POR JUAN SALINAS.–¿Qué pensarían ustedes si un país musulmán, pongamos el Afganistán de los talibanes, culpara de un cruento atentado cometido en los años ’90 del siglo pasado, a la ínfima minoría católica y , tras años de acusar a obispos, curas, presbíteros, sacerdotes, diáconos y feligreses extranjeros, acusara ahora de haberlo instigado al mismísimo Papa Francisco? Pues algo muy parecido ha sucedido hace una semana cuando el fiscal que está al frente de la Unidad de Investigación del atentado a la AMIA (la que encabezaba el fiscal Natalio Alberto Nisman), Sebastián Basso, dispuso hace una semana pedir la captura internacional del ayatolá Ali Jamenei, sucesor de Jomeini y máxima autoridad de Irán, una república islámica y por ende teocrática.

Ni el inicuo juez Juan José Galeano ni los fiscales Edmond Mullen y José Barbaccia (los tres condenados por desviar la investigación) ni siquiera el fiscal Nisman que redobló la apuesta y se atrevió a acusar sin la menor prueba a un nutrido grupo de altos funcionarios y ex funcionarios iraníes encabezados por el entonces presidente Akbar Rafsanjani, se atrevieron a tanto.

Las acusaciones iniciales contra iraníes formuladas por Galeano habían quedado en ridículo ya en 2004 cuando Scotland Yard detuvo en Londres al ex embajador iraní en Buenos Aires Hadi Soleimanpour quien estaba en la capital del Reino Unido haciendo un posgrado. La justicia inglesa le pidió a Galeano que fundamentara su pedido de captura. Cuando recibió lo despachado por el juez consideró que era puro humo, soltó a Soleimanpour pidiéndole disculpas y le hizo pagar las costas a la Argentina. A quien también Soleimanpour le hizo un juicio que ganó.

Las acusaciones formuladas por Nisman a la hora de pedirle a Interpol la captura internacional de un grupo de importantes funcionarios y ex funcionarios iraníes eran tan pero tan inconsistentes que le resultaba imposible ir a Teherán a interrogarlos como preveía el nonato Memorándum de Entendimiento suscripto por Argentina e Irán con la aprobación del Congreso argentino. Lo que fue el detonante de su insólita acusación a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, Luis D’Elía y otros. Y por fin, de su suicidio ante la imposibilidad de justificar ni sus actos ni su enriquecimiento. Que, por cierto, delataba su carácter de agente inorgánico de servicios de inteligencia extranjeros.

He dedicado muchos años al estudio del atentado a la sede de la AMIA-DAIA y su predecesor, a la Embajada de Israel y puedo asegurar que no hay ninguna prueba que incrimine, no ya a funcionarios iraníes, sino tan siquiera a ciudadanos de ese país, sean persas, kurdos,  armenios, azeríes, luros, mazandaraníes, baluchis, árabes o turcomanos. Sin distinción entre chiíes, suníes, cristianos, judíos o zoroastrianos.

Incluyo a quien era el agregado cultural de la Embajada de Irán, el clérigo Moshen Rabbani (foto). Tan faltos de cualquier prueba que lo relacionara con los bombazos estaban quienes livianamente lo acusaban que, a pedido de los Estados Unidos (y supongo que también de Israel) y aprovechando que Rabbani se encontraba de vacaciones en su país, el canciller Guido Di Tella le pidió encarecidamente a su par iraní que, por favor, lo convencieran de no regresar a Buenos Aires (ver Operación Cacerola).

De este modo, se pudo seguir culpando a Rabbani sin tener que probar nada ni tener que afrontar un papelón similar al que produjo la detención de Solemainpour. O,  todavía peor, el mayúsculo, monumental, que se hubiera producido si el juez Rodolfo Canicoba Corral y  Nisman hubieran viajado a Teherán para interrogar al anciano Rafsanjani y demás acusados, ninguno de los cuales, que se sepa, pisó alguna vez territorio argentino.

Esta movida del fiscal Basso (foto), tan vacua como extravagante (si les interesan los detalles, recomiendo leer a Infobae, portal que en estos temas sirve puntualmente tanto al Mossad como a la CIA) se produce luego de que el Congreso, a pedido del propio Basso, aprobara una Ley que permitía el  «juicio en ausencia» en casos de terrorismo, etc.  Se trata de una ley manifiestamente inconstitucional (bien la podríamos llamar «Ley Kuider» por el hipercorrupto ex senador que la impulsó;  el Senado fue su Cámara de inicio )  porque como ya explicó una y otra vez Raúl Zaffaroni «en nuestro derecho no es viable, en modo alguno. La presencia del imputado es una garantía de la defensa, porque es quien conoce mejor que nadie su derecho. Siempre lo hemos interpretado de esta forma. La garantía de legalidad de nuestra Constitución, desde 1853, abarca la ley procesal penal: si la ley procesal posterior agrava la situación del imputado, no puede aplicarse retroactivamente”. No hace falta ser jurisconsulto para darse cuenta de que no es posible juzgar a nadie retrospectivamente, con una ley que no existía al producirse los hechos.

