Primero el comunicado de Memoria Activa, que no lleva firma en la versión que nos llegó aunque sea evidente que lo refrendó Diana Malamud; luego el de  Apemia, firmado por Laura Alche de Ginsberg y su compañero, Pablo Gitter. Por último, mis comentarios. Me haría feliz que provocaran alguna respuesta, algún debate.

27 años vacíos de justicia, llenos de memoria

Hoy es 18 de julio de 2021. Estoy parada en esta plaza, sola, lejos, muy lejos de aquel 18 de julio de 1994, de ese maldito 18 de julio que cambió nuestras vidas para siempre. Me separan 27 años, 9862 días.

Año tras año me cuento y me recuento la historia de aquel domingo, el último; y lo más difícil siempre es revivir el día siguiente, el maldito día, el maldito lunes, el maldito 18, los malditos asesinos. Volaron la AMIA, asesinaron a 85 personas e hirieron a tantos. Asesinaron mis sueños, los que considerábamos nuestros sueños.

Trato de hacer memoria para no olvidar nada, ningún detalle de los últimos días, de la última charla, de la última sonrisa, de la última mirada, del último beso.

Me da tristeza olvidarme, es como si Andrés se desdibujara si yo olvido. Es como si los muertos de AMIA dejaran de exigir justicia si yo olvido.

Después del atentado me sentí perdida. Sentía que me había perdido en la muerte de Andrés, y me cuestionaba si habría muerto con la bomba yo también, porque es tan difícil vivir enojada, triste, luchando para no ocupar el lugar que indefectiblemente nos tocó: el de víctimas. Y lo terrible de saber que algunas partes nuestras estarían rotas para siempre y no poder evitarlo, no se lo pude evitar a mis hijas.

Estoy parada aquí, 27 años después. La plaza vacía al igual que la justicia, vacía al igual que las vacías respuestas obtenidas. Vacías las promesas que tantos gobiernos hicieron en 27 años. La causa AMIA fuera de las agendas, de las prioridades. La causa AMIA usada, vapuleada, vacía de verdad como esta plaza.

La causa AMIA es un espejo que refleja el deterioro de la justicia. Un espejo que refleja la impunidad. Un Estado ausente. La indiferencia de los políticos. Los chanchullos de algunos jueces. Esa inmundicia que resultó ser casi todo Comodoro Py. El bochorno de quien atornillado a su silla dice ser el Procurador Gral. de la Nación.

Un Ministerio de Justicia vacío de justicia y una Unidad de Investigaciones AMIA que hace tan sólo una semana, tomaron la determinación de reflotarla. Y como broche de oro nada menos que al sobrino de la ex jueza Riva Aramayo que fue parte del armado de la pista falsa, a cargo de la Unidad Fiscal AMIA. Nada es casual, Macri nombra a su procurador estrella: Eduardo Casal. Casal nombra al fiscal Basso a cargo de la UFI AMIA para lavar, vaciar y cerrar la causa lo más rápido posible. No presentó un solo informe desde el inicio de su gestión, aún siguen durmiendo el sueño de los injustos todos los archivos que continúan sin desclasificarse o analizarse dentro de su Unidad Fiscal.

En los hechos, la UFI AMIA hoy es gerenciada por estrechos colaboradores del ex fiscal Alberto Nisman, con la misma opacidad y ausencia de resultados que caracterizó la gestión del mencionado primer titular de la unidad. No sólo se trata de poner nuevamente a cargo de la investigación del atentado a fiscales idóneos y creíbles, también resulta imprescindible apartar al «Equipo Nisman» de la UFI AMIA. La recuperación de la confianza en el trabajo (tan degradado) del Ministerio Público Fiscal en esta causa depende de ello. La búsqueda de verdad y justicia en este caso exige un actuar transparente, comprometido y objetivo que, en las actuales condiciones, la UFI AMIA no puede garantizar.

Es por todo esto que volvemos a exigir: queremos a Basso y a todo el equipo Nisman fuera de la Unidad Fiscal AMIA.

También tenemos a los jueces de la Cámara de Casación, a cargo de rever la acomodada y política sentencia del Tribunal Oral Federal Nº2 que lleva ya dos años sin poder definir si las bajas penas que recibieron entre otros Galeano, Mullen, Barbaccia, Anzorreguy y las vergonzantes inocencias otorgadas a Menem y Beraja, corresponde modificarlas o no. Nos preguntamos si también ellos están recibiendo presiones de los poderosos amigos de los encubridores.

27 años. Los dolores que no acaban. Los años que pasan y pasan y pasan. Aunque esta vez algo es diferente, en breve se llevará a cabo el juicio contra el Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Porque después de tantos años la Comisión Interamericana de Derecho Humanos de la OEA confirmó aquello que tanto denunciamos desde MEMORIA ACTIVA: el Estado argentino es responsable por la violación del derecho a la vida de los 85 muertos, por habernos negado nuestro derecho a la justicia y por habernos impedido y continuar impidiéndonos saber qué pasó aquel 18 de julio de 1994.

