AMIA – NISMAN / SCOOP-NOTICIA BOMBA: Menem ordenó liberar a claros partícipes de la voladura de la mutual judía

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Fotos de Nassib y Javier Haddad tomadas en el DPOC que figuran en el expediente judicial y que publiqué en «AMIA, El Atentado. quienes son los autores y por qué no están presos» (Planeta, 1997). Nassib, si vive, ya será octogenario.

 

Acabo de leer la minuta de Memoria Activa sobre la declaración de Roman Lejtman en el juicio por el encubrimiento a los asesinos que mataron a 85 personas en la AMIA ( que insólitamente no cubre ningún medio) el jueves pasado de la que ya di cuenta aquí. Lo mejor está al final. Es explosivo. Lejtman dice que le consta que fue el propio presidente Carlos Saúl Menem (uno de los imputados) quien dispuso (es decir, que le ordenó al juez Juan José Galeano, otro de los imputados) que liberase de inmediato al libanés Nassib Haddad y a su hijo Javier, quienes acababan de ser detenidos por pedido de siete (7) fiscales luego de que Eamon Mullen y José Barbaccia (quienes también ahora se sientan en el banquillo de los acusados) descubriesen que además de ser los titulares de la empresa Santa Rita, uno de cuyos camiones había dejado un volquete frente a la puerta de la AMIA escasos minutos antes de la voladura del edificio, habían comprado en los últimos meses una gran cantidad de amonal (diez toneladas), el explosivo utilizado en el ataque, en la fábrica Delbene & Serris de Olavarría.

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Además y coincidentemente, las declaraciones del chofer que había dejado el volquete, el misionero Juan Alberto López, eran absurdamente contradictorias: Mintió al narrar por dónde había entrado a la calle Pasteur y también al decir dónde y a qué hora había dejado el volquete, y ante la aparición de testigos y evidencias, había debido rectificarse.

Atentos a la gravedad del asunto, Mullen y Barbaccia recorrieron el Palacio de Tribunales (los federales todavía no se habían mudado a Comodor Py) recabando la solidaridad de sus pares, y así fue como también firmaron el pedido de que se ordenase la captura de los Hadadd los fiscales Eamon Mullen, José Barbaccia, Héctor Luis Yrimia, Adrián Peres, Eduardo Freiler,  Gerardo Di Masi y -créase o no- Germán Moldes.

Carlos Telleldín se encontraba detenido en el Departamento de Protección al Orden Constitucional (DPOC), en la calle Moreno 1417, adónde fueron conducidos los Haddad. Recordó que entraron gritando “¡Somos católicos, no musulmanes!” y que en las escasas horas que pasaron juntos Nassib se mostró seguro de que iban a salir de allí con rapidez gracias a sus contactos con el Gobierno.

Este periodista le pidió en un largo escrito al juez Galeano a fines de los ‘90 que sometiera a los Haddad a indagatoria, y también, en el último número de la revista HUM® (Humor Registrado nº 566, octubre de 1999) publicó detalles de aquella liberación realizada “entre gallos y medianoche”, luego de que Galeano fuera citado a la Casa Rosada por el vicepresidente Carlos Ruckauf.

Hasta ahora la participación del presidente Menem era, aunque decisiva, incidental, al haber participado brevemente de la reunión que sostenían Ruckauf, Galeano, el renunciante subsecretario de Seguridad, Hugo Franco y el nuevo jefe de la Policía Federal Juan Adrián Pelacchi, un hombre muy cercano a Alfredo Yabrán.

En dicha ocasión Memen le ofreció a Galeano el avión presidencial Tango 01 para que se trasladara al día siguiente, sin pérdidas de tiempo, a Caracas, donde la CIA había informado que había un iraní llamado Manoucher Moatamer que decía saber quienes habían demolido la AMIA.

Juez y fiscales fueron a Caracas, dónde la CIA había sacado de la galera a un iraní sanatero, Manoucher Moatamer, que soltó verdura y tiró fruta. Al regreso, Galeano dijo que nos íbamos “a caer de espaldas” cuando viéramos lo que traía y se precipitó a la quinta de Olivos. Quería mostrarle los videos que había grabado en Venezuela a Menem, pero el presidente, desinteresado, se durmió en el microcine.

