BOLIVIA – GOLPE DE ESTADO. El régimen como pandemia, por Ernesto Eterno

Los golpistas de Bolivia van a contramano. Dedicados a desguazar el Estado Plurinacional de Bienestar y entregar sus empresas a la voracidad del capital extranjero, la pandemia del coronavirus los encuentra con los pantalones bajos: al expulsar a centenares de médicos cubanos han dejado a gran parte de la población inerme ante esa pandemia y otras con menos prensa, como el dengue y el sarampión. Todo esto cuando es evidente la voluntad de la presidenta usurpadora y sus corifeos de permanecer en el poder independientemente de cuáles sean los resultados de las elecciones en las que el MAS es un claro favorito. Ergo: se prepara un fraude monumental con el apoyo de Washington.

 

POR ERNESTO ETERNO

Estupor y zozobra se ciernen sobre el país. A pesar de la algarabía racista, la gente de a pie no termina de explicarse qué ocurrió para que se produjera un movimiento tectónico que ensambló estallido social y golpe policial-militar. Un terremoto que obligó a Evo Morales, presidente de un país pujante, empeñado en la construcción de un vigoroso Estado Plurinacional, a renunciar. No es éste el espacio para discutir las causas del golpe, sus actores o su trama profunda, pero hay un silencio que exige respuestas cada vez más hidalgas, a un fenómeno que parecía lejano, pero que de pronto desbordó expectativas. Como un tsunami.

En solo cuatro meses de gobierno dictatorial, Bolivia vive las horas más desdichadas de quiebre, incertidumbre e inestabilidad política de los últimos 20 años. Al golpe de Estado de noviembre del 2019 le ha sucedido un régimen que en lugar de gestionar una transición, se apropió del poder para competir ilegítimamente en las elecciones de mayo con resultados predecibles. Inequívocamente, los dados electorales están cargados bajo la sombra siniestra de un portentoso fraude tutelado por el imperio norteamericano y sus aliados circunstanciales como la Organización de Estados Americanos, la iglesia católica, ONGs como USAID, NED e IRI financiadas por los Estados Unidos, vecinos belicosos como Brasil y Chile y sectores ultraconservadores de la Unión Europea que hicieron su labor de zapa en Bolivia.

En ese lapso, el gobierno ilegítimo ha puesto en jaque el conjunto de logros que durante 14 años transformaron la geografía, la economía, la política y los derechos de una sociedad a la que durante casi dos siglos explotaron, excluyeron, discriminaron y usaron arteramente para perpetuar el poder de muy pocos. Este retroceso responde a un plan deliberado que tiene como objetivo desmantelar los fundamentos constitutivos del Estado Plurinacional, retornar al secular hábito de concentrar derechos y privilegios en una casta domesticada y entregar nuestros recursos naturales, empresas y riqueza nacional a la voracidad extranjera.

 

Para consumar este simulacro de “transición a la democracia” se hizo necesario, instalar, en nombre de la “pacificación”, una política de miedo, un discurso radical que polariza el escenario político. Que trata de alinear el país a someterse a una restauración conservadora que responde a los imperativos estratégicos de la potencia hegemónica. Para lo que hace falta dotarla de una apariencia de legitimidad, una simulación electoral bajo tutelaje extranjero.
En este escenario, la autonombrada presidenta, violando su compromiso de gestionar la transición, pateó el tablero para proclamarse candidata por JUNTOS, un entramado partidario difuso, tejido sobre la hora, pero obediente a un plan para continuar en el gobierno a expensas del resultado del 3 de mayo. Ventajas de por medio, disponibilidad de recursos públicos, asesoría en mercadeo político y apoyo financiero externo, Añez disputa el segundo lugar de la preferencia electoral. Desde el balcón presidencial asumió un discurso edulcorado de orden y pacificación, que enmascara asesinatos y persecuciones, síntomas inequívocos de un régimen de mano dura, una dictadura.

