La implementación de la Boleta Única Electoral o BUE, por sus siglas en macrismo, enmarcada en un voluminoso proyecto de ley de Reforma Electoral que remitió el gobierno nacional, tuvo su primer paso por un plenario de comisiones que lo analiza en la Cámara de Diputados. Los ministros que lo defendieron aseguraron que el sistema es seguro y que termina con las conocidas triquiñuelas «fraudulentas» de cada comicio. Sin embargo, los expertos informáticos invitados para la ocasión no sólo lo calificaron de «inseguro» sino que hasta demostraron, con ejemplos realizados in situ, la vulnerabilidad del sistema y, de manera unánime, defendieron la continuidad del voto en boleta de papel.

El interbloque Cambiemos aguantó una andanada de observaciones negativas confiado en que cuenta con el respaldo de los bloques de la «oposición responsable» que lideran Sergio Massa y Diego Bossio. Eso no evitó el mal momento de los diputados oficialistas porque para el momento de la exposición de los expertos los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Andrés Ibarra (Modernización) ya se habían retirado.

«Vamos a terminar con las trampas», advirtió Frigerio. Una de las más citadas fue la compra del voto a través de punteros. Pero el ministro no se quedó para ver cómo Juan Smaldone, un experto en informática, demostraba con una aplicación en su celular que con sólo acercar la boleta electrónica a su teléfono puede leer el chip que tiene el voto y así saber qué partido o candidato eligió el elector. Si es el correcto, entonces el puntero pagará por el favor. Smaldone dijo que esta situación ya fue advertida el año pasado en CABA pero que las autoridades electorales hicieron oídos sordos.

Los funcionarios se jactaron de que el sistema estará íntegramente auditado y que la boleta electrónica agiliza la emisión del voto. Pero Enrique Chaparro, de la fundación Vía Libre, advirtió que la sencillez de la BUE no necesariamente es una virtud porque no fuerza al elector a leer lo que está impreso en su voto y, por lo tanto, eso también es prueba de inseguridad. Además, señaló que un fallo de seguridad en un sistema electoral informático tiene consecuencias mucho más graves: «El cambio de dos o tres líneas del código de un programa se replica en 95 mil mesas electorales del país a una escala que no se puede lograr en el sistema manual.» El experto tuvo tiempo para retrucar la afirmación que había realizado el secretario de Asuntos Institucionales y Políticos, Adrián Pérez, que había destacado que en caso de fallos se puede auditar de manera rápida el cinco por el 5% del escrutinio. «Deberían haber consultado a un estadístico porque todos saben que un muestreo de ese porcentaje es inocuo y genera un riesgo grave», indicó Chaparro.

El ministro Ibarra había afirmado, al comienzo de la audiencia, que la no conexión de las urnas electrónicas a internet las protegía de posibles ataques. «Es falso porque antes de poner en funcionamiento el sistema en CABA recibió cuatro ataques, dos de ellos desde los Estados Unidos», avisó el doctor en Informática, Alfredo Ortega, quien además recordó que la advertencia que hizo en su momento Joaquín Sorianello le valió un proceso judicial de más de un año antes de ser sobreseído.

Sorianello, presente en la audiencia, fue tajante cuando aseguró a Tiempo que «es mentira que sea seguro». «Esta privatización del sistema electoral en realidad le pone precio al que quiera ser presidente de la Nación», agregó. «El proyecto presentado no tiene plan de contingencia y peligra la seguridad y el secreto del voto.»

Cada cuestionamiento de los especialistas turbó aun más el rostro del diputado del PRO, Pablo Tonelli, que presidió el plenario. No buscó confrontar, en todo caso apresuró el trámite para que la reunión concluyera. Habrá que ver si el oficialismo aceptará modificaciones. Las advertencias generaron dudas incluso en diputados radicales.