EN ALEMANIA COMO EN ESPAÑA: El acceso a la vivienda es cada vez más inasequible
Hasta el momento (en que el Estado está entregando tierras fiscales con servicios para todo el que quiera construir su vivienda pueda hacerlo) , la situación es todavía peor en Argentina, donde no hay viviendas sociales, es decir del Estado, que cobren alquileres módicos.
Las consecuencias de 30 años de políticas neoliberales se extienden por Europa
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1990 Alemania contó con una ley de vivienda social que le permitió dotarse de un parque de 3 millones de apartamentos sociales, que se alquilaban a precios asequibles. Pero en las últimas décadas muchos municipios alemanes vendieron las viviendas de propiedad pública a todo tipo de corporaciones privadas. En la ciudad de Dresde, en 2006 vendieron todo su parque de viviendas públicas en un solo día a un único inversor.
En España ha ocurrido lo mismo, cerca del 98% de la vivienda de propiedad pública se han vendido a fondos de inversión o grandes corporaciones que luego echaron a los inquilinos, ya sea no renovándoles el contrato o por un incremento abusivo del precio del alquiler que no podían asumir
Actualmente, en las grandes ciudades de Alemania se forman largas colas para solicitar las pocas viviendas sociales disponibles. En Berlín hay un promedio de 217 interesados por cada apartamento social. Los precios del alquiler en el mercado libre están en niveles récord, y en España son más altos aun.
La Asociación de Inquilinos alemanes advierte que las perspectivas son oscuras y anuncian «trastornos sociales». La promesa electoral del gobierno federal de Alemania de construir más de 100.000 nuevas viviendas sociales por año no se está cumpliendo. Tampoco dan resultados las medidas para frenar el precio de los alquileres, lo mismo que ocurre en España. En el caso del Estado español, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, entre 2015 y 2022, emitió siete dictámenes condenatorios contra España por vulnerar el derecho a una vivienda adecuada siendo el país más condenado por este Comité.