En el centro de esta contienda, Carlos Mesa, candidato perdedor en los pasados comicios, promotor de la violencia racista e instigador de la destrucción de tribunales electorales, está de capa caída y las encuestas lo muestran en picada. Con una campaña que muestra señales de desmoronamiento en las preferencias del electorado, Mesa se muestra confundido, lento e incapaz de ubicarse en escenario complejo para el que no encuentra posicionamiento ni discurso adecuado. Luis Fernando Camacho, el golpista bufón que usó La Biblia para terminar con un gobierno democrático, es otro candidato en cuyo cerebro apenas caben dos ideas peregrinas pero que, a cambio, dispone de un bolsillo lleno, tras esquilmar a sus promotores. Disputa el espacio en el que caben proyectos neofascistas, de inspiración religiosa evangélica y un instinto gregario de saqueo estatal.

Otros candidatos de menor estatura, pero interesados en acceder a una representación parlamentaria son Chi, de origen coreano, con un fuerte discurso religioso, patriarcal y misógino, y Tuto Quiroga que funciona a control remoto desde Washington. Ambos no pasan el umbral del 5% en las últimas encuestas. Su apuesta, en caso de una segunda vuelta, está claro, es apoyar una candidatura de derecha.

Para susto de ellos, el MAS lidera cada vez más las preferencias ciudadanas con notable diferencia sobre su seguidor. Sin presencua masiva en las calles ni una visible campaña electoral en los medios y en las redes, los candidatos, cuyo carisma parsimonioso está a prueba, disponen del capital político acumulado por las luchas populares de los últimos 30 años, los beneficios materiales y simbólicos de los últimos 14, la indignación contenida por las masacres, el racismo, la violación de los símbolos indígenas como la pollera y la whipala, y el abuso de poder de los usurpadores.

En este contexto, no se vislumbra una salida que ofrezca estabilidad en un contexto regional turbulento y en planeta tensionado económicamente por efecto de la pandemia del coronavirus. Por el contrario, se avizora un futuro errático, con una economía que tiende a desmoronarse día a día, en medio de una conflictividad social creciente.

Esta es una elección anómala en la que la contraofensiva conservadora, acicateada desde fuera, no tiene la menor duda de que llegó para quedarse al precio que sea. Los datos de la realidad son elocuentes: el gobierno usurpador no tuvo reparo en promover masacres sangrientas con personal militar y policial inmunizado por normas emitidas por el gobierno golpista; rechaza todo cuestionamiento internacional por la violación de DDHH; sufre un aislamiento internacional más allá del fuerte apoyo de EEUU; hizo que se le concedan presupuestos adicionales para la adquisición de armas y material antimotines; emitió normas que eliminan la transparencia en el gasto militar y policial; hace gestiones sospechosas sobre y dentro el órgano electoral; produjo cambios en la jefatura de las Fuerzas Armadas y vocifera discursos belicosos contra los movimientos sociales a los que les declaró la guerra.

Las promesas de futuro democrático sirven de poco dadas las inconfundibles señales de que ya está decidido acabar con la nación para restablecer la colonia.

Si se carece de capacidad para entender las disputas geopolíticas regionales, esta elección no tiene el brillo de las ideas que exigen estos tiempos complejos. Y es un hecho que se carece del suficiente carisma para generar adhesiones vehementes y el entusiasmo de las masas. Suele decirse que el silencio precede a lo inevitable: Y los rumores circulantes en las taciturnas ciudades bolivianas no presagian días mejores.

Es un drama colectivo sobrecogedor, comparable con el de los años de de fines de los 70 y principios de los 80, de los nueve períodos presidenciales con más de 15 presidentes, incluidos dos triunviratos militares. Pareciera que en las calles se hubiera instalado un aire enrarecido, semejante al de octubre de 2003, cuando una brutal represión policial-militar dejó como saldo 70 muertos y más de 500 heridos en las calles mal empedradas de El Alto. Como un sino trágico, nuevamente El Alto ha sido escenario de otra brutal represión en la que policías y militares descargaron sus armas ys u odio contra un pueblo acostumbrado a soportar con estoicismo y dientes apretado, con dignidad, la pobreza material.

