El pasado 16 de diciembre, al presentar un reporte de la audiencia nº 67 del juicio por el encubrimiento a los asesinos que volaron la AMIA en base a lo escrito por el licenciado Claudio G. Goldman, el único periodista que cubre toda y cada una de las audiencias, escribí que…

Además de escribir la página EMET Digital, Goldman escribe para Iton Gadol, el boletín de la Agencia Judía de Noticias (AJN) cuyo dueño es Daniel Berliner, ex vocero de la AMIA, lo que lo condiciona. Es verdad que si no fuera por Goldman, sabríamos todavía menos de este juicio que, con la aquiescencia del tribunal, del poder político y de los grandes medios, se desarrolla en condiciones deplorables de secreto… más propias del cultivo de champiñones (oscuridad, humedad y estiércol) que de la búsqueda de una verdad incómoda. Pero también es cierto que Goldman siempre que puede apuntala la fétida Historia Oficial y al reo Rubén Beraja, al que sigue viendo como el máximo prócer del judaísmo argentino. Hasta el punto de que, comentando el careo al que Beraja fue sometido con el periodista Raúl “Tuni” Kollmann (en el que éste resultó claramente ganador) comentó… que Kollmann estaba demasiado tranquilo para resultar creíble.

Aún así, debo aclarar, la información que proporciona Goldman es muy superior a la descafeinada síntesis que ofrece una Memoria Activa tributaria del CELS que como él jamás puso en cuestión el camelo, la boñiga intragable de la Historia Oficial en lo que concierne a la supuesta Trafic-bomba conducida por un kamikaze de Hezbolá teledirigido por protervos ayatolás persas. Dicho de otro modo: que come caca de vaca y finge que se trata de marron glaces.

Probablemente sea a causa de aquel juicio crítico que Goldman (a quien todavía no conozco personalmente) no me envía sus escritos. Y como no me los envía y (como no los veo publicados en internet) y como los consigo mediante trangulaciones (por lo general, gracias a Daniel Schnitman) los publico de una manera caótica y me permito comentarlos e incluso reescribir algunos fragmentos, siempre aclarándoselo a los lectores.

Hechas estas aclaraciones, me acaba de llegar la crónica que Goldman hizo de la audiencia nº 73, realizada en el ya lejano 16 de marzo.

Su principal protagonista fue el ex senador radical por La Rioja Raúl Galván, quien fuera miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Investigaciones de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. También declaró la desmoriadísima Ana Sverdlick, ex proesecretaria del Juzgado Federal nº 9.

Galván es un consumado maestro en hacerse el tonto a menos que realmente lo sea, lo que no es de creer así como así. La policía bonaerense era y acaso siga siendo un pozo de iniquidad, pero no tuvo nada que ver con la voladura de la AMIA, por lo que la mayor parte de sus dichos son pura cháchara.

Sverdlick se presentó como una persona que tiene menos memoria que Dory, la pececita azul de Buscando a Nemo.

No puedo dejar de señalar que Goldman ha sido procesado por cumplir con su deber de periodista, que es informar al público.  El tribunal, a despecho de lo ordenado en su momento por el presidente Kirchner ha reintroducido el secreto en las delaraciones de los ex agentes de la SIDE, que se efectuan con la sala vaciada de público e informadores. Así sucedió, entre otras muchas veces, cuando declaró Patricio Finnen (foto en blanco y negro), el segundo jefe de la llamada «Sala Patria» que pagó el soborno a Telleldín (el primero era el fallecido mayor retirado Alejandro Brousson). Pues bien, resulta que Goldman consiguió que alguién de alguna de las partes que había asistido a la audencia le contara una síntesis de lo dicho por Finenn. Su publicación le valió a Goldman un proceso por supuesta revelación de supuestos secretos de Estado. A Goldman, como a todo periodista, le asiste el derecho (y, añadiría, la obligación ética) de no revelar sus fuentes… Pero hay quienes se hacen los guapos con los periodistas que carecen de un multimedio que les cuide las espaldas (le sugiero a Goldman que busque apoyo en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, SIPREBA y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, que sin duda se lo darán).

Sobre el final, su crónica sorprendentemente que José Manuel Ubeira -a mi entender un abogado muy sólido- es «querellante en nombre del ex jefe del Ejército, general César Milani, y de una banda de policías bonaerenses». Respecto a esta última expresión, parece una chicana de Goldman respecto a los policías bastante delincuente ellos que fueron falsamente acusados de haber atentado contra la AMIA…  pero de lo que no tengo idea hasta el momento es de que Milani sea querellante en la causa AMIA. ¿Es cierto? ¿Por qué? ¿Alguien podría aclarármelo?

Transcribo la vieja crónica de Goldman con algunos pocos agregados a fin de completar la información:

Piden que citen a declarar a un ex director de la SIDE

 

 

Se reanudó el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA con las declaraciones, ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, del ex senador radical por La Rioja Raúl Galván, quien fuera vicepresidente de la disuelta Comisión Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigación de este ataque terrorista y el anterior, a la Embajada de Israel, desde su creación, en septiembre de 1996, y hasta ese mismo mes de 1999, y Ana Sverdlick, prosecretaria del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, entonces a cargo de Juan José Galeano, entre fines de 1994 y mayo de 1997 y apoderada de la querella de la DAIA del año siguiente a 2002.

El pase de Sverdlick del juzgado de Galeano a la DAIA es un buen ejemplo de la promiscuidad habida entre el juez Juan José Galeano y al entonces presidente de la DAIA y actual reo Rubén Beraja. Según el ex prosecretario Claudio Lifschitz ambos arreglaban al atardecer, whiskys mediante, la información que le darían a los periodistas esa misma noche o al día siguiente.

