Paola Spátola, secretaria ejecutiva del Consejo Penitenciario Federal, no es ninguna ultra. De origen católico-liberal, fue diputada nacional por el olvidado partido Recrear del olvidado Ricardo López Murphy, (a) «El Efímero», y luego se peronizó de la mano de Aníbal Fernández (por lo visto un gran meloneador) y supongo que de la mano de su ¿nuevo? marido, el economista Héctor Gambarotta (que estuvo en Montoneros y después creo que fue menemista de la mano de Rodolfo Galimberti) . En fin, que lo que Paola sostiene no es  más que puro sentido común.

Legalización vs. poder narco

El padre Juan Carlos Molina ha instalado el debate acerca de cuáles son las mejores políticas públicas para enfrentar el flagelo del narcotráfico en la Argentina. «No estamos agarrando a los grandes narcotraficantes, sino a los perejiles», aseguró el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar).

«Yo habilitaría el consumo de todo y abriría centros, pero estamos hablando de la no criminalización. Hay que legalizar lo que hoy es ley, una ley de hecho», concluyó Molina, generando un debate mediático y político de suma trascendencia para el futuro de las próximas generaciones.

Sucede que la prohibición de drogas generó el inmenso negocio del narcotráfico y entonces la discusión que hay que dar en el Parlamento argentino, en la opinión pública y en los medios de comunicación es hasta cuándo la misma debe ser mantenida, ya quehemos llegado a un nivel de conflictividad tan significativo, que es comparable con la Ley Seca en los años ’20 en Estados Unidos, que lo único que provocó fue corrupción generalizada y multiplicación del crimen.

Las aseveraciones del padre Molina, que comparto, expresan el sentir de muchos que dedican su vida al otro y ven en los hechos lo que pocos conocen pero mucho opinan.

Los intentos de interceptar la producción y el suministro de drogas están condenados a fracasar, ya que su efecto (incluso si tienen éxito, lo cual es extremadamente raro) será un incremento en los precios. En consecuencia, ello vuelve al mercado más atractivo para que ingresen nuevos productores y vendedores.

Comprimir la oferta de drogas prohibidas en el contexto de una demanda latente infla los precios y ofrece una lucrativa oportunidad a emprendedores criminales. Es así: la guerra contra las drogas ha creado una industria ilegal que actualmente genera más de 330 mil millones de dólares cada año a nivel mundial.

Una forma innovadora de tratar la cuestión es la que ha instaurado nuestro vecino rioplatense. La ley que entró en vigencia el 6 de mayo convierte a Uruguay en el primer país del mundo donde el Estado regulará la distribución, producción y consumo de marihuana.

Uruguay optó por un mercado reglado y regulado de monopolio estatal en contraposición a un claro espejo del capitalismo más salvaje, sin regulación alguna. Se inclinó por la responsabilidad civil y la libertad por sobre el paternalismo anacrónico y punitivo del Estado. En otros países, como es el caso de Estados Unidos, esto sucede sólo en determinados estados (como Washington y Colorado), aunque carecen aún de normas más generales.

El gobierno de Pepe Mujica tomó la decisión de ir a desbaratar este inmenso negocio, que tiene su fundamento más consolidado justamente en la prohibición. Lo mismo intenta poner en debate el padre Juan Carlos Molina en nuestro país. Este golpe al narcotráfico merece ser reivindicado.

Desde mi perspectiva, cuando el uso de los estupefacientes se sistematice y se le genere un marco legal acorde con los intereses de la sociedad, será la estocada final para terminar con este multimillonario negocio clandestino.