ASESINATO DE LA VIUDA DE UN POLICÍA: El horror después del horror
PS – FINAL: Como sabrán, esta nota ha sido muy fallida. Porque a Susana Montoya la mató su hijo Fernando, un cincuentón con hijos que formó parte de H.I.J.O.S. y batalló sin denuedo para que se condenara a quienes en 1979 secuestraron, torturaron y asesinaron y desaparecieron el cadáver de su padre, el subcomisario de la policía cordobesa, Ricardo Albareda. Lo secuestró la patota del siniestro D-2 (Departamento de Informaciones) de esa policía, a las órdenes del comisario Raúl Telleldín, que lo acusó de haber colaborado con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), disuelto de hecho tres años antes. Albareda fue asesinado a la vera del lago San Roqué de una manera que no se atreverá nunca a filmar Quentin Tarantino.
En el origen remoto del matricidio se encontraría la convicción de Fernando de que su madre habría denunciado a su padre para luego de su desaparición aparejarse con un comisario de la repartición e seguidamente internarlo a él en un orfanato. Un horror.
Dejo a continuación la nota tal como fue publicada, cuando no sabíamos de este horror:
PS-1: EXTRA! Abajo de todo va el mensaje de Lautaro Albareda a sus amigos, referido al asesinato de su madre: «Cruzaron un límite»
PS-2: Y después va el Comunicado de la CGT de Córdoba: «Los ‘tuits’ e intervenciones alucinadas e irresponsables del presidente de la nación alentando a la violencia, contra los opositores o los que piensan distinto» impulsan un «discurso de odio (que) no es inocuo. Y vehículizado principalmente por las redes sociales alienta y legitima a traspasar barreras».
El asesinato de la viuda de un policía desaparecido o el regreso del terrorismo parapolicial de los años ’70.
Los partidarios de la dictadura genocida están a la ofensiva con el beneplácito de quienes nos gobiernan. Hay cosas que marcan un punto de inflexión. Este caso, tan claro y en un contexto no sólo de negacionismo de los crímenes de la dictadura sino también de reivindicación de los genocidas que los perpetraron, cruzó una línea roja. Como sucedió con el intento canalla de los cortesanos de liberarlos, aquel el 2×1 que fue anulado por una masiva respuesta popular, hoy, tras el asesinato en Córdoba de Susana Beatriz Montoya, queda claro que habrá un antes y un después, y que eso depende de nosotros. Como dice el refrán: cocodrilo que se duerme amanece cartera.
Hubo varios casos de oficiales de las policías federal y cordobesa con vínculos con el Ejército Revolucionario del Pueblo, secuestrados y asesinados. Yo conozco al menos otros dos. El caso del subcomisario de la policía cordobesa Ricardo Fermín Albareda está documentado: fue secuestrado por la patota del D2 cordobés, al mando del comisario Raúl Pedro Telleldín, torturado y castrado. Murió desangrado mientras Telleldín y su patota comían un asado. Su cadáver nunca apareció.
Su hijo Lautaro se incorporó a H.I.J.O.S y luchó con denuedo para obtener justicia para su padre. Consiguió que parte de la patota asesina terminara en la cárcel. En diciembre pasado fue amenazado con carteles que decían “Se te terminaron los amigos en la Policía.”; “Te vamos a juntar con tu papito.” y “Vas a morir”.
Ayer su madre y viuda de Ricardo Fermín, Susana Beatriz Montoya, de 76 años, fue asesinada a golpes. Sus asesinos dejaron pintados en una pared: «Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
La policía de Córdoba tiene una larguísima historia de ultrtaderecha y aún de nazismo explícito, al menos desde que se subordinó al III Cuerpo de Ejército al mando del hipergenocida teniente general Luciano Benjamín Menéndez como pata «civil» del autodenominado «Comando Libertadores de América» durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón a consecuencia de un grueso error de su difunto marido, que a comienzos de 1974, auspició y bendijo el golpe de estado policial contra el gobierno de Ricardo Obregón Cano, un peronista sin mácula que cayó en desgracia por su relación con Montoneros.
