TORTURADORES argentinos recibieron cursos en instituciones españolas
Seguimos publicando la serie de notas que está sacando el diario electrónico Público.es en España más allá de algunas imprecisiones, debido a su innegable interés y sin perjuicio de la gratitud que tengo por haber sido acogido como súbdito del imperio… Es una broma… Fuera de ella, debo hacer constar que el rey Juan Carlos pidió por mi hermano Luis, preso en la Argentina, en ocasión de su visita y, también, que me gusta ser ciudadano español, como lo fueron mis padres y, hasta donde sé, todos mis ancestros. El problema se me presentará si Cataluña (mi exilio, como el otros muchos argentinos, transcurrió en Barcelona, donde tengo familia) se escinde de España, ya que no creo que pueda conservar ambas nacionalidades. En cuanto a la presencia de marinos de los «grupos de tareas» en Madrid, era aun fuerte rumor, casi una certeza, pero no tengo conocimiento de que hayan operado «militarmente»contra los exiliados. JS
La dictadura argentina y el gobierno de Adolfo Suárez mantuvieron una activa colaboración a nivel represivo, según figura en varios archivos secretos de ambos países.
El teniente argentino Antonio «Trueno» Pernías, actualmente preso en Buenos Aires por cometer crímenes de lesa humanidad, era un hombre de acción: por sus manos -y su sala de tortura- pasaron muchos hombres y mujeres que hoy siguen sin aparecer. Su compañero Enrique Scheller, alias «Pingüino», también fue señalado por algunos sobrevivientes como un sádico torturador. Entre 1978 y 1980, ambos individuos formaron parte de la embajada de Argentina en España, donde se dedicaron a perseguir y controlar al numeroso colectivo de refugiados argentinos que vivían en este país. A pesar de las denuncias que existían en su contra, el gobierno de Suárez les dio pasaportes y permitió que llevaran revólveres.
Sus nombres no son un caso aislado. Tal como confirman diversos documentos reservados en poder de Público, la delegación diplomática argentina fue utilizada como uno de los principales centros de operaciones de la dictadura en Europa, con una doble misión: controlar a los exiliados y contrarrestar las denuncias internacionales contra el régimen. Allí todos iban armados, gracias a las licencias que el gobierno de Adolfo Suárez concedía sin rechistar. Según consta en los archivos secretos, el embajador Leandro Enrique Anaya tenía permiso para utilizar una pistola Smith Wesson calibre 38. Su secretario, Jorge Vigano, disponía de un revólver Astra, mientras que el consejero económico y comercial, Carlos Vailati, portaba un modelo cobra del revólver Colt. Tampoco faltaba pólvora en el Consulado General de Madrid, donde su máximo responsable, Luis Vila Ayres, gozaba de un «permiso de portación de arma de defensa personal»: una pistola Browning calibre 7,65.
Tras dotar de armamento a sus funcionarios, los militares argentinos montaron un servicio de espionaje con sede principal en la embajada de Madrid y sucursales en las oficinas consulares de Barcelona, Bilbao y Cádiz. En esta nutrida red no sólo participaron los funcionarios de las representaciones en España, sino que también tomaron parte los militares que eran enviados a este país bajo la excusa de realizar «cursos de formación» en instalaciones del ejército y la marina española.
Uno de los primeros en cumplir estas funciones fue el teniente coronel Antonio José Deimundo Piñeiro, quien durante el curso 1976-1977 asistió a la escuela del Estado Mayor del Ejército en Madrid. Ya fuese dentro o fuera del aula, Piñeiro tenía la autorización del gobierno español para portar un revolver calibre 38 «modelo detective» de la marca Colt y disponía de pasaporte oficial, al igual que su mujer y sus hijos. Al volver a Argentina en 1977, el experimentado militar se dedicó a coordinar la salvaje represión en la provincia de Misiones, al norte del país.
Intercambio represivo
Los documentos a los que ha accedido este periódico confirman que España y Argentina mantuvieron un estrecho intercambio de policías y militares para la realización de cursos oficiales. En el marco de esas relaciones, el 23 de septiembre de 1977 el Jefe de la Policía Federal Argentina -una de las fuerzas represivas que secuestraba, torturaba y asesinaba a los militantes antidictatoriales-, Edmundo René Ojeda, hizo llegar al gobierno de UCD el plan anual de becas de ese cuerpo. Por primera vez, la oferta de la dictadura de Videla incluía a miembros de la Guardia Civil y de la Policía.
El gobierno de Suárez no rechazaría la oferta del régimen argentino. El 25 de noviembre de 1977, el ministerio de Exteriores a cargo de Marcelino Oreja confirmó por medio de una carta que un oficial de la Guardia Civil y otro de la Policía Armada estudiarían en Argentina. En concreto, los efectivos elegidos realizarían el curso de Explosivos, que comenzaba el 23 de octubre de 1978 y tenía una duración de diez días, en los que sus asistentes recibirían capacitación sobre el «manipuleo, desarme y transporte de artefactos incendiarios y/o explosivos y la realización de pericias o informes judiciales».
