El cabo César Quiroga dijo que el Ejército «construyó una versión» sobre lo ocurrido, que él se vio obligado a apuntalar al declarar en los tribunales federales de San Martín.

Quiroga, quien ofició de chofer de una ambulancia y camillero durante la recuperación del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 (RIM3) con base entonces en La Tablada (hoy se encuentra en Pigüe), declaró hoy como testigo ante el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, a cargo del juicio en el que el ex general de división Alfredo Arrillaga está acusado por el homicidio de José Díaz, uno de los 4 militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) desaparecidos esos días.

El momento en que Díaz e Iván Ruiz se rinden y se entregan prisioneros saliendo de los calabozos en llamas fue profusamente filmado por las cámaras de Radio Televisión Española (RTVE) y fotografiado por varios reporteros gráficos, entre ellos Eduardo Longoni, que trabajaba entonces para el semanario “Somos”.

Medios como el diario “Nuevo Sur” y la revista “El Porteño” reconstruyeron toda la secuencia, lo que permitió establecer como un suboficial se los llevó para los fondos del cuartel.

Sus cadáveres nunca aparecieron. El Ejército argumentó que Díaz y Ruiz habían conseguido huir luego de matar a un suboficial.

En la audiencia de hoy, la tercera desde que se inició el proceso el lunes, Quiroga aseguró que «cargó 30 años» con el «peso» de haber avalado la «versión oficial que construyó el Ejército» cuando declaró poco después de lo ocurrido ante Nisman, quien en 1990 se desempeñaba como secretario del juez a cargo de la instrucción, Gerardo Larrambebere, quien refrendó su nula investigación, que exoneró a los militares individualizados como apresadores de Ruiz y Diaz.

Quiroga agradeció al tribunal “la oportunidad» de hablar y relató que en 1990, cuando tenía 23 años, firmó una declaración testimonial ante Nisman que «no era» fiel a lo que él había declarado ante en el sumario interno instruido por la justicia militar.

Agregó que un «auditor del Ejército», presente en el juzgado lo llevó aparte y le pidió que consintiera “la versión oficial para no dañar a la institución».

En 1990 las primeras versiones sobre las desapariciones de Díaz y de los otros tres militantes -Carlos Samojedny, Francisco Provenzano e Iván Ruiz- fueron atribuidas a una fuga, pero el juicio contra los miembros del MPT que intentaron el copamiento reveló pruebas y testimonios que echaron por tierra esas explicaciones del Ejército.

Sin embargo, el tribunal se negó entonces a investigar los evidentes “excesos” perpetrados durante la recuperación del cuartel e inmediatamente después.

Al igual que sucedió con Díaz y Ruiz, los cuerpos de Samojedny y Provenzano nunca aparcieron.

Hoy también declaró José Almada, un sargento retirado que participó de los hechos y que en el 2004 rompió el silencio y denunció que en 1989 se aplicó una «ejecución sumaria» sobre varios miembros del MTP, arrestados luego de haber intentado tomar el cuartel.

En versión contrapuesta, los jueces escucharon además la declaración testimonial del ex general Jorge Halperín, un ex general que actuó en aquellas jornadas como jefe de la Brigada de La Plata, y a quien los familiares de las otras víctimas señalan como responsable en las causas que todavía están en etapa de instrucción en la justicia federal de Morón.

Esta semana -el lunes y el miércoles- ya declararon el ex dirigente del Movimiento Todos por la Patria (MTP), Roberto Felicetti; el periodista Pablo Waisberg (uno de los autores del libro «La Tablada. A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla Argentina»); un ex suboficial y un ex conscripto del Ejército.

El juicio pasó ahora a un cuarto intermedio hasta el 3 de enero, cuando se reanudarán las audiencias hasta mediados de ese mes y luego volverá a interrumpirse hasta el 5 de febrero.

Así, pasados los 30 años de aquellos hechos, el tribunal resolverá sobre la responsabilidad del Ejército en los hechos ocurridos el 23 y 24 de enero de 1989, cuando el cuartel de La Tablada fue asaltado por 46 integrantes del MTP, con el argumento de frenar un supuesto golpe de estado, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Esa operación dejó algo más de 40 muertos, entre guerrilleros, militares y policías.

Las investigaciones por torturas, fusilamientos y desapariciones en La Tablada recibieron impulso con un fallo de la Corte Suprema del 2014, que revocó la prescripción de la acción penal contra Arrillaga a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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