EMBAJADA DE ISRAEL / 1. Bisordi y Fayt se dieron cuenta de cual era la treta

La hipocresía de la ceremonia de conmemoración del bombazo que destruyó la Embajada de Israel en 1992, hace 24 años, me resulta insoportable. Identificar y detener a los autores de la voladura y asesinos de veintidós personas hubiera sido muy fácil si no hubieran metido la cola los servicios secretos de Israel, Argentina y los Estados Unidos. Transcribiré en cuatro entregas sucesivas un capítulo de mi libro “Caso Nisman: Secretos inconfesables”. Como verán, cualquiera, hasta el más distraído, puede colegir cómo se puso la bomba. Descubrirlo, se me antoja, es más fácil no digo que la tabla del dos, pero sí que la del tres. JS

La Treta 

Facho Bisordi, un papel inesperado.

Veintiocho meses antes que lo de la AMIA, una bomba demolió la Embajada de Israel, en la calle Arroyo 910-16. El embajador Isaac Shafi, que se había ido a su casa una hora y cuarto antes calculó a ojo que deberían haber muerto más de cuarenta personas. El número iría disminuyendo con el correr de las horas hasta fijarse en 29 muertos, cifra que todavía suele darse hoy. A ojos vista –la fachada se había derrumbado sobre la calle– la sede diplomática parecía haber sufrido una explosión interna, lo que lo medios llamaron inapropiadamente “implosión”, pero el embajador, aleccionado por el jefe de seguridad de la Embajada –que a la hora del atentado se encontraba con la mayoría de sus hombres en el Hotel Sheraton– lanzaron las campanas al vuelo esa misma tarde: se había tratado del ataque de un vehículo-bomba, aseguraron sin decir por qué, casi al mismo tiempo que los Bomberos de la Policía Federal comenzaron a aportar algunas piezas de vehículos que aunque no quedaba claro cómo y dónde las habían encontrado -ya que no se habían confeccionado la preceptivas actas con testigos ajenos a la repartición–, rápidamente pudo establecerse que habían integrado un móvil de la marca Ford, aunque no estaba claro si se había tratado de un Falcon, un Fairlane –como dijo primeramente un dubitativo ministro (del Interior, José Luis) Manzano, o ambos modelos, hasta que por fin los propios bomberos, gracias al hallazgo diríase que casi milagroso del block del motor, revelaron que se trataba de una camioneta F-100.

Como se trataba formalmente de un territorio extranjero, la causa quedó automáticamente a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por el anciano Ricardo Levene (h), quien encargó de las diligencias sobre el terreno a la Gendarmería Nacional y la investigación propiamente dicha al secretario Alfredo Bisordi. Con el correr de los días, las víctimas mortales fueron reduciéndose hasta 22, de los que sólo 4 tenían la nacionalidad israelí, siendo las demás argentinas, bolivianas, y también hubo un paraguayo, un uruguayo y un italiano.

Israel no dejó que la Corte, no digamos ya que ordenara la autopsia de los cadáveres de sus nacionales, sino siquiera que los fotografiaran, evacuándolos rápidamente rumbo a su país, como quien dice “en valija diplomática”.

Al inagurar formalmente las sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2015, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le reprochó ácidamente a Israel (y, de rebote, a los dirigentes de la kehilá) su absoluta inacción en esta causa a la par que vertían lágrimas de cocodrilo, quejándose por el empantanamiento de la misma. En esta ocasión, CFK cifró la cantidad de muertos nuevamente en 29. No es de extrañar, porque lo mismo hicieron medios sionistas (Itongadol/AJN) al convocar a los actos de conmemoración del 23º aniversario del bombazo: “El próximo martes 17 de marzo será el 23er aniversario del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina (foto), en el cual murieron 29 personas -solo 22 de ellas fueron identificadas- y más de 200 resultaron heridas…”.

¿Qué puede esperarse de la investigación de un acto terrorista que ni siquiera pudo establecer una mínima certeza acerca de cuantas personas murieron?

El hecho de que hayan muerto sólo cuatro israelíes, y ninguno con un cargo relevante, no deja de sorprender. La bomba explotó el martes 17 de marzo de 1992 a eso de las 14:46 y esa mañana el coqueto petit hotel que servía de sede legación diplomática estaba repleto de gentes bulliciosas.