En esas mismas fechas, La Moncloa respondió a la generosidad argentina con una propuesta muy especial a uno de sus marinos, el teniente de fragata Jorge Osvaldo Troitiño. De acuerdo a un documento confidencial de la Armada argentina, Troitiño había viajado a Europa para «prestar servicios en la Agregación Naval» de la embajada en Madrid, aunque utilizaría como camuflaje su participación en el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra Naval. Gracias al correspondiente permiso otorgado por la Guardia Civil, podía llevar en la cintura un revólver Smith & Wesson calibre 38. El 6 de mayo de 1978, sus profesores españoles lo eligieron para que realizase una exposición sobre Argentina, de manera que pudiese explicar a sus camaradas las bondades del «régimen político» de Videla y su «desarrollo futuro».
Con ganas de aprender
Troitiño fue uno de los más activos «estudiantes» enviados por la dictadura a España, pero no el único. De acuerdo a los listados oficiales, 33 militares argentinos desfilaron por las dependencias militares de este país entre 1976 y 1983. Siete de ellos se apuntaron al curso de Estado Mayor de la Escuela Superior del Ejército, mientras que otros lo hicieron en la Escuela de Guerra Naval. Entre estos últimos se encontraba el marino Carlos José Pazo, uno de los torturadores que prestaba funciones en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de exterminio del país.
Otro de sus compañeros de torturas, el teniente Néstor Savio, también fue premiado con un viaje a España para realizar el curso de Mando de Infantería de Marina en San Fernando (Cádiz), mientras que Ricardo César Araujo -un marino muy activo en la mal llamada «lucha antisubversiva»- consiguió que sus jefes de la Armada lo enviasen a Madrid «en comisión permanente» -lo que le dotaba de protección gubernamental- para acudir al curso sobre «Comando y Estado Mayor de Infantería de Marina».
De acuerdo a una nota confidencial del Estado Mayor de la Armada Argentina, Araujo debía permanecer en España entre agosto de 1980 y noviembre de 1981. En su legajo, sus jefes reconocían su «activa participación» en la «lucha contra la subversión» en Bahía Blanca, una ciudad situada a 600 kilómetros de Buenos Aires. Precisamente por eso, tres décadas más tarde un tribunal de esa localidad lo acusó de «haber formado parte del plan criminal, clandestino e ilegal implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas». Cuando viajó a España, Araujo ya cargaba en la espalda todos esos deleznables actos.
La escuela porteña
La participación de los 33 argentinos en cursos dictados por las Fuerzas Armadas fue correspondida por parte del gobierno de Suárez con el envío de 14 militares a Buenos Aires para que realizaran distintas asignaturas en dependencias del Ejército y la Marina. «Los cursos realizados por estos oficiales se efectúan en virtud de intercambios de alumnos y como consecuencia de acuerdos firmados en reciprocidad con países con los que se mantienen relaciones diplomáticas desde hace muchos años y que continúan en la actualidad», justificaba en 1998 el ministerio de Defensa español ante un requerimiento de información efectuado por el juez Baltasar Garzón, quien entonces trataba de investigar los crímenes de lesa humanidad en Argentina.
De acuerdo al listado proporcionado en aquel momento por Defensa, entre 1979 y 1983 ocho miembros del ejército español realizaron el curso de inteligencia ofrecido por la dictadura. Varios de ellos visitaron las instalaciones de la ESMA, el mismo recinto donde funcionaba el campo de concentración. El entonces comandante Cristóbal Gil y Gil admitiría este extremo frente a Garzón, ante quien tuvo que declarar el 16 de junio de 1998. De acuerdo a su testimonio en la Audiencia Nacional, Gil y Gil -que prestaba funciones en el SECID- había viajado a Buenos Aires en abril de 1981 para participar en un curso de «Estudios de Personal», dirigido al «aprendizaje de técnicas policiales de identificación de huellas y microfilmación de documentación, así como técnicas de modernización del Servicio de Inteligencia».
Al ser consultado sobre sus visitas a la ESMA, el militar aseguró que había estado allí en tres ocasiones. Cuando Garzón le preguntó por los nombres de sus anfitriones, respondió que no se acordaba de ninguno. Ante su falta de memoria, el juez le mostró varias fotos de los represores que se movían por ese centro, pero no sirvió de nada: su mente continuaba en blanco. Los abogados querellantes le preguntaron si había recibido instrucciones «sobre formas de combatir la subversión», a lo que Gil y Gil volvió a contestar con otra evasiva: «esas eran las técnicas conocidas en España y en cualquier otro país occidental».
El comandante del CESID tampoco estaba al corriente de la utilización de la ESMA como campo de concentración, un aspecto que había sido denunciado en varias ocasiones a nivel internacional por los organismos de derechos humanos. En su declaración, Gil y Gil alegó que ni siquiera sabía que en Argentina había desaparecidos. Como mucho, creía que allí existía un «enfrentamiento entre autoridades militares y grupos ideólogos dispares». El saldo fue de 30 mil personas asesinadas por el terrorismo de estado.
