CNU-AAA en Mar del Plata. La ciudad, zona liberada
La ciudad, zona liberada
La Cámara Federal de Mar del Plata reconstruyó los vínculos operativos de la CNU con diversos organismos estatales, como la Justicia y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Tales relaciones, indica el fallo, se produjeron en el marco de un plan de exterminio a nivel nacional.
De cómo la CNU mató a un militar llamado Jorge Videla…que al parecer era, además de primo del innombrable homónimo, peronista, suegro de un montonero y padre de un pibe de la UES que también fueron asesinados con él.
Jorge Enrique Videla, militar retirado y comerciante. En la madrugada del 21 de marzo de 1975 fue secuestrado junto a sus dos hijos. Los tres fueron acribillados en el barrio Montemar.
LA CAPITAL (MAR DEL PLATA)
Cuando yo los conocí se vestían como todos los jóvenes, pero en un momento se cortan el pelo, se visten de traje y corbata y empiezan a denominarse Triple A», dijo la testigo protegida Mirta Masid, una docente que entre 1973 y 1975 fue pareja de Carlos Flipper González, que integraba la CNU y solía comentarle los crímenes cometidos la noche anterior.
Masid declaró por primera vez en 2008 en el Juicio por la Verdad y amplió su relato en 2010 ante el juez Rodolfo Pradas, quien tramita la compleja causa por aquellos homicidios.
Su narración se remonta a los años 73-74 cuando, según Masid, todavía no pasaba nada y los integrantes de la CNU se reunían después del almuerzo en el hotel Argentino. Yo y otras mujeres íbamos a veces pero no participábamos de las reuniones, que eran de tipo político, aseguró. Allí dijo haber conocido a los abogados Ernesto Piantoni, que era el factor aglutinante y Gustavo Demarchi, cuya presencia no era constante. Y también a Eduardo Ullúa y Piero Asaro (hoy prófugos), quienes tenían trabajos en organismos como la Universidad pero no iban, eran ñoquis», al igual que Flipper y otros adherentes a la CNU.
Extraños contratos
La Justicia Federal cree que dichas personas, lejos de ser «ñoquis», ejecutaban un plan promovido desde el Estado para perseguir a la militancia de izquierda en el ámbito universitario. De hecho, todos los fallos producidos hasta el momento indican que desde 1974 los principales cargos directivos de la Universidad marplatense fueron ocupados por profesionales vinculados a la CNU. A su vez, los cuadros de menor jerarquía pasaron a ejercer tareas de «vigilancia» mediante dudosos contratos.
Este plantel también se nutría de policías federales y bonaerenses que aparecían registrados como «celadores» y de al menos dos individuos que los testigos sindican como culatas del SUPE. Una de ellos, apodado Killer, integraría posteriormente el séquito de Alfredo Yabrán.
Ropa nueva
«Carlos me dijo que nunca había tenido un traje y me pidió que le regalara uno», relató Masid, que le compró un saco y un pantalón al tono. Por aquellos días la Justicia también estaba de estreno: el 30 de setiembre del 74 entró en vigencia la Ley de Penalidades para las Actividades Subversivas y el 6 de noviembre la presidenta María Estela Martínez de Perón decretó el Estado de Sitio.
Los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y César Alvarez señalaron en una reciente resolución que esa «institucionalidad dispuesta» dotó a la asociación ilícita investigada de una particular estructura organizativa y de mayor poder ofensivo.
El 29 de octubre de 1974 el doctor Demarchi, coordinador docente de la Universidad, se convirtió en Fiscal Federal por decreto de la presidenta y tomó como empleados en la fiscalía a dos CNU que ya tenían contratos en la Universidad: Roberto Justel y Salvador Ullúa. El último se había visto implicado en el Caso Filler y hoy es uno de los principales acusados por los crímenes atribuidos a la CNU. Para la Justicia, el círculo cierra de la siguiente manera: dichos homicidios debían ser investigados por la fiscalía donde se desempeñaban Demarchi y Ullúa.
El rol de la fiscalía
Según la Cámara Federal, Demarchi no sólo persiguió penalmente a sus adversarios políticos contra quienes solicitó elevadas penas, sino que además todas esas personas habían sufrido un período previo de desaparición y/o torturas». En ese entorno emerge el rol de la comisaría cuarta que funcionó como centro clandestino de detención desde 1975, un año antes del golpe de Estado.
Paralelamente, añade el fallo, «se dejaban de investigar los hechos en los que habían tenido participación los grupos operativos de la Concentración Nacional Universitaria integrados, entre otros, por el empleado Eduardo Salvador Ullúa, quien mereció las mejores calificaciones por parte del Fiscal Demarchi» el 17 de mayo de 1976, ya en pleno proceso militar.
