En Brasil no solo desaparecen los árboles de la Amazonia a ritmo vertiginoso, también lo hacen los seres humanos. Hasta el punto que se está perpetrando un genocidio que se ceba en pobres, negros y aborígenes y es muy factible que varias etnias indígenas que habitan la Amazonia desaparezcan para solaz de quienes la talan para plantar soja o criar vacunos, denuncia Frei Betto (ver a continuación de la nota principal). Se trata de un exterminio de tal magnitud que la Corte Penal Internacional ha aceptado (ver luego de la nota de Frei Betto) las denuncias que procuran se detenga a Bolsonaro y se lo juzgue por crímenes de lesa humanidad. El ministro del Tribunal Supremo de Brasil que se lo informó personalmente desde Ginebra, donde tiene se el TPI, Gilmar Mendez, destacó que al tolerar las políticas homicidas del energúmenico presidente y aceptar que un general sin experiencia ocupe la cartera de Salud, el ejército brasileño está siendo cómplice del genocidio en curso. (Presentación: la ilustración del sitio ultrabolsonarista Globolixo, de un tal «Paulo Ustra Bolsonaro»).

Bolsonaro apuesta al caos y huye hacia adelante

 

 

MIGUEL LAGO – ALESSANDRA OROFINO* / THE NEW YORK TIMES

RÍO DE JANEIRO — Más de 30.000 muertos. Devastación social generalizada. Hospitales desbordados. Una economía al borde del desastre. En Brasil —el país más afectado de América del Sur, un nuevo epicentro del coronavirus— la situación es grave.

Y aun así su presidente, Jair Bolsonaro, vive en otra realidad.

El virus es “una pequeña gripe”, y lo único que puede hacer respecto a su propagación es recomendar la cloroquina como una cura milagrosa. Actualmente ya con un tercer ministro de Salud, Bolsonaro parece oponerse activamente a las medidas de su propio gobierno. Ha aparecido en protestas anticonfinamiento y ha fustigado a los gobernadores de los estados que han impuesto cuarentenas. Lejos de tomar el control, Bolsonaro parece deleitarse en el caos.

Su comportamiento, incluso visto desde los Estados Unidos del presidente Donald Trump, es bizarro. Bolsonaro, un militar con un largo historial de momentos en los que ha elogiado la dictadura que controló al país durante 20 años, pudo haber utilizado la epidemia para obtener más poder, siguiendo los pasos de Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, quien encontró en la crisis la oportunidad perfecta para hacerse de facultades mucho más amplias.

Pero no lo ha hecho. En vez de eso, Bolsonaro se ha dedicado a gritar desde los márgenes de un país que nominalmente gobierna. Es tentador desestimar su comportamiento como “rarísimo”, pero la verdad es más perturbadora: Bolsonaro sabe lo que está haciendo.

En Brasil, la autoridad de un presidente está limitada de varias maneras. Primero, está el Supremo Tribunal Federal, listo para controlar cualquier medida desmesurada. Luego está la composición del Congreso, fracturado en un conjunto de pequeños partidos, lo cual obliga a los jefes de Estado a realizar acuerdos y concesiones complejos. Bolsonaro, quien actualmente no tiene un partido oficial, tiene muchos aliados en el Congreso, pero no tiene una mayoría sólida.

Por si fuera poco, los gobiernos de los estados son prácticamente libres de establecer e implementar sus propias políticas públicas, especialmente en materia de atención sanitaria y seguridad pública. En su complejidad regional y parlamentaria, el sistema político de Brasil hace que sea muy difícil ejercer un poder ejecutivo absoluto.

Pero no es imposible. La inmensidad del país —27 estados esparcidos en una superficie territorial más grande que Australia— y su democracia relativamente joven, que emergió de una dictadura en 1985, han generado un sistema político disperso e irregular con muchos centros de autoridad. Esto permite la subversión: individuos corruptos dentro de las instituciones pueden abusar de su influencia y cargos oficiales, por lo general con fines ideológicos. Estos son los individuos a los que Bolsonaro apela directamente, fortaleciendo su agenda por todo el país mientras elude las restricciones de su poder.