Esto es todo lo que se sabía de la intervención de Menem hasta el jueves pasado, cuando la declaración como testigo de Roman Lejtman  dejó claro que fue aún mayor;  que Menem le ordenó a Galeano que contra toda lógica liberara a los Haddad, cosa que el juez prevaricador hizo de inmediato… a pesar de que había explosivos adentro del volquete era obvio: a su alrededor, todos los automóviles quedaron cribados, acribillados de metralla. Y los pedazos del volquete (inflados, lo que demostraba a simple vista la explosión interior) no tenían ningún impacto, precisamente porque habían servido de carcasa, de contenedor del explosivo.

Foto: Arriba y al medio: un pedazo del volquete inflado en la calle Pasteur. Hubo fragmentos hasta a 200 metros de distancia. amia-volquete-inflado

Por cierto, también denuncié ante el juez Galeano que el volquete relleno se había fabricado en el supuesto terreno baldío de la calle Constitución 2657, cuyo ingreso era regulado por el médico del presidente Menem, Alajandro “Alito” Tfeli…  pero volvamos ahora a la declaración de Lejtman.

En un momento de su declaración, el ex director de contenidos de América TV dijo solemnemente que iba a contar algo por primera vez: que en una conversación con Menem en la Casa Rosada, el Presidente le dijo que «no tenía sentido investigar a (el libanés) Nassib Haddad, quien era su amigo y estaba siendo investigado por ser dueño de la empresa Santa Rita».

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Lejtman: Yo lo vi y lo escuché. Nadie me lo contó.

Según Lejtman, las palabras de Menem fueron: «Les dije que lo dejen de investigar porque no había nada».

«En ese momento –intentó disculparse Lejtman- no le di valor a esos comentarios… que hoy confirman una decisión ilegal de desviar la investigación del ataque terrorista más importante de la Argentina».

Tal cual. El mejor elogio que se ha hecho a mi trabajo lo hizo Juan Gabriel Labaké, abogado del eterno sospechoso Alberto Jacinto Kanoore Edul, en su libro “Amia-Embajada ¿Verdad o fraude?”. En él reveló que ante mi insistencia en que los Haddad tenían que ser indagados, Galeano, que llevaba producidas 3000 fojas, se vio obligado a fabricar en plazo récord otras 2000 a fin no sólo de autojustificarse, sino también de dejar afuera del juicio a los Haddad, tal como le había ordenado el Poder Ejecutivo. Y así fue: los Haddad no comparecieron siquiera como testigos ni asomaron la nariz en el largo juicio que concluyó hace una década en el subsuelo de Comodoro Py.

Relaciones fluídas

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Corach y Meneml

La minuta de Memoria Activa sobre las declaraciones de Lejtman en el juicio consigna que dijo haber tenido una relación fluida con la fallecida camarista María Luisa «La Piru» Riva Aramayo, quien fuera la mano derecha de Corach que negoció en su nombre y el del presidente Menem con Telleldín, coaccionándolo de todas las maneras posibles y poniéndolo entre la espada y la pared: O plata o plomo. Sin ambages, le dijo “o acusás a los patas negras o vas a envejecer preso”.

Lejtman también reconoció tener una relación fluidas con el secretario de Inteligencia, Hugo Anzorreguy (también imputado) e incluso, como ya se vio, con el propio presidente Menem.

Seguidamente, Lejtman se jactó de que él y Kollmann sólo publicaban en Página/12 informaciones que venían «de fuente directa», todo indica que refiriéndose a los ya mencionados, aceptando tácitamente que él y Kollmann participaron consciente o inconscientemente del encubrimiento.

Lejtman reconoció que «el funcionario allegado al Presidente» con el que almorzó en Puerto Madero y le ofreció 400 mil pesos/dólares, «plata (que) no era para escribir un libro sino para hiciéramos lo que el gobierno quería».

El misterioso funcionario que Lejtman no nombró pero que todo indica fue Carlos Corach, dijo, conocía todos sus movimientos porque  tenía «todos los teléfonos intervenidos» y era seguido por agentes de la SIDE que incluso «llegaban antes a los lugares de encuentro que coordinaba con la fuente por vía telefónica».

Que los custodios de los ministros se les adelanten para verificar que no correrán peligro al llegar a tal o cual lugar es habitual.

Lejtman dijo que rechazó el ofrecimiento de dicho funcionario pero que el pago a Telledín igual se hizo.

