POR ALEJANDRO BERCOVICH / BAE

La falta de autocrítica que le reprocharon tantas veces al kirchnerismo parece haber encontrado por estas horas su reverso en el gabinete de Alberto Fernández. Como un mantra flagelante, sus colaboradores más cercanos reconocen en privado que faltó énfasis en reivindicar la cuarentena a medida que se acerca el pico de infecciones con Covid-19; que debieron haber explicado mejor a la sociedad la crisis de Vicentin para justificar su intervención y que tampoco estuvieron a la altura del desafío que plantea el anuncio de LATAM de levantar sus operaciones en el país y echar a casi 2 mil empleados. No es internismo fratricida ni un pase de facturas de la socia fundadora del Frente de Todos a su socio gerente, contra lo que suele otearse desde afuera, sino una catártica admisión de impotencia justo cuando la imagen presidencial transita picos insospechables cuatro meses atrás.

Cerca de Martín Guzmán, que chatea seguido con Diego Maradona desde que intercambiaron teléfonos en la Casa Rosada cuando apenas había asumido, lo ponen en términos futbolísticos. «Pudimos haber jugado mucho mejor estas semanas», dicen. En la propia Rosada, desierta desde que el médico le recomendó al Presidente quedarse en Olivos, Santiago Cafiero recuerda casi a diario lo que le advirtió cuando juró, sobre ser jefe de Gabinete de uno de sus antecesores más experimentados, Sergio Massa: «Fue el peor trabajo de mi vida».

No es que la gobernabilidad esté en riesgo por esos últimos tropezones del oficialismo ni que la oposición, todavía deshilachada, haya tomado bríos amenazantes. Lo que se chocó de golpe el Gobierno son dos vallas difíciles de franquear. Por un lado el poder de veto que pese a su derrota electoral en primera vuelta todavía es capaz de ejercer el bloque empresarial, mediático, social y político que organizó el banderazo del sábado pasado contra la expropiación de Vicentin. Por otro, mucho menos visible aunque quizá más definitorio, el límite al mandato democrático que supone la «offshorización» de las grandes empresas locales, no solo cuando son propiedad de extranjeros sino también cuando sus dueños viven y votan en la Argentina.

La prueba más palmaria de cómo el control remoto de las principales compañías del país impide el ejercicio del gobierno la aportó la propia Vicentin. La colección de mamushkas que construyeron los Nardelli, los Padoan y los Macua durante el mandato de Mauricio Macri convirtió al concurso de acreedores en una maraña imposible de desatar y en otro escollo para la intervención. La concursada es Vicentin Sociedad Anónima Comercial e Industrial (SAIC), pero los créditos del Banco Nación que se evaporaron justo a mediados de diciembre pueden haber migrado a las filiales de Paraguay, Uruguay, Panamá o Europa. Es precisamente lo que quieren saber los acreedores internacionales de la cerealera fallida, como el Crédit Agricole o la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial. Y lo que reclamaron en duros términos en su recurso «Discovery» para que la justicia estadounidense les informe sobre todas las cuentas donde los dueños les pueden estar escondiendo plata. Es el inicio de un camino que inquieta a los accionistas, mucho más cómodos litigando en un juzgado de su pueblo que en los tribunales que metieron presos a los todopoderosos imputados en el FIFAgate.

De los U$S 500 millones que reclaman esos bancos globales, estiman en Santa Fe, unos U$S 150 millones están depositados en esos mismos bancos. «Tienen el pufo pero también tienen parte de los verdes», confió a este diario uno de los responsables del rescate. Al Rabobank difícilmente le pase como a Javier González Fraga, que pudo haberse cobrado con creces las acreencias del Nación de los U$S 790 millones que entraron entre agosto y diciembre a la cuenta en dólares de Vicentin en su sucursal Reconquista pero no lo hizo. Lo destacó también la jefa de la Inspección Provincial de Personas Jurídicas santafesina, María Victoria Stratta, en el escrito que presentó al juez Fabián Lorenzini. «Vicentin Family Group controla a VFG.; VFG -controlada por Vicentin Family Group- controla a Latam VFG, a su vez, es titular del 97% de las acciones de Algodonera Avellaneda SA, en la que Vicentin SAIC detenta sólo el 3%», ejemplificó. Ese entramado offshore nació en 2003 y empezó a crecer fuerte en 2014, antes de que asumiera Macri, pero floreció en la era Cambiemos.

