El próximo paso de la entrega planificada es el tratado de libre comercio con la Unión Europea

Ni Menem se animó  a tanto

Foto: Dos de los denunciantes del latrocinio en ejecución: la diputada Carolina Gaillard, a la izquierda, y el ex ministro de Salud, Daniel Gollan, participando de un panel sobre el dengue,

Con el simple expediente de una resolución del Instituto de Propiedad Industrial  (INPI) se autorizó la aprobación de patentes importadas desde otro país. Es el paso previo a la capitulación completa que se producirá con la firma de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. El autor destaca que ni Carlos Menem se atrevió a tanto.

POR ALBERTO FERRARI (especial para Pájaro Rojo)

La reciente resolución 56 del INPI habilita las patentes “importadas” o “patentes express” que convierte al organismo en una oficina de entrada de expedientes.  Al mismo tiempo se anulan las guías de patentabilidad adoptadas a partir de 2010 para evitar los abusos de mercado y para impedir que se consolide un monopolio de mercado con medicamentos sin novedad inventiva,  que constituyen la repetición de fórmulas conocidas, con ligera modificaciones.

La resolución cierra un “círculo virtuoso” que comenzó con la designación al frente del INPI de Dámaso Pardo, socio de la Asociación Argentina de Agentes de Propiedad Intelectual (AAAPI),  un lobby de abogados que trabaja para las multinacionales y que apenas asumió el gobierno de Mauricio Macri fue a pedir cambios en la conducción del organismo y la anulación de las guías de patentabilidad.

Pardo es socio,  además,  del estudio Pagbam, integrado por Pérez Aladi, Grondona, Benites, Arntsen  y José Martínez de Hoz (hijo) quien estuvo a punto de ser confirmado como vicepresidente del INPI. No lo fue, lo que no le impide actuar en las sombras.

El siguiente paso fue la “decisión política” de Mauricio Macri de que el INPI se constituye en el organismo encargado de negociar el capítulo de propiedad intelectual con la UE. Ni Cancillería, ni Industria, ni Comercio. El INPI cooptado por los abogados de las multinacionales tendrá la palabra final en las negociaciones con Bruselas, que se aceleran para llegar antes de fin de año con un borrador afinado.

Y, finalmente, la resolución 56 del INPI que habilita a presentar patentes “importadas” sin exigir los exámenes de patentabilidad en el país, como establece la Ley de Propiedad Intelectual promulgada durante el menemismo.

Veinte años después, lo que no pusieron imponer en la década del 90 por la resistencia de una amplia coalición política, incluso desde el propio seno del oficialismo, se impone mediante una resolución.

Los ex ministros de Salud, Ginés González García y Daniel Gollan, la diputada nacional Carolina Gaillard, y el senador nacional José Mario País, han sido los primeros en denunciar que los cambios introducidos por una resolución administrativa ponen en peligro el acceso a los medicamentos.

Los laboratorios nacionales por su parte han acudido a la justicia. Era lo menos que se podría esperar de un sector industrial que apostó dividido –sus empresarios- entre los tres candidatos presidenciales favoritos.

Pero, incluso aquellos que colaboraron con la campaña de recaudación de fondos que lanzó Macri con una cena en la Rural a comienzos de 2015  a un costo de 50 mil pesos el cubierto,  no esperaban que le clavaran ¡tan pronto! un puñal por la espalda.