Lo que al principio no iba a ser más que una transferencia ascendente muy selectiva de la soberanía nacional, se convirtió gradualmente en el principal motor institucional de lo que se denominó «integración por ley », llevada a cabo por las autoridades centrales de la Unión y apoyada por distintas coaliciones de estados miembros y gobiernos, algo que los abogados, en particular, consideran normativa y técnicamente superior a la integración política.Si bien los motivos cambiaron con el tiempo, la integración por ley siempre implicó una lectura profunda de los Tratados para descubrir razones siempre nuevas para someter a los sistemas políticos nacionales democráticos a una tecnocracia internacional posdemocrática. Con las revisiones del Tratado efectivamente bloqueadas tras la derrota en 2005 del proyecto de ‘Tratado para una constitución europea’ en el referéndum francés (el 55,7% votó en contra), el TJUE finalmente se convirtió en el órgano legislativo y de redacción constitucional más importante de la UE. (Irónicamente, una de las posibles razones por las que se rechazó el tratado constitucional fue que estipulaba explícitamente la primacía del derecho europeo).

Nadie sabe con certeza qué se esconde en las profundidades  de las cientos, incluso miles de páginas, según el tipo de letra, de los actuales Tratados europeos. La única excepción es el TJUE, y esto se debe a que lo que dice que encuentra allí es, a todos los efectos prácticos, lo que está allí, ya que el Tribunal siempre tiene la última palabra. Por lo tanto, el TJUE, o en previsión de ello el Banco Central Europeo o la Comisión Europea, puede leer en los Tratados razones funcionales de lo que los alemanes llaman ‘más Europa’ – la política monetaria debe (¡!) hoy (¡!) abarcar la política fiscal – o intenciones generales, ocultas en el compromiso de los estados miembros con una ‘unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa’, interpretando a las personas por pueblos, o ‘valores’ como ‘democracia’ y ‘derechos humanos’ que requieren, por ejemplo, una educación sexual más ilustrada en las escuelas públicas húngaras.

Lo que encontrará exactamente en cada caso puede ser incierto. Sin embargo, lo que se puede saber con certeza es que el Tribunal nunca perderá la oportunidad de «construir Europa», es decir, confirmar la supremacía del derecho europeo sobre el nacional, a su imagen y semejanza. Ver al TJUE cumplir con sus deberes recuerda a un personaje de una historia de Damon Runyon llamado Charley el «oxidado», un gángster de poca monta que trabaja en el Broadway de la década de 1940 y que, cuando juega a los dados con sus compañeros gánsteres, lanza los dados dentro de su sombrero y luego anuncia el resultado sin dejar que los demás le echen un vistazo. Aunque siempre ganaba, nadie tenía ganas de hacer preguntas incómodas, ya que Charley era «un tipo que odia que le llamen mentiroso».

El hecho de que la supremacía del derecho europeo sobre el nacional se haya convertido en la actualidad en un tema de gran dramatismo político tiene que ver con la política de la UE de extensión, convertida en sobre-extensión. Frente a conflictos y divisiones que políticamente no pueden contener, los ‘proeuropeos’ depositan sus esperanzas en el Tribunal, para sustituir la legitimidad de la ley por la agotada legitimidad de la política supranacional. En el centro de la actual controversia se encuentran Polonia y Hungría con sus regímenes políticos «antiliberales». Ambos países insisten en una interpretación estricta de los Tratados, una que limite estrictamente hasta que punto la política de un estado miembro y la política europea pueden ser motivo de preocupación para otros estados miembros o para las instituciones de la UE.

En el denominado «Tratado base», el sistema legal de un país está sujeto a la supervisión de la UE en la medida en que sea necesario para garantizar el uso adecuado y no corrupto de los fondos de la UE por parte del gobierno. Si bien en una lectura literal esto es todo lo que se entiende en relación con el llamado requisito del ‘estado de derecho’, los ‘proeuropeos’ afirman que se extiende al estatus y la organización del tribunal más alto de un país, en particular su independencia del ejecutivo. Los tratados también esperan que los Estados miembros se ajusten a determinadas normas democráticas y de derechos humanos; si no lo hacen, el Consejo puede, por voto unánime, negarles su derecho de voto, pero no expulsarlos, lo cual no es una opción para una organización internacional que considera que la membresía es irreversible.