Basso le hizo su pedido al juez Daniel Rafecas, que acaba de dar una clara prueba de su sumisión al sionismo.

No tenía la menor intención de referirme a estos asuntos por considerarlos distractivos de cosas gravísimas que están ocurriendo todo el tiempo frente a nuestras narices. Y porque dudo que el mentado juicio en ausencia se materialice pues bien puede dejar clara la absoluta falta de evidencias que puedan  demostrar que hubo algún ciudadano iraní involucrado con la colocación y detonación de los explosivos que demolieron el edificio original de la AMIA y mataron a 85 personas.

Si lo hago es porque desde Barcelona Montserrat Mestre me ha enviado por la mañana el siguiente despacho, que sirvió de disparador:

La Cancillería persa citó al funcionario a cargo de la embajada argentina a causa de la inaudita acusación del fiscal Basso

Ministerio de Asuntos Exteriores en Teherán

PRESS -TV

Irán convocó al encargado de negocios argentino en Teherán para protestar enérgicamente por las acusaciones de la justicia argentina contra altos funcionarios iraníes, condenando la acción provocadora de Buenos Aires por contraria a las normas y regulaciones internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán citó este martes al encargado de negocios Jorge Mariano Jordán, a cargo de la embajada argentina para transmitirle su enérgica protesta contra el fiscal argentino Sebastián Basso, quien órdenes de arresto contra varios altos funcionarios iraníes en relación con el atentado a la AMIA de 1994, incluyendo al Jefe del Estado, el ayatolá Ali Jamenei.

En respuesta a la actuación ilegal e internacionalmente impropia de la Fiscalía argentina al presentar acusaciones contra altos funcionarios de la República Islámica de Irán, el encargado de negocios de Argentina en Teherán fue convocado por Issa Kameli, Director General para las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores. El encargado de negocios recibió la nota oficial de la República Islámica de Irán de enérgica protesta, declaró el ministerio el miércoles.

En julio de 1994, la sede judía de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires fue blanco de un atentado con bomba, en el que murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas.

El atentado sigue sin ser reivindicado ni resuelto, aunque Israel ha culpado sistemáticamente a Irán del ataque. Teherán ha rechazado la acusación en numerosas ocasiones durante las últimas tres décadas.

Durante el encuentro, Kameli transmitió el “rechazo categórico y la condena de la República Islámica a las acusaciones infundadas” realizadas por el poder judicial y las autoridades oficiales argentinas.

Destacó que la decisión de la fiscal de la causa AMIA de formular acusaciones contra altos funcionarios de la República Islámica de Irán “constituye una desviación más en el prolongado proceso judicial relacionado con un sospechoso hecho que se remonta a 1994”.

La decisión de culpar a Irán “solo sirve para profundizar las numerosas preguntas sin respuesta y ambigüedades que rodean el caso, ambigüedades que han persistido debido a la continua interferencia e influencia de individuos afiliados al régimen sionista, que ha convertido el caso en un instrumento político para avanzar la agenda anti iraní de ese régimen”, agregó.

Kameli, según el comunicado, enfatizó además que la conducta del fiscal argentino está en marcada contradicción con los principios y normas fundamentales del derecho internacional, particularmente con respecto al respeto a la igualdad soberana y la independencia política de los Estados, y sienta un precedente injusto en las relaciones internacionales.

También advirtió de las repercusiones jurídicas y políticas derivadas de las acciones del fiscal, subrayando que Irán se reserva su derecho inherente, según el derecho internacional, de tomar todas las medidas necesarias y proporcionadas para salvaguardar sus derechos e intereses.

Bajo la presidencia de Javier Milei –un declarado partidario del régimen israelí– Argentina ha fortalecido sus vínculos con la entidad ocupante(N. del E.: en referencia a el Estado terrorista de Israel) , incluso respaldando sus acciones en la asediada Franja de Gaza, a diferencia de la mayoría de los líderes latinoamericanos que se han distanciado o retirado a sus enviados.