La jornada comenzó con la solicitud de Mariana Stilman, del Ministerio de Justicia, de que se cite a declarar a un ex director de la desaparecida Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) cuyo nombre clave sería “Petit”, quien habría sido mencionado por su entonces par de Contraterrorismo Internacional, Patricio Finnen, en su secreta ampliación de indagatoria de la semana pasada.

Según explicó la letrada, éste habría asegurado que el aludido podría probar que él no le presentó a su subordinado Alejandro Brousson, fallecido mayor retirado del Ejército y entonces jefe operativo del sector Sala Patria, al agente inorgánico Daniel Romero, quien a principios de 1995 participó en irregulares entrevistas con Carlos Telleldín, en las cuales el ex represor Héctor Vergez le habría ofrecido un millón de dólares a cambio de reconocer a tres libaneses detenidos en Paraguay por narcotráfico como quienes se habían llevado la Trafic.

También certificaría que la maniobra que terminó en el pago de 400.000 dólares de fondos reservados de la SIDE, el 5 de abril y el 17 de octubre del año siguiente, para que el imputado acusara a policías bonaerenses había comenzado mucho antes de su intervención al trasladar el dinero al juzgado y que Romero respondía a quien estaba a cargo de esas negociaciones previas: Alejandro McFarlane, entonces jefe del gabinete de asesores del secretario de Inteligencia, su suegro Hugo Anzorreguy.

Adhirieron la Fiscalía, el resto de las querellas y la defensa de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, mientras que el abogado del ex jefe de los espías, Joao Nieto, aclaró que Finnen habría asegurado que Romero respondía al entonces director de Asuntos Jurídicos de la SIDE, José Allevato, y no a McFarlane.

La Bicameral “tiene origen en la Cámara de Diputados en 1995, a raíz de varios proyectos presentados ante el reclamo generalizado de la sociedad para coadyuvar, desde el Parlamento, al esclarecimiento de los atentados y hacer más ágil y eficaz la tarea de los jueces; el propósito era el seguimiento de las causas sin interferir ni avasallar la competencia del Poder Judicial”, contó Galván al comienzo de su exposición de casi dos horas y media.

La misma “se constituyó con (Carlos) Soria como presidente, (José) Romero Feris y (Carlos) ‘Chacho’ Álvarez como secretarios y ocho vocales: (Bernardo) Quinzio, (Cristina) Fernández de Kirchner, (Melchor) Cruchaga y (Federico) Storani”, entre otros, enumeró.

“El comportamiento era armónico, con algunas intolerancias; teníamos un cuerpo de asesores, unos diez, que manejaban las pruebas y las actas y nos informaban sobre ellas”, explicó el ex senador radical.

A la primera sesión “se invitó a Galeano, para darle formalidad; había canales de comunicación con el (entonces) juez y tuve oportunidad de concurrir una vez al juzgado, para ver el estado de la causa hasta ese momento, mientras que él vino al menos en dos ocasiones”, precisó.

“No teníamos acceso a las fuentes reservadas” del expediente, pero “íbamos recibiendo información a través de los fiscales: era fluida su comparencia para informar sobre el avance de la causa y tomar elementos de la comisión que pudieran ayudar, todo con respeto a la jurisdicción de cada uno”, aunque “no recuerdo algo puntual”, prosiguió el testigo, que destacó que Mullen y Barbaccia “nunca criticaron ni plantearon diferencias con Galeano”. De todos modos, “no vi irregularidades en el Poder Judicial”, que “habría señalado”; por el contrario, la Bicameral “ponderó su voluntad para investigar”, destacó.

Galván explicó que “es habitual que no se tome (versión taquigráfica) en las reuniones de comisión”, y en este caso “no siempre quedaban registros porque asiduamente eran reservadas y sin secretarios”, aunque “después se hacían actas”, que “pudo haberlas labrado Osella Muñoz, una eficaz colaboradora”.

“Había muchas denuncias -algunas, falsas- y la comisión hacía un legajo sobre el tema; también surgieron las pistas ‘policial’ y ‘carapintada’, que merecieron una atención directa por los personajes que concurrieron” a la Bicameral, recalcó.

“Parte de la tarea fue formular elementos y normas, como las leyes del arrepentido y antiterrorista, para ayudar a la investigación”, y en ese marco “se invitó a (León) Arslanián, (Ricardo) Gil Lavedra, (Raúl) Zaffaroni y, sobre todo, al presidente (en esa época de la Cámara Federal) de Casación, Pedro David, para que propusieran leyes, pero no recuerdo alguna sobre pagos”, como una recompensa, respondió el testigo a una consulta direccionada a la cuestionada “gratificación” a Telleldín.

Por otra parte, “los titulares de la AMIA y la DAIA y familiares (de víctimas del atentado) como (Diana) Malamud y (Laura) Ginsberg tuvieron flexibilidad y amplitud para estar con la comisión, que mantenía la reserva de las actuaciones”, aclaró.

“Galeano pidió ayuda porque peligraban las pruebas”

“Estoy seguro de que en los diarios apareció la noticia de la desaparición de un video (del 1° de julio de 1996 de la caja fuerte de una de las secretarías del juzgado), Galeano hizo la denuncia ante (su entonces colega Norberto) Oyarbide y con esa preocupación concurrió a la comisión; creo que fue una tentativa de robo, pero no recuerdo detalles”, relató erróneamente Galván.

