BRASIL – GENOCIDIO. La hecatombe por Covid-19 es promovida activamente por Bolsonaro

En Brasil no solo desaparecen los árboles de la Amazonia a ritmo vertiginoso, también lo hacen los seres humanos. Hasta el punto que se está perpetrando un genocidio que se ceba en pobres, negros y aborígenes y es muy factible que varias etnias indígenas que habitan la Amazonia desaparezcan para solaz de quienes la talan para plantar soja o criar vacunos, denuncia Frei Betto (ver a continuación de la nota principal). Se trata de un exterminio de tal magnitud que la Corte Penal Internacional ha aceptado (ver luego de la nota de Frei Betto) las denuncias que procuran se detenga a Bolsonaro y se lo juzgue por crímenes de lesa humanidad. El ministro del Tribunal Supremo de Brasil que se lo informó personalmente desde Ginebra, donde tiene se el TPI, Gilmar Mendez, destacó que al tolerar las políticas homicidas del energúmenico presidente y aceptar que un general sin experiencia ocupe la cartera de Salud, el ejército brasileño está siendo cómplice del genocidio en curso. (Presentación: la ilustración del sitio ultrabolsonarista Globolixo, de un tal “Paulo Ustra Bolsonaro”).

Bolsonaro apuesta al caos y huye hacia adelante

 

 

MIGUEL LAGO – ALESSANDRA OROFINO* / THE NEW YORK TIMES

RÍO DE JANEIRO — Más de 30.000 muertos. Devastación social generalizada. Hospitales desbordados. Una economía al borde del desastre. En Brasil —el país más afectado de América del Sur, un nuevo epicentro del coronavirus— la situación es grave.

Y aun así su presidente, Jair Bolsonaro, vive en otra realidad.

El virus es “una pequeña gripe”, y lo único que puede hacer respecto a su propagación es recomendar la cloroquina como una cura milagrosa. Actualmente ya con un tercer ministro de Salud, Bolsonaro parece oponerse activamente a las medidas de su propio gobierno. Ha aparecido en protestas anticonfinamiento y ha fustigado a los gobernadores de los estados que han impuesto cuarentenas. Lejos de tomar el control, Bolsonaro parece deleitarse en el caos.

Su comportamiento, incluso visto desde los Estados Unidos del presidente Donald Trump, es bizarro. Bolsonaro, un militar con un largo historial de momentos en los que ha elogiado la dictadura que controló al país durante 20 años, pudo haber utilizado la epidemia para obtener más poder, siguiendo los pasos de Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, quien encontró en la crisis la oportunidad perfecta para hacerse de facultades mucho más amplias.

Pero no lo ha hecho. En vez de eso, Bolsonaro se ha dedicado a gritar desde los márgenes de un país que nominalmente gobierna. Es tentador desestimar su comportamiento como “rarísimo”, pero la verdad es más perturbadora: Bolsonaro sabe lo que está haciendo.

En Brasil, la autoridad de un presidente está limitada de varias maneras. Primero, está el Supremo Tribunal Federal, listo para controlar cualquier medida desmesurada. Luego está la composición del Congreso, fracturado en un conjunto de pequeños partidos, lo cual obliga a los jefes de Estado a realizar acuerdos y concesiones complejos. Bolsonaro, quien actualmente no tiene un partido oficial, tiene muchos aliados en el Congreso, pero no tiene una mayoría sólida.

Por si fuera poco, los gobiernos de los estados son prácticamente libres de establecer e implementar sus propias políticas públicas, especialmente en materia de atención sanitaria y seguridad pública. En su complejidad regional y parlamentaria, el sistema político de Brasil hace que sea muy difícil ejercer un poder ejecutivo absoluto.