«Los tres (por Galeano, Anzorreguy y el entonces presidente de la DAIA, el banquero Ruben Beraja) acordaban con que declare Telleldín. La comunidad (judía) avaló la declaración y sabían que estaban negociando», agregó, subrayando que «nada se hacía si Menem no lo sabía».

Según Memoria Activa, Lejtman dijo, repitió y reiteró que su conclusión era que «el gobierno nacional buscaba desviar la atención hacia la Policía de la provincia de Buenos Aires para evitar que se hable de su responsabilidad en el atentado».

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La nota publicada en el último número de HUM®, octubre de 1999

 

Ruckauf intervino en la irregular puesta en libertad de dos claros sospechosos

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Los dichos del vicepresidente y candidato a la gobernación de Buenos Aires acerca de que sabe quiénes son los autores del atentado a la AMIA constituyeron un blooper, un fallido siniestro. (…) Ruckauf, al igual que el juez Galeano, aún deben explicar a la opinión pública por qué se puso en libertad a los dos principales sospechosos de haber provisto los explosivos que se utilizaron en el ataque.

Ambos, el libanés Nassib Hadad y su hijo Javier, fueron detenidos a pedido de los fiscales y liberados al día siguiente tras la realización en la Casa Rosada de una reunión entre Galeano, Ruckauf -por entonces ministro del Interior- y el jefe de la Policía Federal, comisario Pelacchi. ¿El pretexto? Entregarle al juez un falaz certificado presentado en tiempo récord ante la Policía Federal por el director de Producción de Fabricaciones Militares, coronel Carlos Franke, involucrado en el envío clandestino de armas argentinas a Bosnia y Croacia.

Según este certificado, los Hadad habían comprado una ingente cantidad de amonal en a lo largo de medio año, y en un todo de acuerdo a la ley (lo que ellos mismos ya habían reconocido que no era cierto, pues no habían renovado su licencia y el traslado de explosivos sin ella por rutas nacionales es un delito federal) pero obvió señalar que ya habían comprado 300 kilos de amonal en octubre de 1993. Época en que, según ellos mismos declararon, no tenían absolutamente ningún pretexto para comprar siquiera un gramo de explosivos.

(…) Después (de la masacre de Ramallo) e insólitamente, (Ruckauf) buscó “chupar” cámara abordando a periodistas -que no lo aguardaban a él y a quienes él buscó- para decirles que sabe perfectamente quiénes fueron los asesinos terroristas que atentaron contra la AMIA.

Con ello se metió en un berenjenal -como quien dice, mentó la soga en casa del ahorcado- porque fue precisamente él, como ministro del Interior cuando se cometió el bárbaro atentado, quién tenía la máxima responsabilidad en la prevención de que ataques de ese calibre no sucedieran. Y también de, una vez sucedidos, atrapar a sus autores y ponerlos a disposición de la justicia.

No puede decirse que Ruckauf haya cumplido en lo más mínimo con su deber. Y para colmo es lícito sospechar que, tal como se presentaron los hechos, lejos de atrapar a los sospechosos, Ruckauf parece haber influido para que se los pusiera en libertad. Entre gallos y medianoche y a espaldas de la opinión pública.

Cuando se produjo el atentado a la AMIA, Ruckauf se encontraba en Nueva York, y lo primero que balbuceó fue que “como ayer los medios hablaban de Ruanda, hoy y mañana hablarán de la Argentina”. Antes de emprender un apresurado regreso a Buenos Aires, el ministro procuró tranquilizar a los representantes de la poderosa comunidad judía de Nueva York. “Las instituciones judías en la Argentina están bien protegidas y la prueba de ello es que las dos primeras víctimas fueron de la Policía Federal”, les aseguró, diciendo una crasa mentira.

La realidad era que ambos policías de custodia, el sargento Adolfo Guido Guzmán, de la comisaría 5ª y el cabo primero Jorge Eduardo Bordón, de la comisaría 7ª, se habían retirado de sus puestos cuando se produjo la demolición de la mutual judía. Lo hicieron tan pronto apareció por allí un viejo camión Fíat amarillo huevo que portaba dos volquetes y que llegó a Pasteur al 600 acompañado por un también viejo Dodge 1500 color naranja que tripulaba el cabo primero Miguel Ángel Rodríguez, también de la comisaría 7ª (aunque hacia mucho que no la pisara, pues estaba destinado “en comisión” por el comisario Gustavo Gastón Fernández para realizar ignotas tareas en la Escuela de Suboficiales “Comisario general Alberto Villar”), obvio sospechoso de haberles advertido que se pusieran a salvo.