“Era una conversación con Telleldín -estaba muy comprometido en la causa-, que (el entonces comisario, acusado de liderar la ‘conexión local’ del atentado, Juan José) Ribelli le había exhibido al juez como una amenaza”, mejoró.

“Debe haber sido un día de semana, pero pudo ser un sábado (efectivamente fue el 5 de abril de 1997) y, entonces, es probable que Soria haya estado en su provincia (Río Negro) y me haya pedido que me ocupara de convocar a una reunión extraordinaria, pero no me acuerdo”, dudó el testigo, que luego concedió que “puede ser que Galeano haya hablado con él antes de denunciarlo”.

“No recuerdo si fue antes de que se emitiera en un programa de televisión, ni si se hizo, y no veía Día D”, el programa que entonces conducía Jorge Lanata y que difundió fragmentos del polémico video la noche siguiente, afirmó en una muestra más de una desmemoria que lo acompañó a lo largo de todo su testimonio.

“No creo que hayan estado todos (los miembros de la Bicameral) en la reunión  porque era sábado y por el carácter intempestivo” de la misma, pero “supongo que se le contó al resto”, pese a lo cual “no recuerdo críticas de Fernández de Kirchner por el video”, continuó el ex senador.

“Galeano dijo que Telleldín le había pedido una suma de dinero para publicar un libro a cambio de información sobre la AMIA; no me acuerdo de que se pasara el video, ni si se le preguntó si se pagó”, afirmó.

“Nos transmitió su preocupación por que se hiciera público y respetamos su reserva porque pertenecía a la órbita exclusiva del Poder Judicial, con un juez que pedía ayuda porque peligraban las pruebas de la causa; no dijo que lo fuera, pero eso entendíamos…”, trastabilló Galván.

“Seguramente estuvieron los fiscales, pero no tengo presente su reacción ni sé qué sabían sobre el video, y a nadie más recuerdo”, prosiguió.

“No se habrá tomado nota por el carácter reservado”, aunque “puede ser que no se haya podido conseguir un taquígrafo por ser sábado y por la vertiginosidad de los hechos”, pero “la reunión con Galeano se plasmó en el informe de 1997 y no hubo otra sobre este tema”, matizó el testigo.

“La repercusión en la comisión fue intensa, también la periodística; había una lógica preocupación porque había mucha publicidad del tema y abogados afectos a la prensa”, añadió, en obvia referencia a Mariano Cúneo Libarona, que era entonces defensor del comisario Juan José Ribelli.

“Después que se fue Galeano nos quedamos conversando -no recuerdo si sobre la legalidad (del video), pobablemente si- y citamos a (el juez Norberto) Oyarbide, que creo que fue esa misma tarde. Le pedimos que extremara las medidas para el esclarecimiento del hecho y que hiciera allanamientos, pero no a estudios de letrados”, aclaró el ex senador en otra confusión, ya que Oyarbide compareció el martes 8 de abril, horas antes de ordenar el arresto de Cúneo Libarona y de sus colegas Juan Pablo Vigliero y Julio César Ballestero.

“No recuerdo que hablara de la detención de los defensores de Ribelli”, y la Bicameral “no opinó” al respecto “porque no era su cometido específico”, se atajó Galván.

“Supe del pago (a Telleldín) mucho después de que me fui de la comisión, por el fallo del Tribunal Oral (Federal Nº 3, en 2004), aunque es posible que haya sido antes, por la prensa (!!!); me llamó la atención y me llenó de preocupación”, reconoció Galván.

En cambio, dijo que “nunca” se enteró de que organismos del Estado se estuviesen ocupando del tema, ni que algún integrante de la Bicameral estuviese al tanto, ni sobre otras filmaciones, ni de intervenciones telefónicas a las embajadas de Irán (!!) y Cuba anteriores al atentado a la AMIA. Tampoco que lo hubiesen investigado por encubrimiento, al igual que a Soria, Chacho Álvarez, José Antonio Romero Feris, Fredy Storani, Melchor Cruchaga y César Arias, por haber participado en esa reunión y no haber denunciado al juez. El fiscal Gerardo di Massi los imputó, pero no se hizo más que pedir informes al Congreso.

A mediados de agosto de 1997 “concurrió a la comisión el periodista (Juan) Salinas, quien dijo que había sido contratado por la comunidad judía (en rigor, por la AMIA) para que la asesorara y elaborara un libro y que sospechaba de órdenes no escritas del Poder Ejecutivo para que no se involucrara a personajes de origen sirio y libanés; también hizo comentarios sobre el comportamiento del médico de (el imputado y entonces presidente, Carlos) Menem, (Alejandro) Tfeli, quien habría hecho contactos para que no se investigara”, contó Galván.

En verdad fui citado por la comisión bastante después de que en junio de 1998 le presentara al juez Galeano mi cuarto y último escrito de 73 páginas a un solo espacio titulado «El Doctor T’ y la bomba» donde le expliqué detalladamente porque Alejandro Tfeli estaba involucrado en el atentado hasta la coronilla. A esa audiencia -de la que no hubo registro ni taquigráfico ni magnetofónico- no asistieron ni Chacho Álvarez, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Fredy Storani. A su término, el presidente Soria declaró a Crónica TV que atento a la gravedad de mi denuncia, volvería a ser convocado, lo que nunca ocurrió.

Después, el aludido (por Tfeli) “presentó una nota, creo que con el aval de (el entonces embajador de Israel, Itzjak) Avirán, diciendo que nada tenía que ver y el tema termino ahí; nunca se habló de Munir Menem (el fallecido hermano del ex mandatario y entonces titular de la Unidad Presidencial, acusado de haber llamado a Galeano para pedirle que abandonara la llamada «pista siria» ) ni supe sobre (el empresario de origen sirio e hijo de un amigo homónimo del entonces Presidente, Alberto Jacinto) Kanoore Edul”.