Pero no es imposible. La inmensidad del país —27 estados esparcidos en una superficie territorial más grande que Australia— y su democracia relativamente joven, que emergió de una dictadura en 1985, han generado un sistema político disperso e irregular con muchos centros de autoridad. Esto permite la subversión: individuos corruptos dentro de las instituciones pueden abusar de su influencia y cargos oficiales, por lo general con fines ideológicos. Estos son los individuos a los que Bolsonaro apela directamente, fortaleciendo su agenda por todo el país mientras elude las restricciones de su poder.

Los resultados hablan por sí solos. Un fiscal de distrito partidario de Bolsonaro demandó a un médico por realizar un estudio clínico sobre el uso de la cloroquina que dio resultados decepcionantes. Oficiales de la policía militar en Río de Janeiro y São Paulo, quienes oficialmente deben responder a los gobiernos de sus respectivos estados, protegieron a los manifestantes pro-Bolsonaro, quienes desobedecieron a propósito las órdenes de distanciamiento social emitidas por ambos gobiernos estatales. Además, un empleado de un ministerio de gobierno agredió y escupió a un grupo de enfermeros que protestaban para obtener mejores condiciones laborales.

Bolsonaro también tiene aliados en posiciones de poder dentro de la sociedad civil. Pastores evangélicos, quienes suelen hablar del presidente en términos mesiánicos, se han negado a cerrar sus puertas al público. Madereros ilegales han invadido tierras indígenas en la Amazonía, asegurando que el presidente legitimará esas apropiaciones de tierra tarde o temprano. Los camioneros del país, quienes al parecer han tenido reuniones con Bolsonaro, han amenazado con dejar de trabajar si los gobernadores de los estados no suspenden las cuarentenas, lo que incrementa la perspectiva aterradora de que las estanterías de los supermercados se queden vacías.

En todos estos casos, fueron individuos en instituciones o redes quienes tomaron medidas de manera autónoma, sin hacer caso de las autoridades superiores. Como parte del movimiento digital que llevó al poder a Bolsonaro, suelen escuchar sus quejas frecuentes —o, muchas veces, sus exhortaciones directas— para luego hacer justicia por propia mano.

Parte del material que consumen para tomar esas decisiones está a disposición del escrutinio público, en plataformas abiertas como Twitter o YouTube. Pero otra parte de ese contenido se comparte solo de manera privada a través de WhatsApp. Y parece que viene de las altas esferas: a menudo, el origen del contenido puede ser rastreado hasta el círculo de confianza del presidente o incluso hasta el mismo Bolsonaro. En febrero, compartió un video particularmente dramático en el que instaba a sus seguidores a protestar en contra del Congreso.

Ese episodio puso de relieve algo importante: Bolsonaro cuenta con que las instituciones del país lo desafíen. Sin esa oposición, no puede atizar a sus seguidores. La crisis del coronavirus ha exacerbado su tendencia al antagonismo. Al percibir una situación de la cual nada bueno podría salir, Bolsonaro parece haber decidido que el camino a la seguridad política radica en no asumir la responsabilidad del saldo de la pandemia y en mantener a su base en un estado de ira frenética. Así que convoca protestas, asiste a celebraciones comunitarias y hace de la vista gorda cuando sus seguidores acosan abiertamente a los periodistas.

Pese a toda su bravuconería, Bolsonaro parece no querer mostrarse como la persona al mando. Prefiere la narrativa del más débil, la de un lobo solitario que lucha contra el “poderoso sistema” y que confía en una base enérgica de apoyo para mantener su posición. Es quizás el único líder autoritario del mundo al que le gusta proyectar una imagen de debilidad, no de fuerza.

Nada de esto desentona con la historia personal de Bolsonaro. Siendo un joven soldado, fue acusado de rebelión y por poco fue expulsado del Ejército. Con frecuencia ha elogiado a individuos que han actuado fuera de las cadenas de mando oficiales. Su mayor héroe, según sus propias palabras, es alguien que llevó esa postura a un extremo atroz: el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, la única persona que ha sido oficialmente responsabilizada de realizar torturas durante la dictadura.

