En efecto, una extensa área que circunda al Congreso Nacional fue ocupada por fuerzas militarizadas de Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina. Fue un operativo que no registra antecedentes. Desde la madrugada del día anterior las fuerzas de seguridad se instalaron dentro de ese perímetro, vallaron todos los accesos e instalaron carros de asalto, cientos de vehículos de transporte y miles de efectivos. Lo hicieron ruidosamente y con un despliegue que evidenciaba la intención de hacerse notar. Soy testigo presencial del montaje de toda la escena ya que los días que permanezco en Buenos Aires resido en uno de los edificios de la zona. El ministerio de seguridad convirtió al barrio de Congreso en una ciudadela. A lo largo del día –un oscuro día para la democracia argentina- quedó claro que el objetivo del operativo no era solo defender el enclave sino lanzar desde allí un fenomenal operativo represivo contra quienes se manifestaban contra el proyecto de ley de reforma del régimen previsional y limitar los movimientos de los legisladores dentro del área.

Podría escribir largas páginas para dar cuenta de los atropellos que allí y desde allí se produjeron pero basta con mencionar los casos de la joven Damiana Negrín, de los fotógrafos Pablo Piovano, Pablo Cuarterolo y Marcelo Silvestro, y de los diputados Victoria Donda, Mayra Mendoza, Darío Martínez, Matías Rodríguez y Horacio Pietragalla, entre otros, para dar cuenta de la brutalidad e ilegalidad del operativo de represión llevado a cabo. También se produjo el intento de detención de la diputada Araceli Ferreyra de parte de la Gendarmería. Periodistas y diputados presenciamos el incidente.

Fui testigo presencial, como muchos otros lo fueron, del momento en que Gendarmería desató la represión y la cacería sin que mediara ningún ataque de los manifestantes. Todo comenzó con el avance de un carro hidrante, un camión cisterna, motos y pelotones de efectivos fuertemente armados hacia las vallas localizadas sobre la Plaza de los Dos Congresos.

Por otro lado, las restricciones que padecimos los diputados para el ingreso al palacio del Congreso donde se encuentra el recinto de sesiones fueron gravísimas e implicaron una grave vulneración de las prerrogativas funcionales que la Constitución otorga a los legisladores. Los accesos estaban tomados por personal de las fuerzas de seguridad que limitaban, demoraban y hasta impedían el ingreso, incluso cuando ya era el horario al que la sesión había sido convocada. Dentro del edificio también se produjeron restricciones a la libre circulación de los legisladores y del personal de la Cámara.

No debe perderse de vista que el dispositivo represivo fue impuesto para hacer posible una estafa institucional que pretendía –y aún pretende- cercenar derechos de jubilados, trabajadores y chicos beneficiarios de asignaciones. Con un operativo represivo desproporcionado e ilegal se ha pretendido construir una escena parlamentaria (la acción fraudulenta para lograr el quórum) y condicionar una decisión legislativa también no solo ilegal sino inconstitucional: la violación del principio de no regresividad que rige en materia previsional.

Hay quienes pretenden que las cosas no podrían haber sido distintas en relación con el estado de sitio de facto establecido en el Congreso y la acción amenazante y represiva de las fuerzas de seguridad. Quienes con extrema funcionalidad al gobierno intentan instalar ese falaz argumento pretenden olvidar que dos semanas atrás el Senado trató ese mismo proyecto de reforma con una multitudinaria marcha en las puertas del Congreso Nacional, con un escenario montado sobre sus veredas y sin ningún incidente ni operativo represivo. Ese hecho constituye la confirmación palmaria de que es el gobierno el que genera la violencia, una violencia institucional que se asienta en la desembozada proclamación de una aggionarda doctrina de la seguridad nacional que he denunciado en una nota publicada en este mismo portal en la publicación del día 22 de setiembre de este año bajo el título “El peligroso regreso de la doctrina de la seguridad nacional”.

Así como no debe perderse de vista el por qué del dispositivo represivo –indisolublemente unido con el saqueo que se pretende hacer a los sectores más vulnerables de la sociedad- debe tenerse presente el para qué y en favor de quien busca concretarse esta reforma. Los 100 mil millones de pesos que pretenden “ahorrarse” esquilmando a los jubilados y a los chicos tienen destinatarios claramente identificables. Como explicamos con Javier Elizondo la semana pasada en este portal, la multimillonaria transferencia a favor de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires disimula un inconfesable objetivo político: incrementar las chances electorales de Cambiemos –y por lo tanto de Macri y Vidal- en el principal bastión electoral de país mediante el otorgamiento de 60 mil millones de pesos en los dos próximos dos años. Los otros beneficiarios son los especuladores de la bicicleta financiera que en su voracidad sin límites amenazan con correrse al dólar e irse al financieramente rentable mercado estadounidense que concede y promete significativos aumentos de tasas, como el concretado durante esta semana. Desde el gobierno y el establishment económico pretenden que el pago del multimillonario endeudamiento y del festival de las lebacs lo paguen los jubilados, los laburantes y los pibes. Una atrocidad repudiable desde todo punto de vista que merece y debe ser resistida.

La concreción de tales propósitos requiere del encierro: el pueblo lejos, las instituciones degradadas, un Congreso Nacional que no pase de ser un conciliábulo de políticos alineados con los dueños del país que ya tienen a sus gerentes en los despachos oficiales, una fuerza represiva con garantía de impunidad, la democracia y la república concebidas como unas vistosas fachadas capaces de disimular ante ingenuos ciudadanos la vulneración de derechos adquiridos, la restricción de las garantías constitucionales y la violación de los derechos humanos, un poder judicial que mira para otro lado frente a todas estas atrocidades.

En la esquina de Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, en el muro que hace de ochava a uno de los vértices del palacio del Congreso Nacional, está escrito un grafiti que dice: “Nada bueno sale del encierro”. Completa la leyenda la letra A rodeada de un círculo que simboliza al anarquismo. Los días que estoy en Buenos Aires paso siempre por allí, al menos una o dos veces. No recuerdo cuando leí por primera vez esa leyenda ni el momento en que la relacioné con ese monumental edificio que tras un muro bajo de piedra y las altas y gruesas rejas de hierro se visualiza imponente desde la calle. Supongo que no hace mucho capté el oportuno sentido de una frase que allí, sin lugar a dudas, tiene un notorio significado. De lo que si estoy seguro es que la leyenda brotó en mí como una consigna en cada uno de los momentos –duros, críticos, dramáticos- vividos durante esta semana

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Los movimientos sociales, los partidos políticos con auténticas convicciones democráticas, las organizaciones representativas de los trabajadores y del empresariado nacional, el Pueblo, en definitiva, deben denunciar las estratagemas de los que lucran con el encierro y demoler los muros que lo hacen posible. Debemos hacerlo democrática, paciente e insistentemente hasta lograrlo. Nada bueno nace del encierro. En democracia lo bueno siempre nace del Pueblo.

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*) Diputado Nacional por Mendoza (FPV-PJ), vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados de la Nación. Vocal de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano HCDN; ex secretario de Ambiente del Gobierno de Mendoza.