancia Leleque de Benetto, Ronald McDonald, y que habrían incendiado la vivienda contando con la complicidad o «laissez-faire» de los uniformados.
Benetton mantiene un antiguo conflicto de tierras con la Pu Lof en Resistencia y la vecina comunidad de Vuelta del Río, en el departamento chubutense de Cushamen.
Las regionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste del Chubut y El Bolsón convocaron a que los vecinos manifiesten su solidaridad con la comunidad mapuche-tehuelche Vuelta del Río.
En declaraciones a radio Rivadavia, Soraya Maicoño, vocera de la Pu Lof, dijo que fueron incendiadas las casas de «Marcelo Calfupan y Rogelio Fermín» y que ambas comunidades vecinas «sufrieron situaciones de represión el día lunes», al ser víctimas de una allanamiento ordenado por el juez Otranto.
Maicoño afirmó que entonces efectivos de las fuerzas de seguridad «entraron a dos viviendas, a las casas de Bulinao y Cafulpan» quienes «sufrieron situaciones de vejámenes».
«Los sacaron a las seis de la mañana de la cama, los tiraron a la intemperie, en el suelo por más de dos horas, con las manos precintadas, les revolvieron todo, les secuestraron mochilas, camperas y dinero, y les gritaban ‘¿Dónde tienen escondido a Santiago Maldonado?'», narró.
Caso Maldonado: El fiscal ante la Cámara de Comodoro Rivadavia pidió el apartamiento de Otranto
Norberto Bellver entiende que prejuzgó al considerar que se habría ahogado.
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El fiscal general ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, se pronunció hoy a favor del apartamiento del juez Guido Otranto de la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado, al exponer en la audiencia de partes realizada en esa ciudad chubutense a raíz de la recusación planteada por la familia del joven desaparecido desde el 1 de agosto pasado. De esta forma, Bellver respaldó el pedido de la querella, sobre todo, según dijo a la prensa tras la audiencia, por entender que, en recientes declaraciones periodísticas, el magistrado adelantó opinión o prejuzgó acerca de lo que pudo haber sucedido a Maldonado, por lo que «habría que apartarlo». Con el patrocinio de la abogada Verónica Heredia, la familia de Maldonado había pedido la semana pasada que el juez federal de Esquel fuera aparato de la causa por el «nulo avance» registrado en la investigación.
En la audiencia de hoy, Sergio Maldonado detalló los pasos que dio la familia durante los días que siguieron a la desaparición de su hermano.
«El lunes 7 me presenté ante el juez, antes había hecho lo propio ante la fiscalía, donde me hicieron un informe y el juez se dedicó a cuestionar todos los puntos del informe fiscal», relató Sergio.
«En síntesis: no me dio ni cinco de bolilla; siempre me atendieron con una soberbia impresionante», remató.
La audiencia se inició hoy con la exposición de Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado ante la corte presidida por el juez Javier Leal de Ibarra e integrada por los magistrados Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman.
«Nosotros simplemente estamos utilizando los mecanismos legales y cuestionando la falta de imparcialidad del juez, que descarta una y otra vez la única hipótesis seria que hay, que es la desaparición forzada de Santiago», dijo la abogada a los periodistas a la salida de la reunión.
Heredia vinculó la desestimación de esa hipótesis por parte de Otranto con «las fuerzas de seguridad que están actuando con una violencia inusitada (en comunidades mapuches del departamento de Cushamen, en Chubut), razón por la cual hemos pedido una medida cautelar para la protección de los testigos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos».
La audiencia comenzó a las 11 y terminó cerca del mediodía en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá tratar también otro pedido de recusación a Otranto, esta vez pedido por el CELS, organismo que es querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y parte en la originada en los pedidos de hábeas corpus presentadas por el mismo caso.
La Cámara recién se expediría sobre el planteo recusatorio presentado por la familia de Santiago Maldonado el lunes, informó el juez Leal de Ibarra a Télam.
La Cámara puede rechazar o aceptar el pedido de apartamiento del juez Otranto, y, en este último caso, la causa recaería en los juzgados de Rawson, sea el 1, del juez Hugo Sastre, o el 2, del juez Gustavo Lleral.
Tras la audiencia, Sergio Maldonado expresó su confianza en lo que resolverá la Cámara e insistió en que «acá hubo desaparición forzada de persona» y que, lo único que pretenden los familiares es que «Santiago aparezca».
«Lo buscamos a él y esto no tiene ninguna interpretación política posible, salvo la política de derechos humanos, que no es partidaria», aseveró.
Por su parte, el presidente de la APDH de La Matanza, Pablo Pimentel, presente en el lugar, destacó que concurrió a la sede de la Cámara «una fuerte representación de la comunidad mapuche de Comodoro Rivadavia», y contó que «el público desbordó la sala» donde se desarrolló la audiencia esta mañana y que, incluso, «gran parte permaneció afuera hasta que finalizó la audiencia».
El referente de la APDH de La Matanza, uno de los organismos que presentó en Esquel recursos de habeas corpus por Maldonado, respaldó el pedido de apartar al juez Otranto «por su parcialidad, evidente desde el primer día en esta causa» y porque «se dedicó a no creer a la familia, no escucharla, subestimar a la comunidad mapuche y demostró siempre querer cubrir la responsabilidad del Estado, desde los gendarmes que actuaron hasta el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti».
