POR ÁLVARO ERICES / AGENCIA PACO URONDO / PERONISMO MILITANTE

El objetivo del II Congreso del Instituto Contra Legem fue debatir esas cosas que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se resiste a discutir. Respecto de este primer panel, cabe mencionar que son muy pocas las cátedras y materias de Derecho Penal del ámbito universitario nacional que tratan la Criminalidad Económica y si lo hacen es desde la visión de la defensa del poder económico.

El puntapié inicial lo dio Cristian Perkovic, miembro del Instituto Contra Legem y alumno de abogacía pronto a recibirse. Expresó que “cada país tiene el deber de organizar su política criminal, en este caso relacionada a los delitos económicos, en consonancia con su propia realidad concreta y social. Es esto lo que nosotros desde nuestro humilde lugar tratamos de representar”, afirmó.

Categorizó que en 2016 los delitos económicos representaron un 4% de PBI nacional, manifestando que esto produce un daño a todos los argentinos porque “la actual desregulación del mercado representa en términos de cantidad un número similar al presupuesto total que se destina, por ejemplo, a la educación”. Como estudiante, Perkovic hizo un llamado a ser parte en estas discusiones: “El derecho no es más que un discurso y si nosotros como parte afectada no damos nuestra palabra, desgraciadamente nada de esto va a modificarse”.

Luego fue el turno de Alejandro Vanoli, ex presidente del BCRA. Enfatizó sobre la incorporación legal en el año 2012 de las prácticas de uso de información privilegiada, manipulación de mercado, intermediación financiera no autorizada, entre otras, en la Ley 26.831 de Mercado de Capitales y en el art. 309 del Código Penal de la Nación.

Dijo que dicha legislación fue reconocida incluso por el Banco Mundial y por la Organización Internacional de Comisiones de Valores porque “permitió que los distintos organismos de regulación financiera de la Nación como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procelac e incluso la AFIP, puedan compartir información que permitiera prevenir y combatir los delitos económicos”. Sin embargo, agregó que estas modificaciones hoy están en riesgo. “El Gobierno actual está impulsando eliminar los delitos económicos introducidos en la Ley de Mercado de Capitales y en el art. 309 del Código Penal de la Nación. Además, el macrismo mandó un proyecto de ley al Congreso que le quita poderes a la CNV”, sentenció.

Desde su experiencia como ex titular de la CNV y ex presidente del BCRA habló de los avances en investigaciones administrativas y judiciales como Papel Prensa y su situación actual. “No es casualidad el sobreseimiento de hace pocos días. Creo que es uno de los temas más serios y graves que se pusieron en discusión y en donde quedó una investigación muy fundada. Fue el caso más conocido, pero no el único”, afirmó Vanoli.

El cierre del panel estuvo a cargo del Dr. Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). Manifestó la necesidad de que exista un frente de organización de la sociedad civil en temas de corrupción y delitos económicos. Remarcó que la desarticulación produce indefensión y que las injusticias pasan directamente desapercibidas.

A su vez, criticó duramente el funcionamiento de la justicia respecto de los delitos económicos. Dijo que “a nivel de la justicia penal y en casi 30 años de que el lavado es delito tenemos menos de 15 condenas. Es decir, hay un tema de impunidad bastante claro”. Asimismo, agregó: “¿Qué pasaría si en materia de delitos económicos la sociedad reaccionara de la misma manera que ocurrió con el fallo Muiña del 2×1?”.

En este punto el Dr. Carrara hizo un paralelismo con los organismos de Derechos Humanos y sus avances en casos de Lesa Humanidad y el límite impuesto desde la ciudadanía y los organismos de DD.HH. al Poder Judicial.

Sobre la UIF dijo que “de un día para otro se decidió que es un organismo que hace inteligencia financiera y entonces lo que manda a la justicia no puede ser usado como prueba. Esta es una variación que no se apoya en ninguna norma de nuestro sistema jurídico. Es decir, se está retirando a un segundo plano la importancia de los delitos económicos y financieros”.

A modo de cierre, y de forma muy didáctica rememoró el proceso italiano Mani Pulite y recordó un interrogatorio realizado a un imputado por el juez Giovanni Falcone en donde le preguntó: “¿De dónde saca usted a los profesionales que tiene? Porque no son solamente tipos musculosos y malos en la mafia… Ustedes tienen contadores, abogados, manejan mucho dinero”. Su interlocutor le respondió: “Muy simple, nosotros vamos a las mejores universidades, buscamos los mejores promedios y les ofrecemos el trabajo”. En ese momento, el Dr. Carrara interpeló a los presentes y les preguntó: “¿Para qué elegimos estudiar Derecho? Me parece importante pensar esta interrogante para alejarse de lo que el presidente chileno Salvador Allende llamó los “jóvenes viejos”, esos que al obtener el título piensan que tienen prestigio social y lo único que les preocupa es juntar plata a fin de mes. Lo creo una forma liberal y triste de ver la profesión. Yo no estudié para eso y creo que ustedes que están aquí tampoco. La idea es contribuir a una sociedad más justa y darle una función social al Derecho”, finalizó.