En la retirada de Latam de la operación de cabotaje local se atisban los mismos mecanismos de blindaje corporativo limítrofes con lo ilegal. La situación financiera de LAN Argentina es muy distinta a la de su grupo controlante. Los ingresos que obtuvo en Argentina el holding sextuplicaron en 2018 los ingresos de la filial y casi llegaron a triplicarlos en 2019. Tal como argumentó el gremio de los pilotos al rechazar el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que pidió la compañía para poder echar a sus empleados sin pagarles la doble indemnización que rige por la pandemia, apenas el 16% de los vuelos internacionales que operaba LATAM entre Argentina y el exterior eran facturados por su filial local.

El gremio también hizo notar que «la mitad de las pérdidas, en los períodos que así surge, se deben a gastos de arrendamiento de aeronaves». Ese alquiler, claro, es cobrado por otras filiales del holding. Es lo que explica que los quebrantos locales hayan coexistido con ganancias a nivel mundial. Y eso también se acentuó durante el macrismo, gracias a las rutas internacionales que le autorizó desde Salta, Tucumán, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bariloche. Ninguno de esos pasajes se registraba en los balances de la sucursal argentina. La promiscuidad contable llegó a tal paroxismo que a muchos pilotos argentinos les pagaban viáticos en cajas de ahorro que abrían en el aeropuerto de Lima.

El tema no solo agita las aguas de la política a este lado de los Andes. La comisión económica del Partido Socialista chileno acaba de advertir que sería «ilusorio» rescatar a LATAM con fondos públicos, como pretende el gobierno de Sebastián Piñera. «La operación de Latam en Chile es sólo una parte muy menor de su volumen de negocios y la deuda», escribieron sus economistas. «En realidad, estamos hablando de la quiebra de Latam Finance Ltda., ubicada en una casilla de correos de Grand Cayman. La quiebra de Latam Finance compromete a los activos de Latam Airlines Group y sus 29 filiales, lo que implica que la única manera de que las operaciones de LATAM en Chile es el saneamiento de la empresa basada en Grand Cayman», agregaron.

No es que el partido de Michelle Bachelet haya recuperado las ínfulas izquierdistas de la época de Salvador Allende. El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana también rechaza el salvataje de Piñera a Latam y propone en cambio que, si es necesario un apoyo fiscal a grandes empresas estratégicas, eso se haga a cambio de «una participación accionaria del fisco». Casi un desagravio para Fernanda Vallejos por parte de la centroderecha chilena.

Son desafíos propios del capitalismo del siglo XXI en una economía que todavía arrastra rémoras del XIX. En Vicentin, por volver a ella, se mezcla la novedad de las empresas offshore con la tradicional influencia espuria del patrón de estancia sobre las instituciones a su alrededor. ¿O no fue acaso la contadora Manuela Vicentin la encargada del Distrito Reconquista de la AFIP entre 2000 y 2018? ¿O no consiguió acaso Héctor Francisco Vicentin mantener abierto su propio concurso de acreedores personal durante 20 años, gracias a lo cual terminó por pagar deudas en hasta 120 cuotas, con 40% de quita y sin intereses en años de altísima inflación? ¿O no era hace pocos años el propio juez comercial Fabián Lorenzini, que tramita el concurso y que acaba de fallar contra el «plan Perotti» a pedido de los fundidores, uno de los asesores legales del Banco Nación de Reconquista mientras el banco autorizaba créditos para Vicentin?

Lo difícil es anticiparse a la sorpresa. Y no solo para los gobernantes. El CEO de una importante citrícola local, también muy ramificada internacionalmente, acaba de ser testeado positivo por coronavirus. Lo supo justo la semana después de haber presionado al personal administrativo de su compañía para que abandone el home office y retome sus tareas presenciales.

¿Cómo discernir cuándo la mamushka cambiará su sonrisa por una mueca hostil? ¿Cómo evitar el desengaño de exhibir como ejemplo a una gran empresa argentina, como hizo en su momento Cristina con Vicentin, y que después esa misma empresa termine estafando al fisco y a sus clientes?

Los aplausos que pidió ayer el Presidente para Marcos Marcelo Mindlin al inaugurar la usina de Genelba, en Marcos Paz, pueden resultar igual de amargos si en unos años algún juez concursal intenta rastrear los activos de Pampa Energía por el mundo. Se encontraría con que la firma es propiedad de Pampa Holdings LLC, de Delaware, y de Mindlin Warrants, una sociedad uruguaya. Pero que a su vez la de Delaware es propiedad del Grupo Mtres SA (Uruguay), a su vez controlado por Tres Emes Ltd, radicada en Islas Caimán. Ojalá no pase.