Normalmente, la corrupción y la politización del máximo tribunal de un país no son un gran problema en la política europea. En cuanto a la corrupción, se sabe que Polonia es en gran parte limpia (Hungría menos), mientras que países como Rumania, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia y Malta son ampliamente conocidos como baluartes del amiguismo y la venalidad, sin mencionar, en algunos casos, el abuso profundamente arraigado de las minorías. De hecho, tanto Eslovaquia como Malta han sido testigos recientemente del asesinato, por parte de bandas criminales vinculadas a los círculos gubernamentales, de periodistas independientes que investigaban la corrupción en las altas esferas. Sin embargo, nadie amenaza con recortar sus subsidios europeos, y la prensa liberal europea se abstiene cuidadosamente de comparar el «estado de derecho» polaco y húngaro con el de estos países.Hay motivos para creer que esto se debe a que, a diferencia de Polonia y Hungría, agradecen el dinero recibido votando siempre con la Comisión y manteniendo la boca cerrada.

Del mismo modo, la influencia política en los tribunales superiores de un país es algo sobre lo que los órganos de la UE tienen buenas razones para no hacer demasiado escándalo: donde hay tribunales constitucionales, todos están, de una forma u otra, politizados; en el caso de España valga como ejemplo el caso reciente del diputado de Podemos Alberto Rodríguez. (A veces, la politización se considera completamente deseable: tenga en cuenta que la comisión de la UE y el Parlamento están llevando a Alemania al TJUE porque su gobierno no ha impedido que su Tribunal Constitucional adopte un dictamen independiente, para vergüenza del propio gobierno alemán, sobre los límites de la autoridad legal europea, en el caso de los programas de compra de deuda del BCE).

Lo que tienen de especial Polonia y Hungría no es que sus jueces superiores sean nombrados «bajo la influencia», sino que sus gobiernos, como cada vez más el tribunal constitucional alemán, insisten en una interpretación estrecha de la primacía de la ley europea y una interpretación correspondientemente extensa de su soberanía nacional, en abierto desafío a la «integración por ley» o por el «imperio de la ley», como la lleva a cabo el TJUE.La historia que se está desarrollando actualmente, no es tanto legal como política. Su episodio más reciente comenzó cuando el Consejo aprobó el fondo multimillonario de recuperación NGEU post-Covid, con sumas considerables asignadas a Hungría y, en particular, a Polonia, a pesar de que solo se vieron afectadas marginalmente por el virus. Para el Parlamento Europeo (PE), que debe aprobar la medida, esta fue una oportunidad para ampliar sus esfuerzos para lograr un cambio de régimen en los dos países, al hacer que el desembolso de los fondos de recuperación dependa de concesiones políticas y legales a la UE. Se acercan elecciones en ambos países, y la esperanza era que una pérdida de los fondos europeos, supuestamente destinados a permitir que polacos y húngaros tuvieran una vida mejor, más resiliente a las crisis capitalistas en general y al coronavirus en particular, socavaría a los gobiernos actuales, al igual que conseguir los fondos cediendo ante «Europa».

Era de esperar que esto, en el marco de la gestión de la élite internacional, coloque gobiernos que respondan menos a sus pueblos y más a «Europa», tal como la constituye la UE. También podría aumentar el número de eurodiputados liberales de los dos países, haciendo que el PE sea aún más «proeuropeo» de lo que ya es. El problema para la Comisión era que los NGEU necesitaban un voto unánime en el Consejo, y Polonia y Hungría votarían en contra si venían con alguna cláusula especial dirigida contra sus gobiernos. Al mismo tiempo, el PE condicionó su aprobación a que la Comisión aceptara lo que llegó a denominarse un «mecanismo del estado de derecho», lo que obligó a la Comisión a retener fondos a países que no respetaran la primacía del derecho europeo, como descubrió el Tribunal.