“No sé si (Cristina)  Fernández de Kirchner se interiorizó por (este último) o la ‘pista siria’, ni recuerdo si (Diana) Malamud y (Laura) Ginsberg aportaron pruebas” al respecto, le respondió el ex senador a Valeria Corbacho, defensora del ex presidente de la DAIA Rubén Beraja.

Critican la “falta de voluntad política” del menemismo

El 13 de noviembre de 1997 “vinieron (los entonces gobernador de Buenos Aires, Eduardo) Duhalde y (el ministro del Interior, Carlos) Corach porque había aparecido una escritura pública de una escribana (Juana Vaquer) -a quien se hizo comparecer- que daba cuenta de un adelanto de herencia por 2.500.000 pesos del padre de Ribelli (Miguel) meses (en rigor, una semana) antes del atentado; eso nos llamó mucho la atención y despertó el máximo interés por profundizar la investigación de policías bonaerenses y sus ingresos porque era una nueva circunstancia que reforzaba las sospechas de que (el entonces comisario) hubiera estado vinculado con la transacción de la camioneta (supuestamente vehículo de los explosivos), y citar a la cúpula” de esa fuerza, que “nada sustancial aportó”, narró Galván.

“No recuerdo qué dijo” el primero, pero la Bicameral “llamó al secretario de Seguridad (de esa época, Carlos) Brown y le preguntó por qué tardó tanto en constituir una brigada investigadora del atentado en la Provincia de Buenos Aires, de 35 hombres; contestó que ésa era una cuestión federal y no le correspondía”, relató.

Al entonces jefe de la Policía bonaerense, Pedro Klodczyk «le consultamos sobre Ribelli y su opinión no era favorable: dijo que era pícaro, pero trabajador, y que creía que había participado en el tráfico del vehículo, pero no en el atentado. También hubo otros comisarios, como (el cuñado del entonces imputado, José) Ojeda, que no aportaron mucho”, completó el testigo.

En tanto, el 13 de mayo de 1999 “fui con Cruchaga, (Juan Pablo) Cafiero y (Carlos) Soria a (la Unidad Penal Nº 2 del Servicio Penitenciario bonaerense, en) Sierra Chica a entrevistar a (el múltiple homicida Ramón) Solari porque había llegado a la comisión el comentario de que había sido parte de un acuerdo para hacerse cargo del atentado a la AMIA; creo que le había avisado al embajador” Avirán, contó, esta vez con precisión.

“Dijo que Ribelli lo había querido ‘comprar’” para desviar la causa y solicitó ser trasladado a la isla Martín García porque temía por su integridad física, pero “para Soria era un fabulador”, recalcó el ex senador.

“Quisimos visitar a (el ex comisario) en su lugar de detención, pero mandó una nota negándose por declaraciones periodísticas sobre él” del titular de la Bicameral, que condicionaba la presencia de los legisladores a que les revelara a quién le había dado la Trafic; “no recuerdo” si aportó pruebas de su inocencia, ni un informe de inteligencia que desvinculara a los policías bonaerenses del atentado, ni otro en ese mismo sentido del FBI (la estadounidense Oficina Federal de Investigaciones), que “no sé si investigó la ‘conexión local’”, señaló.

El 26 de noviembre de 1997, el entonces comisario inspector Ángel “Salguero contó cómo abrió la ‘pista carapintada’ (justo dos años antes): a través de un agente encubierto (alias Daniel Graciano), el juez llegó a una organización que vendía armas e hizo una compra (controlada) de 20.000 pesos en fusiles y granadas y otra más, que motivaron allanamientos a una comunidad umbanda en (Asconape 122,) Paso del Rey y en (el regimiento de) Campo de Mayo, y un intento a la casa del diputado (del desaparecido Movimiento por la Dignidad y la Independencia, MODIN, Emilio) Morello”, narró Galván en alusión a una causa (llamada por la prensa «ARMIAS») que terminó con todos los acusados absueltos o condenados a prisión en suspenso por un delito menor, en 2001.

Esta maniobra fue interpretada como un desvío de la investigación del atentado, ya que la banda era previamente conocida por el primero, que aportó testigos de su entorno y hasta hizo participar a Ribelli en el procedimiento en la base militar.

“Era un grupo no democrático, como el que había tratado de tomar el poder en La Rioja, que era claramente antisemita, como (el ex vicecomodoro Luis) Estrella”, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, puntualizó el ex senador.

Ese mismo día “citamos a Morello para preguntarle por qué había pedido a Cancillería información sobre la investigación de Galeano a la Embajada de Irán y respondió que el MODIN quería hacerle juicio político (a Galeano)”, completó.

Por otra parte, en septiembre de 1999 “viajé a Brasil por un testigo, (el presunto espía que advirtió sobre el atentado a la AMIA y en 2003 fue condenado a seis años de cárcel por falso testimonio agravado, el brasileño Wilson) dos Santos, un fabulador (en realidad, un vocero de los servcios secretos de su país) que visitó el consulado argentino en Milán, y también el israelí, avisando en ambos que era inminente un segundo atentado contra un edificio de la comunidad judía en Buenos Aires que, como el primero, el de Embajada de Israel, se encontraba en refacciones y (tres meses antes) a Uruguay por fondos para organizaciones terroristas”, pero “no nos dieron información”, lamentó el testigo.

