POR FIRMANTES DE LA RED UNIVERSITARIA POR PALESTINA / PÚBLICO

Kenneth Roth, antiguo director de Human RightsWatch, escribía hace poco en The Guardian que, hasta muy recientemente, el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) y otros grandes tribunales internacionales abordaban la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania predominantemente desde la perspectiva del derecho internacional humanitario (ius in bello), intentando evitar o al menos reducir la violencia ilegal durante su desarrollo: provocación de hambrunas y enfermedades, bombardeo a civiles, escuelas y hospitales, apropiación de tierras, recursos naturales y viviendas, incumplimiento de obligaciones de la potencia ocupante hacia la población ocupada, expulsión de la población, genocidio.

Si bien ya habían identificado en múltiples ocasiones crímenes de guerra y contra la humanidad, estos tribunales no habían examinado hasta ahora la legalidad de la ocupación misma. A eso se ha dedicado ahora el TIJ, esta vez desde la óptica del derecho internacional (ius ad bellum) que distingue cuándo una guerra puede ser o no legal —por ejemplo, en los casos de la resistencia al invasor y de la defensa propia. En su opinión consultiva del pasado 19 de julio, el tribunal dictaminó que, desde el derecho internacional, la ocupación de territorios palestinos por Israel es ilegal.

Estado delincuente

Se ha reconocido, concluye Roth, que tanto el derecho internacional humanitario como el derecho internacional han sido violados. Esto quiere decir, añadimos, que las acciones desarrolladas durante las llamadas «guerras» son ilegales, pero es que iniciar esas «guerras» ya fue ilegal en sí mismo. De ahí que se hable de Israel como roguestate o Estado delincuente. No se trata, además, de «guerras», sino de una ocupación llevada a cabo por un Estado expansionista de acuerdo con el proyecto del sionismo y, hasta hoy, impune. La impunidad, que dura decenios, es una mancha moral que la ciudadanía mundial va percibiendo cada día más. La Relatora Especial de la ONU está solicitando la suspensión de Israel como miembro de la Asamblea General.

La opinión consultiva del TIJ confirma que Israel lleva a cabo una política ilegal de ocupación de territorios palestinos que viola el derecho fundamental a la autodeterminación, la prohibición de la segregación racial y del apartheid y la prohibición de anexión de territorios por la fuerza. Dictamina por tanto que Israel debe abandonar cuanto antes los territorios ocupados y proporcionar reparaciones a las poblaciones damnificadas.

El Sur, por la plena aplicación del derecho internacional

Poco después, el pasado 13 de septiembre, la Asamblea General de Naciones Unidas avanzó en la misma dirección y ordenó que Israel se retirase de las zonas ocupadas en el plazo de un año: la ocupación israelí es una anexión por la fuerza, una agresión. Con esta votación histórica, la Asamblea General se ha decantado —con una mayoría de 124 votos que incluye a España— por aplicar a Israel el derecho internacional de manera consistente. La mayoría se produce gracias sobre todo a los votos del llamado Sur Global, que protagoniza sin duda la defensa del derecho internacional.

Los 14 votos negativos corresponden, entre otros, a Israel, EEUU, Hungría y Argentina, mientras que las 43 abstenciones provienen de Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia, Suiza y Holanda entre otros. Estos resultados son reflejo de los intereses, en última instancia económicos, perseguidos por quienes se oponen al derecho internacional —e incluso se permiten ignorarlo— desde hace decenios. Cabe destacar que la falta de consenso en el voto de los países de la UE pone de manifiesto la poca relevancia de esta y, sobre todo, que su pregonada defensa de los valores democráticos y el derecho es, cuando menos, incoherente —recordemos Ucrania— si no imaginaria.

Ambos posicionamientos, el del TIJ y el de la Asamblea General de la ONU, subrayan que todos los Estados están obligados a no reconocer la situación ilegal de ocupación, a no contribuir, sea de manera directa o indirecta, a su mantenimiento, y a cooperar con la debida diligencia con la ONU y el derecho internacional para ponerle fin y asegurar los derechos a la autodeterminación e integridad territorial palestinos.

Obligatorio e imperativo

Es más, los Estados no sólo deben cumplir sino también asegurarse de hacer cumplir la opinión consultiva. Esta exigencia no es un acto de caridad voluntario; es imperativa, no sólo hacia Palestina sino para con toda la comunidad internacional en su conjunto (una obligación erga omnes, «hacia todos»).

Personas expertas independientes nombradas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU explican que los Estados, para asegurarse de que cumplen las decisiones del TIJ y de la Asamblea General de la ONU, deben ahora revisar sus vínculos diplomáticos, políticos y económicos con Israel, incluyendo las relaciones de negocios, finanzas, fondos de pensiones, ONGs y relaciones académicas que puedan tener algún vínculo con los territorios ocupados.

En la práctica es difícil ver la diferencia entre establecer relaciones con entidades de Israel y tenerlas con entidades del territorio palestino que ilegalmente ocupa, puesto que el Estado israelí ha integrado de facto a estas últimas en su propia economía y aplica en los territorios ocupados leyes israelíes. Además, ni siquiera los estados europeos ni la propia UE diferencian, o lo hacen sólo en parte, entre ambas entidades, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU estableció esta diferenciación ya en 2016 en su Resolución 2334.