Los personajes son los mismos: élites serviles al poder extranjero y fuerzas del orden colonizadas hasta la médula, que cuidan intereses ajenos a la Nación, comportándose como una feroz cuadrilla de vándalos desalmados.

Las masacres de noviembre del 2019 produjeron 35 muertos y más de 600 heridos, detenidos y desaparecidos. Decenas de familias fueron condenadas a vivir sin sus padres o hermanos por el resto de sus días. Senkata y Sacaba fueron la antesala de una brutal persecución política y judicial contra funcionarios del gobierno derribado y ciudadanos inocentes. Decenas de hombres y mujeres fueron detenidos, golpeados, torturados y encarcelados sin el debido proceso. El odio de los represores, sus amenazas de persecución que incluyen a jueces y fiscales que no fallen como prenden, no cesan. Hay un afán obsesivo de justificar las masacres endilgándole la culpa a las víctimas, a las que se acusa de albergar supuestos planes y terroristas.

El poder judicial se encuentra atenazado por el odio inoculado en los medios de comunicación, odio que sirve de acicate para movilizar las reservas fascistas dedicadas al control de las calles.

Un clima de miedo difuso, como una epidemia invisible se enseñorea en las ciudades y pueblos de Bolivia. Los medios de comunicación inflaman el ánimo popular en procura de lograr la condena del pasado reciente. Las radios oficialistas –Panamericana, Erbol, Fides- que cobran por segundo, y los canales de televisión privados -PAT, Unitel, Bolivisión, Red Uno, ATB- que facturan por tres lo que vale uno, hacen lo mismo. Repiten hasta la saciedad, como un coro de idiotas, el libreto dictado desde el Palacio de Gobierno. Consignas envenenadas que martillean contra los 14 años de gestión del gobierno derribado, buscando culpables a cada paso y en cada esquina. Enceguecidos por el negocio de la mentira, escupen cascadas de odio sobre un pueblo al que subestiman y desprecian.

Sesudos periodistas tratan de convencer al pueblo de que nada bueno hizo Evo Morales, sólo robarse la plata, promover el narcotráfico, construir canchitas de fútbol, derrochar la riqueza y abusar del poder. A pesar de las pruebas mas evidentes de la transformación del país; que son ellos mismos quienes ascendieron socialmente, prefieren envilecerse a cambio de promesas de conservar el trabajo hechas por los empresarios dueños de medios que tienen el toro por las astas. Cuando no encuentran argumentos convincentes para sus audiencias compradas convocan a los bufones de turno para rellenar espacios. Viven horas de tórrido romance con el poder a costa de manipular morbosamente a la opinión pública.

Cada día se consuma una tragedia. Una epidemia de feminicidios avergüenza al país, y cada caso carga una historia previa de espanto y dolor. Son patrones culturales arcaicas que han encontrado en el desaforado machismo fascista una plataforma de apoyo. El monstruo que habita en las familias destruye comunidades enteras. Nada parece capaz de saciar el apetito de violencia fomentado por un régimen que vocaliza un discurso de pacificación mientras hunde el puñal en las entrañas.

El campo parece haber retrocedido siglos. Entre la inmovilidad de las montañas y la ausencia de la voz de su líder, se precipita la bronca contenida. Hay un silencio torvo de zampoñas y de whiphalas. Desaparecieron las obras públicas y los ritos que invitan a reír. Al color de la multiculturalidad estatal sucede el ocre de la desesperanza y el abatimiento.

Las ciudades empiezan a sentir la crisis. Un 30% de los constructores del país se declaró en quiebra. Las vendedoras de pescado de El Alto sobreviven a una penosa huelga de hambre. No se les ofrece una solución a causa de la filiación masista de la mayoría de la población, un agravio para la alcaldesa de la ciudad. En el extremo sudeste del  país, los municipios del Chaco, productores de maíz, sorgo y soya, sufren una devastadora plaga de langostas que amenaza con exterminar su producción, sostenida en créditos bancarios usurarios. El dengue azota el oriente y la amazonía boliviana. La capital de Santa Cruz ofrece un cuadro dramático con más de 40.000 afectados. Las víctimas desatendidas por la ineptitud de la gobernación, se resignan ante la capitulación vergonzosa del Ministerio de Salud que confía que el invierno «solucione» el problema. Entre tanto, el 60% de las muertes corresponden a niños y ancianos.

