EL FISCAL DELGADO EN LA MIRA. El tándem AFI-Irurzun-Bonadío no sólo persigue a Cristina y el kirchnerismo
Esta entrevista publicada ayer por Ámbito Financiero merece ser difundida ampliamente. Me parece muy importante que se comprenda que el eje AFI-Irurzun/Bruglia-Bonadio no sólo persigue a CFK y sus colaboradores y partidarios, sino también a un fiscal como Delgado, con amplia reputación de resistir presiones.
En cuanto a la AFI encabezada por el mentiroso serial Gustavo Arribas y la vaciadora Silvia Majdalani, «Jaime» Stiuso parece haber vuelto a ser su principal motor (ahora, fuera de borda) al organizar grupos de espías que fueron a las provincias patagónicas (Neuquén, Chubut, Santa Cruz) con equipos que permiten «pinchar» celulares y whatssaps a fin de apretar a sus gobiernos con lo que puedan descubrir para que se avengan a suscribir un presupuesto que encadenará a la Argentina impidiéndole escapar a su hundimiento.
El ascenso de el impresentable Carlos Rosenkratz –abogado de Clarín, de Farmacity y de muchas otras corporaciones, impulsor del luego derogado 2×1 para liberar a los asesinos seriales de la dictadura– ha cambiado el panorama de tal manera que el futuro es más imprevisible que nunca.
Si antes de ello el Poder Judicial pudo expulsar sin mas a un juez probo como Luis Arias por el único «pecado» de defender a los usuarios de servicios públicos esquilmados por las empresas energéticas, de qué no será capaz ahora.
Escuchen a Delgado, el fiscal que suele acudir a los tribunales federales en bicicleta. Describe un panorama tremendo, aterrador. Un retroceso a los tiempos previos a la Revolución Francesa.
Pago de sobornos de Odebrecht
El fiscal Delgado denuncia una «persecución» judicial: «Arribas y Bonadio me inventaron una causa»
Dijo que se ve obligado a defenderse como si fuera un pirata del asfalto o un narcotraficante y alertó por la «fragilidad institucionalidad» de la Justicia. «Si uno no hace lo que quiere el poder, se transforma en un sospechoso», afirmó.
El viernes pasado, Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun (votó en disidencia), Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, revirtieron la desestimación de la denuncia realizada por el juez Daniel Rafecas, por considerar que había sido prematura y que resulta necesario producir primero una serie de medidas de prueba, en el marco de la pesquisa por el cobro sobornos de Odebrecht.
Se trata de un expediente en que el querellante Arribas alega que los fiscales Delgado y Sergio Rodríguez, este último titular de la Procuraduría de investigaciones Administrativas (PIA), cometieron el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» al recibir declaración testimonial sin tomarle juramento a Leonardo Meierelles (financista brasileño involucrado en el «Lava Jato») en la causa por supuestos sobornos en el marco de contrataciones de Odebrecht en la Argentina, que se sigue ante el Juzgado Federal 7.
El juez Bonadio tiene a su cargo una denuncia presentada por Arribas por falso testimonio contra Meirelles, quien testificó en su contra acusándolo de haber recibido sobornos de Odebrecht para acceder a la obra pública en la Argentina. Semanas atrás, el juez dispuso la captura internacional de Meirelles y denunció a los fiscales Delgado y Rodríguez por la declaración al «arrepentido» sin tomarle juramento de decir la verdad, tal cual prevé el Código Penal.
En su fallo, Bonadio dijo que no estaban comprobadas las transferencia de las que habló Meirelles a favor de Arribas sino sólo la que él reconoció por u$s 70.000 por la venta de material mobiliario a un empresario brasilero en la que aquel intervino como intermediario.
En este marco, Delgado denunció la gravedad de la maniobra de la Cámara Federal, Arribas y Bonadio. «Esto es grave, nosotros ponemos el cuerpo, nos inventan causas y nos persiguen de manera deliberada. Uno siempre piensa que la AFI hace cosas a medida, pero esto es a pedido directo del jefe, que es grave, pero es un mensaje brutal hacia adentro del sistema judicial», sostuvo en diálogo con Radio 10.
«Está difícil a cosa para hacer nuestro trabajo. La denuncia es literalmente un helado caliento, ni si quiera es un invento. Pero además de la persecución contra mí y contra Rodríguez, tiene un efecto horrible para adentro dela burocracia judicial desde ahora. La Cámara Federal, con el fallo de Bruglia y Llorens, le dicen a Rafecas que tiene que recrear a escena del crimen, que es una telefónica con Brasil. Ahora significa que tiene que declarar y desfilar técnicos en computación, secretarios, traductores públicos, asistentes nuestros, que nada tiene que ocultar. Pero ahora, ¿con qué cara les pedimos después a nuestros equipos de trabajo que nos ayuden si por tomar una simple declaración testimonial tiene que darle explicaciones a un juez federal? Es terrible en términos de incentivo», aseveró.
Según Delgado, el riesgo que se corre es que en cualquier proceso judicial un asistente de fiscal se niegue a hacer sus tareas por temor a ser imputado, procesado o detenido. «Nos van a decir yo no tomo la declaración, tómala vos porque después un tipo me denuncia y la Cámara Federal me obliga a que declare ante un juez federal. Es tremendo. El disciplinamiento ya no es hacia un fiscal, sino hacia todos», advirtió.
«Ni Rodríguez ni yo tenemos la culpa de que Meirellies haya dicho: ‘mi plata la recibió Arribas'», dijo, y aseguró que eta denuncia la «inventó» el magistrado federal Claudio Bonadío. «Tengo dos denuncias inventadas, otra la inventó (Marcelo) Martínez de Giorgi. Son dos denuncias inventadas. Desde hace mucho tiempo tengo un abogado que me defiende como si yo fuera un pirata del asfalto o un narcotraficante. Me preocupa más a allá de la cuestión personal, que uno se la tiene que bancar, la demuestra la fragilidad institucionalidad. Hay un callejón que si uno no hace lo que quiere el poder, automáticamente se transforma en un sospechoso».
«No recuerdo casos de persecución a fiscales como los que estamos viviendo hoy. Sufrí persecuciones hace muchos años por los sobornos del Senado, pero así no recuerdo», agregó.
El funcionario recordó que los fiscales generalmente sufren muchas denuncias de acusados, pero que los jueces le ponen un «coto» a esos procedimientos para protegerlos. «En mi caso los fiscales y el juez dijeron que no hay que investigar, pero por una tergiversación de la ley en la Argentina se privatizó la acción penal: cualquier persona que dice ser querellante, que por una triquiñuela lo dejan querellante y reemplaza al Estado. En Occidente el único que puede investigar es el ministerio Pública Fiscal, que es el Estado, pero acá por una deformación de la ley cualquier querellante puede impulsar una investigación. Es el máximo grado del neoliberalismo, va a en contra de lo que se inventó en 1789, con la revolución francesa. O sea, estamos en un verdadero proceso de pre-Revolución», remarcó.