Tarjetas
El 24 de enero de 1976 el Comando Radioeléctrico interceptó una camioneta en la que viajaban aquellos dos «culatas» del SUPE que se desempeñaban en la Universidad y los detuvo por tenencia de armas.
Los policías que realizaron aquel procedimiento dijeron que los detenidos portaban tarjetas del doctor Demarchi, con quien pidieron hablar.
La Cámara Federal señaló que el doctor Demarchi fue el fiscal de la causa y evidenció una «inaudita exigencia probatoria para acreditar la tenencia de las armas». Y que actuando como abogado de confianza de uno de los detenidos a la sazón, Killer- apeló su prisión preventiva.
El crimen de un diputado
«Flipper» González tenía 23 años cuando murió violentamente el 3 de noviembre de 1975. Mirta Masid dijo que su pareja le había anunciado un viaje a Buenos Aires, pero en realidad se fue a San Juan «para matar al diputado Pablo Rojas. En ese entonces estaba en discusión el lugar del fraccionamiento del vino y ese diputado iba a pedir que se fraccionara en origen y esto no le convenía al sindicato y mandaron a matarlo». Por tal motivo fue comisionada bajo promesa remuneratoria una patota de la CNU-Mar del Plata que, a su vez, tenía contrato en la Universidad Provincial.
Rojas fue emboscado por los sicarios cuando salía de la casa de un amigo. «Para no hacer ruido lo apuñalan -dijo Masid- pero Rojas tenía un arma y hiere a Fernando Otero y a Flipper González. No me acuerdo si después lo matan con un arma de fuego, pero lo matan»..
Días después Flipper apareció muerto en el cerro Papagayo, donde lo habrían abandonado sin vida. Al otro herido lo dejaron en un hospital. Se trataba del ahora prófugo Fernando Otero, que fue detenido y purgó prisión hasta la década del 80.
La Justicia de San Juan ordenó la captura de otros dos integrantes de la CNU, pero lograron eludir ese requerimiento hasta que expiró. Uno de ellos es Mario Durquet, actualmente detenido en el marco de esta causa. El otro es Fernando Delgado, quien sigue prófugo.
La Cámara Federal de Mar del Plata indicó que en ese hecho «también quedaron de manifiesto las relaciones de esos grupos con la Fiscalía Federal» ya que fueron halladas tarjetas de Demarchi en el auto de los homicidas.
La ciudad, zona liberada
Las Fuerzas de Seguridad fueron, según la Cámara Federal, otro de los componentes de la estructura represiva que existió en la ciudad desde el momento en que permitieron el libre accionar de grupos paraestatales. En tal sentido, menciona la persecución sufrida a puerta de fábrica y en los barrios por grupos del CdO y CNU quienes circulaban armados, amenazando impunemente a obreros y militantes barriales» y los «atentados e ingresos violentos» a la Universidad Católica.
En ese contexto se hace especial mención a las «zonas liberadas» en la noche del 21 de marzo de 1975, cuando asesinaron a cinco personas para vengar la muerte de Ernesto Piantoni, ocurrida el día anterior.
Aquella noche, numerosas personas con armas largas se desplazaron en varios vehículos por distintos puntos de la ciudad. Además de irrumpir en domicilios particulares, atravesaron el casco urbano trasladando a cuatro de sus víctimas para ejecutarlas en las periferias. Se suma a ello que el despliegue operativo incluyó el «allanamiento» de otras casas, en busca de personas que no encontraron.
La extensa madrugada del 21
Los autores del 5×1 no se desplazaron secretamente. Los sectores militantes más comprometidos sabían que varios grupos habían partido de Buenos Aires y La Plata para tomar represalias. Sus autos, con armas asomando por las ventanillas, fueron vistos cuando se alejaban de la sala donde velaban a Piantoni.
Mirta Masid aseguró: «Carlos me dijo que no me moviera de casa y el estuvo toda la noche afuera. Supe que el lema era ‘cinco por uno’. Luego me comentó que habían matado a Pacho Elizagaray después de correrlo por los techos y que también habían matado a un chico de 16 años». Esa era la edad de Guillermo Videla, quien fue ajusticiado junto a su padre y su hermano mayor.
Esa noche añadió Masid- había estado en casa Fernández Rivero. Siempre se hablaba de él como «el patriarca» y yo tenía mucha curiosidad por conocerlo. Tenía un brazo inutilizado.
Fernández Rivero, procedente de La Plata, era el máximo líder de la CNU. La inutilización de su brazo respondía a un accidente sufrido un año antes, mientras se desplazaba en un auto cargado con armas.