Aquel martes era un hermoso día de fines de verano. Hacía cinco días que la embajada de Gran Bretaña había hecho pública la presencia en Argentina del traficante sirio Monzer Al Kassar, entonces el hombre más requerido por Interpol en todo el planeta, quien, sintiéndose en casa, igualmente ofreció esa noche luctuosa una festiva recepción a sus amigos en el piso que tenía en la Avenida del Libertador.

La presencia de Al Kassar había hecho recrudecer las presiones de la Embajada de los Estados Unidos sobre el gobierno argentino por las condiciones de seguridad (es decir, por el control) del aeropuerto de Ezeiza, que estaba en manos del todavía muy misterioso Alfredo Yabrán, conocido como “El Amarillo” por el color distintivo de la única empresa que reconocía como propia, OCASA.

De todas las crónicas de aquel día, hubo una sobresaliente, hecha por José Antonio Díaz y publicada en las dos últimas dos páginas del número especial de la revista Gente aparecido el jueves 19 de marzo, dedicado enteramente al atentado. Llevó el título de “¿Qué pasó?

¿Por qué? ¿Quién fue?” y la siguiente bajada:”De los peritos policiales: ‘El cráter de la explosión está dentro de la embajada’. Lo que dijo el presidente Menem. Las hipótesis de la CIA. El misteriosos almuerzo con tres enviados israelíes. Las tesis contradictorias.”.

Arrancó así: “ltzhak Shefi se apresuró en afirmar la teoría del coche bomba, apenas una hora y media después del atentado… Eran aproximadamente las 16 y 10”. Díaz dijo que el ministro José Luis Manzano y el jefe de la Policía Federal, Jorge Luis Passero, miraban a Shefi con estupor, asombrados por “esta casi instantánea versión”. No era para menos, Passero acababa de decirle a los periodistas, que de acuerdo a lo que le había informado el jefe de los bomberos, la explosíon se había producido en el interior de la embajada. Y Manzano, como se verá, ya había ordenado que se identificara y detuviera a quienes esa mañana habían ingresado materiales de construcción al edificio.

Díaz lo narró así: “El cráter causado por la explosión estaba en el interior de la embajada, a unos metros de la acera. Presuntamente, el efecto expansivo de un coche-bomba hecho detonar frente a la casa no podría a ‘agujerear’ de tal modo el interior de la sede.

“Shefi había sido alertado, según él, por el personal de la propia representación diplomática. Se retiró a la una y media de la tarde anunciando que no regresaría. Ni siquiera para participar en los postres de un almuerzo… ofrecido… a tres enviados importantes vinculados al conflicto palestino-israelí (que) abandonaron el edificio de la embajada cerca de las 14 y 30. Unos quince minutos antes del feroz estallido”, siguió narrando.

“Junto con las hipótesis de un estallido interno, mediante una filtración en el sistema de seguridad de la embajada de Israel en Buenos Aires, y la del coche-bomba, una tercera fue lanzada por hombres de inteligencia de la Policía Federal que intentaban demostrar que nada se sabrá sobre los autores y móviles del atentado: “Los autores son conocidos, y si se quiere los pueden capturar. Son argentinos, nazis, vinculados a una campaña internacional de atentados terroristas, bajo las órdenes del extranjero: cobraron 250 mil dólares…”, continuó escribiendo febrilmente contrarreloj Díaz.

Versiones

Desde un primer momento hubo quienes echaron a rodar versiones maliciosas, como que lo que había estallado había sido un arsenal que se guardaba en los sótanos del edificio e incluso, por más descabellado que parezca, la cabeza de uno de los misiles Cóndor II desactivados bajo intensa presión de los Estados Unidos e Israel. “Dadme una pizca de jabón y os haré una montaña de espuma”, parece ser el principio rector de los fabricantes de bulos. En este caso la pizca de jabón es que no cabe duda de que en la Embajada se negociaba todo tipo de venta de armamentos. Sin ir más lejos, la misma mañana del 17-M el general israelí Jehuda Duvdevani recibió en su despacho de la sede diplomática al comisario general (R) Jorge Silvio Adeodato Colotto para cerrar una operación. Colotto había sido el segundo del asesinado (en 1975) comisario general Alberto Villar, simultáneamente jefe de la Policía Federal y de escuadras nocturnas de sicarios de la Triple A (la llamada Alianza Anticomunista Argentina que mató a cerca de mil opositores antes del golpe cívico-militar-eclesiástico de marzo de 1976) y fue luego amigo y socio del ex almirante Emilio Eduardo Massera en sus negocios de armas. (1)

