ENCRUCIJADAS. Pandemia, apocamiento gubernamental y desvarío de los supremos

Cuando el miedo se vuelve zonzo

 

Primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardem y gobernador Gildo Insfrán. No van a comparar.

 

POR TEODORO BOOT

Tal vez por no dar pasto a una oposición mediático-política-judicial y últimamente policial, sistemática y enceguecida, el gobierno nacional vacila y con frecuencia se muestra demasiado timorato al momento de tomar decisiones tan razonables como estrictas, por ejemplo, para moderar los contagios por coronavirus.

La encuesta de SocPol UNQ comentada por el diario Página 12 (según la cual casi el 70% de los encuestados aprobaría un aumento de las restricciones a fin de detener la pandemia, pero la mitad de ese 70% considera que la medida sería repudiada por la mayoría de sus vecinos, mientras que la mayor parte del muy minoritario 30% está convencida de representar la opinión mayoritaria) revela tanto el motivo de los temores gubernamentales como su falta de racionalidad. Y, dicho sea de paso, es presumible pensar que en la mayoría de los temas en debate tenga lugar la misma distorsión, debida, naturalmente, a las campañas sistemáticas y abrumadoras de la mayor parte de los medios de comunicación.

Que el miedo (en este caso de las autoridades nacionales) no es del todo zonzo lo probaría la campaña de demonización y el incongruente fallo de la Corte Suprema de Justicia “condenatorio” de la provincia de Formosa por las restricciones impuestas a raíz del recrudecimiento de los contagios tanto en Clorinda como en Paraguay, particularmente en la ciudad de Asunción, como quien dice, a tiro de piedra de Clorinda. Tras un escándalo provocado por los grandes medios (simultáneamente escandalizados por el recrudecimiento de los casos en las localidades brasileras fronterizas con Argentina y Paraguay) y las violentas y escuálidas movilizaciones promovidas por Patricia Bullrich, quien a falta de un disfraz de payaso consiguió al menos uno de presa, la Corte determinó que la libertad de desplazamiento de las personas es un derecho superior al derecho que tienen esas personas a permanecer con vida, intríngulis filosófico y existencial difícil de empardar y, mucho más, de comprender, como no sea mediante el consumo de alguna sustancia alucinógena.

Similares temores llevaron en su momento al gobierno nacional a “federalizar” la distribución y aplicación de la vacuna contra el Covid –siendo que dispone de una fuerza nacional muy organizada y sumamente idónea para menesteres semejantes conocida como “ejército”–, con las previsibles distorsiones, impericias, desigualdades y presumiblemente delitos que son de dominio público (si la aplicación de favor de 40 o 50 vacunas puede ser un delito ¡qué no será el intento de choreo de 900 dosis!).

El argumento de la “federalización” –sistema que entre nosotros jamás llegó a ser una realidad efectiva, como no fuera en momentos peligrosamente cercanos a la disolución nacional (Si Pepe Rosa o Ernesto Palacio molestan, consúltese aunque más no sea a Astolfi)– sirvió para que, en el caso puntual de la pandemia, el gobierno nacional se desligara de la protección de las fronteras, derivando esa responsabilidad en cada uno de los distritos. Así, los viajeros que aterrizaban en Ezeiza se dirigían libremente hacia sus domicilios, tanto fueran en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Chubut, distribuyendo alegre, democrática y, por sobre todas las cosas, federalmente el virus por el territorio nacional, quedando a cargo de las autoridades de cada distrito el seguimiento y control de cada uno de los contagiados. Y quien dice Ezeiza dice Aeroparque, el puerto de Buenos Aires, Gualeguaychú, Corrientes, Mendoza o Ushuaia.