Masid aportó otro nombre: «También vino de Buenos Aires Raul Moleón (hoy detenido) y estuvo parando en casa con su mujer durante varios días».
Al referirse a la repercusión procesal de aquellas cinco muertes, la Cámara Federal señaló que ni la policía ni el fiscal Demarchi profundizaron las investigaciones
Las Fuerzas Armadas
La Cámara Federal manifestó que los vínculos entre la CNU y las Fuerzas Armadas se institucionalizaron en octubre del 75 con la formación del Consejo de Seguridad Interna, integrado por el Poder Ejecutivo y los comandantes de las tres Armas para implementar la lucha contra la subversión. Los decretos que le otorgaron soporte legal fueron firmados por el presidente interino Italo Luder y son recordados por la palabra aniquilar, que años más tarde alimentaría no pocos intentos defensistas para justificar la comisión de delitos de lesa humanidad.
Las fuerzas policiales y penitenciarias quedaron bajo control del Consejo de Seguridad y su intervención podía ser requerida por las autoridades militares jurisdiccionales. Pero, según surge de la causa, no sólo fueron reclutadas las fuerzas regulares.
Acuerdo operativo
Los jueces citan las declaraciones que en 1984 ofreció a la Conadep el testigo Orestes Vaello, un integrante de la CNU que en 1973 se incorporó al Batallón de Inteligencia 601 de Capital Federal.
Vaello dijo que hasta 1975 la cobertura operativa de la CNU era el Ministerio de Bienestar Social a través de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), comandada por Aníbal Gordon.
En 1975 el Ejército le encomendó a Vaello realizar gestiones para que la CNU se incorporara operativamente al Batallón de Inteligencia, por lo cual se entrevistó con Miguel Tarquini, funcionario del Ministerio de Bienestar Social y jefe de la zona Sur de la CNU.
Después de esa fecha dijo Vaello- el Ejército arregló directamente con Tarquini y Fernández Rivero, jefe nacional de CNU, la operativa militar de la organización bajo supervisión de Inteligencia del Ejército?.
También aseguró que las mencionadas personas comunicaron a toda la organización el acuerdo operativo con el Ejército, que les tomó los datos completos y los proveyó de credenciales y armamento.
Según Vaello, el Comando CNU de Mar del Plata dependía del Destacamento de Inteligencia del Ejército y el jefe de ese comando era Eduardo Ullúa, que aún era empleado de la fiscalía de Demarchi.
Un informe secreto de Prefectura Naval del año 1975 añade que el GADA 601 no contaba con personal capacitado en inteligencia por lo cual «en un primer momento de esta guerra, se valió de personas civiles que militaban en la Concentración Nacional Universitaria» que llegaron a actuar con total impunidad en la ciudad.
El trabajo sucio
Mirta Masid aseguró que los integrantes de la CNU se tuteaban, pero se notaba algún tipo de jerarquía. Los profesionales estaban en un plano y el trabajo sucio lo hacían los otros.
La Cámara Federal coincide con esta descripción al considerar que estos homicidios fueron ideados por la asociación ilícita investigada y ejecutados por algunos de sus integrantes.
La resolución añade que a partir del asesinato de Ernesto Piantoni se produjo un aumento exponencial de la violencia que estos grupos venían ejerciendo contra sus adversarios políticos.
Se veía venir después de haberlo matado a Ernesto lo que iba a pasar. Se pusieron locos y ya no se cuidaban tanto y hablaban delante de cualquiera, dijo Masid en su declaración.
Matamos a tu amigo
El 25 de abril los contadores Daniel Gasparri (21) y Jorge Stopanni (21) aparecieron muertos en el paraje Lomas de Cabo Corrientes.
Para Masid, fue un crimen anunciado: «Cuando se empieza a hablar de que iban a matar a Gasparri, Carlos me lo comenta. Gasparri había sido mi compañero en la secundaria. Era uno de los compañeros que yo había querido mucho. Mi pareja me decía que iban a matarlo por su militancia en la izquierda. No recuerdo si lo vinculaban con la muerte de Piantoni. Yo le decía que no lo mataran pero mucho no le creía… si hubiese creído, le habría avisado».
«El cadáver de Gasparri apareció dentro de su propio automóvil, que estaba totalmente quemado y presentaba gran cantidad de perforaciones de proyectiles. A pocos metros se encontraba el cuerpo de Stoppani quien tenía innumerables impactos de bala y heridas cortantes en la cara interna de ambas muñecas», indica el fallo de la Cámara.