No sólo Colotto, también Dudvevani se fue oportunamente de la sede diplomática al mediodía, con lo que salvó la vida.

Tres meses más tarde, el subjefe del Estado Mayor del Ejército, general Mario Cándido Díaz, prendería en la pechera del uniforme de Dudvevani la Orden de Mayo, la más alta condecoración que otorga el Ejército argentino a extranjeros.

En primera persona: Bisordi

Cuando en 2002 murió quien había sido hasta 1995 el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Levene (h), Clarín recordó que “Las críticas de la comunidad judía por la falta de resultados en la investigación sobre el atentado contra la Embajada de Israel, que estaba a su cargo, precipitaron su salida del tribunal”.

Levene había dejado la investigación del atentado en manos del secretario penal de la Corte, Alfredo Bisordi, un confeso partidario de la dictadura en general y del general Jorge Rafael Videla en particular, quien en 1987 se había prestado a secundar al fiscal Juan Martín “El Potro” Romero Victorica en un intento de persecución judicial a quien escribe. ¿El motivo? Que había puesto en evidencia que Romero Victorica había utilizado cartas supuestamente escritas por un detenido-desaparecido (que obviamente no podía desmentir su autenticidad) y en realidad pergeñadas por el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) para incriminar a un sobreviviente de la ESMA, Alberto Eduardo “Mateo” Girondo.

Con el concurso del juez Carlos Luft, Romero Victorica y Bisordi pretendían nada menos que vincularme… con el secuestro de los hermanos Born.

Viene a cuento esta digresión para dejar sentado que no tengo ningún punto de contacto con la ideología de Bisordi. No obstante y a pesar de su talante reaccionario, Bisordi, justo es decir, también tenía la reputación de ser incorruptible.

El 5 de marzo de 2002, Bisordi declaró ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación y cuatro días después la revista Noticias publicó una entrevista que probablemente hubiera dado ese mismo día.

Bisordi dejó la investigación del atentado el 22 de diciembre de 1992, cuando lo ascendieron a miembro de la Cámara Nacional de Casación Penal, quitándolo del medio. Antes había tenido una serie de encontronazos con la Policía Federal (y en menor medida, con la SIDE) y había sufrido una intensa campaña de Clarín y sus aliados pidiendo su remoción.

A Noticias, Bisordi le recordó tanto las maratónicas reuniones entre Levene, los ministros del Interior, José Luis Manzano, y de Justicia, León Arslanian, con el secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, y como a todos les quemaba la investigación (“Levene se reunía con ellos y después venía y me decía como debía ‘proyectar los escritos”), así como que desde abril lo habían entornado nombrándole dos colaboradores de turbios antecedentes: “Vinieron a colaborar con la investigación los doctores (Diego Ignacio) Richards y (Esteban) Canevari porque habían tenido un incidente con la doctora (María Romilda) Servini de Cubría, que los había echado de su juzgado”.

Ante los diputados, Bisordi recordó que “intervino la comisaría 15ª a cargo del comisario (Alberto) Meni Battaglia, quien me dijo que le había llamado la atención la presencia de un boina verde (comandos especiales de la US Army) de la Embajada de los Estados Unidos que le había ido a decir que en función de su experiencia en Medio Oriente estimaba que la explosión había sido adentro. Más tarde el comisario desmintió esos dichos, pero yo puedo carearme con él porque eso me lo dijo en la cara”.

El comisario Meni Battaglia recién sería citado a declarar por la Corte ¡en 1996! Al igual que los oficiales de la comisaría 15ª que habrían sido los primeros en llegar al lugar de la tragedia, Leopoldo Oyhambure y Guillermo Seartscini.