Eduardo Bolsonaro con una camiseta que homenajea al mayor torturados de la historia de Brasil, entre cuyas víctimas se cuenta la ex presidenta Dilma Roussef. Abajo Eduardo y su hermano Carlos en Israel, luciendo camisetas de las fuerzas armadas locales y del Mossad.

 

La espantosa práctica, si bien fue masiva en los años sesenta y setenta, no fue reconocida de manera oficial por los generales que regían el país. Pero el coronel Ustra la aplicó con vehemencia. Bolsonaro, quien nunca pierde la oportunidad de presentar sus respetos al coronel Ustra y a su familia, tomó nota. Toda su presidencia está basada en la premisa de que hay muchos Ustras escondidos en las instituciones poderosas y esparcidos en la sociedad, listos para convertir sus sugerencias en acciones.

Muchos esperan que el mundo después de la pandemia siga uno de dos caminos: un aumento del autoritarismo, con control vertical y vigilancia centralizada, o una mayor distribución del poder, basada en la solidaridad y en atender las necesidades locales. Sin embargo, Bolsonaro es la prueba de que el autoritarismo puede existir incluso cuando el poder está repartido.

No se sabe si su estrategia será sostenible. Desde afuera, su posición parece haberse debilitado. Pero, hasta ahora, Bolsonaro ha sido capaz de gobernar sin asumir las responsabilidades de gobernar. Cada comentario que hace encuentra un oyente dispuesto. Sus declaraciones son tan poderosas como cualquier política.

Bolsonaro no necesita vigilancia centralizada: sus seguidores son sus ojos, oídos y dientes. Y muerden.

*) Miguel Lago es profesor de la Universidad de Columbia y cofundador de Nossas, una red de activismo y participación cívica en Brasil. Alessandra Orofino es directora ejecutiva de la red.

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Frei Betto: “¡Corre la voz! ¡En Brasil hay un genocidio!”

 

Genocidio por el coronavirus en Brasil

¡En Brasil hay un genocidio! Al momento de escribir esto, hoy sábado 16 de julio, la Covid-19, que apareció aquí en febrero de este año, ya ha matado a 76,000 personas. Ya hay casi 2 millones de infectados. Para el domingo 19 de julio, alcanzaremos 80,000 muertes. Es posible que ahora, cuando leas este llamamiento dramático, ya alcance los 100 mil.El 8 de julio, Bolsonaro anuló extractos de la ley aprobada por el Senado que requería que el gobierno proporcionara agua potable y materiales de higiene y limpieza, instalaciones de internet y distribución de canastas básicas, semillas y herramientas agrícolas a las aldeas indígenas.

Cuando recuerdo que en la Guerra de Vietnam, durante más de 20 años, se sacrificaron 58,000 vidas del personal militar de EE. UU., tengo el alcance de la seriedad de lo que está sucediendo en mi país. Este horror causa indignación y revuelta. Todos sabemos que las medidas cautelares y restrictivas, adoptadas en tantos otros países, podrían haber evitado tal número de muertos.
Este genocidio no es el resultado de la indiferencia del gobierno de Bolsonaro. Es intencional. Bolsonaro está satisfecho con la muerte de otros. Cuando un diputado federal, en una entrevista televisiva en 1999, declaró: “¡Al votar no cambiarás nada en este país, nada, absolutamente nada! Desafortunadamente, solo cambiará si un día vamos a una guerra civil aquí, y hacemos el trabajo que el régimen militar no hizo: matar a unos 30 mil”. Al votar a favor del juicio político de la Presidente Dilma, ofreció su voto en memoria del torturador más notorio del ejército, el coronel Brilhante Ustra.
Debido a que está tan obsesionado con la muerte, una de sus principales políticas gubernamentales es liberar el comercio de armas y municiones. Cuando se le preguntó en la puerta del palacio presidencial si no le importaban las víctimas de la pandemia, respondió: “No creo en estos números” (27 de marzo, 92 muertes); “Todos moriremos algún día” (29 de marzo, 136 muertes); “¿Y qué? ¿Qué quieres que haga?” (28 de abril, 5,017 muertes).