El desempleo y el miedo escalan como epidemias en las ciudades. Miles de obreros despedidos en el sector de la construcción y en los servicios, miles de empleados públicos despedidos por su filiación masista y otros miles que, sin filiación política, están siendo despedidos tanto en el sector público como en el privado por la crisis económica. Cientos de alcaldes que sostienen la estructura municipal del país están obligados a despedir a sus trabajadores por la drástica disminución de sus presupuestos. La crisis financiera global, la caída de precios de las materias primas, las crisis económicas de vecinos poderosos como Brasil y Argentina, compradores del gas boliviano, afectan la economía. La tasa de crecimiento del PIB se ha reducido a menos de la mitad, las reservas internacionales disminuyen con rapidez al igual que los ingresos por recaudación. El contrabando cobra auge con la vista gorda de policías y militares. El llamado “caso del narcojet”, la triangulación de cocaína con Argentina y México consterna por la audacia de sus actores y su complejidad operativa: pilotos bolivianos en una nave extranjera, avión con matrícula norteamericana, itinerarios y escalas sospechosas, gigantesco acopio de droga y entidades estatales –YPFB-ASSANA, DGAC– al servicio de la operación. Curiosamente, los medios de comunicación minimizaron el hecho y sus vínculos con el entorno de la presidenta candidata. En otras circunstancias el “narcojet” se habría convertido en el mayor escándalo de la historia del país con efectos catastróficos para su gobierno. No obstante, los planes gubernamentales fallaron en su pretensión de instalar la falacia de que la droga se había cargado en el Chapare, criminalizando así a esa región y su infraestructura aeroportuaria, construida por el anterior gobierno.

 

Mientras la economía se hunde, cunde la corrupción. Y en ello llevan la delantera las nuevas gerencias de las empresas estratégicas más importantes del país: comunicaciones (ENTEL), aviación comercial (BOA), energía (ENDE) e hidrocarburos (YPFB). Como si se tratara de una cofradía mafiosa, las empresas estatales fueron repartidas entre las distintas facciones golpistas. El gerente de ENTEL huyó a los EEUU después de apropiarse de fastuosas sumas en tiempo récord, firmar contratos millonarios y repartir el botín entre 14 socios y compadres de una comparsa cruceña. BOA, la aerolínea de bandera, ha sido entregada a ex gerentes de AMASZONAS, su competencia, en lo que constituye la destrucción planificada del mayor proyecto exitoso de la aeronáutica civil del Estado Plurinacional, que le costó al país miles de millones de dólares. ENDE, la empresa de la energía que multiplicó por cuatro su capacidad de producción en una década, es ofrecida en bandeja de plata a empresarios norteamericanos que  se relamen, sintiéndose ya dueños del mayor negocio energético del país al  precio de gallina muerta. Los mandamases de YPFB no terminan de anunciar la defunción de la principal empresa del gas y petróleo en favor de empresarios también norteamericanos. La ruta crítica de su privatización ya ha sido trazada, las empresas petroleras extranjeras han sido melegidas, y las reservas probadas están siendo  manipuladas para vender la petrolera estatal a precio vil. Las razones argüidas para la venta, subasta o privatización de las empresas estatales son en todos los casos parecidas. Se desarrollan ofensivas mediáticas y campañas previas de desprestigio para mostrarlas insolventes, insostenibles y presas de una brutal corrupción.

Sin grandes anuncios,casi en silencio, las privatizaciones están en marcha, confirmó el acompañante de Añez en la fórmula electoral como candidato a vicepresidente, Samuel Doria Medina, el mayor privatizador de la historia boliviana. Hay un paso corto entre la enajenación del patrimonio nacional, el encubrimiento mediático y los jugosos negocios que hacen unos pocos. El litio constituye la pieza más codiciada. No hace falta mucha perspicacia para ver que detrás del golpe de Estado se encuentran las empresas norteamericanas, sedientas de devorar las reservas bolivianas, las mayores del planeta, en momentos en que ya está en curso el reemplazo de los hidrocarburos por las energías limpias, eléctricas, que requieren baterías a base de litio.