“En el primer informe de la comisión (de fines de septiembre 1997) hubo tres (dictámenes) y recuerdo el que hicimos con Cruchaga y (José) Genoud; fuimos muy críticos del Gobierno: no hubo voluntad política de esclarecer los atentados”, sentenció Galván.

Por ejemplo, Hugo “Franco, quien fue subsecretario de (Seguridad) Interior (al momento del atentado) y estuvo luego en Migraciones (como interventor de la Dirección entre 1994 y 1999), tuvo una expresión deleznable: dijo que era un ‘tema judío’; el secretario de Seguridad (Interior y Protección a la Comunidad, el brigadier retirado Andrés) Antonietti, solo mandó una hoja en respuesta (a las consultas de la Bicameral); la Federal -declaró su jefe (al momento de cometerse el atentado, aunque fue relevado tres días después, el comisario general Jorge Luis Passero, reemplazado ppor Juan Adrán Pelacchi ) solo asignó ocho policías a la investigación (los ‘poquitos’); y el jefe de gabinete (Jorge Rodríguez) no hizo mención alguna a los atentados en (su informe al Congreso de) 1997”, enumeró.

Asimismo, “el procurador general, (Ángel) Agüero Iturbe, fue convocado para explicar qué hizo para esclarecer el atentado”, añadió el ex senador.

“También criticamos los errores de la política exterior de Menem, que motivaron los atentados (sic) y tuvieron lamentables consecuencias para el país y, especialmente, su comunidad judía: la Argentina tenía un contrato de cooperación nuclear con Irán, que dejó sin efecto en 1994 (en rigor fue dos años antes) y el embajador (estadounidense entre 1989 y 1993, Terence) Todman actuó en ese sentido; también se equivocó con la Guerra del Golfo”, para la cual mandó un destructor, una corbeta y dos helicópteros en 1990, opinó Galván.

En cambio, no habló sobre el coronel sirio y ex director de la Aduana Ibrahim al-Ibrahim, quien fuera concuñado (bígamo) del entonces Presidente, Carlos Menem, ni del traficante de armas de ese mismo origen Monzer al-Kassar.

Por otra parte, dijo, un representante del “secretario de Estado (estadounidense), Harrison, mencionó que fue Irán; Alemania señaló a Irán en relación con un atentado horrible en la confitería Mykonos, Menem dijo que habían sido elementos de la embajada de Irán y también la prensa hablaba de un derivado de Hezbolá vinculado con el atentado a la Embajada”, recitó el testigo.

“La SIDE no estuvo a la altura de las circunstancias”

“En virtud del resultado y sus consecuencias y de su propio reconocimiento, los organismos de seguridad e inteligencia no estuvieron a la altura de las circunstancias; el atentado a la Embajada de Israel fue una sorpresa espantosa (sic), pero debieron haber afinado su preparación, e incluso después del de la AMIA se hablaba de un tercer ataque: lo dijo (el embajador Itzhak) Avirán, un (representante) del secretario de Estado de los Estados Unidos y hasta Menem”, dijo Galván, que destacó que con ese fin, “la AMIA hizo un simposio antiterrorista en Mar del Plata”.

“Siempre desconfié del accionar de la SIDE, que había asignado solo el 4% de su personal a la investigación, y cuando vino (el secretario de Inteligencia, Hugo) Anzorreguy a la comisión ya era el 2%”, puntualizó.

Anzorreguy “llegó con tres carpetas: dos relacionadas con el atentado a la Embajada de Israel y la otra, contestando los requerimientos que le enviamos por nota; dijo que a Galeano le entregaron todo lo que pidió”, expresó Galván.

El entonces jefe de los espías “apuntaba a personajes iraníes: nos contó que hicieron inteligencia en la embajada, tres templos shiítas y (el prófugo imán Mohsen) Rabbani, que en mayo de 1994 había asumido como agregado cultural, y que se enfocaron en él y en la Triple Frontera, pero se negó a revelar el presupuesto que dedicaba” a la investigación, en virtud del secreto que imponía “su ley constitutiva”, detalló.

Además, “los traductores eran de la embajada de Irán (sic, tremendo bolazo) que estaba sospechada, y Galeano les pidió colaboración al FBI, Alemania, Francia y España”, subrayó el ex senador, quien no recordó que la SIDE investigara a los policías bonaerenses, ni la participación en la causa de (el mayor retirado Héctor Pedro) Vergez y (de otro represor, Raúl) Guglielminetti.

De todos modos, “recomendamos que se la dotara (a la SIDE) de más presupuesto (!!) y que se reforzaran sus centros porque era el único organismo que tenía el país, así como que la Comisión (Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades) de Inteligencia fuera más eficaz”, completó.

“Se delegó en (César) Arias y (Melchor) Cruchaga que estuviesen cerca de la causa de la Embajada de Israel que fue el antecedente (del ataque a la AMIA), pero hubo algunas dificultades y traían información muy limitada porque la Corte Suprema (de Justicia), que estaba a cargo de (el octogenario Ricardo) Levene, dictó una acordada que desconocía, por cuestiones constitucionales, las facultades investigativas del Congreso, y la comisión tomó una lógica distancia porque se estaba a punto de un conflicto de poderes”, relató Galván.

Esa medida del máximo tribunal “llamó la atención y creo que hubo (un planteo de) una cuestión de privilegio en Diputados, donde se habló del principio de pesos y contrapesos entre los poderes”, afirmó.

“El tema se zanjó, pero quedó presente; supongo que Arias y Cruchaga conversaron con el presidente de la Corte”, conjeturó el ex senador.