Lo cierto es que el sargento Guzmán (que pronto dejaría la policía para desempeñarse como pastor evangélico en sus pagos de Marcos Paz) sólo atinó a cruzar al bar de enfrente de la mutual judía, y el más prudente Bordón a hacer mutis por el foro doblando por Tucumán hacia Uriburu, según describió una de las camareras de aquél (la paraguaya y pelirroja Silvia Castillo) y él mismo Bordón le admitió a la periodista Cynthia Ottaviano, del diario La Prensa que lo entrevistó en el Hospital Churruca.

El regreso del kamikaze fantasma

No contento con haber puesto a circular esta patraña, y antes de tomar el avión que lo traería de regreso a Buenos Aires, Ruckauf dijo en Nueva York que “si alguien se quiere inmolar para cometer un acto terrorista, es difícil que todas las medidas que se tomen puedan evitarlo”, con lo que dio por comprobada la existencia de un chofer suicida (hipótesis heredada del atentado a la embajada de Israel y jamás comprobada, ni en aquél caso ni en el de la AMIA) antes de que pudiera acreditarse la existencia de un coche-bomba.

Conocemos como siguió la historia: la investigación policial que supuestamente condujo Ruckauf fue tan pero tan escandalosa, que los policías encargados de ella, comenzando por los jefes del Departamento de Protección al Orden Constitucional (POC) a los que les competía, resultaron a la postre procesados por ocultamiento y destrucción sistemática de pruebas.

Así las cosas, Ruckauf debería haber mantenido la boca cerrada. Pero no: fue él quien se acercó a los periodistas el pasado martes 10 de agosto y dijo a través de los micrófonos de Radio Continental: “Yo sé quienes son los responsables. No lo puedo decir porque es un problema de Estado, es un problema de política exterior, pero tengo claro que hay una potencia extranjera comprometida en este crimen”.

Los primeros allanamientos ordenados por el juez Juan José Galeano el mismo día del atentado a la AMIA y el siguiente, fueron en sendos inmuebles en los que vivían y trabajaban ciudadanos sirios íntimamente relacionados con la familia Yoma, por lo que un escalofrío recorrió los pasillos de la Casa Rosada.

(…) los insólitos dichos de Ruckauf provocaron una helada réplica de Menem (que, no olvidar, es la misma persona que alguna vez dijo que había “semiplena prueba” para culpar a Irán). “Yo no tengo conocimiento en forma profunda de que haya sido una potencia extranjera la que intervino en esto. Si Ruckauf las tiene, que dé más precisiones. El nombre de esa potencia. El nombre de los autores”, lo desafió.

Cavallo, en tratativas electorales con Ruckauf, no se privó de opinar que era necesario “prestarle más atención a la pista siria y no detenerse sólo en Irán” y el diputado Juan Pablo Cafiero estalló y lo trató a Ruckauf de “encubridor” y dijo que daba por supuesto que Menem también lo era, porque Ruckauf no podía saber más que él.

Los dichos de Ruckauf también provocaron un coro de protestas entre los familiares de las víctimas del atentado, que lo acusaron públicamente de encubrimiento. Y, a pedido de los fiscales, el juez Galeano lo emplazó a ampliarlos, lo que gracias a su condición de vicepresidente, “Rucucu” pudo hacer por escrito. Las aclaraciones que ofreció de esta manera fueron muy decepcionantes, apenas 17 líneas en las que manifiesta su “convicción de que el atentado” fue “consecuencia de la guerra que el Estado de Israel mantiene con sus vecinos y que también hubo responsabilidades de sectores del entonces gobierno de la República de Irán”.

El vocero de la cancillería iraní, Jamid Reza Assefi le respondió que no hay prueba alguna de la participación de Irán en el atentado, y añadió que las acusaciones de Ruckauf son “pura propaganda”.

“Ruckauf era ministro del Interior en época del atentado e intenta esconder sus puntos débiles para recuperar terreno en la campaña electoral”, agregó, metiendo el dedo en la llaga.

