POR MAXIMILIANO BORCHES / INFOBAIRES24

La abogada y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Cármen Verdú, dialogó con IB24 sobre las fuertes versiones que dan cuenta de la liberación de Rodolfo Manuel Corzo, empleado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y uno de los patoteros que atacó el pasado 4 de mayo a los vecinos reunidos en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, en el barrio de La Boca, mientras debatían sobre el futuro de los terrenos cercanos a Casa Amarilla. Además, se refirió a los centenares de casos de gatillo fácil que se vienen sucediendo desde que asumió la presidencia Mauricio Macri.

-¿Fue liberado Rodolfo Corzo, uno de los patoteros de la Comuna 4?

Sí, nos sorprende mucho la noticia, no tenemos confirmación oficial, no hemos recibido ningún tipo de notificación del juzgado, pero todo indica que eso ha sucedido y es extraño porque al igual que en el caso de Matias Scinica, él estaba procesado por tentativa de homicidio calificado y a esto se le sumaba las lesiones sufridas por Fernando Abal Medina, por la que fue procesado a continuación. No sabemos cual ha sido la razón por la cual después de haber estado cuatro meses prófugo, el juez ha definido que no hay riesgo de fuga en la liberación de esta persona.

-¿Que sucedió con el “Córdobes” Corzo, el padre de Rodolfo?

Fue indagado exclusivamente en relación a las lesiones sufridas por Fernando Abal Medina, no fue indagado por lo que nosotros entendemos, fue el hecho principal que es haber liberado ese grupo de choque, esa patota, que tenía como objeto impedir que en la reunión del Consejo Consultivo de la Comuna 4 se discutiera sobre el destino de los terrenos de Casa Amarilla.

-¿Esta comprobada la relación entre estos patoteros, el presidente de Boca, Daniel Angelici y el Gobierno porterño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta?

Bueno, tanto padre como hijo son empleados del Gobierno de la Ciudad, de hecho en su indagatoria, Corzo hijo cuando fue detenido cuatro meses después del hecho, muy suelto de cuerpo declaró que era funcionario del Gobierno de la Ciudad sin cargo específico…yo nunca escuché una definición más clara de ñoqui.

-¿Estamos ante un nuevo caso de impunidad político-institucional?

Evidentemente.

María del Cármen Verdú: “Cuando hablamos de gatillo fácil, cuando hablamos de detenciones arbitrarias o de torturas, usemos la palabra que corresponde, que es represión institucional, no simple violencia”

-Cambiando un poco de tema, ayer se se conoció un caso en Lanús de violencia institucional; un joven que fue golpeado por la policía cuando filmaba con su celular a los mismos policías que le pegaban a otro joven, ¿cuántos casos se conocen en el último año de violencia intitucional?

Primero hay que aclarar que violencia es un término muy amplio, que abarca una enorme variedad de cosas. Violento, desde el punto de vista institucional es que mi mamá tenga que esperar ocho horas bajo el sol para cobrar la jubilación en el Banco, o que una mamá se tenga que levantar a las tres de la mañana para sacar turno para que atiendan a su hijo en el hospital; cuando hablamos de gatillo fácil, cuando hablamos de detenciones arbitrarias o de torturas, usemos la palabra que corresponde, que es represión institucional, no simple violencia, porque sino terminamos diciéndole violencia a todo y lo que hacemos es bajar el voltaje de lo que estamos señalando, a veces no nos damos cuenta como nos interfieren en el lenguaje los cambios de los sentidos de lo que queremos decir, ¿no?.

-Excelente la aclaración

El año pasado, cuando cerramos el año con el acto en Plaza de Mayo el 2 de diciembre, presentábamos los datos de 2016, con la aclaración de que era hasta la primera semana o quincena de noviembre, porque naturalmente en algún momento teníamos que cerrar la recepción de datos para trabajar en las estadísticas, números, gráficos y demás; con un promedio de una muerte cada veinticinco horas por el aparato represivo estatal desde el 10 de diciembre de 2015, es decir que teníamos en diez meses y medio doscientos cincuenta y nueve asesinados por gatillo fácil, por la tortura, etcétera, lo que nos colocó en una situación de récord absoluto en relación a todas las gestiones anteriores. Para que se entienda, a los Kirchner les tomó casi diez años bajar de una muerte cada 30 horas a cada 28 horas, y nos agarrábamos la cabeza, a Macri le alcanzó con diez meses y medio a una muerte cada 28 horas a una cada 25 horas. Ahora, lo grave de esto, es que lejos de mantenerse estable, no de disminuir porque eso es imposible, ha habido una nueva vuelta de tuerca muy fuerte sobre todo a fin de diciembre, donde en los últimos quince días de diciembre pasado hemos constatado diecinueve casos de gatillo fácil, o sea bastante más de uno por día, en cuatro de los casos hay sobrevivientes, pero dos de ellos en gravísimo estado y pronóstico reservado: uno el chico de Tucumán que recibió un itacazo en la cabeza y está en coma, y el otro el pibe que en la esquina de Carlos Calvo y Jujuy, que después averiguamos se llama Álvaro Nicolás Soriano, recibió el disparo en la cabeza por parte del policía federal que lo perseguía y le disparó cuando él había desistido de la huida, este chico no ha recuperado todavía el conocimiento y no hay un buen pronóstico para su situación.

-En el caso que recién contabas del baleado en San Cristóbal, se dio una situación que te pregunto si es inaudita o no, que el Ministerio de Seguridad de la Nación le puso el abogado defensor al policía del gatillo fácil…

Ojalá pudiera decirte que es inaudito. Yo me enteré que existía la División de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, en 1991, cuando aparecieron el doctor Federico María Hierro y el doctor Hermildo de María, de esa Dirección a defender al comisario Miguel Ángel Espósito, el asesino de Walter Bulacio, obviamente cuando el caso tomó mucha visibilidad, rápidamente los corrieron porque no era “políticamente correcto” y apareció el “gran Estudio Jurídico” particular, en ese caso el de Argibay Molina, para cubrir el mismo rol, exactamente lo mismo ocurrió en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra, otro caso con mucha visibilidad, ahí, cuando denunciamos que a Lompizano y los otros siete policías involucrados en el asesinato los estaba defendiendo desde el Ministerio de Seguridad, al día siguiente de esa audiencia Nilda Garré dio la orden de que se corrieran y entraron todos los “grandes defensores de los Estudios televisivos” y demás, a ocupar ese rol. Ahora, en el medio tenemos decenas, por no decir un centenar de casos de gatillo fácil, de torturas y de desapariciones en los que sistemáticamente intervienen éstos abogados.