“Consideramos que fue muy defensiva y no puso toda la voluntad en la investigación del atentado; el conocimiento de lo ocurrido (en la Embajada de Israel) fue casi impenetrable”, si bien el 12 de agosto de 1997 “designó al secretario (Esteban) Canevari” como instructor de la causa, completó.

Canevari desempeñó en esta causa el mismo papel que Nisman habría de desempeñar en la causa AMIA, es decir fue el garante de que nada se moviera ni innovara.

“En septiembre de 1999 renunció el presidente de la comisión (Soria) y entonces la vocal Fernández de Kirchner trajo una nota del titular del bloque (justicialista, Humberto) Roggero, donde la designaba en su lugar y le dijimos que ello era facultad del cuerpo”, contó Galván.

Simultáneamente y sin éxito “se debatía concurrir a la sede de la SIDE” a reclamar colaboración porque “era mi propósito que develara los nombres de quienes investigaban el atentado (a la AMIA), que estaban señalados con números, para saber si eran democráticos y estaban al servicio del país, pero (la SIDE, es decir Anzorreguy) fue reticente”, denunció.

En 1983 y 1984, “como subsecretario del Interior del gobierno de Raúl Alfonsín -dijo Galván- fui parte de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas); ahí surgieron muchos nombres de (represores de la última dictadura militar que eran) policías y agentes de inteligencia y había sospechas sobre personas racistas que no querían a la comunidad judía, por eso la SIDE ‘se cerró’”, se quejó el ex senador.

Ambos hechos “y otras cosas menores” fueron “la razón de mi renuncia a la comisión”, finalizó.

Empleada de Galeano declara en línea con ex colegas

Tras un cuarto intermedio de casi 90 minutos y por el mismo lapso declaró Sverdlick, quien había sido originalmente convocada el 29 de agosto, cuando se informó que vivía en Texas, Estados Unidos.

La desmemoriada Sverdlick exasperó por su amnesia inverosímil que adjudicó a haberse “desconectado” de la causa cuando dejó el país.

“Hice carrera en (la Justicia ordinaria de) Instrucción, en el Juzgado (Nacional en los Criminal y Correccional) Nº 10, con (Carlos) Velasco, a quien Galeano contrató y cuando surgió la posibilidad, me presenté y empecé a trabajar en la Secretaría AMIA; al entrar había un espacio común, con un pasillito que llevaba a un despacho que compartía con (Graciela) ‘Grace’ Burzomi, que hacía lo mismo que yo, y estaba al lado del de Velasco y (Javier) de Gamas”, explicó la testigo.

“El juzgado no estaba en condiciones de investigar un atentado: durante mucho tiempo no tuve computadora y buscaba un huequito para trabajar -todavía estábamos en el Palacio (de Tribunales)-, el personal era muy poco y estaba extremadamente atareado; era bastante agotador, trabajábamos con mucho estrés y no teníamos hora de salida”, precisó.

Así, los entonces prosecretarios “Karina (Auleta), que hacía legajos, (el posterior denunciante) Claudio Lifschitz y yo nos quedábamos hasta tarde para cubrir a quienes eran estudiantes; después hicimos un organigrama para que alguno pudiera irse a las 21 hs.”, aunque “los últimos en retirarse eran los secretarios”, agregó Sverdlick.

“Tomé testimoniales e indagatorias y supervisé a empleados en la tramitación y despacho de legajos, donde ponía mis iniciales, pero no recuerdo cuáles; se habían hecho para ordenar el trabajo, con un listado de quién los llevaba”, especificó.

“Creo que se dejaba constancia si lo consultaban, y si no avanzaba, se agregaba al (expediente) principal; nos lo indicaban los secretarios, supongo que por orden de Galeano”, conjeturó la testigo.

“Telleldín declaró varias veces y nunca estuve con él”, pero “seguramente leí” sus indagatorias, aunque “no recuerdo una entrevista con alguna de las partes”, le contestó a Rodrigo Borda, de Memoria Activa, quien apuntaba a la DAIA.

“No recuerdo haber tenido participación en la actuación de (la causa) ‘Brigadas’”, aunque “tomé declaraciones el día de las detenciones (de los policías bonaerenses) porque nos mandaron una síntesis, y creo que hice un resumen para (la entonces titular de la Secretaría Nº 17, María Susana) Spina”, mientras que “De Gamas y Velasco estaban al tanto” de ese expediente, señaló Sverdlick.

“Creo que le tomé declaración a algún testigo de identidad reservada; eso lo decidía Galeano”, se atajó antes de eludir precisar de quien se trataba por su falta de memoria, si bien pudo emparentar a Gustavo Semorile con “un abogado defensor” de Telleldín, Miriam Salinas -“me suena vinculada” con este último- y su concubino Pablo Ibáñez -“también lo asocio a este grupo”-, pero no afirmar si había testigos que estaban imputados por el atentado. En la misma línea, el ex comisario bonaerense Luis “Vicat era un policía, pero no me acuerdo, y tampoco de (su par Armando) Calabró”, respondió la reticente testigo.

“Trabajé el legajo de Kanoore Edul, pero no recuerdo alguna medida, ni proyectos” de resoluciones, y “leí muchas transcripciones, pero no me acuerdo si los casetes estaban en el juzgado o la Policía Federal, que las hizo al principio, aunque en general lo hacía la SIDE”, continuó.

“El trato con las querellas era igual para todas las que vinieran a preguntar por la causa; tenían acceso al principal, no recuerdo cómo funcionaban los legajos”, mientras que “Beraja fue varias veces al juzgado, incluso fuera del horario judicial”, aseguró la declarante.

