Si hay algo que me golpeó cuando el pueblo argentino cometió el desatino de ungir presidente en el balotaje a Milei, fue que la práctica totalidad del personal militar destacado en la Antártida lo votó  siendo como era para mi evidente que Milei, un cipayo mayúsculo, de tomo y lomo, estaba ansioso de desprenderse de las Malvinas y de la porción del continente blanco sobre el que históricamente la Argentina reivindica soberanía con sobrados títulos. El tiempo ha pasado, impiadoso, implacable, y me parece harto evidente que este gobierno se caga olímpicamente en la «familia militar» que tanto lo apoyó. Y que fundió al IOSFA, también involucrado en la compra con retornos a la droguería Suizp-Argentina. 

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En diciembre de 2023 el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) cerró sus cuentas con superávit. El balance oficial marcaba más de 13 mil millones de pesos a favor y un patrimonio neto en crecimiento. El organismo, bajo la gestión del gobierno peronista, estaba equilibrado.

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Menos de dos años después, el panorama es radicalmente distinto. Con Javier Milei en la presidencia y Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa, el IOSFA pasó de tener superávit a arrastrar una deuda que ya supera los 200 mil millones de pesos.

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La caída fue acelerada. En octubre de 2024 la auditoría interna reconocía un rojo de 105 mil millones. En enero de 2025 Petri autorizó un crédito de 40 mil millones otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera, que comenzó a descontarse de los haberes de retirados y pensionados. Pero el agujero siguió creciendo: en junio ya superaba los 150 mil millones y en agosto se estimaba entre 200 y 250 mil millones.

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Frente a esta crisis, el gobierno decidió cargar el costo sobre los militares en actividad. El 22 de agosto se firmó en Buenos Aires un convenio que obliga a descontar el 2% del salario de oficiales, suboficiales y soldados voluntarios para financiar al IOSFA. El descuento alcanza a sueldos básicos, suplementos, adicionales y aguinaldo.

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El acuerdo fue rubricado por Betina Surballe, presidenta del IOSFA; el almirante Carlos María Allievi, jefe de la Armada; el teniente general Carlos Alberto Presti, jefe del Ejército; y el brigadier Gustavo Javier Valverde, jefe de la Fuerza Aérea. Todos firmaron con el aval del ministro Luis Petri y del presidente Javier Milei.

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Lo que en los papeles se presenta como un convenio de “colaboración sanitaria” es en realidad un recorte salarial compulsivo. Un teniente coronel con un haber bruto de 1,2 millones de pesos pierde alrededor de 24 mil por mes. En un contexto de inflación alta y sueldos militares rezagados frente a las fuerzas de seguridad, el impacto es directo.

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La contradicción es evidente. Durante la campaña, Milei y Petri prometieron equiparar los salarios de las Fuerzas Armadas con los de Gendarmería y Prefectura. Esa brecha, que ronda entre el 20 y el 30%, lejos de achicarse se profundiza.

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Las consecuencias ya se vislumbran: oficiales y suboficiales con años de experiencia evalúan el retiro anticipado. La salida masiva de cuadros medios amenaza con vaciar de conducción y capacidad operativa a las unidades.

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El contraste político no puede ser más claro. El gobierno peronista dejó al IOSFA con superávit. El gobierno libertario lo llevó a la quiebra. Ahora los militares en actividad son quienes pagan la cuenta con un descuento mensual que no garantiza una solución real ni transparente.

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La defensa nacional se sostiene con personal motivado, con haberes dignos y con instituciones sólidas. Este convenio ofrece exactamente lo contrario: recorte salarial, incertidumbre y desconfianza. Y marca un punto de inflexión que quedará grabado en la memoria de quienes hoy sienten que el Estado, en lugar de respaldarlos, les da la espalda.