En su Informe de Fondo la Comisión afirma que las instituciones argentinas construyeron la impunidad con maniobras ilegales, con el armado de líneas de investigación que no tenían sustento y con el abandono de las que sí lo tenían, acciones que en su conjunto alejaron la posibilidad de conocer la verdad.

27 años y sigo parada aquí. MEMORIA ACTIVA sigue parada aquí, en la rebautizada plaza de la memoria. Frente al palacio de la injusticia. En esta plaza tan querida y tan odiada. Esta plaza tan vacía de justicia, pero tan llena de lucha y de memoria.

No fueron estas baldosas, ni los árboles, ni este monstruoso edificio que se erige a mis espaldas lo que me acompañó tantos años cada lunes por la mañana, tantos 18. Fue la gente que llenaba con su presencia vacíos difíciles de soportar.

Con MEMORIA ACTIVA hicimos aquí lo que nadie hubiese hecho por nosotros: le contamos a quien quiso escuchar que un lunes hace 27 años el odio asesino mató a nuestros familiares y amigo en la AMIA y los intereses espurios de muchos poderosos nos privaron de verdad y de justicia.

Gritamos lo que nadie hubiese gritado por nosotros, denunciamos lo que nadie hubiese denunciado por nosotros, acusamos a quienes nadie se atrevía a acusar, y gritamos con nombre y apellido todo lo que la impunidad y el poder querían ocultar, antes y ahora. Y expusimos a la dirigencia comunitaria judía por su obsecuencia y complicidad para enterrar la justicia y dijimos y volvemos a decir: somos judíos y ellos no nos representan.

Y pudimos hacer tantas cosas porque no estuvimos nunca solos. Por los compañeros de lucha, por el acompañamiento comprometido del CELS desde hace tantos años, por toda la gente que nos abrazó alguna vez en esta misma plaza, por la ayuda amorosa de Amnesty, por todos los que de alguna manera apoyaron o participaron, por nuestros queridos abogados de ayer y de hoy, y por todos los que nos acompañan hoy desde la virtualidad.

La Plaza Lavalle tendrá para siempre algo de nosotros y nosotros tendremos para siempre algo de ella. Por eso hoy, volvimos a elegir en pandemia, con el dolor de la injusticia y con el convencimiento de que, si no va a haber cambios de fondo en lo referente a la justicia, si se sigue permitiendo que los jueces y fiscales respondan a intereses políticos, si siguen existiendo cargos ad eternum, triste futuro nos espera, porque ya conocemos el triste pasado y el triste presente.

Nos falta mucho trabajo aún para que este país cambie. Desde MEMORIA ACTIVA seguiremos intentando aportar, aunque más no sea un granito de arena.

Ojalá pueda llevar por siempre dentro mío la fuerza de vida, de esperanza y de lucha que ha tenido esta plaza cada lunes a la mañana, cada 18 de julio. 27 años llenos de memoria activa.

Justicia, justicia perseguiremos.

 

……..

27° aniversario – AMIA: Un crímen de lesa humanidad devaluado

 

Este aniversario de la masacre de la AMIA se produce en un momento muy especial: el Gobierno abandona sus promesas, el valor de su palabra y compromiso.

En la Asamblea Legislativa de 2020, el Presidente aseguró ante la Nación que “apostamos a una democracia profunda y a una mejor calidad institucional” que asoció al esclarecimiento del atentado. “Solo se logrará si todos ayudamos a conocer la verdad… tenemos la decisión irreversible de terminar para siempre, para siempre, con los sótanos de la democracia”, agregó.

Un año después reconoció que su propuesta fracasó al recordar que “Esperaba que con eso se iniciara un derrotero que echara luz en los sótanos de la democracia… Pero lamentablemente no fue así”.

¿Qué se lo impidió si es un área de su responsabilidad? Los archivos secretos siguen cerrados: no hay investigación, ni verdad, ni justicia. Su confesión abruma.

No fue la primera vez que esclarecer el crimen de AMIA había sido puesto en el centro de la escena como materia política pendiente. Lo novedoso es que lo declara frente al despliegue de pruebas halladas en los archivos de la participación del Estado y la complicidad internacional de sus aliados en el atentado.

Esto cuestiona cualquier proyecto institucional como el pregonado. Si para investigar hay que conocer las pruebas – y los archivos secretos lo son- la conclusión más elemental es que todavía la investigación no comenzó.

En el camino quedaron fallos judiciales y Decretos que reconocieron el encubrimiento oficial. ¿Qué encubrieron si no fue el atentado mismo?

Resulta evidente que el Estado no quiere asumir la decisión política de investigar porque teme reconocer cuán involucrado estuvo en la comisión del atentado y no sólo en su encubrimiento. Sin esta decisión, pretende que las huellas evidentes de su participación criminal se diluyan en el tiempo, con el acuerdo del Legislativo y del Poder Judicial. Para colmo, los Fiscales se apuran para sobreseer lo que queda de la conexión local. La DAIA/AMIA y la embajada de Israel le hacen el aguante a esta política.

