DIPUTADOS. Un «paquete» de leyes en favor de los trabajadores

POR JORGE HUGO LEIVA (abogado, ex trabajador de Gas del Estado).

El jueves 26 de noviembre la Cámara de Diputados en una sesión especial votó 96 proyectos, dando media sanción a diversas iniciativas y convirtiendo en Ley a los honorarios profesionales de abogados y procuradores, y de acceso equitativo para mujeres en empresas públicas y privadas del sector hidrocarburífero.

Los medios hegemónicos solo dijeron que en esa sesión se votó la expropiación del Hotel Bauen, la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales, la participación en las ganancias de trabajadores telefónicos y de Canal 13, y resarcimientos para los ex trabajadores de empresas privatizadas, sin siquiera, mencionar, aunque sea someramente, cuales fueron las iniciativas votadas.

Debe destacarse que Télam, Crónica, Diario Popular, Pagina 12 y Tiempo Argentino, fueron algo más explícitos al informar sobre la sesión, al no limitarse a destacar las dificultades para obtener el quórum que posibilitó el tratamiento, y enunciar algunos de los proyectos votados.

De todos modos, no se dijo que los diputados propiciaron que se reconozca al General Don Martín Miguel de Güemes el justo homenaje de que es merecedor instituyéndose como feriado la fecha de su nacimiento; y otros proyectos que traerán beneficios a la infancia y a las economías regionales.

Es oportuno señalar que se excedió el número de diputados presentes para obtener el quórum para sesionar: se reunieron 130 legisladores cuando eran necesarios 129 para comenzar el debate. Las votaciones fueron, en su gran mayoría por unanimidad a favor de los proyectos sometidos a discusión.

No es ésta la primera vez que la Cámara de Diputados en la última sesión de su año de labor parlamentaria aprueba una cantidad de iniciativas en una sola sesión. Por el contrario, todos los años desde que funciona el Congreso sucedió lo mismo sin que llamara particularmente la atención de nadie.

En el caso de las reparaciones de los ex trabajadores de entes privatizados, solo se dijo en los medios, como al pasar, que les era otorgado el reconocimiento por la exclusión del programa de propiedad participada, sin que se explique –aunque fuera someramente-  el por qué de la indemnización, dejando la idea que era algo así como una concesión graciosa.

El Programa de Propiedad Participada fue creado por el artículo 21 de la  Ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado, que estableció: “El capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas declaradas sujetas a privatización podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un «Programa de Propiedad Participada».

El art. 22 estableció que, entre otros, los participantes del Programa de Propiedad Participada podrán ser “los empleados del ente a privatizar de todas las jerarquías que tenga relación de dependencia”, además de los usuarios y proveedores de ese ente.

El art. 29 de la misma ley 23.696, ordenó que junto con los programas de propiedad participada se emitieran bonos de “participación en las ganancias para el personal”.

De acuerdo con el Mensaje de Elevación del Poder Ejecutivo al Congreso estas normas tenían por objeto tornar operativa la cláusula de “participación en las ganancias de las empresas” contenida en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, argumento que fuera invocado para sostener la votación afirmativa en los exposiciones de los Diputados Héctor Recalde y  Claudio Lozano, en el debate sostenido el jueves 26 en el Recinto.

De tal modo,  las empresas y sociales declaradas sujetas a privatización se debían transformar en Sociedades Anónimas, emitir acciones y bonos de participación en las ganancias para los trabajadores, y distribuirlos entre ellos, antes de su traspaso al capital privado. De acuerdo con los sucesivos normas dictados la cantidad de acciones que se debían asignar a los Programas de propiedad Participada era del 10% del capital del ente a privatizar.

La autoridad de aplicación de los Programas de Propiedad participada era el Ministerio de Economía, entonces dirigido por Domingo Felipe Cavallo, y era quien debía velar por la correcta implementación de los mismos.