En la larga historia del vaciamiento material del país en favor del capital extranjero, figuran primero la plata y el salitre, siguieron el estaño y el petróleo y hoy continúa la saga con el litio, el gas, el petróleo, la siderurgia y las telecomunicaciones. Está en marcha la destrucción de la incipiente vertebración continental liberadora, de la que Bolivia, como territorio amazónico-platense-andino es corazón y eje y por ello tan crucial y apetecible como lo era hace un siglo Panamá y su canal interoceánico. El sueño libertario de Jaime Mendoza, Prudencio Bustillo y el general Federico Román es nuevamente atacado frontalmente por una mezquina política criolla de sumisión al extranjero.

En este contexto, no puede extrañar que se haya desatado una crisis sanitaria sin precedentes. El régimen tambalea entre una epidemia regional, como el dengue, y una pandemia mundial,  el coronavirus. El dengue cunde gracias a la ineptitud del Ministerio de Salud ante miles de familias que recorren  hospitales en procura de alguna asistencia médica. Falta de médicos, hospitales saturados, carencia de medicamentos y enfermeras poseídas por el pánico de no saber si enfrentan los síntomas del dengue o el fantasma del coronavirus. El miedo se posesiona de la gente mientras se ha confirmado que varias personas en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz están infectadas por el coronavirus. Lo más escabroso es la maldad en estado puro que se reveló cuando médicos de siete hospitales de la ciudad de Santa Cruz se negaron a internar a una enferma.

La improvisación y la impostura salieron a luz con el primer caso del coronavirus. El Ministerio de Salud no había tomado previsiones ni  se había preparado para enfrentar la pandemia. Sus costosas campañas comunicacionales solo consiguieron aumentar el miedo del pueblo. En medio de este panorama desolador debe recordarse el crimen de odio que cometió el régimen al expulsar a toda una brigada médica cubana, cerca de 800 profesionales de salud, solo para complacer las bastardas órdenes de sus patrones extranjeros. EEUU decidió que millones de bolivianos dejaran de ser atendidos en sus necesidades básicas y  ese vacío no ha podido ser llenado por un ministerio empeñado en perseguir fantasmas ideológicos en lugar de asumir su responsabilidad hipocrática. El coronavirus desnuda la incapacidad crónica del régimen que ha dejado a la población indefensa e inerme, y no sería extraño que en medio de tanta confusión se pretenda postergar las elecciones para encubrir tanta incompetencia.

Otra epidemia, de naturaleza armada, asola el país: el uso político de la Policía Nacional y las FFAA. Ambos cuerpos uniformados gozan del imperio de impunidad. Lo que en un Estado moderno y democrático constituye el monopolio legítimo de la fuerza pública, sujeta a leyes, controles parlamentarios y rendición de cuentas, en el régimen golpista dicho monopolio se ha convertido en una maquinaria privatizada de violencia, cuyas violaciones sistemáticas a los DDHH denunciadas nacional e internacionalmente por la Defensoría del Pueblo, la CIDH y otras instituciones internacionales, indican que estamos ante un Estado policial que no trepida en practicar el Terrorismo de Estado si lo creer necesario. Militares y policías forman parte de un ajuste que los ha convertido en una muralla de contención de los reclamos populares. Con argumentos fútiles eluden someterse a controles parlamentarios e incluso se burlan de las interpelaciones al ministro de Defensa, como si el papel de  la Asamblea Legislativa fuera solo decorativo.

Ambos cuerpos han dejaron de ser gobernadas por la autoridad nacional para someterse de lleno a los imperativos de seguridad y orden público que les exige el Grupo Militar de los EEUU o el departamento de Defensa. Sin embargo, la norteamericanización de la fuerza pública contrasta con una anómala realidad que da cuenta de que las cosas no están perdidas para la política de la emancipación. Otra vez las calles son el escenario de la protesta social y el pueblo abuchea a la policía y llama a sus miembros a amotinarse, dejando en evidencia cuan insustanciales son los dichos del ministro de Gobierno acerca de que la policía estaría «en su mejor momento» cuando no existe en su historia un momento más crítico.