“Dejé el juzgado porque estaba extremadamente cansada, y después de volver a Instrucción fui apoderada de la DAIA para el juicio oral” anterior, que comenzó en septiembre de 2001, contó.

“Lifschitz no me merecía confianza y nunca entendí por qué trabajaba alguien de inteligencia de la Policía Federal; alguien lo recomendó”, aseveró Sverdlick, quizá sin saber que se trató del imputado ex comisario Jorge Palacios.

¿Sabía Sverdlick entonces que Lifschitz era de la Federal?

“No recuerdo que haya trabajado en la Justicia, pero no tenía oficio ni formación: hubo que explicarle (a Lifschitz) cómo se hacía un decreto…”, aunque “tenía el mismo trato con todas las partes”, matizó.

“Teníamos diferencias de principios porque para él, el fin justificaba los medios; no me consta si traspasó la esfera del pensamiento, pero decía que la única forma de que Telleldín hablara era secuestrar a su (concubina) o a sus hijos”, ejemplificó la testigo.

“Tuve muchos choques con Lifschitz y debí recordarle que estaba en un juzgado; me cuidaba bastante de lo que hablaba delante suyo y mantenía distancia, pero la tarea sobrepasó las diferencias”, admitió.

«Compartí muchas tareas con él, que trabajaba en el área común de la secretaría y se abocaba al entrecruzamiento de teléfonos y análisis de celda, y a quien le pedía ayuda sobre eso».

Yo tenía relación directa con Galeano y De Gamas, más que con Velasco”, precisó Sverdlick.

“No recuerdo qué pistas” seguía, pero “a los policías bonaerenses los investigaba la Secretaría Nº 17”, así que “no me dijo que no le cerrara”, aclaró, siempre refiriéndose al ex prosecretario.

El juez “no me ordenó redactar un anónimo (!!!) , y no me consta si lo hizo con Lifschitz ni si él lo dijo”, contestó la testigo en referencia a una de las denuncias de éste que involucró al iraní radicado en la Argentina Khalil Ghatea (“me suena”, fue lo único que dijo Sverdlick), detenido el 4 de abril de 1994 por tratar de abordar un avión en el aeropuerto de Ezeiza con un pasaporte falso, y a quien se lo impidió, Rodolfo Rigamonti (“no lo recuerdo”, dijo Sverdlick) entonces supervisor de Inspectores de la Dirección Nacional de Migraciones.

Por otra parte, siguió diciendo Sverdlick, Lifschitz nunca le habló de irregularidades ni de irse a la actividad privada, y tampoco le dijo que pensara denunciar a Galeano o escribir un libro. Sverdlick dijo que tampoco escuchó que sugiriera pagarle a Telleldín, ni le consta que haya influido en ello.

“Tengo un muy vago recuerdo sobre algún vínculo de un hermano de Claudio, quizá comercial” con el último poseedor conocido de la Trafic, concedió Sverdlick.

“Creo que cuando me fui, él (Lifschitz) trabajaba para el juzgado, pero en otra dependencia que no recuerdo” y que pertenecería a la SIDE, señaló (en referencia a su adscripción a la Sala Patria).

Objetan la declaración de Lifschitz y decide el tribunal

“No sé cuándo ni quién instaló la cámara (la filmadora) escondida en el despacho de Velasco y De Gamas, que siempre enfocaba (a este último), pero supongo que (fue personal de) la SIDE; en el mío había algo, creo que un monitor, y ya no podía tomar declaraciones allí”, así que “fue después de (los múltiples procedimientos vinculados con el titular de Automotores Alejandro,) Monjo”, estimó Sverdlick, en relación al duplicador de automotores asociado con la cúpula de la Policía Federal.

En este organismo (por la SIDE) “había dos grupos: Sala Patria (al mando del mayor Alejandro Brousson primero, y de Patricio Finnen después) y Contrainteligencia (al mando de Jorge Lucas primero, y de Horacio Antonio Stiuso después) la mayoría eran hombres, pero había dos mujeres”, puntualizó la testigo. “Hablaban con Galeano y los secretarios, cuyos despachos tenían comunicación interna; no me acuerdo si Finnen estuvo en el juzgado, sí que estuvo Brousson”, afirmó.

“Tengo el vago recuerdo de que quisieron instalar una (cámara) en otro lugar, pero no sé dónde ni si se hizo”, acotó con relativa certeza, ya que había otro equipo en la oficina de Spina. “No sabía cómo funcionaban; las filmaciones eran esporádicas, las disponía Galeano y se ocupaban Roberto Dios y Lifschitz”, precisó la testigo.

“Si no había algo puntual que debía terminar, me ausentaba cuando filmaban porque el lugar era muy chiquito; siempre estaba De Gamas y puede ser que también Galeano”, expresó.

Sverdlick aseguró creer que no quedaban registros, no recordar si los testigos sabían, ni haber visto los videos, ni si se hacían copias, y no saber qué pasó con ellos ni si alguien ajeno al juzgado los vio, respondió ante una pregunta del letrado de la Asociación 18J, Horacio Etcheverry, que apuntaba, sin nombrarlo, a Beraja.

“No me consta” que alguna cinta saliera del juzgado o se le haya dado a alguna de las partes, afirmó quien dijo solo acordarse de la que mostraba la negociación con el principal imputado.

“Una vez entré al despacho de De Gamas a llevar un vaso de agua o un café durante una entrevista de Telleldín con él o con Galeano”, pero “no sé si estaba Velasco; sé que se estaba filmando porque no podía estar en mi oficina”, declaró la testigo, que aseguró haberse enterado del pago recién en el juicio anterior, culminado hace 13 años.