¿Por qué esta política necrófila?

Desde el principio, declaró que lo importante no era salvar vidas, sino la economía. De ahí su negativa a declarar un cierre, cumplir con las pautas de la OMS e importar respiradores y equipo de protección personal. La Corte Suprema tuvo que delegar esta responsabilidad a los gobernadores y alcaldes.

Bolsonaro

Bolsonaro ni siquiera respetó la autoridad de sus propios ministros de salud. Desde febrero, Brasil ha tenido dos, ambos despedidos por negarse a adoptar la misma actitud que el presidente. Ahora, al frente del ministerio, está el general Pazuello, que no entiende nada sobre el tema de la salud; trató de ocultar los datos sobre la evolución del número de víctimas del coronavirus; empleó a 38 militares en funciones clave del ministerio, sin las calificaciones requeridas; y canceló las entrevistas diarias para las cuales la población recibió orientación.

Sería exhaustivo enumerar aquí cuántas medidas para liberar recursos para ayudar a las víctimas y las familias de bajos ingresos (más de 100 millones de brasileños) nunca se implementaron. Las razones de la intención criminal del gobierno de Bolsonaro son evidentes. Dejar morir a los ancianos para ahorrar recursos de la Seguridad Social. Dejar morir las enfermedades preexistentes para ahorrar recursos del SUS, el sistema nacional de salud. Permitir que los pobres mueran para ahorrar recursos de Bolsa Familia y otros programas sociales para los 52.5 millones de brasileños que viven en la pobreza y los 13.5 millones que están en la pobreza extrema. (Datos del gobierno federal).
No satisfecho con tales medidas letales, el presidente ahora vetó, en el proyecto de ley sancionado el 3 de julio, el tramo que requería el uso de máscaras en establecimientos comerciales, templos religiosos e instituciones educativas. También vetó la imposición de multas para quienes infringen las reglas y la obligación del gobierno de distribuir máscaras a las personas más pobres, principales víctimas de Covid-19, y a los prisioneros (750 mil). Sin embargo, estos vetos no anulan las leyes locales que ya establecen el uso obligatorio de una máscara.

 

Banderas de los países afectados por el coronavirus proyectadas en el Cristo Redentor

Banderas de los países afectados por el coronavirus proyectadas en el Cristo Redentor Antonio Lacerda

 

El 8 de julio, Bolsonaro anuló extractos de la ley aprobada por el Senado que requería que el gobierno proporcionara agua potable y materiales de higiene y limpieza, instalaciones de internet y distribución de canastas básicas, semillas y herramientas agrícolas a las aldeas indígenas. También vetó fondos de emergencia para la salud de los indígenas, y facilitó el acceso de indígenas y quilombolas a ayuda de emergencia de 600 reales (100 euros o 120 dólares) durante tres meses.También vetó la obligación del gobierno de ofrecer más camas de hospital, ventiladores y máquinas de oxigenación de la sangre a los pueblos indígenas y quilombolas. Los indígenas y los quilombolas han sido diezmados por la creciente devastación socioambiental, especialmente en la Amazonía.

Amazonia

Corra la voz sobre este crimen contra la humanidad tanto como sea posible. Las denuncias de lo que sucede en Brasil deben llegar a los medios de comunicación de su país, las redes digitales, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y la Corte Internacional de La Haya, así como a los bancos y empresas que protegen a los inversionistas tan codiciados por el gobierno de Bolsonaro.Mucho antes de que lo hiciera el periódico The Economist, las redes digitales trataron al presidente con BolsoNerón: mientras Roma arde, toca la lira y anuncia cloroquina, una droga sin eficacia científica contra el nuevo coronavirus. Sin embargo, sus fabricantes son aliados políticos del presidente …Le agradezco su amable interés en difundir esta carta. Solo la presión del exterior podrá detener el genocidio que está asolando a nuestro amado y maravilloso Brasil.Fraternalmente, Frei Betto.