Un valiente periodista cordobés, Mariano Saravia, escribió un libro imprescindible para entender el derrotero de una policía que fue impune durante varios gobiernos –sino todos– democráticos, La sombra azul (Ediciones Nuestra América, 2012), cuya contratapa dice así:
El Departamento de Informaciones (D2) de la Policía de Córdoba funcionó durante la dictadura como centro clandestino de detención, tortura y muerte en el seno del Cabildo.
Sus integrantes consiguieron impunidad en la década del ’80 y volvieron a cobrar protagonismo en los ’90, llegando a ocupar altos cargos en la institución. Varios de ellos fueron dados de baja recién cuando Urquiza los denunció. Él, que había sido su compañero y víctima en los ’70, nuevamente acechado volvió a exiliarse en 1997.
Muchos de estos personajes hoy actúan como investigadores privados o prestan servicios de seguridad en centros comerciales y barrios cerrados. Su sombra amenazante sigue extendiéndose sobre Córdoba.
La sombra azul comienza, precisamente, con el caso Albareda. Aunque es un libro muy difícil de conseguir está como audio libro y se ha hecho una película (también de 2012, su director fue Sergio Schmucler) que es posible ver a condición de registrarse.
Con el permiso de su autor, Pájaro Rojo está en condicione a todo aquel que lo pida por email (jotajotasalinas@gmail.com) un ejemplar del libro en pdf.
Un sucinto trabajo sobre el libro y su versión fílmica puede verse aquí.
Recapitulando: Si no reaccionamos, nos vamos a arrepentir. Junto al negacionismo y un presidente demente que nos considera diabólicos comunistas, corren peligro hasta los hinchas de Independiente. El asesinato de Susana Montoya es un intento descarado de resucitar el terrorismo parapolicial que inició ya en 1974 el Terrorismo de Estado que habría de «institucionalizarse» (en el sentido de volverse obscenamente habitual) a partir del golpe de estado de marzo de 1976. No hay garantía de que no vaya a extenderse a otras regiones de la Argentina si se tiene en cuenta que la máxima responsable de nuestra seguridad está claramente involucrada, como poco, en el encubrimiento de quienes sabían de antemano del intento de asesinato contra CFK.
Hay un claro hilo que une la impunidad de quienes secuestraron a Julio López, intentaron o pretensión de liberar a los genocidas (2×1), a quienes visitaron diputados negacionistas, para no mencionar a la víctimas del «gatillo fácil» como Rafael Nahuel y tantos otros. Si no reaccionamos estaremos fritos o al horno, como prefieran.
La principal responsabilidad en esta hora aciaga recae sobre el gobernador Martín Llaryora, purd parece claro que los asesinos o son policías de su provincia o están vinculados de un modo u otro a quienes tuvieron actuación en los «grupos de tareas» de la dictadura.
Los dejó con las crónicas publicada por Página 12:
Asesinaron a la madre de un militante de HIJOS de Córdoba que había sido amenazado
Un crimen y un mensaje mafioso a tono con el discurso negacionista
Susana Beatriz Montoya, esposa de un militante del ERP desaparecido durante la última dictadura, fue hallada sin vida este sábado. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”, escribieron en una de las paredes de su casa los supuestos autores. Su hijo, Fernando Albareda, había recibido amenazas con simbología nazi en diciembre, luego del triunfo de Javier Milei. Cautela y alarma en las organizaciones de Derechos Humanos.
Organizaciones defensoras de los Derechos Humanos de Córdoba expresaron su más profunda preocupación luego del asesinato, ocurrido el sábado, de Susana Beatriz Montoya, esposa del subcomisario y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Ricardo Fermín Albareda, torturado y desaparecido durante la Dictadura Cívico Militar iniciada en nuestro país en 1976. El hecho también conmocionó a las más altas esferas de la política y la justicia de Córdoba por tratarse de la madre del militante de HIJOS Córdoba, Fernando Albareda.
