Macarena Gelman: “En Derechos Humanos, la diferencia entre Uruguay y Argentina es la voluntad política”.

Cuantas paradojas tiene la vida. Cuando era corresponsal del “Mate Amargo” tupa nunca jamás podría haberme imaginado que los màximos dirigentes tupamaros podrían oponerse al esclarecimiento del asesinato de mi amada Claudia. En cuanto a Macarena, en su momento me sorprendió muy gratamente al ponerse al frete de la lucha por la derogación de la llamada “Ley de Caducidad”. Desde aqui le decimos: “¡Grande Maca!”   
 
Publicado en la Revista Debate el 27/05/2011

Macarena Gelman: “A diferencia de la Argentina, en Uruguay falta voluntad política”Por Cecilia Escudero

Hija de desaparecidos y nieta de Juan Gelman, habla de la lucha infructuosa por anular la Ley de Caducidad uruguaya

La llamada “ley de impunidad” sigue vigente en Uruguay. La frustrada votación en Diputados fue un duro golpe para quienes trabajaron por la anulación de los efectos de una norma que impide, desde 1986, juzgar a los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Las idas y vueltas que giraron en torno a la Ley de Caducidad también significaron un duro golpe al corazón del gobierno, de la coalición de centroizquierda del Frente Amplio (FA), cuya incapacidad de consenso quedó al descubierto. Pese al fallido intento, Macarena Gelman, una de las caras visibles de la pelea a favor de la anulación, se muestra optimista. Es el estado de ánimo que transmite al conversar con Debate, desde Montevideo. Nació en cautiverio, en Uruguay, pero es hija de desaparecidos argentinos y nieta del poeta Juan Gelman (ver recuadro). Desde que se encontraron abuelo y nieta por primera vez, hace ya once años, reclaman juntos la erradicación de la norma que amnistía a los represores uruguayos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón. El 24 de marzo último, ese tribunal falló que el Estado debe dejar sin efecto la ley e investigar qué sucedió con María Claudia García Iruretagoyena, madre de Macarena. Esa condena impulsó la propuesta legislativa que, recientemente, no prosperó en el Parlamento pese a que sólo faltaba la ratificación de la Cámara baja. Aunque, como explica Gelman, el FA deberá sustituir ese proyecto por una alternativa para cumplir con la anulación del valor jurídico de la Ley de Caducidad.

¿Qué reflexión hace luego del frustrado intento parlamentario?
En principio, lo que se ha visto frustrado es este proyecto concreto de ley interpretativa para dejar sin efecto la amnistía. Sería un error considerar que es la única solución o la solución perfecta, que, de hecho, no la hay. El problema arrancó desde el comienzo de la discusión, con el planteo del tema desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Realmente, no se produjo el nivel de discusión adecuado.

¿Por qué?
Porque en un lado de la balanza se colocó el tema de la impunidad de los crímenes perpetrados durante la dictadura y, en el otro platillo, el tema de los costos electorales. Me parece que este tipo de especulaciones no correspondía, y menos con un tema tan sensible. Inicialmente, el proyecto fue presentado por el Frente Amplio, al mismo tiempo que el presidente José Mujica decía que era una cuestión de la fuerza política y del Parlamento. Pero, más tarde, Mujica se mostró contrario al proyecto, fijó una postura. Ello indicaría que, durante el tratamiento de la propuesta, el presidente cambió de opinión.

¿Las marchas y contramarchas del presidente respondieron a un interés electoral?

No digo que haya sido el motivo principal, pero hay una contradicción entre su actitud inicial y la final. Tengo entendido que él mencionó costos electorales. Realmente, no sé si alguien puede elaborar una conclusión clara sobre la base de todas las idas y vueltas que Mujica dio sobre este tema. Considero que, más que aclarar, su actitud produjo una confusión generalizada.

Desde su visión, ¿por qué una fuerza de centroizquierda como la del FA no logra un consenso interno sólido respecto del tema?
Es un tema muy difícil y doloroso de encarar para todos. Y muchas veces genera distintas miradas de acuerdo con el vínculo que cada uno tenga con lo que pasó durante la dictadura. Pero más allá del grado de afectación que cada uno pueda tener, y de la legitimidad que ello pueda generar, la dificultad radica en encararlo como un tema de toda la sociedad. Al contrario, en general se apunta a casos concretos, a las víctimas más visibles cuando, en realidad, es un tema de todos. Este problema, obviamente, no surge con un gobierno de izquierda, se viene arrastrando desde el fin de la dictadura. Desde entonces, la estrategia que predominó desde el Estado -y cuando digo el Estado me refiero a los tres poderes- fue siempre la de dilatar el tema, dejarlo de lado, confundir, nunca se intentó abordar un tema tan complejo como el de los crímenes de lesa humanidad. Siempre se pateó para adelante.

¿Cree que es la razón por la que la norma fue apoyada en dos plebiscitos?

Esa estrategia y su discurso sostenido durante tantos años han dejado su efecto. Muchas veces se hace mención de la existencia de odios, rencores, y la verdad es que no es la situación existente. Pero, creo que con todo lo negativo que tuvo este último proceso de discusión en el Congreso, de todas maneras, lo que no se ha escuchado es una defensa férrea al mantenimiento de la Ley de Caducidad. O, por lo menos, quienes la defienden actualmente son una minoría.