Bisordi también le dijo al semanario que además de boinas verdes (asi, en plural, lo escribió su entrevistador) también había habido marines entre quienes ayudaron a rescatar a los heridos, pero que nunca se los pudo identificar.

“Tomé contacto con las autoridades de la seccional policial y éstas me dijeron que el ministro del Interior, el doctor Manzano, había ordenado la detención de todas las personas vinculadas con la entrega de material de construcción (unos 90 m2 de cerámica, varios mingitorios y otros) en la sede diplomática (porque) tenía interés en saber si con los materiales habían ingresado los explosivos”. Estas directivas de Manzano iban a ser prontamente contrarrestadas cuando “a las 21.30 se hizo presente en la comisaría el jefe de seguridad de la Embajada, quien dijo llamarse Roni Gorni”. Bisordi le dijo a la revista que Gorni se negó a declarar, al igual que el restante personal sobreviviente de la embajada, alegando que gozaba de inmunidad diplomática (lo que para la mayoría de sus subordinados no era cierto).

El secretario de la Corte puntualizó frente a los diputados que en las listas de diplomáticos israelíes acreditados en el Ministerio de Relaciones Exteriores no figuraba prácticamente ninguna de las personas que realmente trabajaban en la Embajada. También les dijo que Roni Gorni “demostraba tener muy fluido contacto con las autoridades de la comisaría” y que fue él quien introdujo la teoría de que el atentado no debía ser investigado por el lado del ingreso de los materiales, sino por la hipótesis de la existencia de un coche-bomba. A partir de entonces, recordó, esa hipótesis también empezó a ser tenida en cuenta e investigada.

Uno de los que cambió de posición fue el ministro Manzano, que antes de que acabase aquel martes terrible dijo: “Apareció el cráter dejado por el coche-bomba en la calle, frente a la puerta de la Embajada”. Antes que él, ya lo dijimos, el embajador Shefi había proclamado su certeza de que el ataque había sido consumado con un vehículo-bomba.

Bisordi recordó que el secuestro del motor de una camioneta F-100 (de la que pedazos o partes se encontraron diseminados hasta a más de 200 metros del hieco de lo que había sido la Embajada, según los peritajes de la PFA y de la Gendarmería) se produjo en circunstancias que distaron de ser prístinas.

“En ese momento yo me encontraba presente en la comisaría y podía haber sido informado del secuestro de ese motor, cosa que no ocurrió. No existe acta del secuestro, solamente una fotografía dónde aparece el motor cortado a la altura del sexto cilindro, con la numeración completa. Luego hay un acta firmada solamente por los bomberos. Lamentablemente, pudieron haberme convocado para secuestrar el motor, pero no lo hicieron. Ignoro hasta el día de hoy por qué se procedió de esa manera… Por cierto, el vehículo no fue visto por nadie.”

Agregó seguidamente Bisordi que cuando le planteó esta situación a Levene, éste –tras reunirse con Anzorreguy, Manzano y Arslanian– decidió privilegiar la hipótesis de la pickup bomba.

En ese momento, el diputado Enrique Tanoni (PJ) le preguntó: “¿Dentro de la tecnología de seguridad del edificio ¿había algún sistema de grabación de video?”

— Sí, doctor. Ése es otro de los puntos…-, respondió Bisordi.

— ¿Se recuperó ese material?

— Eso se le preguntó expresamente (a la gente de la Embajada, es decir, a Roni Gorni y subordinados) y nos dijeron que lo único que hacían era filmar (sic) pero no grabar. A nosotros nos interesaba sobremanera, porque había cámaras que apuntaban hacia la parte externa… y debían haber grabado la camioneta F-100…

El periodista de Noticias le preguntó a Bisordi si los servicios de inteligencia extranjeros habían hecho algún aporte. “Nada. Ninguna prueba, ninguna pista. Recuerdo que me visitó un grupo del FBI. Uno de ellos me dijo: ‘Doctor, recuerde el asesinato de Kennedy: no me gustaría estar en sus zapatos…’. Lo tomé como una advertencia sobre cómo debía manejarme si aparecía una pista de una intervención militar encubierta de algún servicio de inteligencia internacional.”

