El Gobierno bloqueará el acuerdo salarial que firmó la Asociación Bancaria con buena parte de las cámaras empresarias del sector financiero. La maniobra, que apunta a disciplinar a los sindicatos que impulsan la reapertura de sus paritarias, fue resuelta por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y amenaza con resquebrajar la frágil alianza entre la CGT y la administración de Mauricio Macri.

En la cartera laboral le confirmaron a este diario que el entendimiento sellado la semana pasada no será homologado. Se trata del mecanismo formal que termina de legalizar un acuerdo de partes y que le da fuerza de ley. No darle ese reconocimiento implica que los bancos involucrados en un acuerdo de su respectiva cámara patronal podrían desconocerlo. La semana pasada lo suscribieron ADEBA (bancos privados de capital nacional) y ABAPPRA (públicos, privados y cooperativos), que representan el 80% del negocio financiero.

Las razones de los funcionarios son de orden administrativo aunque esconden una intencionalidad política y otra económica con vistas a la ronda de paritarias del año que viene. En el plano técnico alegan que el entendimiento no fue suscripto hasta ahora por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA, que nuclea las entidades de capital extranjero) ni por la ABE (la banca especializada o «de segundo piso»). El criterio económico, en tanto, apunta a uno de los ítems que prevé el pago de una suma remunerativa, variable de acuerdo al nivel salarial, que va de $7.000 a $7.630 pesos y que fue interpretado en Trabajo como una reapertura de paritarias solapada.

Además de ese monto, el entendimiento incluyó un «monto resarcitorio» por la inflación acumulada de este año que va de 8 mil a 12 mil pesos (según la escala de sueldos) y un aumento del 4% a partir del 1 de enero.

Para el Gobierno, el pacto firmado con la CGT y las cámaras empresarias del G6 por un bono para el sector privado con un piso referencial de $2.000 agota la discusión salarial de 2016 y «habilita a negociar 2017 sin arrastre de diferencia inflacionaria», como dijo el domingo Triaca en Radio Del Plata. Autorizar los términos del entendimiento en parte del sector bancario implicaría dejar las puertas abiertas para que otros sindicatos reclamasen más allá de un bono la reapertura de su discusión saldada durante el año.

Además, Palazzo quedó posicionado como un sindicalista poco fiable para el Ejecutivo tras haber declarado en varias ocasiones en contra de la política oficial y, en particular, del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Incluso para la CGT se trata de un dirigente incómodo que le reclamó a la central ir a un paro cuando no estaba saldada la discusión con el Gobierno.

Otra lectura que permite la no homologación del acuerdo bancario es la de una concesión de Macri a la banca extranjera. Si bien ABA suele ser la cámara más renuente a la firma de las paritarias de cada año, las negociaciones de 2016 fueron las primeras bajo una administración que se declara aliada del capital externo. La semana pasada Macri se reunió con Ana Botín, presidenta del Grupo Santander, y hubo elogios cruzados.

El riesgo que afronta el Gobierno con la decisión de Triaca es una obvia respuesta gremial de La Bancaria, con medidas de fuerza hasta la homologación del acuerdo con todas las cámaras patronales. Pero, además, podría gatillar la solidaridad del resto de la CGT, incluso de dirigentes que no comulgan con la postura de Palazzo, ante el uso de un recurso muy poco frecuente en las negociaciones salariales. En el Gobierno anterior sólo hay un antecedente cercano de no homologación en un acuerdo que había alcanzado con las entidades del agro el jefe de los peones rurales (UATRE), Gerónimo Venegas, quien estaba en abierto enfrentamiento político con Cristina de Kirchner.

«No tenemos ninguna notificación formal por parte del Ministerio pero no creemos que sea viable la no homologación porque el acuerdo se negoció en presencia del ministro (Triaca) y con acuerdo de las partes y del Ministerio», le dijo anoche a este diario Palazzo. Y agregó: «Sería una decisión equivocada y sin fundamento jurídico».

Entre los negociadores destacaban ayer como una contradicción que el Gobierno objetara un documento firmado por los titulares de bancos como Nación, Provincia y Ciudad que de manera lineal responden al Gobierno nacional.