Senado: opositores y comunidades nativas denuncian una «campaña antiindígena» en la Argentina
Destacaron que hay fuertes intereses que se oponen a la prórroga de la Ley 26160
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Dirigentes de la oposición y representantes de pueblos originarios denunciaron hoy en el Senado de la Nación que está en curso una campaña antiindígena y reclamaron la prórroga de la Ley 26160 que suspende los desalojos en los territorios considerados ancestrales. «Se instaló en la sociedad una suerte de consenso anti-indígena», afirmó el senador Fernando «Pino» Solanas (Proyecto Sur) al abrir el encuentro que organizó en el Salón Illia del Palacio Legislativo. Acompañado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y los senadores peronistas Alfredo Luenzo y Juan Manuel Abal Medina, Solanas reclamó que el Congreso prorrogue la vigencia de la legislación que ordena el relevamiento de los territorios y su distribución entre las comunidades indígenas .La prórroga vence en noviembre y, si no es sancionada nuevamente, muchos asentamientos corren peligro de ser desalojados.
«Queremos pararnos como ciudadanos argentinos, una ciudadanía impuesta, pero ciudadanía al fin», afirmó Nahuel.
El representante cuestionó al gobierno nacional por «apoyar un modelo que quiere sumergir a los pueblos indígenas en las peores desigualdades de la historia de la humanidad».
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, acusó a los medios de comunicación de «inventar cosas sobre qué pasó con Santiago Maldonado» y aseguró que «el juez (federal Guido) Otranto está presionado por el poder político».
«Es una prensa canalla que hace toda la propaganda posible para acompañar esta política de destrucción de los pueblos originarios», sentenció Pérez Esquivel.
Y agregó que «hay una represión sistemática, no solo en la Patagonia» y que «esto viene desde hace tiempo».
Abal Medina, en tanto, reconoció que el peronismo «cuando fue gobierno, no solucionó el tema» y se comprometió «a que el Senado dé media sanción a la prórroga».
El constitucionalista Roberto Gargarella dijo que «es preocupante» cómo «el gobierno nacional quiere gestionar el conflicto social».
«No fue azarosa la presencia del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad (Pablo Nocetti, en el desalojo de la Ruta 40 cuando presuntamente desapareció Maldonado); es la afirmación de un tipo de práctica que viene desarrollándose en la Argentina desde hace mucho tiempo», enfatizó.
Fijan fecha de audiencia de apelaciones a la incompetencia de Canicoba Corral en la causa Maldonado
Será el 10 de octubre. La autoexclusión del juez fue rechazada por el fiscal Delgado y la LADH
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La Cámara Federal fijó para el 10 de octubre la audiencia de las apelaciones del fiscal Federico Delgado y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) a la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral de declararse incompetente para investigar si el gobierno nacional encubrió a la Gendarmería en la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado. La fecha fue fijada por la Sala I de la Cámara Federal porteña, en resolución adoptada por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia. En la apelación presentada hace una semana, Delgado sostuvo que la decisión de Canicoba Corral fue «prematura y sin ninguna investigación previa», mientras que la LADH apeló «la totalidad de la resolución» en la que el juez porteño dispuso también remitir la denuncia al Juzgado Federal de Esquel. «El juez, sobre la base de calificaciones y disquisiciones dogmáticas, sin ningún tipo de investigación previa ni indagación concreta de los hechos se declaró incompetente y ordenó la remisión de la investigación» al Juzgado Federal de Esquel en Chubut, sostuvo el fiscal en su dictamen.
Canicoba Corral se declaró incompetente y resolvió remitir la denuncia por encubrimiento al Juzgado de Esquel, a cargo del juez federal Guido Otranto, porque, según argumentó, la misma está vinculada a la causa por la desaparición de Maldonado.
Por su parte, en un escrito que presentó con el patrocinio de los abogados Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, entre otros, la LADH -que formuló la denuncia y luego pidió ser querellante en la causa- sostuvo que «no hay identidad de objeto procesal (de la denuncia por encubrimiento), como se sostiene en el auto recurrido y las causas que tramitan por ante la Justicia Federal de la provincia de Chubut».
Además, dejó formulada la «protesta de casación y reserva del caso federal» para el caso de que la Cámara de Apelaciones rechace el recurso.
En cuanto al fiscal Delgado, sostuvo que había riesgos en la decisión «apresurada» de Canicoba Corral y recordó que había recomendado, además, que el juez Guido Otranto sea apartado del caso porque fue él quien ordenó el operativo en cuyo contexto desapareció Maldonado y «articuló la intervención» de la Gendarmería que reprimió a integrantes de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en el noroeste de Chubut.
Guido Otranto tiene dos pedidos de recusación, uno de la familia de Maldonado y otro del Cels, a los que hoy adhirió el fiscal general ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, en la audiencia de partes previa a la resolver si el juez federal de Esquel es apartado de la causa que investiga la desaparición de Maldonado, una decisión que esa corte tomará el lunes próximo, según se informó.