Ante la Comisión, Bisordi quiso ilustrar con una anécdota, la índole de sus pleitos con la policía

–Un día llegué de improviso a la comisaría y me dijeron: ‘El comisario está tomándole declaración a un testigo clave”.

–Qué lástima que no me han avisado… Bueno, lléveme adonde está declarando– le dije al oficial.

El testigo estaba declarando que era taxista y que y que había llevado a unos pakistaníes desde la avenida Córdoba a un departamento de Boedo.

Le pregunté:

— ¿Cómo se llama usted?

— Israel Man.

— No me joda.

— ¿Por qué, doctor?

— ¿Así que se llama usted “el hombre de Israel” y es taxista? ¿En que guerra participó?

Se puso muy nervioso y me reconoció:

— Fui coronel en la Guerra de los Seis días.

Entonces yo le dije al comisario (Meni Battaglia):

— Mire comisario, yo esta clase de porquerías no las quiero.

Bisordi siguió explicando: “Ese señor ni era taxista ni había visto nada. Esta es una anécdota que muestra por qué en este asunto me he tenido que comer muchos injustos garrones; se dijo que no se hizo nada, se me acusó de nazi, etc.”.

Israel Man no estuvo solo. En mi libro “AMIA, El Atentado. Quienes son los autores y por qué no están presos” (Planeta, 1997) me referí a la falsa pista de los pakistaníes. Un taxista, julio Alberto Gallardo, había acudido al aeropuerto de Ezeiza para denunciar a dos “extranjeros con características similares a los naturales del Medio Oriente”. Dijo que el 25 de febrero los había llevado hasta el edificio de la calle Bulnes 260 y agregó que estaba seguro de que iban al departamento del segundo piso “A” porque los morochos, que no hablaban una palabra en castellano, le habían dado un papel con la indicación de la calle, el número y dónde también constaba el departamento. ¡Curiosos terroristas los que dejan su destino por escrito!

Gallardo, ya que estaba en la faena de denunciar, y viendo en las oficinas de la Policía Aeronáutica afiches de “buscados” con los retratos de los alemanes Andrea Martina Klump y Thomas Simon, dos miembros de la Fracción del Ejército Rojo (RAF), dijo también haber llevado a éstos hasta el centro de la ciudad. ¡Su taxi era como un imán para los terroristas!

Los pakistaníes fueron detenidos. Pero, como era de prever, esa pista no llevó a nada.

Por cierto, después del atentado a la AMIA, también los servicios secretos de Israel sembrarían pistas falsas, cortinas de humo para evitar que se pudiera establecer quiénes y cómo habían volado la mutual. En “El tercer atentado” (Sudamericana, 1996) Walter Goobar sugirió que el Mossad sabía perfectamente quienes habían sido: lo habrían averiguado luego de que el Mossad secuestrara, interrogara y al parecer ejecutara a “un ex alto oficial de la Brigada de Explosivos” de la policía de Córdoba apodado “El Loco de la bomba”, quién se habría perfeccionado en el oficio en un curso del Ejército de los Estados Unidos. Resultó obvio, como el mismo Goobar habría de reconocer, que su fuente eran los propios servicios secretos israelíes.

“Bisordi dice que hubo muchas desinteligencias con la Policía Federal y la SIDE”, copeteó Noticias antes de concederle la palabra: “Cuando secuestraron el motor de la camioneta F-100 lo hicieron sin acta de secuestro y con testigos de la misma policía. Yo les daba órdenes y ellos no las cumplían. De más está decir que ningún testigo vio esa supuesta camioneta. Pero, claro, había que seguir la pista que querían los funcionarios de la Embajada de Israel”, desgranó Bisordi.

Y ante los diputados, remató: “Los problemas que tuve con la policía están en los diarios… Toda esta campaña aparecía en el diario Clarín, no sé por qué pero siempre aparecía en el Clarín. Decían que había que echarme, pedir mi sustitución como secretario”.