La sobreactuación del federalismo, al menos mientras no se alteren las distorsiones económicas y de infraestructura que lo tornan imposible, diluye la autoridad del gobierno nacional y deja a los ciudadanos a merced de las pocas decisiones que puedan tomar autoridades provinciales que, más allá de cualquier otra consideración, carecen de poder suficiente para moderar o controlar intereses privados, corporativos o directamente mafiosos, entendiendo por mafia a cualquier clase de conglomerado económico sin control ni regulación estatal. Así, el negocio gastronómico o turístico puede forzar a cualquier gobierno “autónomo” a aperturas irresponsables y los intereses de las prepagas a la distribución selectiva de una vacuna que no le pertenece, sin que falte el orate que crea que una provincia, pongámosle Mendoza, tendrá más oportunidades de adquirir una vacuna de las que tiene, pongámosle, Alemania.

La equivocada percepción de la realidad, distorsionada a fuerza de operaciones mediáticas, no sólo perjudica la tarea del gobierno nacional: otro tanto le ocurre al de la ciudad de Buenos Aires que, espantado por la aparente popularidad de una ebria irresponsable siente que debe oponerse al gobierno nacional hasta en aquellas cosas que podrían redundar en su beneficio. Por ejemplo, la vacunación, que parece haber tarado tanto al señor Rodríguez Larreta como al doctor Bernardo de Quirós hasta el punto de que no dejan de cometer errores en los que no incurriría ni un chico de diez años munido de una laptop.

Ahora la noticia es la llegada a Ezeiza de un contingente estudiantil con 44 alegres contagiados de Covid que, sin que se establezca la menor relación entre causas y consecuencias (operación lógica diríase que desconocida dentro del mundo periodístico), circula en forma simultánea a la noticia del levantamiento casi total de las restricciones dentro de la ciudad de Auckland. Aun sin saber dónde diablos queda Auckland, más de cuatro abren la boca entre asombrados y por las dudas indignados ante la abundancia de casos locales y simultáneamente ante la posible vuelta atrás con las medidas de aislamiento, sin explicar o acaso sin saber que Auckland es una ciudad de Nueva Zelanda, país que prácticamente ha conseguido librarse de la epidemia. Y si dato tan simple se ignora o finge ignorarse, al mismo tiempo se escamotea el modo en que ese milagro ha sido posible: haciendo lo que intentó hacer el gobernador de Formosa, pero mejor: permite ingresar al país solamente ciudadanos y residentes, antes de salir deben obtener un voucher de confinamiento al regreso por 14 días en el sitio que designe el Estado, incluye alojamiento y comidas. El costo del voucher es de $3.100 (dólares neocelandeses, 2.232 dólares USA) para una persona en habitación individual, $950 (684) para cada adulto adicional, y $475 (342) por cada chico. Sin dudas este protocolo desalienta la salida del país y deja en claro quién paga los gastos de los que regresan, contagiados o no. Así, las fronteras se cierran solas.

No quedan ya ciudadanos argentinos sorprendidos en el exterior debido a las cuarentenas: quienes lo están, han salido por su propia voluntad y conscientes de los riesgos que corrían, como los alrededor de dos mil que, dicen siuen veraneando o anclados en Brasil. Y así como han salido, vuelven, también conscientes de que la cuarentena será voluntaria y todo lo light que les plazca, ya que las autoridades –tanto nacionales como provinciales– insólitamente han confiado hasta ahora en la responsabilidad colectiva y temerosas del qué dirán mediático-judicial se han abstenido de garantizar el cumplimiento de esas elementales medidas de seguridad y solidaridad social.

El difundido hábito de mirar hacia el exterior buscando ejemplos para imitar debería servir para algo más que la autodenigración: a veces, efectivamente, hay ejemplos que conviene imitar. El de Nueva Zelanda es uno de ellos. En todo caso, así como en los viajes es necesario tomar en cuenta el gasto de aeropuerto, pasajes, alojamiento, etc., se hará necesario considerar también los 15 días de cuarentena, con la ventaja de que ese gasto será en pesos y con pensión completa.

Con suerte, tal vez en esa oportunidad la razón de los integrantes de la Suprema Corte no vuelva a ser afectada por las emanaciones que surgen de la naftalina acumulada en la cartera de la dama o los bolsillos de los caballeros.

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