Una noticia bomba. Léanla con atención, tengan presente la admiración por el «modelo chileno» de neoliberales y anarcocapitalistas locales, así como la pretensión de los dueños de las prepagas locales de desembarazarse de clasemedieros y jubilados para concentrarse en ofrecer sus servicios a personas pudientes y si es posible jóvenes. Atiendan luego a la advertencia  de la eminente doctora Alicia Stolkiner (foto), titular histórica de la cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la UBA.

Estas son las claves para comprender una compleja tramitación de un año en el Parlamento que ha enfrentado el oficialismo y la oposición por el futuro de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) y ha desembocado en un éxodo de miles de afiliados al sistema de salud público:

• Chile tiene un sistema de salud mixto, compuesto por un seguro público, denominado Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y uno privado administrado por las Isapres.

• Los trabajadores pueden elegir cotizar en el sistema público o en el privado. En el primero, el aporte es del 7 % del sueldo, mientras que las aseguradoras privadas pueden recibir un porcentaje mayor y ofrecer un plan de salud con mayores prestaciones.

• El mercado de las Isapres, muy concentrado en seis compañías, fue creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y su creación empujó el desarrollo de clínicas privadas, que empezaron a integrarse verticalmente en holdings con las Isapres.

• Según la Superintendencia de Salud, entre 2017 y 2020 acumularon ganancias por más de 225.000 millones de pesos (más de 280 millones de dólares), pero tras la pandemia y un proceso judicial se giró en su contra y terminó reconociendo deudas millonarias con sus clientes, se declararon “al borde de la quiebra”.

• La nueva ley establece que las aseguradoras privadas deberán presentar un plan de pago de la deuda a sus afiliados a la Superintendencia de Salud (organismo fiscalizador) y dispondrán de un plazo de 13 años, tres más de los contemplados en la propuesta inicial del Gobierno, para saldarla. Para las personas mayores de 65 años, este plazo se recorta a cinco años y para las mayores de 80 queda en dos.

• Para paliar el impacto financiero que el cumplimiento del fallo implica, las aseguradoras podrán subir los precios de los planes de los próximos tres años con menos restricciones que antes.

• A las subidas en los planes previstos para 2025, 2026 y 2027 se suma un alza extraordinaria en los próximos meses que tendrá un techo del 10 % de lo que pagaban las personas hasta junio de 2023 y que las aseguradoras tendrán que justificar ante la Superintendencia.

• Ante las críticas de varios partidos de la coalición de Gobierno, que tildaron la propuesta de «rescate» y «salvavidas» para las empresas privadas, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, respondió que el presidente, Gabriel Boric, «no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas”.

• A finales de 2023, las Isapres habían perdido 360.876 beneficiarios, mientras que en el primer trimestre de 2024 fueron 47.000 los afiliados que abandonaron su cobertura privada de salud.

¿Vamos hacia esto?

Al final siempre lo paga el estado o sea la sociedad y el pueblo. En Chile se aprobó una ley por la que el estado rescata a las aseguradoras privadas de salud ( equivalentes a las prepagas de aquí) por la deuda «para que puedan pagarle a sus afiliados una deuda millonaria por cobros excesivos desde 2019, en cumplimiento de un fallo de la justicia chilena».

¿Estamos aquí en el primer paso que terminará en que entre todos rescatemos la deuda de las prepagas?

¿No era que lo privado era mejor que lo estatal?

Simultáneamente, el gobierno de los Estados Unidos sale a pagar la deuda de los estudios universitarios que miles de graduados hicieron con un crédito que se volvió impagable. ¿Méritos de la universidad regida por el mercado?

Los mismos que denostan al estado le piden que preserve sus ganancias. Como pasó al final de la dictadura cuando Martínez de Hoz estatizó a deuda de una serie de grandes grupos privados, entre ellos el Grupo Macri, deuda que pasamos a pagar todos.