POR OSCAR BALESTIERI (Subsecretario de Urbanismo y Vivienda del gobierno de Antonio Cafiero)
¿Cuál debe ser la respuesta de un gobierno peronista a las familias que “ilegalmente” ocupan tierras?
¿Mandarle la policía y amenazar a los ocupantes que si no se retiran los sacaran a palazos?
¿Iniciarles una demanda judicial para para desalojarlos?
Como tuve la responsabilidad durante cuatro años en esos temas, intentaré trasmitir nuestra experiencia: Desde el comienzo del mandato de Cafiero se produjeron muchas ocupaciones de tierras. En enero de 1988 hub una muy grande en Quilmes a la que respondimos con la creación de la “Comision Protierra”, que; con gran apoyo del gobernador, presidí.
La primera reacción de los intendentes fue pedir «¡Por favor, sáquenlos!¡Me ponen en contra a toda la sociedad!». Desde el primer suceso, en una reunión en la gobernación, Cafiero nos preguntó: «¿Que tienen pensado para estos casos?». En esa reunión el clima era favorable a enviar la policía a desalojar. Le explicamos que en la propuesta electoral incluimos un programa de loteo con servicios. Cafiero preguntó: «¿Eso está en nuestra plataforma?», le contestamos que si. «Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir lo prometido». Y con su palabra se saldó la discusión. Así, contando con el pleno apoyo del Gobernador, que no se olvidaba de mencionar el tema en sus discursos, se conformó la Comisión Protierra, compuesta por varias áreas del gobierno y se destinaron fondos para ello.
Aunque no hubo dos casos iguales por la situación, ocupantes y entorno, describiré un caso promedio: Llegada la primavera y el verano se produce una ocupación de 100 familias de una tierra desocupada, con problemas de basuras, niveles etc. Primero llega la policía, luego nosotros, a dialogar con los ocupantes. El comienzo es siempre tenso, gran desconfianza, temor a represión. Cuando avanza la negociación, ven que no habrá represión, que hay propuestas a cambio del desalojo, y el clima cambia. Para no legitimar la ocupación, tratábamos de que el terreno se desocupara aunque luego se comprara el predio, para hacer un protierra. ¿Que ofrecíamos? Lotes en otro lado (proyectos en desarrollo o terminados), algún subsidio para reparar una vivienda que abandonan… subsidios para el regreso a un país vecino o al interior del país, en los casos mas criticos una vivienda en un barrio.
En el transcurso de estas negociaciones algunos se retiraban (porque no podían justificar su estricta necesidad por tener donde vivir, etc.) así que, poco a poco, vamos desalojando el predio, la policía controla que no ingresen nuevos ocupantes, Acción Social realiza censos, o mismo hace Salud, todo el Estado se pone en movimiento alrededor del caso.
En un corto tiempo conseguimos sin ruidos, daños ni espectáculos, que el predio se devuelva.
A veces es el comienzo de una negociación de compra al privado, que rebaja sus expectativas luego de la intrusión, o la gestión a otro sector del estado que se muestra más amigo de ceder la tierra luego de esa experiencia.
Cada situación tiene sus características particulares, relación con la política, con los movimientos sociales. Cuanta mas organización hay, la negociación es mas realista.
Recuerdo un caso en el que movimientos sociales auspiciados por la Iglesia… ¡ocuparon tierras del Arzobispado! en el marco de una interna eclesiástica. Terminamos comprando la tierra y generando un barrio, que con un gran cartel fue bautizado «Obispo San Ambrosio» con el lema de una frase que se le atribuye: «Lo que te sobra no te pertenece”.
No son ajenas a esta ocupaciones, picarescas de comerciantes de la pobreza, a veces de barras bravas, etc. Y ¿por que no? de nuestras diferencias políticas.
Los recursos necesarios son verdaderamente pocos: en pesos de agosto 2020, comprar tierra para urbanizar puede costar 100.000 pesos por lote, construir el equipamiento mínimo, (agua potable, energía eléctrica, iluminación, apertura de calles, etc) otros 500.000 pesos. Llevándolo a los grandes números, comprar y urbanizar diez mil lotes, puede hacerse con un inversión de 6.000 millones de pesos.
Es el recurso mejor invertido, se recupera porque sus ocupantes pueden pagarlo, y el beneficio social y la aprobación de la comunidad son muy grandes.
Las ocupaciones producidas, son hechos puntuales, que si no tienen respuesta satisfactoria, pueden provocar graves conflictos y un daño enorme en la imagen política de un gobierno.
El tiempo no sobra: es necesario encarar soluciones de inmediato.