En diciembre del año pasado, con el cambio de gobierno, la llegada al poder de Javier Milei y el discurso procesista de la vicepresidenta, Albareda hijo fue víctima de amenazas y amedrentamiento en su vivienda con la aparición de carteles con simbología nazi.
De acuerdo a la información trascendida, en medio de un total hermetismo en la causa, todo apunta a que no se trataría de un mero episodio de robo sino todo lo contrario, ya que en una de las paredes de la vivienda dejaron una inscripción intimidante. “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”. Según fuentes de la investigación, la frase estaba escrita en rojo, en principio con lápiz labial.
Sin embargo, desde los distintos sectores involucrados prefirieron la cautela a la espera de la autopsia y de las primeras conclusiones respecto del móvil del episodio. “No se descarta nada”, es la escueta frase que obtura cualquier especulación. En principio, la puerta de la vivienda de la víctima no habría estado forzada. La causa recayó en la Fiscalía del Distrito 4, Turno 3, a cargo de Juan Pablo Klinger.
Montoya, de 76 años, residía en un barrio de la zona norte de la Capital y no contaba con consigna policial. Su cuerpo fue hallado en horas de la tarde en el patio del inmueble con un fuerte golpe en la cabeza. Fue el propio Fernando quien dio aviso a la policía al llegar y encontrarse con el cuadro luego de que su madre no respondiera a sus continuos llamados.
Desde la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos de Córdoba se guarda especial cautela sobre el caso ante el estupor y el respeto a la familia tras el asesinato de Montoya. Tras una jornada en la que se buscó acompañar a Albareda, se espera que en la próximas horas haya un pronunciamiento oficial.
No obstante, las amenazas y las particularidades del episodio encendieron las alarmas, denotando la extrema preocupación por el crimen.
La misma tesitura se guarda en el Panal, sede de la Casa de Gobierno de Córdoba, desde donde anticiparon que aguardarán el desarrollo de la investigación para sentar postura. Cabe recordar que en diciembre de 2023, al conocerse las amenazas a Albareda, el propio gobernador Martín Llayora fue uno de los primeros en mostrar un enérgico repudio al episodio.
Quienes sí se pronunciaron fueron los diputados nacionales Gabriela Estevez y Pablo Carro, de Unión por la Patria. “Asesinaron a la madre de un hijo de desaparecidos que había recibido amenazas de muerte en diciembre del año pasado en Córdoba. Exigimos el esclarecimiento inmediato de este hecho”, indicó la parlamentaria en su cuenta de la red X.
A su turno, Carro señaló que “el negacionismo y el horror de un tiempo que no puede repetirse. Tras meses de amenazas, asesinaron a Susana Montoya, esposa de Ricardo Albareda, desaparecido en la última dictadura, mamá de Fernando Albareda. Junto a su familia, exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho”.
«Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente cuando verdaderamente pasan a la acción», dijeron ayer desde los organismos de DDHH de Córdoba en un comunicado conjunto.
Una historia de terror
En diciembre, Albareda se encontró con carteles intimidatorios en la puerta de su casa. “Se te terminaron los amigos en la Policía.” “Te vamos a juntar con tu papito.” “Vas a morir”. Todos estaban escritos en fibra negra junto a cruces esvásticas y seis balas de calibre 22 largo. En declaraciones a distintos medios locales, Albareda dijo que recibe amenazas todos los meses, pero que hacía tiempo que no involucraban a su familia de manera directa.
En aquel momento, al ser consultado por Página/12, no dudó en vincular el episodio a la llegada del negacionismo al poder. “Las amenazas que solían llegar antes siempre las recibía yo, papelitos en el auto, notas por debajo de a puerta, llamadas a mi teléfono. Incluso a las llamadas las respondía de vez en cuando con puteadas”, subrayó.
