MANIFESTACIONES. Nuevo protocolo pretende que si hay baleados y/o estropeados, no haya fotos ni videos
Escucho a Daniel Tognetti en Radio del Plata, él, Tuni Kollmann y una colega cuyo nombre ahora se me escapa hablan del protocolo aprobado por la mayoría de los ministros de Seguridad de las provincias reunidos en Bariloche a instancias de la ministra Patricia Bullrich. Entre sus disposiciones está la de atribuirle al jefe de las fuerzas de seguridad de los cortes de rutas la potestad de darle 5 (cinco) minutos a los manifestantes para despejarlas antes de reprimirlos, recomendándose que en este caso lo hagan con armas no letales y, también, la de disponer en que lugar han de ponerse los periodistas y reporteros gráficos. No necesito esperar los pronunciamientos de Argra, el Sipreba y la Fatpren para manifestar que esta disposición es una declaración de guerra al periodismo. Ningún colega que tenga un poco de aprecio por su oficio se subordinara a los dictámenes de un comisario, prefecto o comandante de Gendarmería como un jugador de fútbol a los del árbitro que dispone el lugar donde han de formar la barrera con su aerosol. Es transparente el propósito gubernamental de dificultar que el público vea como se balean rutinariamente por la espalda a hombres, ancianos, mujeres y niños, tal como ha sucedido en los últimos tiempos con los trabajadores de Cresta Roja, los municipales de La Plata y la murga de la villa de San Lorenzo. De impedir que si hubiera un nuevo caso Kostecki-Santillán no haya fotos que revelen que se trató de un fusilamiento a quemarropa, que Clarín pueda seguir titulando «La crisis causó nuevas muertes».
(Independientemente de todo esto, el bloqueo de puentes y rutas es una metodología bastante agotada, ya que en lugar de concitar simpatías, que es lo que se necesita, concita la rabia de los inmovilizados. Considero que hay que ir a la raíz, esto es, por ejemplo, a los responsables primarios de la absolutamente injusta detención-secuestro de Milagros Sala. Estoy seguro de que el gobernador Morales, los jueces y camaristas que la matienen presa tienen departamentos y fincas no solo en Jujuy, sino también en Buenos Aires. Propongo escracharlos)
Si macrilandia pone en funcionamiento este protocolo, habrá que pensar SERIAMENTE, todas las organizaciones y colectivos como enfrentar esta cuestión. Deja en manos de la cana la disponibilidad en el intercambio de los cortes. No hay mediación. Sólo la relación con las fuerzas de seguridad DESATADAS a su gusto. Guarda con esto!!
¿Nos amedrentarán?; ¿retrocederemos?, ¿cuál es la envergadura de organización para enfrentar esta vulneración??