Motivo suficiente

La realidad es más grave. Ruckauf, al igual que el juez Galeano, aún debe explicaciones acerca de la insólita liberación de dos de los mayores sospechosos de haber participado en el atentado: el libanés Nassib Hadad y su hijo Javier, titulares de la empresa Santa Rita a la cual pertenecía el camión de los volquetes y, probablemente, también los explosivos en base a nitrato de amonio (más conocido como amonal) que sirvieron para volar la AMIA el 18 de julio de 1994, y matar así a 86 personas (que luego se reducirían a 85. N. de la R.), herir a unas trescientas y amargarle la vida para siempre a varios miles.

Con sospechoso retraso, recién el 30 de julio de aquél año (1994) el POC le informó al juez que de acuerdo al análisis de la documentación secuestrada en la fábrica Delbene y Serris de Olavaria, los Haddad habían comprado en los últimos tiempos gran cantidad de explosivos, mechas y fulminantes, así como que los explosivos que solían adquirir más a menudo eran amonal, el mismo que el utilizado en el atentado.

Con esta información, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia le pidieron al juez que detuviera a los Haddad. Atentos a la gravedad de la situación, no lo hicieron solos, sino que recabaron el apoyo de todos los fiscales del fuero federal que pudieron ubicar, y así fue que ellos, más Germán Moldes, Héctor Luis Yrimia, Adrián Peres, Eduardo Freiler y Gerardo Di Masi firmaron el escrito en el que se le pidió a Galeano que toda vez que “Nassib Haddad y Javier Alberto Haddad, a través de las empresas que representan, fueron quienes estuvieron encargados de la colocación del volquete frente a la sede de la AMIA y (…) habrían a su vez adquirido desde hace varios meses cantidades importantes de explosivo Amonal, solicitamos a Vs. se (les) reciba declaración indagatoria (…) por existir motivo bastante para sospechar su participación en el hecho materia de investigación”.

Ese mismo día, Galeano ordenó la detención de los Hadad y el allanamiento de sus propiedades. En una de ella, en Avellaneda, el puntilloso oficial Gabriel Prado secuestró muestras de “una sustancia pulvurenta de color blanco” parecida a la cal, descripción que concuerda con el amonal.

En efecto: “pulvurento blanco”, fueron exactamente las palabras que utilizó el comisario Carlos López, jefe de la Brigada de Explosivos de la PFA, al describir el aspecto del nitrato de amonio ante las cámaras de la CNN en español, entrevistado por el periodista Rolando Graña.

López dijo también en esa oportunidad que quién había armado la bomba tenía necesariamente “que conocer el tema (ser un experto en explosivos) y diseñar el artefacto para el edificio”.

Ambas condiciones eran perfectamente reunidas por los Haddad, expertos en voladuras que habían sido contratados por el arquitecto Javier Malamud, responsable de las refacciones que se estaban haciendo en la AMIA, para retirar los escombros con sus volquetes y cuyos empleados -como el chofer del camión de los volquetes- tenían acceso al interior del edificio.

Un polvo blanco

En las oficinas de Santa Rita en Puerto Nuevo (erigidas en terrenos fiscales, muy cerca de la terminal 6 por la que seguían siendo embarcadas hacia Bosnia y Croacia armas de los arsenales del Ejército argentino) se entregaron a la justicia ambos requeridos.

Al ser interrogados, los Haddad admitieron haber comprado los explosivos sin renovar, como era preceptivo, un viejísimo permiso emitido por Fabricaciones Militares (el traslado de explosivos por las rutas nacionales sin ese permiso constituye un delito federal), pero juraron que jamás de los jamases había ingresado explosivos en la Capital Federal. Después de presentarse como mineros, terminaron por admitir que al menos desde 1991 no realizaban ninguna actividad minera, limitándose desde entonces al alquiler de volquetes.

Sin embargo adujeron que habían comprado los explosivos para volar rocas en las adyacencias de la represa biprovincial Casa de Piedra (en el límite entre la Pampa y Río Negro), ya que habían conseguido un contrato para hacerlo durante los primeros seis meses del año, si bien no pudieron explicar por qué habían comprado tanta cantidad de explosivos que les habían sobrado 1.200 kilos, ni justificar convincentemente el modo en que habían utilizado el faltante, del que dijeron no llevar cuentas.

