NAHUEL HUAPI Y LOS BOSQUES DE PALERMO. Un patrimonio natural y público, amenazado

POR OSCAR TAFFETANI

Entre 1838 y 1848 -como fue mensurado por Nicolás Descalzi y está documentado en 36 títulos de propiedad-, Rosas compró los terrenos que conformaban su estancia de «Palermo de San Benito», 541 hectáreas en lo que hoy es la zona más cara de la ciudad de Buenos Aires. Esas propiedades de Rosas fueron expropiadas sin indemnizaciòn alguna (el cuestionable derecho del vencedor) después de Caseros, el 16 de febrero de 1852. Más tarde, por iniciativa de Sarmiento, Avellaneda y otros dirigentes del Ochenta, los terrenos de Palermo -que llegaban al río- se destinaron a crear el parque público Tres de Febrero, que incluía los espacios del Jardín Botánico y el Zoo.

A la fecha, tras sucesivas (e inconstitucionales) concesiones, expropiaciones, privatizaciones y enajenaciones, de las más de 800 hectáreas públicas originales del Parque, sólo quedan 40 (es decir, un 5%). Lo demás, hoy se llama Aeroparque, Campo Argentino de Polo, Lawn Tennis, Complejo Parque Norte, Tierra Santa, Costa Salguero, Parque de la Memoria y también «Las Cañitas», Barrio Polo, Palermo Chico, Palermo Hollywood, Palermo Soho, Palermo Glam, etcétera, etcétera.

Por eso, el objetivo principal de la «Asamblea Permanente por los Espacios Verdes Urbanos» y otras ONG por el estilo, impulsadas por referentes como Osvaldo Guerrica Echevarría y Rodolfo Livingston, es hacer que lo poco verde y público que queda del Parque Tres de Febrero original, lo mismo que en otros parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires, siga siendo verde y público.

Ahora, vayamos a otro proceso de enajenación y privatización parecido, sólo que más lejano. Se trata del Parque Nacional Nahuel Huapi, primero en su tipo, tanto en nuestro país como en Sudamérica.

Hacia 1760, misioneros jesuitas como Mascardi, Guillelmo, Van der Meeren, Zùñiga y Elguea (todos sucesivamente asesinados, dicho sea de paso) intentaron parar las incursiones «maloqueras» desde Chiloé, que se hacían para reducir a servidumbre o a esclavitud a los pobladores originarios (puelches y poyas, y luego, genéricamente, Mapuche). Desaparecida (borrada del mapa) la misión jesuítica de Nahuel Huapi, vino la conquista y colonización desde el Atlántico, en el siglo XIX, a cargo del Ejército roquista y con un conocido acompañamiento científico y religioso. Esto es historia sabida y no hace falta repetirla aquí.

Hacia 1903, el Perito Moreno decidió donar una parte de las tierras que había recibido del Estado en compensación por sus servicios como cartógrafo y perito, para crear el Parque Nacional Nahuel Huapi. Eran aproximadamente 7.000 hectáreas, en el corazón de uno de los paisajes más bellos de la tierra.

Hoy el Parque fundado por Moreno, si bien se multiplicó por diez en su extensión (sumando las reservas y áreas protegidas), sufre distinto tipo de amenazas, en cuanto a patrimonio natural público (debería poner con mayúsculas estas palabras) de los argentinos. Integrantes del CABA (Centro Andino Buenos Aires) y otras organizaciones de montañistas denunciaron intentos de arancelar -de manera inconstitucional- el ascenso a los cerros y montañas que están dentro del Parque (incluido aquel Cerro Bayo de los relatos de Yupanqui). Y esta última semana, hemos podido enterarnos de que un grupo de familias Mapuche reclama por sus derechos «ancestrales» sobre tierras que pertenecen al Parque.

No sé qué tan válidos serán los títulos que esgrimen esas familias para reclamar una re-privatización de lo que ya es tierra pública. El caso merece estudiarse y merece que se examinen alternativas, siempre por vía judicial y pacífica. Otro día contaré el caso de la familia Sayanca, que reclamaba 3/4 partes de la provincia de Mendoza, a mediados del siglo pasado.

Entonces, hechos todos estos posteos y salvedades que hice, reitero que es un crimen abominable sacar a la Gendarmería de las fronteras y sacar a la Prefectura de las costas y mares y rios argentinos para ponerlas a reprimir la protesta social, sea ésta de los Mapuche o de cualquier otro grupo asentado con historia y derechos en nuestro territorio.

Por eso las muertes de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel son crímenes contra la humanidad y así deben ser denunciados y tratados, sin excusas. El Estado debe responder por lo que hizo con esos jóvenes argentinos. Los autores materiales deben ser juzgados y condenados, tal como pasa (hoy ya estamos por la tercera sentencia de la causa ESMA) con los autores materiales de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura.

Y en otro orden, debe hacerse el racconto de todas las «reparaciones históricas» hechas a las comunidades originarias en territorio argentino, y sentar las bases para una gran Ley de Reparación Histórica, abarcadora de todas las otras, que dé una tierra y lugar definitivo, no-enajenable, a cada comunidad preexistente y existente en el territorio nacional.

Tierra es lo que sobra, aquí en la Argentina (así deben decir, relamiéndose, los Lewis y los Benetton). Lo que falta es patriotismo, justicia, solidaridad.