Para salirse con la suya, la Comisión estuvo de acuerdo con el PE y, aparentemente, prometió a Hungría y Polonia que el «mecanismo» nunca se activaría. Oficialmente, se anunció que solo se usaría después de su aprobación por el TJUE, ante el que Polonia y Hungría cuestionarían su legalidad. Se entendió que esto llevaría tiempo, más incluso que el desembolso de los fondos del NGEU. Mientras tanto, en el Consejo, los «frugales» europeos del norte, encabezados por los Países Bajos, insistieron en que se tratara con dureza a Polonia y Hungría, probablemente para hacer creer a sus ciudadanos nacionales que se podrían ahorrar el valioso dinero del norte de Europa si la UE recortara a los polacos y húngaros su asignación, en castigo por el cumplimiento insuficiente del estado de derecho.

El resultado ha sido una disputa pública sin precedentes,con la presión sobre la Comisión aumentando para ser estricta con las dos ‘democracias iliberales’, invitando al Tribunal a actuar más rápido de lo esperado. En respuesta, el Tribunal Constitucional polaco emitió un fallo, que se había estado preparando durante mucho tiempo pero que se había retenido por razones políticas, que, invocando el precedente establecido por la Verfassungsgericht (Corte Constitucional) alemana, declaró que la constitución polaca en general estaba por encima de la ley europea.

Se pueden predecir con seguridad más problemas.A los observadores no alemanes les resulta difícil evitar la impresión de que los peores agitadores en la batalla por el déficit democrático-liberal de Polonia y Hungría son los alemanes. Una figura destacada aquí es Katarina Barley, socialdemócrata y exministra de Justicia en la Gran Coalición, hasta que su partido la convirtió en su principal candidata nacional para las elecciones europeas de 2019. Esto terminó en un verdadero desastre, con una caida al 15,8% después de un 27,3% cinco años antes. Tras haberse trasladado a Bruselas de cualquier manera, Barley logró asegurarse uno de los catorce (¡!) puestos de vicepresidenta del PE. En el otoño de 2020, Barley hizo saber en la radio alemana que el ‘mecanismo del estado de derecho’ tenía que aplicarse para ‘matar de hambre’ (aushungern) a Viktor Orbán en Hungría y a Polonia en general.

Hay recuerdos vívidos en Polonia, compartidos a lo largo de generaciones, del último intento alemán de matar de hambre al país; recuerdos aparentemente ajenos a los políticos alemanes «proeuropeos» que, sin embargo, saben con certeza cómo deben gobernarse los países vecinos: el modelo alemán, según lo especificado por el gobierno alemán a través de Bruselas.Del mismo modo, Manfred Weber de la CSU, jefe de la Democracia Cristiana en el PE y ex candidato fallido a la presidencia de la Comisión, sigue amenazando a Polonia y Hungría con la expulsión de la UE (lo que ya se ha dicho, no está previsto en los Tratados). El ministro de Asuntos Exteriores alemán, también socialdemócrata, acogió con satisfacción el estatuto del ‘estado de derecho’ por su capacidad de ‘infligir dolor’ a Hungría y Polonia, y fue aplaudido por un verdadero ejército de Verdes alemanes dentro y fuera del PE, así como por la prensa alemana, «de calidad» o no, radiodifusión pública incluida.

Si se añade a von der Leyen, se puede perdonar a los ciudadanos polacos creer que su país, cuyo gobierno, como el de Hungría, cuenta con el apoyo de más o menos la mitad de su población, ha vuelto a ser objeto de una agresión alemana.¿Qué hay detrás de esto, aparte de la asombrosa amnesia histórica, o la pura estupidez, de demasiados «proeuropeos» alemanes? El dinero que se destina a los países miembros más pequeños de la UE bajo el programa NGEU debe parecer enorme al contribuyente alemán medio, especialmente cuando empieza a adivinar los enormes costes del inminente ‘giro energético’ o de la renovación de la ajada infraestructura alemana, víctima de la austeridad.

El objetivo real del fondo de recuperación -mantener en Europa del Este en el poder a las élites nacionales comprometidas con el mercado interior y reacias a las alianzas con Rusia o China- es demasiado delicado para hablarlo en público. Por lo tanto, debe demostrarse que el dinero compra algo más edificante que la estabilidad imperial: sumisión al liderazgo cultural de Europa occidental documentada por la selección de líderes que se adapten al gusto de Europa occidental. Un ejemplo sería el neoliberal Donald Tusk, un ex primer ministro polaco que fue expulsado del cargo después de que su gobierno arruinara la economía nacional, solo para ser puesto en un aprieto en Bruselas como uno de los varios presidentes europeos, donde se le preparó para un regreso victorioso después de poner fin a Kaczyński y sus amigotes.

