El gobierno se encamina a elecciones cruciales de consecuencias múltiples. En los comicios legislativos del próximo año Mauricio Macri buscará ampliar la presencia parlamentaria del PRO –para prevenir eventuales defecciones radicales por súbitos ataques de conciencia–, ahuyentar dudas sobre la gobernabilidad y galvanizar su “modelo”.

La campaña para ese duelo electoral ya empezó. Y como indica el manual, el gobierno busca guiar al electorado para que elija en función de una agenda en la que se siente cómodo. Eso explica por qué, con el país en plena recesión y con los indicadores sociales en picada, las encuestas “indican” que la “inseguridad” reemplazó a la economía como principal preocupación social. En política esas cosas no ocurren por casualidad. Con auspicio oficial, varias encuestadoras y los principales medios de comunicación nacional –hoy aliados del gobierno– buscan imponer una agenda diaria que contenga más sangre en calle que billeteras desangradas. No es una tarea sencilla: el bolsillo es, como se sabe, la víscera más sensible del electorado. Pero en ese rubro el gobierno todavía no logra hacer pie.

Con la agenda de la “inseguridad”, en cambio, el macrismo aspira a concretar una carambola a varias bandas. En principio la mentada “guerra” al delito le permitiría ordenar las internas que anteceden a la postulación. No es casual que de la mano de la “inseguridad” crecen las versiones sobre una eventual candidatura de Cristian Ritondo a la cabeza de la lista de diputados de la Provincia de Buenos Aires. Como ministro de seguridad en el distrito, el funcionario es invitado frecuente de los programas políticos con mayor audiencia de la tele, lo que resuelve a su favor un problema endémico del PRO: tener figuras instaladas en el firmamento electoral.

Ritondo es, además, un macrista de la primera hora con pasado peronista. Si lo eligen en el principal distrito electoral, se pondría a tiro de la presidencia de la Cámara de Diputados, cargo con mandato anual que hoy posee Emilio Monzó. No es un secreto la pelea que Monzó, tercero en la línea de sucesión, mantiene con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a cargo del armado electoral del PRO. Ritondo podría terminar siendo uno de los favorecidos por esa disputa. Pero no el único.

La campaña contra la “inseguridad” incluye, por supuesto, dotar con mayores recursos a las fuerzas de seguridad. La provisión de pertrechos policiales es uno de los negocios en auge de la era PRO. El asunto ya tuvo derivaciones judiciales que involucran a miembros destacados del elenco oficial. El intendente norteño y primo presidencial Jorge Macri, por caso, fue denunciado por comprar 20 camionetas para la policía de Vicente López en una concesionaria de su hermana. El ministro de Transporte Guillermo Dietrich quedó envuelto en un contrato para blindar 850 patrulleros de La Bonaerense en la agencia de automotores que lleva su apellido. En la “guerra”, se sabe, vale todo.

El pasado miércoles 12, en la sede porteña de Flacso, distintas personalidades y organizaciones de Derechos Humanos presentaron un durísimo documento donde se advierte sobre la política oficial en relación a las Fuerzas Armadas. El ex juez y ministro León Arsalanian, la investigadora Paula Canelo, el sociólogo Ernesto López y el periodista Horacio Verbitsky, entre otros, tuvieron a cargo la difusión del diagnóstico. “En sus primeros diez meses, el gobierno ha tomado decisiones y expresado posicionamientos que ponen en duda su voluntad de sostener el principio de demarcación entre defensa nacional y seguridad interior, así como ha debilitado mecanismos que sostenían la conducción civil”, sostiene el documento, firmado por una docena de personalidades ligadas a los Derechos Humanos.

El trabajo retoma una información publicada por este diario hace dos meses, donde se detallaba un plan oficial para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas en la mentada “guerra” contra el narcotráfico. Las actuales condiciones económicas y políticas invitan a sospechar que la profundización del Estado policial que alienta el macrismo persigue algo más: el control violento de la calle -disfrazado de una eventual “batalla al delito”- puede ser un modo eficaz de aceitar políticas de ajuste que potencian la inequidad y el conflicto social.