En declaraciones formuladas hoy a Télam, el abogado de Rozanski, Eduardo Barcesat, reveló que el magistrado renunció a su cargo en el marco de una “gestión transaccional” por la que accederá a la jubilación desde el 1 noviembre próximo, con lo cual caerá automáticamente por abstracto el expediente abierto en su contra en el Consejo de la Magistratura, sin que esto implique que vaya a desistir de la causa penal que inició contra los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación de ese cuerpo.

“En ningún momento Rozanski va a desistir de la querella ni de la acción indemnizatoria contra los integrantes de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura”, subrayó.

Dicha comisión acusó a Rozanski a comienzos de este mes por los delitos de estafa procesal, falsedad ideológica de instrumento público y abuso de autoridad, explicó Barcesat.

Los integrantes de la Magistratura querellados intentaron “resucitar” denuncias por “maltrato laboral” que el sindicalista judicial Julio Piumato dirigió contra Rozanski en 2006 y 2013, “ya prescriptas y que fueron reactivadas para hostigarlo”, siguió diciendo.

El reproche “más grueso (hecho por Rozanski a los consejeros) es la sustracción de un documento del sumario administrativo, el acta fechada el 11 de agosto de este año donde decidieron reactivar esas denuncias ya archivadas”, puntualizó el abogado.

Sobre esta denuncia radicada en el juzgado federal a cargo del juez Sergio Torres, dijo Barcesat que se trata de “delitos de acción pública y que el fiscal federal Jorge Di Lello (que interviene en la causa) ya mandó a pedir el expediente administrativo disciplinario”.

Por orden de Etchecolatz

Barcesat admitió que en la decisión de Rozanski de renunciar influyeron además la “campaña de hostigamiento y las amenazas que comenzaron cuando en 2006 (presidió el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que) condenó al represor Miguel Etchecolatz” a prisión perpetua, en el primer juicio por delitos de lesa humanidad tras la anulación e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.

“Desde las condenas a Etchecolatz y (el capellán de la policía bonaerenses eChristian) Von Wernich, Rozanski sufrió amenazas no sólo contra él sino contra el grupo familiar, funcionarios y empleados del Tribunal”, expresó.

Barcesat aludió en particular a la detención en junio último de Gustavo Luis Ureña, un empleado de OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires) de 63 años “a quien le encontraron un arsenal informático y armas de guerra” tras comprobarse que enviaba e-mails y llamadas telefónicas anónimas en las que amenazaba de muerte a Rozanski, a una secretaria del Tribunal y a los hijos de ésta.

“Un equipo informático identificó de dónde provenían las amenazas y posibilitó allanamientos y la captura de Ureña, que resultó ser el padre de compañeros de los hijos amenazados de una secretaria del Tribunal”, afirmó.

Barcesat señaló finalmente que Ureña “dijo que respondía a órdenes de Etchecolatz, a quien consideraba su jefe”, al enviar amenazas como la que sugería a ya la aludida secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que enviara a sus hijos  “con chaleco antibalas a una excursión escolar”.

Ureña también advertía a los amenazados les tocaría el mismo destino que a Julio López, testigo clave del juicio que condenó a Etchecolatz y otros represores, que permanece desaparecido desde la víspera de esa sentencia, en septiembre del 2006.

Acusaciones resurrectas

Rozanski “ya estaba tramitando la jubilación antes de la iniciación de este sumario administrativo disciplinario, aunque pensaba manejar la fecha”, explicó Barcesat.

En el Consejo de la Magistratura, las denuncias contra Rozanski surgieron en el 2007, y muchas de ellas estaban a punto de alcanzar los tres años, que es el plazo de vigencia de los expedientes que ingresan al Consejo de la Magistratura tras el cual pasan a engrosar la lista de los pedidos de “desestimación in límine”, es decir que quedan sin efecto por vencimiento del plazo para su tratamiento.

Sin embargo, con la modificación en la integración del Consejo tras el cambio de gobierno,  se sumaron en los últimos meses nuevas denuncias que reactivaron los expedientes contra Rozanski, con pedidos de pruebas y la concurrencia de decenas de testigos al edificio de la calle Libertad 731 de Capital Federal, en el que funciona el Consejo de la Magistratura.

La firme decisión del Consejo de avanzar en los pedidos de juicio político contra magistrados de la Nación fue clara desde que cambió su composición y manifiesta en las últimas sesiones de este órgano judicial: en lo que va del año cuatro jueces que tenían pedido de juicio político con trámite activo en el Consejo renunciaron.

Representantes de la minoría en el Consejo de la Magistratura que pertenecen al Frente para la Victoria (FpV), expresaron su rechazo a lo que llamaron “una tramitación exprés” de las denuncias contra el magistrado de La Plata, y denunciaron una “utilización política” de ese sumario.

Así lo expresó a Télam el diputado del FpV y consejero de la Magistratura Rodolfo Tailhade, quien afirmó que “el Consejo resucitó las denuncias del titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, que tenían varios años y estaban sin ningún avance, a punto de ser desestimadas”, e “inventaron una suerte de desprendimiento de esas denuncias para que comenzara a correr un nuevo plazo”.

La investigación de los hechos por los cuales Rozanski estaba siendo investigado en el Consejo de la Magistratura incluyó la convocatoria a decenas de empleados, a por lo menos cinco jueces que subrogaron el TOF 1 y a dos secretarios, además de varios pedidos de pruebas.