¿Aprenderán Polonia y Hungría a ser como Rumanía o Bulgaria, si no Malta y Eslovaquia, y aplacarán así a sus enemigos de Bruselas? Si se niegan y el TJUE tiene la última palabra, puede que suene otra hora de la verdad en el Este. La forma en que el Tribunal decidirá es tan segura como el resultado victorioso de los dados de Charley el «oxidado». Esto puede abrir el camino hacia el Polexit, al igual que la denegación de concesiones por parte de Merkel a Cameron en materia de inmigración dió impulso al Brexit. Si bien von der Leyen ha adoptado cada vez más la retórica de Barley, Weber y los Verdes, Merkel, en sus últimas horas como canciller, instó a la UE a actuar con moderación y buscar una solución política más que jurídica. (Es posible que Estados Unidos le notificara a Merkel que no le divertiría ver a Polonia, su aliado antirruso más fuerte y seguro en Europa del Este, abandonar la UE, donde es alimentada por Europa Occidental para que pueda ser armada por EEUU).

En este contexto, tenga en cuenta que ahora parece haber un lento despertar en otros países miembros sobre la mera presunción de la insistencia cada vez más explícita de la UE en la primacía general de su derecho sobre el de sus estados miembros, incluido su derecho constitucional. La batalla de Polonia y Hungría puede poner fin a la era en la que la «integración por ley» podría, gracias a su incrementalismo, ser tratada por gobiernos nacionales cada vez más cortoplacistas con benevolente negligencia. Por ejemplo, los políticos centristas franceses que se preparan para postularse para la presidencia el próximo año, como Valérie Pécresse (Les Républicains), Arnaud Montebourg (un ex socialista) e incluso Michel Barnier, el combativo negociador UE del Brexit, han comenzado a preocuparse por lo que ahora llaman la ‘soberanía legal’ francesa. Algunos de ellos, incluido el mismo Barnier, para exigir un referéndum nacional para establecer de una vez por todas la supremacía del derecho francés sobre el europeo.

Mientras se escribe esto, el TJUE ha condenado de repente a Polonia a una multa de un millón de euros al día por no haber abolido una sala de su Tribunal Supremo creada legislativamente para supervisar el poder judicial polaco con la intención, al parecer, de someterlo a un mayor control político. (Polonia ya ha declarado que está dispuesta a abolir la cámara antes de fin de año). Junto con otra multa anterio de 500.000 euros diarios por seguir explotando una mina de carbón blando particularmente sucia, esto equivale a aproximadamente 500 millones de euros al año. Por más que esto pueda parecer, es minúsculo en comparación con los 36 mil millones de euros que Polonia debe obtener del fondo de recuperación. Al parecer, la Comisión los está frenando actualmente bajo presión del PE, hasta ahora sin una explicación formal.Sin embargo, no es nada seguro que este tipo chantajes generará el cambio de régimen deseado. La primera línea del himno nacional polaco, Jeszcze Polska nie zginęła, se traduce como «Polonia aún no se ha perdido». Y expresa un fuerte apetito por librar una batalla, incluso perdida, hasta el final, contra todo pronóstico, en defensa del honor nacional.

En parte debido a esto, todavía parece posible un acuerdo político, y tal vez la multa de un millón de euros no sea más que el último hurra de un tribunal que espera ser marginado por políticos capaces de pensarlo dos veces antes de invitar a otra salida nacional de la UE. (Los tertulianos alemanes están seguros de que Polonia cederá, estando a la venta como todos los demás). Se rumorea que Donald Tusk, que recientemente se nombró a sí mismo Spitzenkandidat de la oposición polaca para las elecciones nacionales de 2023, ha buscado y recibido garantías entre bastidores de la Comisión de que pronto se desembolsará la primera cuota de la participación polaca en el fondo de recuperación, probablemente temiendo que si no lo fuera, esto no le ayudaría él, sino el gobierno de Kaczyński.