Los resultados hablan por sí solos. Un fiscal de distrito partidario de Bolsonaro demandó a un médico por realizar un estudio clínico sobre el uso de la cloroquina que dio resultados decepcionantes. Oficiales de la policía militar en Río de Janeiro y São Paulo, quienes oficialmente deben responder a los gobiernos de sus respectivos estados, protegieron a los manifestantes pro-Bolsonaro, quienes desobedecieron a propósito las órdenes de distanciamiento social emitidas por ambos gobiernos estatales. Además, un empleado de un ministerio de gobierno agredió y escupió a un grupo de enfermeros que protestaban para obtener mejores condiciones laborales.

Bolsonaro también tiene aliados en posiciones de poder dentro de la sociedad civil. Pastores evangélicos, quienes suelen hablar del presidente en términos mesiánicos, se han negado a cerrar sus puertas al público. Madereros ilegales han invadido tierras indígenas en la Amazonía, asegurando que el presidente legitimará esas apropiaciones de tierra tarde o temprano. Los camioneros del país, quienes al parecer han tenido reuniones con Bolsonaro, han amenazado con dejar de trabajar si los gobernadores de los estados no suspenden las cuarentenas, lo que incrementa la perspectiva aterradora de que las estanterías de los supermercados se queden vacías.

En todos estos casos, fueron individuos en instituciones o redes quienes tomaron medidas de manera autónoma, sin hacer caso de las autoridades superiores. Como parte del movimiento digital que llevó al poder a Bolsonaro, suelen escuchar sus quejas frecuentes —o, muchas veces, sus exhortaciones directas— para luego hacer justicia por propia mano.

Parte del material que consumen para tomar esas decisiones está a disposición del escrutinio público, en plataformas abiertas como Twitter o YouTube. Pero otra parte de ese contenido se comparte solo de manera privada a través de WhatsApp. Y parece que viene de las altas esferas: a menudo, el origen del contenido puede ser rastreado hasta el círculo de confianza del presidente o incluso hasta el mismo Bolsonaro. En febrero, compartió un video particularmente dramático en el que instaba a sus seguidores a protestar en contra del Congreso.

Ese episodio puso de relieve algo importante: Bolsonaro cuenta con que las instituciones del país lo desafíen. Sin esa oposición, no puede atizar a sus seguidores. La crisis del coronavirus ha exacerbado su tendencia al antagonismo. Al percibir una situación de la cual nada bueno podría salir, Bolsonaro parece haber decidido que el camino a la seguridad política radica en no asumir la responsabilidad del saldo de la pandemia y en mantener a su base en un estado de ira frenética. Así que convoca protestas, asiste a celebraciones comunitarias y hace de la vista gorda cuando sus seguidores acosan abiertamente a los periodistas.

Pese a toda su bravuconería, Bolsonaro parece no querer mostrarse como la persona al mando. Prefiere la narrativa del más débil, la de un lobo solitario que lucha contra el “poderoso sistema” y que confía en una base enérgica de apoyo para mantener su posición. Es quizás el único líder autoritario del mundo al que le gusta proyectar una imagen de debilidad, no de fuerza.

Nada de esto desentona con la historia personal de Bolsonaro. Siendo un joven soldado, fue acusado de rebelión y por poco fue expulsado del Ejército. Con frecuencia ha elogiado a individuos que han actuado fuera de las cadenas de mando oficiales. Su mayor héroe, según sus propias palabras, es alguien que llevó esa postura a un extremo atroz: el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, la única persona que ha sido oficialmente responsabilizada de realizar torturas durante la dictadura.

 

La espantosa práctica, si bien fue masiva en los años sesenta y setenta, no fue reconocida de manera oficial por los generales que regían el país. Pero el coronel Ustra la aplicó con vehemencia. Bolsonaro, quien nunca pierde la oportunidad de presentar sus respetos al coronel Ustra y a su familia, tomó nota. Toda su presidencia está basada en la premisa de que hay muchos Ustras escondidos en las instituciones poderosas y esparcidos en la sociedad, listos para convertir sus sugerencias en acciones.

Muchos esperan que el mundo después de la pandemia siga uno de dos caminos: un aumento del autoritarismo, con control vertical y vigilancia centralizada, o una mayor distribución del poder, basada en la solidaridad y en atender las necesidades locales. Sin embargo, Bolsonaro es la prueba de que el autoritarismo puede existir incluso cuando el poder está repartido.