La pérdida de respeto a la autoridad policial es un síntoma del profundo malestar social que coloca a la institución en el dilema de someterse a la ley o a las directrices políticas de un régimen que ha incumplido compromisos golpistas como un incremento salarial que equipare a policías con militares y una jubilación con el 100% del salario.

Pese a los blindajes jurídicos que a las mantienen impunes por sus crímenes de lesa humanidad, las FFAA empiezan a mostrar signos de disconformidad con un gobierno que opera internamente bajo la consigna de suma cero: “a los amigos todo, a los enemigos la ley”. La persecución de los oficiales sospechosos de cercanía con Evo Morales o al MAS provoca deliberaciones que horadan la unidad corporativa. Las FFAA gozan de un fuero de facto que las convierte en un poder intocable, amparadas en escudos normativos protectores que las inducen a cometer arbitrariedades y violar los DDHH. Además de los decretos que  eximen a sus miembros de toda responsabilidad penal en situaciones de conflicto social, el régimen aprobó otros que autorizan compras directas e ilimitadas de material bélico, armas y municiones antimotines, gases y otros artefactos de uso militar y policial, por fuera de todo mecanismo de control legislativo o social.

En conclusión: estamos a merced de un régimen atípico cuyas decisiones permiten calificarlo por analogía como una epidemia política. Un gobierno que amenaza con desatar una verdadera pandemia: que además de erosionar la democracia, amenaza con destruirla.

El régimen como pandemia, ha convertido la transición institucional en una solapada candidatura presidencial lo que conduce al país a escenarios de conflicto con consecuencias imprevisibles. Sus decisiones son inequívocas: planea permanecer a mediano y largo plazo, independientemente de cuáles sean los resultados electorales del 3 de mayo. El silencio del gobierno de los EEUU ante el cuadro aberrante de violaciones a los DDHH reafirma su apoyo.

No cabe duda que la violación a la libertad de prensa, el aplastante dominio sobre el poder judicial y la fiscalía, el control prebendal que ejerce sobre los medios de comunicación, los millonarios gastos en propaganda oficial en las redes sociales, junto a los ajustes y «depuraciones» en las FFAA junto al disciplinamiento del TSE,  preanuncian un inminente segundo golpe de Estado.

El discurso presidencial o “lenguaje de odio” se corresponde con una lógica bélica que identifica al “enemigo interno”. Convoca a cercar al enemigo, perseguirlo y destruirlo, tal como ha señalado Añez de manera recurrente. Este clima de intolerancia política barnizado de “pacificación” nos acerca peligrosamente al pasado autoritario en el que la disonancia, la crítica o la interpelación constituía el mejor pretexto para eliminar al otro, al “salvaje”, al sujeto convertido en un lastre que imposibilita los anhelos civilizatorios de progreso, democracia y modernidad globalizantes de las élites.

Estamos pues a las puertas de una verdadera pandemia política que amenaza convertir al régimen gobernante en una dictadura plena con cada vez menos maquillaje democrático. En Bolivia se respira un aire extraño que evoca miedo, pero al mismo tiempo oportunidad. De esta oscuridad tenebrosa, casi física, puede nacer, como antítesis, una poderosa fuerza radiante capaz de vencer aquello que procura matar. Los movimientos sociales todavía se encuentran conmovidos e inmovilizados por los efectos del golpe de Estado. No obstante, empiezan lentamente a recuperar su vitalidad para ponerse de pie ante las amenazas de suspensión de los beneficios sociales, económicos, políticos y culturales conseguidos durante décadas de lucha.

Persistente en la búsqueda de libertad y emancipación contra los enemigos coloniales de la Patria, Bolivia continuará siendo el proverbial territorio de enconadas luchas sociales anticapitalistas y anitimperialistas que permitan forjar su plena nacionalidad y el de la Patria Grande.