En los últimos días se ha desatado una alevosa e indisimulada campaña de alta intensidad en los principales medios concentrados para instalar la idea de que se vive en la Televisión Pública un estado de descontrol y derroche de fondos públicos para justificar su eventual traslado a Tecnópolis, dejando al único canal del Estado argentino, y el único con alcance en todo el territorio nacional por aire y en forma gratuita, en una eventual situación de desguace y pérdida irreversible de sus capacidades técnicas y profesionales, lo que implicaría un grave retroceso para el conjunto de la sociedad en materia de democracia informativa y cultural.

Esta campaña cuenta, aparentemente con el aval de sectores del gobierno, y se inició con la escandalosa difusión de una noticia inventada, en un artículo publicado el martes 23 de agosto en la edición online del diario Perfil, firmado por Gustavo González. No se trata de un redactor más del grupo de medios propiedad de Jorge Fontevecchia, sino del ex director de la revista Noticias y actual director periodístico de Editorial Perfil, mano derecha de su dueño. La endeble y balbuceante redacción del artículo, su imprecisión y carácter ficcional, que ni siquiera se tolerarían en un estudiante de periodismo, indican a las claras que González no llegó al lugar que ocupa precisamente por sus capacidades de escritura o investigación periodística, sino por la evidente disponibilidad servil para hacer lo que le ordenen.

 La operación se completó cuando la “noticia” del supuesto “okupa” fue reproducida en reiteradas oportunidades por los noticieros centrales de Canal 13 y América TV, TN y el diario Clarín, entre otros medios.

En el artículo de Perfil.com se sostiene que los camarines del área del Noticiero se destinaban a “estadías más o menos prolongadas y a guardar trastos viejos”, que el gerente de Noticias, Néstor Sclauzero, se encontró en uno de estos camarines con “un inquilino” que “vivía desde hace meses en el lugar”, un empleado del canal instalado de forma permanente allí, y se busca hacer creer a la opinión pública que existe en el canal, como asegura la nota con pretendida y fracasada ironía, una “tradición de dar servicio de vivienda a algunos empleados.”

Estas afirmaciones mentirosas e intencionadas se completan con la caracterización de las condiciones laborales de los trabajadores de la Televisión Pública como privilegiadas, cuando en realidad se ajustan estrictamente a los convenios laborales existentes y a actualizaciones por paritarias, acordes con el resto de la industria televisiva. Dada la gravedad de la operación, y siendo el propio gerente de Noticias de la TV Pública a quien Perfil.com presenta como fuente, solicitamos que él mismo explique la situación real públicamente.

Las intenciones del sirviente de Fontevecchia, como parte de esta campaña para demonizar a la Televisión Pública y a sus periodistas y técnicos, están a la vista: preparar el terreno para la destrucción del canal del Estado, la precarización laboral y el eventual despido de sus trabajadores, a la par que habilitar un negocio inmobiliario de carácter multimillonario, que ya se anuncia desembozadamente presentando el cálculo del valor de los “terrenos” en una de las zonas más codiciadas de Buenos Aires y anunciando la expectativa de “desarrolladores”, ansiosos por echar mano de esta “oportunidad” que está siendo creada a su medida, y a la vista de todos, impulsando el remate y liquidación de un patrimonio tangible e intangible de toda la sociedad.

No es casualidad que la operación se haya concretado unas pocas horas antes de que sectores del gobierno comiencen a anunciar un posible traslado del canal público al predio de Tecnópolis, un proyecto que desde lo comunicacional, periodístico, televisivo y profesional carece de sustento alguno, y que implicaría un costo descomunal para el Estado Nacional, cuando nuestro país tiene necesidades mucho más urgentes y acuciantes que construir un “polo cultural” en el Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires.

La defensa de la pantalla pública históricamente ha sido nuestra principal preocupación. Durante distintas gestiones, desde el menemismo al kirchnerismo, pasando por el gobierno de la Alianza, denunciamos irregularidades e intentos de censura, defendimos el carácter plural y democrático de la Televisión Pública, pusimos el cuerpo e hipotecamos nuestras propias casas y sueldos para que no se privatice en los años `90 y fuimos críticos de todas las administraciones, incluyendo al anterior gobierno, que pretendieron utilizar el Noticiero de la pantalla del Estado para fines partidarios, como puede observarse en cada uno de nuestros comunicados e intervenciones públicas.

Desde la coherencia y una conducta histórica es que en esta oportunidad advertimos a la opinión pública de esta torpe operación mediática que no ataca solo a los trabajadores de la TV Pública y al Sistema Nacional de Medios Públicos, sino al conjunto de la sociedad y su derecho inalienable a una información plural y democrática. Este derecho también es cultura. Y no tiene precio.

COMISION INTERNA

Y TRABAJADORES DEL NOTICIERO

DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA