El allanamiento comenzó puntualmente a las seis de la mañana, cuando ya había luz natural suficiente y terminó pasadas las 15. Voceros de la comunidad allanada destacaron que «no se permitió el ingreso de familiares de Santiago Maldonado, tampoco de su abogada Verónica Heredia, ni de organismos de derechos humanos o sociales», y que durante los allanamientos a viviendas, «entraron a la casa del lonko Facundo (Jones Huala) y rompieron todas sus pertenencias, que estaban dentro de la ruca (casa)».

«Además, en la comunidad Vuelta del Río, vecina al Pu Lof, allanaron las rucas de las familias Calcupán y Huilinao, a los que también tuvieron a la intemperie, sin abrigo, desde las 6 de la mañana hasta pasadas las tres de la tarde, esposados a la espalda con precintos», puntualizó Romina Jones.

«Los sacaban a todos de sus casas como estaban, sin abrigos, en varios casos en remera y así los tuvieron durante horas, esposados con precintos a la espalda», ratificó Sonia Liliana Ivanoff,

La abogada informó a Télam que Elizabeth Loncopan, madre de un niño pequeño fue detenida por «desobediencia a la autoridad»  durante el allanamiento ordenado por el juez Otranto.

«La sacaron de la ruca en un operativo en el que, según dijeron, buscaban a Santiago Maldonado», dijo Romina Jones.

«Dijeron que en el rastrillaje anterior (el 16 de agosto) ella fue la que, hablando con el juez, le faltó el respeto. Después, el propio juez la reconoció y autorizó su traslado a Esquel», agregó Andrea Millañanco, también vocera del Pu Lof.

Loncopan fue llevada a la atestada comisaría de la mujer, en Esquel, donde fue liberada pasadas las 19.

«Payasada»

Sergio Maldonado, hermano del desaparecido Santiago, consideró «una payasada» el allanamiento, afirmó que «no tiene validez» y cuestionó que, a raíz de ese operativo, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, haya dispuesto una nueva postergación a las declaraciones de testigos de la comunidad, previstas para hoy.

«Lo que están haciendo hoy es una payasada. Al no estar nosotros no tiene validez, podemos pedir la impugnación al no estar presentes», afirmó esta mañana a la prensa Sergio Maldonado, apostado del lado de afuera de la tranquera que marca el ingreso al Pu Lof.

Sergio dijo que «por ser parte involucrada» debería poder «estar en el rastrillaje», y que por ese motivo se habían acercado al lugar. «Al ser parte involucrada, podríamos estar en este rastrillaje, para eso vinimos y después no nos dejan pasar», insistió.

Mencionó también que el allanamiento estaba previsto para el miércoles, y cuestionó que se hubiera adelantado sin darle aviso a la querella encabezada por la familia e interrumpiendo las declaraciones de los testigos mapuches de la desaparición de Santiago, en lo que fue la segunda postergación.

El Ministerio de Seguridad había informado a Télam que en el operativo participaron más de 300 efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la PFA, del Grupo Albatros de la Prefectura Naval, y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y que también participaban perros de las divisiones caninas de las policías de Santiago del Estero y Río Negro, y drones.

«Es una locura impresionante. Helicópteros, patrulleros, drones, perros buscando a 5 kilómetros. Es una payasada. Hoy era un día clave porque iba a declarar gente de la comunidad mapuche, y el juez interrumpió para hacer esto, cuando esto era algo que estaba pautado para el miércoles», dijo Sergio Maldonado, que volvió a cuestionar tanto al juez como a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Maldonado agregó que los testigos mapuches estaban yendo esta mañana a la ciudad de Esquel para dar su testimonio, como estaba previsto, y que «los pararon en la ruta», informándoles que el trámite se había suspendido.

«Hoy hace 48 días de la desaparición y, ayer, el día 47 el juez dice que para él está ahogado en el río. Entonces, ¿por qué no lo buscaron antes?», se preguntó.

«Debería estar preso»

Sergio Maldonado dijo que Otranto está «jugando, buscando algo de lo que no hay nada», ya que, dijo, «después de los 15 días ni siquiera hay olor» como para que los perros puedan rastrear a Santiago.

«Donde tiene que buscar es en Gendarmería», subrayó, y agregó: «Lo que tiene que hacer el juez es cargar a los gendarmes en un avión y llevarlos a declarar.

«Otranto debería estar preso. Voy a ir a todos lados a denunciarlo, donde sea, en todas partes, es una vergüenza, me da asco, tiene un descaro terrible, es un delincuente», agregó. Y concluyó: «Hacen todo para no encontrar a Santiago».

«Debe dar un paso al costado»

Verónica Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, también apuntó contra el juez de la causa y dijo a Radio 3 Cadena Patagonia que cuando tengan «un juez imparcial» van a poder «avanzar».

La abogada consideró que el juez «debería dar un paso al costado» al considerar que Otranto ya tenía «una resolución tomada» que «le impedía avanzar» en la investigación.

Heredia recordó que el jueves tendrán una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para «sustanciar la recusación» contra el juez Otranto, luego que él la rechazara.

Finalmente, respecto a los rastrillajes dejó claro que el operativo es «una mentira, un humo para hacer de cuenta que se hace algo mientras pasa cada segundo sin Santiago».

«Una situación grave”

El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, adelantó hoy que el organismo citará al Gobierno argentino y a la familia de Santiago Maldonado a una reunión en Montevideo para analizar el «avance de la investigación».

«Vamos a citar a una reunión de trabajo para seguimiento de la medida cautelar por Maldonado y dialogar con ambas partes en Montevideo», dijo a radio FutuRock FM.

Agregó que la reunión será «privada», con funcionarios del gobierno nacional y los peticionarios  (la familia Maldonado) para «escuchar qué se dice sobre el cumplimiento» de las medidas cautelares dictadas por el organismo, y luego «tomar una resolución».

«Lo importante es saber el avance de las investigaciones de la búsqueda y determinaciones de su paradero. Sabemos que hay procesos judiciales, hábeas corpus y opiniones al respecto. Creo que en unas semanas habrá elementos más claros de información. Pata entonces habrá mayor tiempo para el desarrollo y una realidad más firme», consideró Eguiguren, que comentó que la CIDH tiene una «visión objetiva» de la investigación y que desde esa posición sostiene que el caso Maldonado «es una situación grave».

«Nosotros tenemos que tener una visión más objetiva y estar menos metidos en el debate político interno. Sí estamos preocupados por los derechos de las personas involucradas y el seguimiento de la medida cautelar. El caso de Santiago Maldonado es una situación grave. Hay que priorizar las investigaciones para determinar el paradero y, por otro lado, ver las responsabilidades que hubo», aseveró.

“Me enteré por los medios”

El gobernador neuquino dijo el fin de semana haberse enterado «por los medios» de los allanamientos. Omar Gutiérrez, dijo que se enteró «por los medios» de los allanamientos hechos en cuatro comunidades mapuches de esa provincia, tres de ellos por la Gendarmería sin orden judicial, y el último por la Policía Federal por indicación de la fiscal federal de Esquel, Silvina Ávila, todos en supuesta búsqueda de Santiago Maldonado.

«Me enteré por los medios», dijo Gutiérrez en conferencia de prensa, al ser consultado esta mañana sobre esos hechos -denunciados ayer por la Confederación Mapuche de Neuquén- durante la presentación de ofertas de una licitación de áreas petroleras por parte de la empresa estatal neuquina Gas y Petróleo.

El mandatario fue muy escueto en su respuesta. Se limitó a señalar que «son decisiones de investigación de competencia de la justicia federal y por eso han actuado los integrantes de fuerzas de seguridad nacionales».

La Confederación mapuche denunció que durante el pasado fin de semana fueron allanadas por gendarmes las comunidades Raquithue, Lafkenche y Paynefilu sin exhibir orden judicial ni consultar a las autoridades comunitarias, «invocando como fundamento de su atropello la búsqueda de Santiago Maldonado, víctima de desaparición forzada a manos de la esa misma fuerza».

El miércoles último, un operativo similar se realizó «en territorio del Consejo Zonal Lafkenche, en el Lof Kinxikew», donde actuó «la Policía Federal, delegación San Martín de los Andes», esgrimiendo un papel firmado por la fiscal Ávila.

La Comunidad Raquitue, ubicada en cercanías del Lago Huechulafquen, en el sur de Neuquén, presentó ayer un recurso de hábeas corpus en el Juzgado Federal de Zapala reclamando que «se garantice la libertad e integridad física de los miembros de la comunidad en tanto la Gendamería, fuerza investigada por desaparición forzada de persona, ingresó de manera ilegítima e inconsulta en el territorio, planteando que la comunidad daba albergue clandestinamente a Santiago Maldonado».

En su denuncia, el comunicado de la Confederación Mapuche de Neuquén se había preguntado, desde el título, si, con estos procedimientos, se están «creando condiciones para culpar a los Mapuches de la desaparición de Santiago Maldonado».

Querellantes por un allanamiento ilegal

Las abogadas Sonia Ivanoff y Elizabeth Gómez Alcorta anunciaron que va a representar a la comunidad mapuche Pu Lof en la causa que investiga los hechos protagonizados por la Gendarmería el 1 de agosto, pero que no lo harán en el expediente que se sigue en el mismo juzgado (el federal de Esquel) por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

“Hay una causa que tiene que ver con los abusos de autoridad, disparos de bala y detenciones arbitrarias que Gendarmería cometió el 1 de agosto entre las 11 y las 17 del 1 de agosto y nosotras nos presentamos como querellantes de la comunidad Pu Lof en esa investigación, pero no por la desaparición de Santiago Maldonado”, aclaró Gómez Alcorta a Télam.

Las letradas consignaron que patrocinarán como querellantes a Matías Santana –testigo ocular de la desaparición de Maldonado–; de Soraya Maicoño y de la comunidad Pu Lof, que se presentaron como damnificados por los incidentes que hubo en ese predio ubicado en el noroeste de Chubut.

Aquel día, el juez Otranto había firmado la orden de despejar la ruya nacional 40 accionando contra quienes la cortaban, pero no la de allanar el Pu Lof, lo que los gendarmes hicieron siguiendo la órdenes de Pablo Noceti, alto funcionario del Ministerio de Seguridad, en represión de una supuesta flagrancia.

Cuatro gendarmes completaron hoy la semana de declaraciones testimoniales ante el juez Otranto.

“Santiago no se ahogó”

Soraya Maicoño, la vocera principal vocera de la comunidad mapuche de Cushamen, dijo tener la certeza de que Santiago Maldonado «no se ahogó» en el río Chubut, como sostuvo como principal hipótesis el juez Otranto en una rara entrevista concedida al diario “La Nación”, que la publicó ayer, domingo.

Maicoño cuestionó a Otranto por «adelantar opinión» sobre las investigaciones que lleva a cabo sobre el paradero del joven desaparecido desde hace 46 días.

Otranto dijo, que a su manera de ver lo más probable es que Maldonado se hubiera ahogado, que si había sido capturado nada indica que lo haya sido por la Gendarmería y que los mapuches con un colectivo, al menos en términos generales, muy violento. Lo que dejo en muchos periodistas, como, por ejemplo, Romina Maguel (que lo expresó en “Animales sueltos”, por América TV), la impresión de que dijo lo que dijo para que lo aparten de la causa.

«Santiago no se ahogó, los que estaban ahí de testigos saben que no se ahogó», remarcó a Radio 10 al ser consultada sobre las declaraciones del juez. “La situación que estamos viviendo es cada vez más agotadora y hostigante, tanto por parte del poder político como del mediático y el judicial», dijo Maicoño.

Agregó que los miembros de su comunidad son «victimas de todo tipo de maltrato» y de «violencia institucional y física».

En las referidas declaraciones publicadas por La Nación, Otranto consideró que la hipótesis «más razonable» es, para él, que Maldonado puede «haberse ahogado» en el río Chubut al escapar de los gendarmes.

«No veo elementos que me permitan sostener que pudo haber sido herido de gravedad por un disparo a corta distancia o una piedra, por uno o más gendarmes», apuntó.

Maicoño comentó sarcástica que «si (los manifestantes) corrían para resguardarse de las balas de más de 70 gendarmes, es obvio quien lo pudo haber capturado».

La vocera cuestionó además que Otranto «adelanta opinión todo el tiempo: tanto que nunca habló del recorrido y el kilometraje de las camionetas que participaron» del operativo de la Gendarmería.

Agregó que el 10 de enero pasado su comunidad sufrió «represión en la que hubo peligro de vida» y denunció «el maltrato y la provocación» por parte de la Gendarmería.

“Se habla de la comunidad mapuche sin ningún tipo de conocimiento. Permanentemente somos objetos de burla y de violencia», se quejó.

La comunidad Resistencia en Cushamen se formó en 2015, luego de que una veintena de familias mapuches ocuparan tierras en cercanías de la localidad chubutense de El Maitén, tierras que forman parte de la estancia Leleque, comprada por el grupo Benetton.

Los mapuches sostienen que han «recuperado» tierras que le son propias y reconocidas por una ley, mientras que Benetton denuncia la «usurpación» de parte de su propiedad.

Rastrillaje del río

Antes del aparatoso allanamiento, la Policía Federal había iniciado el rastrillaje de las márgenes del río Chubut «más arriba y más abajo» del área habitada por familias mapuches del Pu Lof en Resistencia de Cushamen.

El juez Otranto anunció ayer la realización de un extenso rastrillaje en ambas márgenes del río Chubut, excepto las tierras de la Pu Lof en Resistencia, con participación de integrantes de Prefectura -incluidos buzos de esa fuerza- y de la Policía Federal.

Familiares de Santiago Maldonado y su abogada Verónica Heredia habían expresado anoche insatisfacción por el hecho de que el juez Otranto no los había notificado sobre el rastrillaje y pusieron en duda que la medida permita avanzar en la investigación, porque «todos los testimonios e indicios apuntan a la desaparición forzada de Santiago durante la represión de Gendarmería en el Pu Lof», el pasado 1 de agosto.

«Que paguen las consecuencias»

El candidato a diputado nacional por el oficialismo Fernando Iglesias estimó hoy que «ha sido vergonzosa la utilización política y mediática» del caso Santiago Maldonado “que ha hecho, no solo el kirchnerismo, en plena campaña», en diálogo con Radio Rivadavia.

Para el candidato si una de las hipótesis es que efectivos de Gendarmeria cometieron «un acto de violencia contra el chico» hay que investigar y «que paguen las consecuencias».

«Ahora, hablar de desaparición forzada, de un plan sistemático o por lo menos de una orden que baja de lo alto del Estado para desaparecer gente, me parece una locura», diferenció.

Luego de que el juez rechazara la recusación presentada por la familia del joven de 28 años, Iglesias dijo que «la verdad es raro el cuestionamiento» (en referencia a la recusación), y agregó que lo que podría criticársele al juez de la causa «es su reluctancia a entrar en ‘terreno sagrado’ (de los mapuches) en momento en que eso podía aportar pruebas concretas a la investigación».

Sánchez subrayó que «en este país las investigaciones las lleva adelante la Justicia» y «el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad general del país y la obligación de poner a disposición de la Justicia todas las fuerzas, que creo es lo que ha sucedido, pero quienes dictan las medidas de la investigación son las autoridades judiciales».

“Lo confundieron”

La madre de Facundo Jones Huala, María Isabel Huala, sostuvo que «a Santiago Maldonado se lo llevaron porque lo confundieron con un mapuche».

«No queda otra que pensar que iban a cazar mapuches y se confundieron», dijo hoy la madre del lonko detenido en Esquel a pedido de la justicia chilena, que reclama su extradición, que el juez Otranto ya denegó.

En diálogo con Radio 10, María Isabel Huala dijo hoy que «había escuchado a (Pablo) Noceti, (el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) en varios medios de Bariloche, diciendo que iban a cazar mapuches, que los iban a agarrar a todos».

«Acá hubo nueve detenidos el día anterior, qué casualidad que al otro día fueron supuestamente a despejar una ruta y terminaron quemando casas, carpas, las cosas de la gente dentro de la lof (comunidad)», dijo.

La madre del líder mapuche cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad e insistió «no me queda otra que pensar que iban a cazar mapuches y se confundieron».

 “Hay un pacto entre el Gobierno y la Gendarmería”

Leopoldo Moreau, ex dirigente de la Unión Cívica Radical y virtual voceros de la Unidad Ciudadana kirchnerista, dijo hoy que el Gobierno y la Gendarmería Nacional se pusieron de acuerdo para presentar la muerte del fiscal Alberto Nisman como un homicidio. Moreau, quien declaró como testigo ante el fiscal Eduardo Taiano -a cargo de la investigación sobre la muerte del fiscal- estimó que forma parte de ese pacto la protección extendida por el Gobierno a la Gendarmería en lo que hace a la desaparición de Santiago Maldonado.

El ex diputado y senador hizo referencia a las pericias encomendadas a Gendermería que marcarían la hipótesis de que Nisman fue víctima de un asesinato.

El titular de la Unidad Fiscal AMIA fue hallado muerto en el departamento que habitaba en la zona de Puerto Madero el 15 de enero de 2015, días después de haber denunciado a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner por la firma de un “Memorandum de Entendimiento” con Irán respecto a la investigación por el atentado a la Asociación Mutual lsraelita-Argentina (AMIA), documento que luego de ser refrendado por ambas cámaras del Congreso, fue declarado anticonstitucional por la Justicia.

Según Moreau, luego de la desaparición de Maldonado, jefes de la Gendarmería se comunicaron con la ministra Patricia Bullrich, a quien le manifestaron la necesidad de que la fuerza no resultara perjudicada.

Moreau se amparó en el secreto de las fuentes para evitar contestar las preguntas que le hizo el abogado Manuel Romero Victorica, representante legal de las hijas de Nisman, querellantes en la causa a través de su madre, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado.

TODO EL MATERIAL , INCLUIDA LAS FOTOS, ES DE LA AGENCIA TÉLAM.