No se sabe si su estrategia será sostenible. Desde afuera, su posición parece haberse debilitado. Pero, hasta ahora, Bolsonaro ha sido capaz de gobernar sin asumir las responsabilidades de gobernar. Cada comentario que hace encuentra un oyente dispuesto. Sus declaraciones son tan poderosas como cualquier política.

Bolsonaro no necesita vigilancia centralizada: sus seguidores son sus ojos, oídos y dientes. Y muerden.

*) Miguel Lago es profesor de la Universidad de Columbia y cofundador de Nossas, una red de activismo y participación cívica en Brasil. Alessandra Orofino es directora ejecutiva de la red.

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El Tribunal Penal Internacional (TPI) estudia una denuncia por genocidio contra Jair Bolsonaro por la forma con la que el presidente brasileño ha enfrentado la pandemia, que ha provocado en el país más de dos millones de contagios y casi 80 mil muertos. Así lo confirmó Gilmar Mendes, el juez del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Corte Brasileña, que se encuentra en Europa, desde donde le confirmó al mandatario que el TPI recibió una denuncia en su contra presentada por un partido de oposición.

Según el diario Folha de Sao Paulo, Mendes advirtió a Bolsonaro del riesgo que “la gestión de la pandemia llegue al Tribunal Penal Internacional”, a partir de una denuncia presentada por el Partido Democrático Trabalhista (PDT), del ex candidato presidencial Ciro Gomes.

Fuentes judiciales explicaron al diario que el inicio del análisis de la denuncia no significa que Bolsonaro ya esté siendo formalmente investigado por la Corte Internacional que tiene su sede en La Haya, Holanda. Mendez, un polémico juez de alto perfil, telefoneó a Bolsonaro para explicarle declaraciones previas, en las que también habló de “genocidio” y criticó la presencia de un general, Eduardo Pazuello, al frente del ministerio de Salud, al que describió como “militarizado”.

En declaraciones formuladas el sábado pasado, Gilmar Mendes consideró que hay un “vacío” de comando en el ministerio de Salud, y advirtió que el Ejército estaría siendo cómplice de un “genocidio”. “No se puede tolerar más la situación en el Ministerio de Salud. Es inaceptable que haya ese vacío. Se puede decir: la estrategia es quitarle protagonismo al gobierno central y atribuir la responsabilidad a estados y municipios. Si esa fuera la intención, hay que hacer algo. Esto es pésimo para la imagen de las Fuerzas Armadas”, dijo. “Es necesario decirlo de manera muy clara: el Ejército se está asociando a este genocidio, no es razonable. Es necesario poner fin a esto”, afirmó el juez de la Corte en un debate promovido por la revista IstoE’.

Hambre

Además del duro impacto sanitario que ha provocado la pandemia, Brasil enfrenta otro desafío mayúsculo: la forma en que el virus ha profundizado la pobreza y el hambre en los sectores más vulnerables. Las favelas de Brasil están entre los focos más vulnerables a la pandemia debido a la escasez de servicios de salud y al precario saneamiento en estos barrios de casas apiñadas. Además, muchos de sus moradores tenían trabajos informales, que con las medidas de confinamiento se esfumaron. Según una encuesta de la Universidad de San Pablo con líderes de familia de la favela paulista de Heliópolis, que según cifras municipales tiene 200.000 habitantes y es una de las mayores de la ciudad, uno de cada cuatro entrevistados se quedó sin alimentos en algún momento durante la pandemia. Solo un 58% dijo que su familia recibe tres comidas al día, un 38% no desayuna y un 67% disminuyó la cantidad de alimentos, detalla el estudio. Casi la mitad de los consultados –la gran mayoría mujeres– consideró que la dieta diaria de su núcleo familiar no es sana.

La población más pobre recibe un bono mensual de 600 reales (unos 120 dólares) que entrega el gobierno de Bolsonaro. Según el estudio, 83% de los encuestados pidió el bono, pero solo 32% lo obtuvo. “Hay una percepción general de que el virus es ‘democrático’, pero las oportunidades no lo son. Entonces el impacto de la pandemia es mucho mayor en las periferias, en las favelas”, dijo Reginaldo Gonçalves, uno de los coordinadores de la encuesta.