Entonces, ¿cuál es el escenario que se abre ahora? ¿Qué camino se debería tomar?

Habrá que ver las diferentes alternativas legales que se barajan para quitar del ordenamiento jurídico a la Ley de Caducidad. Hay varias, y cada una tiene su complejidad. El panorama, por el momento, es confuso. También hay cuestiones por resolver, como el peligro de prescripción en noviembre próximo. No hay solución jurídica perfecta y no soy una jurista como para revelarla. Pero la cuestión de fondo es que se deben eliminar los obstáculos para la investigación de los crímenes de la última dictadura. Lo concreto, y lo más importante, es que el Estado debe actuar en consecuencia con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad por parte de la Suprema Corte de Justicia y debe atender el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dejó en claro que la ley debe ser declarada nula para que las víctimas puedan obtener justicia. Si bien ese fallo fue para mi caso concreto, por supuesto se hace extensivo al resto. Queda claro, entonces, que esta ley no es ni legítima ni ilegítima porque haya sido puesta o no a consideración popular.

Figura también la posibilidad de convocar a un nuevo referéndum. ¿Qué opina?
Bueno, creo que sería un disparate. Significaría asumir que no aprendimos absolutamente nada. Me parece que es inviable una nueva consulta. Además, ya hemos tenido el pronunciamiento de la justicia, que subrayó que no corresponde que derechos fundamentales se traten y sean sometidos a consulta popular.

En 2008, Mujica decidió apoyar la recolección de firmas para plebiscitar la anulación de la ley. Sin embargo, durante la campaña electoral se lo criticó por no hacer referencia a la consulta.

Sí. Por mi parte, cuando tomé conocimiento de que iba a haber un plebiscito y vi sus objetivos, participé en su difusión. Es decir, me involucré en el proyecto para poder reformar la Constitución y, de ese modo, permitir la anulación. Lo hice desde mi lugar de familiar y afectada directamente. Ahora bien, la anulación de la Ley de Caducidad está dentro del programa del gobierno del Frente Amplio, la coalición tiene este tema dentro de sus principios y fue uno de los temas que más defendió. Pero hubo una gran omisión de la cuestión durante la campaña. No sé si esto ocasionó el fracaso de la iniciativa porque, en realidad, respondió a varios motivos. Pero, más allá de todo, estos temas realmente llevan mucho tiempo de tratar. Y obviamente con las políticas de ocultamiento y trabas históricas no se ha podido dar de la mejor manera.

Al respecto, ¿qué diferencias observa con lo que ocurre en la Argentina?

A veces es inevitable hacer la comparación, más en mi caso. Creo que son muy importantes las sentencias que se están dictando en la Argentina. Es muy satisfactorio el proceso. La gran diferencia con el caso uruguayo está en la voluntad política que hay en la Argentina desde el Gobierno y ese mensaje llega al conjunto de la sociedad. Esto no es algo menor, al contrario, es fundamental, aquí nunca se dio esa situación. Si bien obviamente el gobierno de Tabaré Vázquez asumió un rol más activo que el actual en estos temas, tampoco fue suficiente.

 

La historia de Macarena
Macarena Gelman recuperó su identidad en 2000. Hasta entonces, era una estudiante de bioquímica y se consideraba apolítica. Nunca había sospechado el hecho de que podía pertenecer a otra familia. Mucho menos imaginó la historia que se cernía detrás de ella, el horror de la desaparición y la tortura, o la campaña internacional que su abuelo, Juan Gelman, encabezaba desde hacía años para encontrarla.
“Desde que me enteré de todo, lo que ha predominado es el respeto hacia mi persona por parte de mi familia. Creo que eso fue fundamental, muy importante. Traté de no sentirme presionada. El acercamiento hacia mis familiares se fue dando con la mayor naturalidad posible”, subraya la joven.
En 1976, el hijo del poeta, Marcelo Gelman (de veinte años) y su mujer María Claudia García Iruretagoyena (19), embarazada de seis meses, fueron secuestrados en Buenos Aires. Gelman hijo fue asesinado y, en 1989, se hallaron sus restos. La mamá de Macarena fue trasladada clandestinamente a Uruguay donde dio a luz y aún continúa desaparecida. La recién nacida fue entregada a un ex policía, a comienzos de 1977.  “Los amigos de mis padres tuvieron un papel muy importante en la reconstrucción de la historia de ambos, porque, por la edad que tenían ellos cuando desaparecieron, pasaban más tiempo con los amigos que con la familia. Lo que me han aportado es muchísimo y me sentí realmente acompañada.” Respecto de la relación con su abuelo, Macarena afirma que ambos mantienen una relación de “mucho afecto y respeto”, pese a las distancias físicas que los separan, ya que ella vive en Uruguay y el escritor en México.De esta forma, esta autodefinida como “mitad argentina, mitad uruguaya”, de 34 años, admite que, en estos momentos, está prácticamente dedicada a la pelea por intentar destrabar los obstáculos que impiden el juzgamiento de los represores en Uruguay.

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