En las audiencias en las que sus empleados y colegas aportaron su testimonio en este expediente, audiencias que fueron públicas, se acusó a Rozanski de actitudes de “abandono a su suerte del 99 por ciento del trabajo del Tribunal”;  de “destrato de sus empleados” y de tener “dos sedes paralelas (en referencia al antiguo edificio de la AMIA en La Plata, escenario de los juicios más resonantes) con discriminación de las causas que se llevaban en uno y en otro, con un gasto edilicio excesivo y sin necesidad”.

Además de acusarlo de maltratar a empleados, incluso a una embarazada, y de “cosificación” de la mujer, sus colegas también lo acusaron de “no visitar las cárceles” donde estaban los detenidos cuyas causas tramitaban en su tribunal, y “no presenciar audiencias con detenidos”.

Dijeron, además, que muchos de ellos fueron denunciados por Rozanski ante los organismos de derechos humanos de La Plata, acusados de “obstaculizar o paralizar juicios de lesa humanidad”.

“Gestión transaccional y “abrazo simbólico”

Barcesat dijo que Rozanski renunció en el marco de un acuerdo por el que accederá a la jubilación a partir de  noviembre.  Una vez que le fue concedida la jubilación, explicó, “lo llamaron para una gestión transaccional conforme a la cual recibirá el beneficio jubilatorio desde noviembre y en función de eso, por devenir cuestión abstracta, se cerrará el sumario administrativo disciplinario” en el Consejo de la Magistratura.

Hoy por la manaña Rozanski acudió a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata a oficiar de jurado de una tesis doctoral. Fue recibido por unas cien personas entre estudiantes, referentes del campo de los derechos humanos y autoridades de la UNLP en el marco de lo que llamaron “un abrazo simbólico”. El mismo consistió en un sostenido aplauso que se sostuvo por más de diez minutos, lapso en el que también el juez fue reiteradamente victoreado.

Participaron del abrazo la decana de la Facultad de Periodismo, Florencia Saintout; el secretario general de la UNLP, Leonardo González; la vicepresidenta, Ana Barletta; y la secretaria de Derechos Humanos, Verónica Cruz, y alumnos.

También, los ex detenidos y familiares de detenidos desaparecidos Eliana Bacci, Nora Húngaro , Walter Docters, Silvia Fontana, Ramón Baiviene(h), Marina Vega (h), Matías Moreno (h), Herenia Sánchez, Mariano Tomaselli Pizzac, Ana Mercader (h), Martín Grass, Juan Scatolini, y el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli.

En esa oportunidad, un allegado a Rozanski dijo a Télam que el todavía juez no formulará declaraciones a la prensa “hasta que la renuncia sea aceptada”.

El año pasado, el Consejo Superior de la UNLP le otorgó el título de Doctor “Honoris Causa” a Rozanski “por su integridad ética y moral en el desempeño de sus tareas”.

Rozanski se desempeñó por más de 15 años como presidente del Tribunal Oral Federal 1 de la Plata que desde el 2006 estuvo a cargo de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La condena a reclusión perpetua al ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, en el 2006, por violación a los derechos humanos en el marco del genocidio ocurrido durante la dictadura, abrió un proceso por el que fueron condenados centenares de represores.

Además de a Etchecolatz, Rozanski presidió el Tribunal que en el 2007 condenó a la misma pena al ex capellán policial Christian Von Wernich, y en el 2012 al ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura Jaime Lamont Smart, quiense convirtió en el primer civil condenado por delitos de lesa humanidad.

En contraposición a las muestras de respeto y afectos y también esta mañana, en la sede del tribunal ubicado en la calle 47 y 11, empleados judiciales volantearon y pegaron carteles en las ventanas en los que decía “Basta de Rozanski” y “Basta de acoso y maltrato”.

Macri le aceptaría la renuncia

La renuncia del magistrado ahora deberá ser evaluada por el Poder Ejecutivo, que deberá aceptar o rechazar la dimisión, aunque se presume que como ya ocurrió con otros magistrados la renuncia será aceptada por el presidente Mauricio Macri sin demoras.

Fuentes oficiales informaron que hoy fue activado el circuito formal del trámite, que comienza con un pedido de informe al Consejo de la Magistratura, que luego toma el Ministerio de Justicia, que enviará su conclusión al Presidente, quien, en definitiva, debe resolver si acepta o rechaza esa salida.

El diputado nacional del PRO Pablo Tonelli dijo hoy que descuenta que el Presidente aceptará la renuncia de Rozanski.

“Supongo que el Presidente se la va a aceptar. Cuando se acepta la renuncia a un juez cuestionado, mucha gente cree que es una mala decisión, que hay que seguir adelante con el juicio pero hay razones prácticas que aconsejan aceptar la renuncia”, explicó el legislador y consejero en declaraciones a Radio Nacional.

En ese marco, precisó Tonelli que, “si no se le acepta la renuncia, el juicio político puede durar más de un año y, durante ese tiempo el juez, se mantiene en actividad o, si está suspendido, el respectivo tribunal queda vacante y se afecta el servicio de Justicia en ese tiempo, ya que no se puede comenzar el proceso de llamado concurso para reemplazarlo”.

“Cuando estos juicios empiezan lo mejor es terminarlos y llegar al esclarecimiento de la verdad, pero a veces el buen servicio de justicia requiere una decisión práctica más que sustancial y aconsejan aceptar la renuncia y sospecho que es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo en este caso”, indicó Tonelli.