Meses después, “los secretarios nos convocaron un feriado (el 2 de abril de 1997), nos contaron sobre la desaparición de un video de su caja fuerte y se labró un sumario administrativo; estábamos todos sorprendidos y la preocupación era cómo había” podido ocurrir, relató. “Galeano debe haber estado, pero no recuerdo si dijo algo”, añadió Sverdlick.

“La llave la tenían De Gamas y Velasco, pero su despacho estaba abierto y si se la pedían, no había problemas” y la prestaban, expresó Sverdlick, que dijo no acordarse si tuvo acceso al video. “Declaré ante Oyarbide”, pero “no creo que me haya exhibido el video”, afirmó la testigo. “Creo que un programa de televisión pasó algo pero no sé si era este video porque no recuerdo su contenido”, respondió, en obvia referencia a Día D, el programa de Jorge Lanata que hizo público el dichoso video, que está en youTube.

“No sospechábamos de nosotros, pero me fui dos o tres meses después y luego hubo un rumor sobre Lifschitz, no sé de quién ni cuándo”, concluyó Sverdlick, generando nuevas dudas al señalar que abandonó el juzgado en mayo.

Lifschitz, uno de los testigos-estrella de este debate, está citado para el lunes, a las 10.30 hs., a pesar de lo cual Santiago Marino Aguirre, defensor de los ex fiscales, dejó -sin esperanzas- sentada una oposición a su declaración porque próximamente será juzgado por violación de secreto de Estado por lo publicado en su libro.

Su colega defensor de Galeano, Diego Álvarez Bognar, aseguró que el polémico denunciante se encuentra en “la misma situación que los secretarios, que no pueden declarar como testigos porque tienen una causa abierta, e incluso (José Fernando) Pereyra tenía el mismo cargo”.

El letrado recordó que Lifschitz “estuvo en el juzgado entre el 5 de mayo de 1995 y octubre de 1997, admitió haber participado en la declaración paga de Telleldín y armado un anónimo sobre Khalil Ghatea en base a lo que le dijo el padre de un compañero de su hijo y la declaración de (Jose Luis) Manzanares para desincriminar a Stiuso (quien lo había aleccionado –y pagado- acerca de lo que tenía que declarar para “despegar” al gordo Roberto Jorge Saller del secuestro y torturas a César Fernández, socio de Telleldín, en Gualeguaychú) y habría estado en la de Miriam Salinas (la prostituta socia de Ana Boragni que el juez y los fiscales tuvieron secuestrada en el juzgado y utilizaron para incriminar a Telleldín), que incluso lo reconoció, y aunque diga que se lo ordenó Galeano, (Lifschitz) es abogado y sabía lo que hacía”. Asimismo, “tiene abierta una causa en el Juzgado de Instrucción Nº 12 por haber cobrado para declarar ante el Tribunal Oral Federal Nº 3 y en este expediente, en virtud de una denuncia de su ex esposa en una nota al diario Clarín en 2009 sobre una pequeña fortuna retirada de una cuenta bancaria abierta en Marbella, España, y un posterior viaje a Nueva York, donde mantuvo un nivel de vida que no podía sostener”. La eventual declaración de este testigo, siguió diciendo Álvarez Bognar, “violaría el derecho a la defensa de Galeano porque sus dichos no podrán ser perseguidos por falso testimonio o al negarse a responder determinadas preguntas”. Joao Nieto (el abogado de Anzorreguy) adhirió porque deberían tener la posibilidad de “preguntar sobre todo, sin que el testigo pueda ampararse en la no incriminación”.

A su turno, Elena Carubín, defensora del ex comisario de la Policial Federal Carlos Castañeda, reclamó que si “el tribunal acepta la declaración de Lifschitz, modifique su decisión sobre Spina, Velasco y De Gamas”.

Por su parte, el abogado Rodrigo Borda, de Memoria Activa, destacó que “es un planteo ya resuelto y por eso lo hacen con resignación, pero no hay un hecho nuevo que lo justifique respecto de cuando la propia defensa de Galeano lo propuso; la situación de los secretarios es diferente porque fueron llamados a indagatoria, y todo el resto de los empleados del juzgado ya declaró”.

Martín Alderete, por la querella de Laura Alché de Ginsberg, agregó que su testimonio “tiene una importancia central como denunciante y la única restricción por riesgo de autoincriminación es la causa elevada a juicio; la analogía con otras personas no tiene asidero porque no fue acusado” por esos supuestos delitos.

“Los argumentos son chimentos y un último intento para evitar que declare el lunes, cuando debe venir para que el tribunal la escuche y ellos le busquen contradicciones”, porfió José Ubeira, querellante en nombre del ex jefe del Ejército, general César Milani, y una banda de policías bonaerenses.

Etcheverry adhirió y el fiscal ad hoc Miguel Yivoff explicó que “la imputación a Lifschitz no es por lo que dijo, sino por lo que escribió y podrá aclarar acá”; además, “ya declaró varias veces y no fue imputado”, mientras que “las defensas aportaron la información sobre esas causas para evaluar su credibilidad y no para impedir su testimonio”.

Sorpresivamente, los jueces no se expidieron a favor de los acusadores, como ocurrió ante planteos similares, sino que dispusieron un cuarto intermedio hasta el lunes a las 10 hs., para resolver al respecto, aunque mantuvieron vigente la citación de Lifschitz, lo cual parece un indicio de que pretenden tomarse tiempo para fundar muy bien su rechazo a las oposiciones defensistas.