El continuador

FaytCarlos S. Fayt fue el miembro de la Corte Suprema más veterano y al mismo tiempo el más anciano que la haya integrado (fue ministro desde 1983 y tiene 98 años) y se encargó de la investigación del atentado desde la jubilación del presidente Ricardo Levene (h) en 1993, hasta el informe de 1999, un informe prácticamente final, en el que la Corte se doblegó a las dictados de la SIDE y de los servicios extranjeros de los que ésta hacía de franquicia, particularmente de la CIA y el Mossad, pero también del FBI (que repartía sus preferencia con la PFA) y en una simple acordada (que no en un fallo) atribuyó el ataque a una supuesta camioneta bomba tripulada por un miembro de una fantasmagórica “Yihad Islámica” que porque así loo decía un informe de la CIA, identificó con el Hezbolá libanés. Sin embargo, La Corte se resistió a acusar de instigación a la República Islámica de Irán.

Nada dijo tampoco acerca de que el supuesto comunicado de la “Yihad Islámica” difundido por un pequeño medio de Beirut había aseverado que en el ataque había muerto un kamikaze argentino convertido al Islam. Ni de que Hezbolá nunca había actuado fuera de Medio Oriente, ni reivindicado aquel nombre.

Desde entonces, nadie sabe que hizo el secretario especial nombrado por la Corte para proseguir las investigaciones, Esteban Canevari (que se sepa, nada), ni que revisión de la causa hizo otro secretario, José Luis Mandalunis, que en agosto de 2010 pasó a desempeñarse como secretario en Asuntos Penales, Contravencionales y de Faltas del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Misterio.

Consultado Mandalunis, respondió que “el informe que realicé para la Corte lo elevé a principios del 2006 a cada uno de los siete jueces que integraban el Tribunal. Como dejé de trabajar para la Corte en el año 2010 no tengo ningún ejemplar en mi poder pero entiendo que no se trata de un documento secreto y podrías pedirlo. No tengo ninguna información extra que la que dejé documentada en el informe referido y, por esa razón, además del tiempo transcurrido, y por no pertenecer ya a la Corte, no quiero ser entrevistado.”

Fayt llevó el peso de la investigación hasta que, luego de que expertos de que la Academia Nacional de Ingeniería dictaminaran que la explosión se había producido dentro del edificio y que el embajador Isaac Avirán lo acusara insólitamente de “antisemita”, la DAIA y la AMIA presentaron un supuesto testigo de la existencia de un cráter anegado de agua frente al lugar dónde había estado la puerta de la Embajada, contradiciendo a decenas de testigos de que tal cráter, al menos durante la tarde del aciago martes 17 de marzo y todo el miércoles 18, no había existido.

Tras discutir acremente con el arquitecto Mauricio Saúl, un técnico de Obras Sanitarias que muy tardíamente dijo haber acudido de inmediato al lugar de la tragedia, visto el cráter y cortado el flujo de agua que lo anegaba por rotura de un caño maestro, y todo indica que amenazado por la Embajada de Israel y los dirigentes de la DAIA con recusarlo, Fayt, de lejanos origenes socialistas y dispuesto a casi cualquier cosa con tal de no tener que dejar la Corte (pero del que casi nadie sabía que era hijo de mader judía) dio un giro de 180º.

A partir de entonces Fayt escribió todo un libro con el objetivo explícito de reconciliarse con los dirigentes de la colectividad. En el mismo, les recordó que el Congreso Judío Latinoamericano, con el consenso de veinte comunidades judías de la región, le había otorgado un premio por su labor en derechos humanos. Por si quedase alguna duda, Fayt tituló su libro, publicado por la Editorial Universitaria de La Plata a fines de 2001 “Criminalidad del terrorismo Sagrado. El Atentado a la Embajada de Israel en Argentina. Informe a las veinte comunidades judías que autorizaron al Congreso Judío Latinoamericano a conferirme el Premio Derechos Humanos 1983”.

Sin embargo, pillo, Fayt se las ingenió en este texto para dejarles meridianamente claro a quienes lo objetaban y amenazaban que no eran ellos los que le perdonaban la vida, sino él quien se la perdonaba a ellos.