Denuncian a Bolsonaro por “genocidio” ante el Tribunal de La Haya

AGENCIAS / PERFIL

Demanda. La presentó el opositor Partido Democrático Trabalhista (PDT). Foto: afp

El Tribunal Penal Internacional (TPI) estudia una denuncia por genocidio contra Jair Bolsonaro por la forma con la que el presidente brasileño ha enfrentado la pandemia, que ha provocado en el país más de dos millones de contagios y casi 80 mil muertos. Así lo confirmó Gilmar Mendes, el juez del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Corte Brasileña, que se encuentra en Europa, desde donde le confirmó al mandatario que el TPI recibió una denuncia en su contra presentada por un partido de oposición.

Según el diario Folha de Sao Paulo, Mendes advirtió a Bolsonaro del riesgo que “la gestión de la pandemia llegue al Tribunal Penal Internacional”, a partir de una denuncia presentada por el Partido Democrático Trabalhista (PDT), del ex candidato presidencial Ciro Gomes.

Fuentes judiciales explicaron al diario que el inicio del análisis de la denuncia no significa que Bolsonaro ya esté siendo formalmente investigado por la Corte Internacional que tiene su sede en La Haya, Holanda. Mendez, un polémico juez de alto perfil, telefoneó a Bolsonaro para explicarle declaraciones previas, en las que también habló de “genocidio” y criticó la presencia de un general, Eduardo Pazuello, al frente del ministerio de Salud, al que describió como “militarizado”.

En declaraciones formuladas el sábado pasado, Gilmar Mendes consideró que hay un “vacío” de comando en el ministerio de Salud, y advirtió que el Ejército estaría siendo cómplice de un “genocidio”. “No se puede tolerar más la situación en el Ministerio de Salud. Es inaceptable que haya ese vacío. Se puede decir: la estrategia es quitarle protagonismo al gobierno central y atribuir la responsabilidad a estados y municipios. Si esa fuera la intención, hay que hacer algo. Esto es pésimo para la imagen de las Fuerzas Armadas”, dijo. “Es necesario decirlo de manera muy clara: el Ejército se está asociando a este genocidio, no es razonable. Es necesario poner fin a esto”, afirmó el juez de la Corte en un debate promovido por la revista IstoE’.

Pronto hará un siglo desde la cruenta rebelión de los tenientes y la conformación dos años después de la columna de militares alzados contra el fraude que encabezó el capitán comunista Carlos Prestes.

Hambre

Además del duro impacto sanitario que ha provocado la pandemia, Brasil enfrenta otro desafío mayúsculo: la forma en que el virus ha profundizado la pobreza y el hambre en los sectores más vulnerables. Las favelas de Brasil están entre los focos más vulnerables a la pandemia debido a la escasez de servicios de salud y al precario saneamiento en estos barrios de casas apiñadas. Además, muchos de sus moradores tenían trabajos informales, que con las medidas de confinamiento se esfumaron. Según una encuesta de la Universidad de San Pablo con líderes de familia de la favela paulista de Heliópolis, que según cifras municipales tiene 200.000 habitantes y es una de las mayores de la ciudad, uno de cada cuatro entrevistados se quedó sin alimentos en algún momento durante la pandemia. Solo un 58% dijo que su familia recibe tres comidas al día, un 38% no desayuna y un 67% disminuyó la cantidad de alimentos, detalla el estudio. Casi la mitad de los consultados –la gran mayoría mujeres– consideró que la dieta diaria de su núcleo familiar no es sana.

La población más pobre recibe un bono mensual de 600 reales (unos 120 dólares) que entrega el gobierno de Bolsonaro. Según el estudio, 83% de los encuestados pidió el bono, pero solo 32% lo obtuvo. “Hay una percepción general de que el virus es ‘democrático’, pero las oportunidades no lo son. Entonces el impacto de la pandemia es mucho mayor en las periferias, en las favelas”, dijo Reginaldo Gonçalves, uno de los coordinadores de la encuesta.

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