Convivió con aquellas intimidaciones durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro y la desaparición de su papá y, sobre todo, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2. “Nos metimos en el nido de víboras de la Policía de Córdoba, el temible D2”, sostuvo en diálogo con este diario.
El accionar de la patota del D2 quedó reseñada en La Sombra Azul, del periodista Mariano Saravia, mientras que la historia del secuestro y tortura de Fermín Albareda se puede profundizar en el libro Putas y guerrilleras, de Miriam Lewin y Olga Wornat.
Torturado por sus compañeros policías
Ricardo Fermín Albareda fue secuestrado en 1979 por la temible patota policial D2, cuya sede se encontraba al frente de la Catedral de Córdoba, en pleno centro de la capital mediterránea. Al momento de ser “chupado” por sus propios compañeros de uniforme, se desempeñaba en la División Comunicaciones de la Policía local y militaba en el ERP. El 25 de septiembre de ese año fue llevado al centro clandestino conocido como El Embudo, Chalet de Hidráulica o la Casa de la Dirección General de Hidráulica del dique San Roque. Allí, por orden del titular del D2, Raúl Telleldín, y de miembros de la patota Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante, fue torturado (lo castraron) y murió desangrado.
Desde la vuelta de la democracia, Fernando se encargó de llevar acciones para la reparación del legajo de su padre a partir de la ley provincial sobre reparación histórica. Tras una larga lucha, en mayo de este año, el gobierno de Córdoba decretó el “ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior”, por lo que Ricardo Albareda logró de manera póstuma el grado de Comisario. El caso reviste especial particularidad porque se trata del único en el que la Policía reconoce haber sido autora de un delito de lesa humanidad.
«Cruzaron un límite»
La CGT Córdoba expresa su más enérgico repudio al asesinato de la compañera Susana Montoya
CÓRDOBA, 5 de agosto de 2024
La CGT Córdoba expresa su más enérgico repudio al asesinato de la compañera Susana Montoya, esposa de Ricardo Fermín Alvareda, quien fuera desaparecido por la última dictadura militar y madre de nuestro compañero de HIJOS Córdoba Fernando Alvareda.
El deterioro de la situación económica y social que producen las políticas de ajuste del gobierno nacional, están siendo acompañadas por una degradación de la cultura política y convivencia democrática. Los «tuits» e intervenciones alucinadas e irresponsables del presidente de la nación alentando a la violencia, contra los opositores o los que piensan distinto, lamentablemente producen estos frutos.
Lo dijimos cuando en marzo una compañera de HIJOS fue agredida y amenazada: el discurso de odio no es inocuo. Y vehiculizado, principalmente, por las redes sociales alienta y legitima a traspasar barreras. Como la que, lamentablemente se traspuso ahora, dónde hay una compañera, víctima de la dictadura militar, asesinada.
Exigimos una rápida investigación que encuentre y condene a los responsables y esclarezca los móviles que los llevaron a cometer este acto vil.
Convocamos también a la más amplia unidad para defender, en las calles y con movilización, el sistema democrático que posibilita los más enconados disensos pero nunca que ellos se transformen en la eliminación física del adversario.
Movilizar también para reafirmar la continuidad de los juicios de lesa humanidad y cerrar el paso a cualquier intento de impunidad. Como el que se está ensayando desde algunos sectores del gobierno nacional y quedó evidenciado con la visita de diputados de LLA a genocidas condenados en prisión.
Ilda Bustos – Andrés Colazo – Federico Cortelletti
Secretaria y secretarios generales
Aquí, un video de la gráfica Ilda Bustos de comienzos del pasado mes de marzo:
Fiscalía: «Hay profusas pruebas»
Juan José, me puede enviar al correo el archivo de La Sombra Azul en pdf?
desde ya gracias
Daniel
Me tiene que pasar su email. Hñagalo a ajotajotasalinas@gmail.com