YPF-Repsol. Devúelvanos lo que es de ustedes, por Jordi Borja*
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Es el clamor patrio que ha emergido de las mismas entrañas de la caverna y de sus portavoces instalados en su buque insignia: el Gobierno español. Amenazan casi con invadir Argentina por el expolio al que han sometido a la España de sus amores, como dice la copla. ¿Los españoles expoliados? ¿Son los españoles los propietarios legítimos del petróleo argentino? ¿Repsol no es acaso una multinacional que poco tiene que ver con la vida de los ciudadanos de acá? ¿Los más de 13.000 millones de dólares que la empresa pseudoespañola ha repartido entre sus accionistas en la última década han beneficiado a nuestros ciudadanos? ¿Los objetivos empresariales y los ingresos multimillonarios de sus directivos han sido fijados por el Gobierno español en tanto que representante de la España que ahora reacciona como madre de Repsol a pesar de que se trata de una empresa privada controlada por el capital financiero internacional y que solo persigue beneficios máximos en tiempos mínimos?
La reacción trágico-cómica de las autoridades y de numerosos medios de comunicación no solo ha sido injustificada y errónea, ha sido peor: soberanamente ridícula. Esta soberanía sí que se la han ganado. Ridícula por pretender que los españoles son tan cretinos que se van a creer este cuento del expolio, por mucho que lo proclamen ministros incompetentes y directivos de la empresa cínicos. Ridículas las amenazas abstractas que no tienen capacidad ni ánimo de concretar ni aplicar. Cuando se ladra, y a destiempo, no se muerde. Ridículas las declaraciones afirmando que el mundo está a su lado y en especial la Unión Europea cuando deberían saber que esta no está dispuesta a aprobar sanciones. Ridículos estos ladridos de caniche cuando se enfrentan a una muy previsible mayoría de gobiernos y ciudadanos latinoamericanos que se pondrán al lado de Argentina mientras que el Gobierno de Estados Unidos en el «mejor» de los casos no se ocupará de lo que para él es una tempestad en un vaso de agua. En fin, una vergüenza. Este país no se merece unos gobiernos perritos falderos de las finanzas especuladoras globalizadas.
Discutamos en serio. ¿Estaba justificada la intervención del Gobierno argentino? ¿Los recursos básicos de un país a quién pertenecen? Los argumentos de Argentina son muy sólidos. Con independencia de que haya razones de oportunidad políticas implícitas, que son especulaciones, hay datos objetivos. Uno: Argentina es además de productor de petróleo el tercer país del mundo en reservas de gas natural, solo superadas por China y Estados Unidos. Sin embargo, este año, por primera vez, ha debido importar gas y petróleo. En vez de revertir las utilidades en el país ha tenido que adquirir combustible en el exterior. Segundo: se acusa a Repsol de practicar una política de «vaciamiento» de los yacimientos en explotación y de reducir la producción a pesar de lo cual obtuvo en los últimos años 16.450 millones de beneficios. Parece una queja lógica. Los gobernantes argentinos exigían, desde hace tiempo, que se aumentara la producción y se iniciaran nuevas explotaciones. Tercero: el combustible es indispensable para toda la economía argentina, la producción agrícola-ganadera y la industrial, además de los transportes y el consumo doméstico. Es decir, se trata de una cuestión vital, lo que se denomina «derecho soberano», y es deber del Estado garantizarlo. Nos encontramos ante una «recuperación de soberanía» conculcada por Repsol.
La crisis económica del mundo desarrollado actual ha generado una interesante reacción de la sociedad, no solo de los colectivos movilizados, también de una parte de la opinión pública y de numerosos responsables políticos y expertos. Nos referimos a una toma de conciencia sobre la necesidad de que los Estados regulen la acción de los agentes económicos, es especial las entidades financieras que controlan gran parte de los sectores básicos, como la energía y el agua. Estos bienes son por naturaleza comunes, es decir, indispensables a todos los ciudadanos, como se reconoce desde la antigüedad. Los pensadores liberales, como Adam Smith, no los neoliberales actuales, consideraban que estos bienes debían estar intervenidos por el Estado. Veáse el excelente libro de David Casassas «La ciudad en llamas». El Gobierno argentino ha hecho lo que debía. No es el caso del Gobierno español.
Jordi Borja, sociólogo y urbanista, fue un destacado luchador de la resistencia antifranquista en Barcelona, político eurocomunista y luego socialista. |