Respaldo al movimiento BDS

En este contexto, como señala el otrora alto funcionario de Derechos Humanos de la ONU Craig Mokhiber en The Guardian, la última opinión consultiva del TIJ eleva a obligación legal internacional las posiciones que mantiene el movimiento no violento y antirracista BDS desde su fundación en 2005: Boicot, Desinversión y Sanción.

Las obligaciones derivadas de la opinión consultiva del TIJ implican a todos los niveles de la administración y, por tanto, también a las universidades. Como administración que dispone de autonomía y parte de un Estado que suscribe el derecho internacional, la universidad española tiene que alinearse expresamente con este. A partir de ahora tiene la responsabilidad de enmarcar todas sus actividades y relaciones dentro de la obligación primera de no cooperar con la violación del derecho internacional y, además, de impedirla activamente.

Dicho de otro modo:

Debe interrumpir toda colaboración con universidades, entidades y empresas que faciliten, toleren o se beneficien de la ocupación. Con este fin habría que incluir la llamada «cláusula del elemento esencial«, cuyo propósito es asegurar el cumplimiento de la legalidad internacional en el código ético de investigación y en todas las relaciones académicas y económicas con universidades, entidades y empresas. Ya no es posible la inacción.

Lo anterior tiene dos consecuencias: primero, las universidades son responsables de pedir información a las empresas con las que colaboran, incluyendo las entidades financieras, habida cuenta de que, como publicó en su día El País, entre los 10 bancos europeos que más financian a las compañías en los territorios ocupados figuran los dos bancos españoles más grandes, Santander y BBVA, que también financian a empresas fabricantes de armas que Israel está utilizando en su actuales agresiones, según el reciente informe del Centre Delàs.

Segundo, la misma obligación de revisión afecta a aquellos proyectos de investigación financiados por la UE en los que se colabora con universidades israelíes, trátese de los «Horizonte» o los del llamado Fondo Europeo de Defensa. Estas convocatorias europeas ya incluyen la cláusula esencial sobre el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos pero, en el colmo de la hipocresía, muchas universidades no la aplican y permiten consorcios de investigación con entidades israelíes.

Algunas universidades europeas, dudando de la ética y la legalidad de este comportamiento, han reclamado a la Comisión Europea que imponga la aplicación efectiva de sus propias normas. Algunas, incluidas unas —pocas — españolas, aplican de manera interna la cláusula esencial. Mientras tanto, el comisario alemán Christian Ehler, coordinador en el Parlamento Europeo de Industria, Investigación y Energía y miembro del Grupo Popular, tilda estas reclamaciones de «antisemitas».

Todo lo anterior nos lleva a cuestionar esa costumbre de no vincular la financiación de educación e investigación a la obligación ética —también legal a partir de ahora— de contribuir con todos los medios disponibles a poner fin a la ocupación de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza.

La universidad ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Lo hará? Tras meses de trabajo coordinado en 46 de las 50 universidades públicas del Estado español, la Red Universitaria por Palestina dedicará a estas cuestiones su primer encuentro estatal, organizado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona los próximos 28 y 29 de noviembre de 2024. El programa y la forma de inscripción pueden consultarse en https://www.redxpalestina.org/menú-ruxp/jornadas-ruxp).

*Firman en representación de la Red Universitaria por Palestina (RUxP):  Pamela Stoll (Univ.d’Alacant, autora principal), Joaquín Urías (Univ. de Sevilla), Manuel Delgado (catedr. Univ. de Barcelona), Teresa Jurado (catedr. UNED), Juan Escribano (catedr. Univ. de Córdoba), Julia María Carabaza (catedr. Univ. de Granada), Adela Muñoz (catedr. Univ. de Sevilla), Alfonso Gutiérrez (catedr. Univ. de Valladolid), Olga Cantó (catedr. Univ. de Alcalá), Inés Monteira(catedr. UNED), José Manuel Quesada (catedr. Univ. de Sevilla), Eva Aladro (catedr. Univ. Complutense), María José Lera (Univ. de Sevilla), Nadia Hindi (Univ. de Granada), José Antonio Gómez (Univ. de Murcia), Cristina García (Univ.d’Alacant),José García Lomas (Univ. de Valladolid),Ignacio Mendiola (UPV-EHU), David Peñafuerte (Univ. de Jaén), Inmaculada Álvarez (Univ. Complutense), Enrique Javier Díez (Univ. de León), María Dolores Vázquez (Univ. de Santiago de Compostela), Rosario Leñero (Univ. de Huelva), Auxiliadora Durán (Univ. de Málaga), Leonor Sáez (Univ. de Murcia), Ángeles Diez (Univ. Complutense), Sara García Cuesta (Univ. de Valladolid), Javier Barreda (Univ.d’Alacant), Mar Rodríguez (Univ. da Coruña), Daniel Jiménez (Univ. de Zaragoza), Laia Haurie (Univ. Politécnica de Catalunya), Javier Esteban (Univ. Miguel Hernández), Jordi Moreras (Univ. Rovira i Virgili), Rafael Grande (Univ. de Málaga), Guillermo Muñoz (Univ. de València), Mercedes Martín (Univ. Complutense), Laura Feliu (Univ. Autònoma de Barcelona), Israel Morales (Univ. d’Alacant), Margarita Asensio (Univ. de Almería), Feliciano Castaño (Univ. Oberta de Catalunya), Juana Moreno (Univ. De Cádiz).