Los archivos siguen siendo “secreto de Estado” por estar llenos de esas huellas de la acción del terrorismo de Estado amparada en los pliegues de la democracia. ¿El Presidente y la Interventora de la AFI no lo saben?

Aún sin reconocer la participación del Estado en el atentado, hasta la CIDH reclamó abrir los archivos y un acceso efectivo a ellos, mientras negocia con el gobierno las condiciones de una eventual condena de la Corte Interamericana.

La masacre impune de la AMIA y su falta de investigación real siguen siendo la piedra en el zapato para cualquier intención de “democracia profunda” y/o “calidad institucional”.

Las viejas y gastadas promesas acerca de “recobrar el rol activo del Estado en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad” parecen no alcanzar cuando se trata del atentado cometido en democracia.

Por eso nos niegan la apertura de los archivos y establecen una diferenciación política difícil de explicar. El ejemplo es la Res. 467/21 de la AFI que propone analizar los archivos de la dictadura en su poder con organismos de derechos humanos.

Casi 45 años después, lo que puede ser un paso adelante para el esclarecimiento de esos crímenes se nos niega expresamente frente a la masacre de la AMIA. ¿No es acaso el mismo reclamo? Para el gobierno ¿el atentado a la AMIA es o no un crimen de lesa humanidad?

Hoy, a 27 años de este crimen del terrorismo del Estado argentino contra su población, se hace urgente superar la impasse. Sin una investigación real sólo queda rediseñar la impunidad.

La lucha de nuestro pueblo contra los crímenes de la dictadura es el motor para esclarecer los crímenes cometidos en democracia. Renovamos nuestro pedido para abrir los archivos, terminar con el secreto y constituir una Comisión Investigadora Independiente integrada por personalidades intachables, organizaciones políticas, sociales, académicas y de derechos humanos. Es el camino de Memoria, Verdad y Justicia.

LAURA GINSBERG
PABLO GITTER
Integrantes de la Asociación Por el Esclarecimiento
de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA)

Mi comentario:

Caso omiso

Memoria Activa tuvo a su disposición, por intermedio del CELS, toda la documentación que la SIDE de Hugo Anzorreguy y Stiuso había ocultado. Su abogado en el juicio por el encubrimiento, Rodrigo Borja, tuvo acceso a todos esos archivos. Sin embargo Memoria Activa hizo caso omiso de documentación tan importante como el que puso en evidencia la Operación Cacerola; los informes de la DIPBA (la inteligencia de la Policía Bonaerense) sobre la voladura de una Trafic por parte de la Policía Federal en terrenos de la Armada con la complacencia y complicidad del juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, acerca de que, lejos de haber demostrado la existencia de una Trafic-bomba, demostraron palmariamente todo lo contrario: que no hubo vehículo bomba. Del mismo modo, obvió considerar la falsedad de las declaraciones probadamente pagas del iraní Maijd Parvas que iniciaron la llamada «pista iraní»; no utilizó la carta enviada por el delegado de la SIDE en Israel, Ruiz/Ruibal a su controladora diciéndole el mismo lunes del atentado y unas pocas horas antes que tenían a la bestia terrorista bien agarrada de la cola y de los cuernos y tampoco su análisis anterior (Ruiz/Ruibal comoetía y rivalizaba con Stiuso) sobre el encubrimiento de los aurtores y direccionamiento hacia una pista falsa que el sector de la SIDE en el que Stiuso revistaba había hecho a la hora de investigar el bombazo a la Embajada de Israel.
En fin, Memoria Activa tiene plena razón en los cargos que le formula al impresentable fiscal de la UFI-AMIA y al Ministerio de Justicia. Pero también puede ser objeto de un cúmulo de reproches que ponen en tela de juicio que realmente persiga el esclarecimien to del atentado. (Si lo hiciera, lo primero que debería hacer es pedir el libre acceso al la causa Embajada, y no lo hace).

Parecidos cargos se le podrían formular a Apemia, siempre que hagamos constar que fue mas beligerante con el macrismo y apoyó la labor del GERAD, el grupo de búsqueda de la UFI-AMIA post-Nisman encabezado primero por Juan patricio Murray y luego –durante el macrismo– por Stella Segado, que encontró esos archivos ocultos, sobre todo en las bases que la SIDE tenía en el Pasaje Barolo (sobre Avenida de Mayo) en la calle Salta, cerca de Constitución, y la de la calle Estados Unidos (el antiguo bastión de Stiuso) cosa que Memoria Activa no hizo.
Como Memoria Activa, Apemia reclama con justa razón que se remueva de una buena vez a Casal y Basso.
Lo más importante es que los 3000 metros lineales de cajas con información sustraída por la SIDE del escrutinio público, cajas que se encuentran arrumbándose en las ex bases de las calles Estados Unidos y Salta, no están siendo analizadas por nadie. Ni hablar de alguien competente.