En el prólogo del libro, que lleva el título de “Crítica anticipada de la presente edición”, Jorge Naveiro, director de la Editorial Atlántida (campeona en materia de complicidad con la dictadura) arrancó señalando que “El atentado a la Embajada de Israel en la Argentina sembró y sigue sembrando multitud de preguntas, sospechas, suspicacias., hipótesis, acusaciones de todo tipo” particularmente la de “pasividad y/o inoperancia de la Corte” por lo que resultaba “muy oportuno” que uno de sus miembros presentara “un abundante informe de todo lo actuado por ese organismo”.

¿Con que objetivo? Para dejar claro, explicó Naveiro, que “hemos llegado hasta dónde es posible en este tipo de atentados. En todo el mundo libre (sic) las agencias de inteligencia y los gobiernos confiesan que ante el terrorismo internacional resulta dificilísimo, casi siempre imposible, llegar a esclarecer totalmente la verdad”.

Es decir, dijo que Fayt escribió el libro para justificar que no se haya identificado a los autores materiales del atentado, a todas luces locales.

En su afán de echar la pelota afuera, Naveiro señaló que “las 40 mil fojas que integran la causa no hacen sino demostrar el origen básicamente extremo (sic) del atentado y sus casi seguros (sic) inspiradores”.

Entiendo que el prologuista quiso decir “externo” y que admitió indirectamente que si no se determinó cómo y quienes demolieron el bello petit hotel en el que funcionaban la embajada y el consulado de Israel, menos se pueden tener certezas sobre quienes fueron los instigadores.

Al respecto, Fayt había sido secundado en todo momento por otro ministro de la Corte, Adolfo Vázquez, y ambos tenían cada vez más claro que la explosión había sido interna, y poco a poco iban convenciendo a sus compañeros.

Así lo advirtió el abogado de la DAIA, Rogelio Cichowolski, al presentar a fines de febrero de 1996 su “Segundo informe sobre el estado de las actuaciones judiciales por el atentado contra la Embajada de Israel”, un material inédito hasta la fecha.

“Estamos en condiciones de afirmar que la segunda tesis, la de la ‘implosión’, viene ganando importantes adhesiones, tanto entre los jueces como entre los funcionarios intervinientes en la Corte”, advirtió.

También señaló allí Cichowolsky que “Entre los múltiples hechos pendientes de dilucidación se encuentra el concerniente a la falta de guardia policial en el momento en que tuvo lugar el atentado. Recordemos que ninguno de los dos policías asignados a esa tarea se encontraban presentes en ese momento. No se han aportado a la causa razones fehacientes que permitan justificar esa ausencia, La Policía Federal no ha atendido el requerimiento judicial efectuado para que se acompañe a la causa los sumarios administrativos que sus autoridades manifiestan haber instruido”.

En marzo de 1997, Vazquéz habría dicho en una reunión del cuerpo que estaba claro que la Embajada había sufrido una explosión interna y que no podía descartarse a priori que el atentado no hubiese sido cometido por sectores de los servicios secretos de Israel opuestos a los acuerdos de Paz que estaban fraguándose en Madrid y en virtud de los cuáles el jefe de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, había dejado su exilio y fijado la sede de su protogobierno en la pequeña ciudad cisjordana de Ramalá.

Ya fuera porque había colocados micrófonos en la sala o porque hubo un infidente, los dichos de Vázquez trascendieron, lo que motivo un tremendo revuelo. El embajador Avirán calificó rápidamente a Vázquez y quienes sustentaran su posición de “antisemitas”, hubo protestas de la cancillería israelí y de la DAIA cuyo presidente, Ruben Beraja, se ofreció a declarar, y una intensa campaña de los medios concentrados. Bajo esta presión, la Corte terminó convocando a una reunión de peritos para absolver posiciones y procurar acuerdos entre quienes decían que la explosión se había producido afuera (los peritos de la PFA y de Gendarmería) versus otros como el arquietecto Armando López León –un vecino de la Embajada- que “desde un primer momento señaló que la destrucción de la embajada se debió a un explosivo colocado en su interior”, como dijo Julio Nazareno, que había reemplazado a Levene como presidente de la Corte y prestado oídos a los tres miembros del panel de la Academia de Ingenieria que habían dictaminado como “indubitable” (9.999 posibilidades sobre 10.000) que la explosión había sido interna.