Pero nada de eso ocurrió, las distintas empresas o sociedades del Estado declaradas sujetas a privatización y que luego fueron privatizadas, sin que se transformen en Sociedades Anónimas y sin que asignen las acciones y bonos de participación de las ganancias a los trabajadores, sin que se implementen los Programas de Propiedad Participada, o implementados en forma parcial; excluyendo de tal modo a todos o a la mayoría de los trabajadores de los entes privatizados, y que habían sido declarados beneficiarios de las acciones y bonos de participación conforme el articulado de la Ley 23.696, y de las sucesivas leyes que declararon a las empresas o sociedades como sujetas a privatización .

Eso es lo que ocurrió con los trabajadores de Gas del Estado, SEGBA, Agua y Energía, Petroquímica General Mosconi, y demás empresas que fueron privatizadas, quienes desde hace más de veinte años vienen reclamando por la injusta exclusión, y cuyos derechos fueron reconocidos por las iniciativas que obtuvieron media sanción..

En el caso particular de los trabajadores de la ex Gas del Estado, se llegó al dictado de la Resolución Conjunta Nº. 481/93 MEOSP y Nº 462/93 MTSS, de los Ministerios de Economía y  de Trabajo, que no fue publicada en el Boletín Oficial y por lo tanto carece de eficacia (art. 5 del Código Civil y Comercial), y por ende no puede ser aplicada debida a la falta publicación, que no la torna obligatoria. No obstante la Resolución es mencionada en el Decreto Nº  584/93.

Esa Resolución Conjunta habría establecido el mecanismo de implementación de los programas de propiedad participada entre el personal de las empresas continuadoras de la ex Gas del Estado, excluyendo a la mayoría de los beneficiarios declarados por las leyes 23.696 y 24.076 (Marco Regulatorio del Gas Natural)..

El reconocimiento que se prodiga a los ex trabajadores de las empresas y sociedades privatizadas en los años 90, tiene su antecedente el Fallo “Antonucci Roberto c/ YPF” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que otorgó a ese trabajador de YPF el derecho de pertenecer al Programa de Propiedad Participada, reconociendo la injusta exclusión que padeció.

Además las reparaciones que obtuvieron media sanción tienen el precedente del dictado de la ley 25.471 que estableció indemnizaciones para los ex empleados de YPF excluidos del programa de propiedad participada.

Otros proyectos que obtuvieron media sanción se refieren a la participación en las ganancias a los trabajadores de empresas televisivas, y a indemnizaciones a los ex empleados de los canales 11 y 13 y de las radios Belgrano y Excelsior que fueron privatizados.

Llamó la atención de ausencia en el Recinto de diputados provenientes del ámbito sindical, quienes supuestamente fueron elegidos para defender los derechos de los trabajadores, como Oscar Romero de SMATA, Carlos Gdansky de la UOM y Facundo Moyano de Trabajadores del Peaje; quizás a ellos se dirigía especialmente el cantito de neto corte futbolero que bajaba de las gradas: “Bajá a dar quórum la puta que te parió”.

Claudio Lozano, en declaraciones radiales, dijo: “No seamos hipócritas, los que no vinieron a dar quórum es por que no les interesa resolver los problemas de los trabajadores”. Victoria Donda, mostró coherencia ya que fue quien presentó el proyecto de expropiación del Bauen, y expresó estar interesada en votar las leyes que favorecían a “los laburantes” en reiteradas declaraciones a los medios.

Las quejas volcadas por diputados de diversos bloques que no asistieron a la sesión, acerca de que se afectaría la transición con el nuevo gobierno electo, o de falta de respeto a los votantes, fueron esgrimidos para no reconocer los legítimos derechos de los trabajadores injustamente excluidos de los programas de propiedad participada, o que se implemente el derecho a participar en las ganancias de las empresas, tal como establece la Constitución.

Mayor consternación causa que varios diputados que faltaron a la mencionada sesión, expresaran que estaban de acuerdo con muchas de las iniciativas que se iban a tratar.

Como el “socialista” Roy Cortina, en quien primó su rechazo al kirchnerismo sobre su supuesta defensa de los derechos de los trabajadores.