«Aquella noche -recordó Masid- Carlos llegó a casa, me despertó, me tiró un reloj arriba de la cama y me dijo: ‘Este es el reloj de tu amigo. Lo acabamos de matar’. Lo tuve muchos años conmigo y no se por qué hace dos o tres años lo tiré al mar. Sé que con Gasparri estaba otra persona y que la mataron porque estaba con él. Días más tarde, Carlos me comentó que Daniel demostró valentía y dijo que moría tranquilo porque estaba convencido de sus ideales».
El mismo grupo
Mirta Masid aseguró que «el grupo que mató a Gasparri era siempre el mismo: Fernando Delgado, que si no bajaba controlaba el operativo, Durquet, Ullúa, Piatti. Fernando Otero también lo integraba. Pienso que iba más gente. Si Moleón estaba en Mar del Plata, seguro que iba en el grupo.»
Cuando le preguntaron por Raúl Viglizzo, uno de los máximos referentes de la CNU Mar del Plata, la testigo respondió: «Yo sé que tenían que ir por lo menos una vez, porque era una manera de protegerse unos a otros. Carlos me decía que no podía irse del movimiento porque lo iban a matar sus compañeros. Muchas veces me contó cómo fueron los crímenes».
Pocos días después de la muerte de los contadores, Flipper le contaría a su mujer otro asesinato: el de la licenciada María del Carmen Maggi.
La conexión con el sindicalismo
En el contexto del Terrorismo de Estado, el aparato sindical habría conformado otro de los elementos de la estructura represiva que existió en la ciudad, indicó la Cámara Federal en su última resolución vinculada con la CNU.
En dicho fallo la Cámara rechazó diversos cuestionamientos de las defensas y avanzó en sus criterios, introduciendo, por ejemplo, el concepto de genocidio. Asimismo, su análisis integral de la prueba abrió la puerta de nuevos procesamientos al adjudicarle mayor grado de participación a algunas personas que están mencionadas en la causa y que aún no fueron imputadas.
La Cámara Federal trazó otra clara línea procesal al indicar que no ha sido del todo investigada la participación del aparato sindical marplatense.
Citando testimonios incorporados a la causa, el fallo indica que las agrupaciones de derecha tenían una mesa nacional donde se había agrupado el CDO, la CNU, la Juventud Sindical, la Juventud Peronista de la República Argentina, y que se apoyaban en estructuras que tenían que ver con el gobierno y con los gremios. Añade que los nexos estarían dados por la UOM, el SUPE y Telefónicos.
La resolución se refiere a la relación del SUPE con la estructura represiva después del golpe del ´76 y particularmente a un empleado del hotel que ese gremio tenía en la costa, donde hoy funciona la Casa del Deportista. Dicha persona, también participaba de los operativos y permitía la utilización de los sótanos del edificio, para interrogar a detenidos. Otro testigo indicó que se torturaba gente pues oyó gritos de personas provenientes del sótano del hotel que estaban siendo interrogadas y sumergidas en el agua.
También se hace mención al auto utilizado en el fallido atentado que el 15 de marzo de 1976 sufrieron Guillermo Nisembaum y Ricardo Leventi cerca del Colegio Nacional. Se trataba de un Ford Falcon que «tenía una patente robada y habría estado luego en dependencias del Sindicato de la Carne y Afines de Capital Federal». A ello se añade la relación de este sindicato con el asesinato de Roberto Alejandro Wilson, de 28 años, empleado del Frigorífico San Telmo.
Wilson había encabezado en dicha planta una huelga no avalada por el sindicato. Efectivos del Ejército lo detuvieron dentro de la planta junto a ocho compañeros, ya que las huelgas estaban comprendidas en la flamante ley contra actividades subversivas. A poco de ser liberado y despedido, fue secuestrado en su casa de Francia 1766 el 14 de febrero de 1976 por miembros de la Triple A.
Wilson fue una víctima de transición entre el aparato represivo del 75 y el 76. Luego del golpe estuvo en dos centros clandestinos de detención La Cueva (Base Aérea) y Proto Banco (Buenos Aires). Fue visto con vida hasta junio de 1976.
La Cámara Federal concluyó que estos son algunos datos de un aspecto que todavía no ha sido del todo investigado como fue la represión sufrida por dirigentes gremiales y trabajadores» de distintos sectores, evidenciando «la connivencia entre el aparato sindical, la patronal, la policía y las patotas integradas por miembros de la CNU y del CDO, amparados en la impunidad garantizada desde el Poder Judicial».
Archivo
– Hace 40 años asesinaba a Silvia Filler en la Universidad
– «Ese día supe qué es el fascismo»
– «De Tacuara a la guerra declarada»
– «Los crímenes de la CNU-Triple A»