Esta audiencia, convocada como pública, pasaría a ser reservada y, en los hechos, secreta, y a ella, sorprendentemente, no asistirían ni Fayt ni el experto enviado por el gobierno de Israel a las pocas horas del ataque. Cuando un sitio de internet vinculado al neonazi Alejandro Biondini (“Libre opinión”) revelara el 9 de julio de 1997 su desarrollo y la parte sustancial de las 77 fojas que lo reflejaban, ardería Troya. Y Fayt retrocedería en chancletas aunque blandiendo su mejor arma: las sorprendentes cosas que había descubierto.

En primera persona: Fayt

Despejemos pues la hojarasca y vayamos al grano, es decir la segunda parte el libro, el “Informe sobre el atentado a la Embajada de Israel”.

A partir de ahora, y a menos que se indique lo contrario, todas las citas entrecomilladas pertenecen al insigne ministro de la Corte.

Fayt destacó que el edificio “se encontraba en remodelación, lo que originaba un intenso movimiento de personas” y que aquella mañana “se llevó a cabo una importante reunión que contó con la asistencia de numerosas personalidades de la colectividad.”

Efectivamente, esa mañana tuvo lugar en la Embajada una reunión de embajadores israelíes en países suramericanos en la que también participó Víctor Harel (nacido uruguayo y emigrado a Israel a los 18 años) quien había sido estrecho colaborador del primer ministro Isaac Rabin y uno de los voceros de la Conferencia de Paz de Madrid el año anterior.

Destacó luego Fayt las diferencias entre las pericias hechas por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, ya que mientras la primera “sostuvo que la carga había sido de aproximadamente de 55 a 60 kilos de hexógeno (los que los estadounidenses denominan C-4) el Departamento (sic) de Bomberos de la PFA expresó que se trató de 110 kilos de trotyl y pentrita”.

Respecto a la hipótesis de que se habría utilizado un coche-bomba señaló que “el mismo día del atentado personal policial secuestró, en el subsuelo del edificio ubicado en Arroyo 881 (a unos 42 metros de la puerta de la demolida legación diplomática) un block de motor con numeración incompleta… correspondiente a una camioneta Ford F-100 modelo 1985” cuyo dueño registrado era José Antonio Galbucera, quien, oh casualidad, trabajaba para la PFA como fotógrafo de vehículos siniestrados.

A pesar de que La Corte ordenó que las pericias las hiciera Gendarmería, los efectivos de ésta, a las órdenes del segundo comandante Osvaldo Laborda, se vieron impedidos durante dos días por efectivos de la PFA de acceder al epicentro de la explosión. Lo que estuvo a punto de provocar un grave enfrentamiento, según reveló el propio Laborda, un experto en explosivos, en el programa Día D, de Jorge Lanata.

A pesar de sus muchas diferencias, señaló Fayt, federales y gendarmes (a los que aquellos solamente dejaron ingresar al lugar donde había estado el edificio el jueves 19, dos días después de cometido el atentado) terminaron coincidiendo en “que el hecho había tenido su origen en un coche-bomba” que habría subido sobre la acera antes de explotar.

Dijo Fayt que se logró establecer que Galbucera le había vendido la F-100 a Roberto Barlassina, quien a su vez la habría vendido a un brasileño que le presentó un DNI a nombre de “Elías Ribeiro (o Gribeiro) Da Luz”. Éste la había pagado al contado y con billetes de cien dólares, cinco de los cuales tenían inscripciones, por lo que Barlassina pidió que se los cambiara, cosa que el comprador le dijo que haría al día siguiente, cuando regresara a completar la documentación, lo que jamás hizo. (continuará)

Nota

1) La Armada estaba muy involucrada en el tráfico de armas hacia Croacia y Bosnia, a través del capitán de navío (R) Horacio Pedro Estrada, ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura y factotum del “desvío” de armas argentinas hacia un Ecuador en guerra con Perú. Estrada era un erotómano que siendo diestro se las ingenió para “suicidarse” con un tiro en la sien izquierda ataviado con una bata mientras veía un video porno y tenía una botella de champagne en un balde con hielo. La puerta de su departamento estaba abierta, por lo que se supone que le franqueó el paso a una mujer.

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