En cuanto a las muestras de polvo blanco secuestradas en los galpones de Santa Rita en Avellaneda, Javier Hadad dijo que era “óxido de litio”.

El litio, único metal que absorbe en frío el nitrógeno, es de “color blanco argentino” (plateado) y su óxido, que se obtiene “quemando el metal en el aire” es “blanco amarillo y esponjoso”, aunque también se puede obtener “en pequeños granos cristalinos” según describe la Enciclopedia de química industrial (IV To-mo, Editorial Labor, Barcelona). Al recoger las muestras, el oficial Prado describió dos sustancias, una “pulvurenta de color blanca” y otra “con efecto rocoso”. Nada dijo de plateados, tonalidades amarillas o cristales.

Como en casa

Alojados en el POC en carácter de incomunicados, Nassib Haddad -consta en el expediente- hizo uso de su derecho a hacer una llamada telefónica… para pedirle a su capataz que comprara miles de kilos de amonal en la fábrica de Olavarria, lo que demuestra cuan en familia se encontraban entre los policías que, por cierto, los alojaron junto a Carlos Alberto Telleldín.

Según Telleldín le dijo telefónicamente al periodista Gabriel Levinas (contratado por la DAIA para informatizar la causa y autor del libro “La ley bajo los escombros. AMIA: lo que no se hizo”, publicado por Sudamericana el año pasado), apenas lo vio, Nassib Haddad se jactó de que estaría detenido muy pocas horas, puesto que era amigo de Ruckauf y éste lo sacaría de allí.

Aunque no se le crea al majadero de Telleldín, lo cierto es que esa misma noche, el juez Galeano fue convocado de urgencia a la Casa Rosada por el ministro Ruckauf y el jefe de la Policía Federal, comisario general Juan Adrián Pelacchi.

En el encuentro, Ruckauf y Pelacchi le entregaron al juez un certificado emitido en tiempo récord por el entonces jefe de Producción de Fabricaciones Militares, coronel (R) Carlos Jorge Franke. Dicho certificado aseguraba (ver facsímil) que “la firma Delbene y Serris SA, distribuidora de esta DGMF (Dirección General de Fabricaciones Militares) a nuestro requerimiento informó que efectuó ventas regulares, a partir de marzo del corriente año, a la citada firma (Santa Rita) según el destalle del anexo adjunto”.

El certificado omite consignar que los Haddad ya habían comprado en esa fábrica 300 kilos de amonal (marca Nagozul) el 3 de octubre de 1993. Cuando según sus propias declaraciones no tenían absolutamente ningún pretexto para adquirirlo (ver factura).

A la salida de la Casa de Gobierno, un siempre sonriente Ruckauf fue abordado por Clarín. El ministro se excusó de dar mayores precisiones aduciendo que “el juez me pidió que no dé informes: se avanza sobre distintas pistas y no queremos estar alertando a los delincuentes sobre su desarrollo”.

Tan pronto como llegó a su despacho, el juez Galeano dispuso la libertad de los Haddad por “falta de mérito”, pero omitió informárselo a los fiscales, según uno de ellos, José Barbaccia, le dijo a este periodista.

La guinda del postre llegó a manos de Galeano recién dos días más tarde, el 4 de agosto, cuando los Haddad ya estaban en sus casas. Era una nota de la Policía Federal firmada por el jefe del POC, comisario Carlos Antonio Castañeda.

Decía sucintamente que el análisis del polvo blanco secuestrado en el galpón de Avellaneda no había arrojado “resultados positivos acerca de la detección de vestigios de altos explosivos” pero se abstenía de informarle de qué sustancia concreta se trataba. Con lo que evitaba dejar en evidencia que Javier Hadad había mentido al afirmar que era óxido de litio.

Los riesgos de que la escandalosa manera en que habían sido liberados los Haddad se filtrara a los medios de prensa fueron minimizados mediante una “cortina de humo”. El 2 de agosto, una mujer encargada de limpiar el baño de hombres en el Aeroparque de Buenos aires encontró en él un bolso de hombre que contenía un reloj y pilas. Enseguida avisó a la Policía Aeronáutica y ésta a la Federal. En un procedimiento de rutina se abrió una causa que recayó en el juzgado federal de turno, el de Claudio Bonadío, un incondicional de Carlos Corach, que la caratuló “Intimidación pública”.

Con esta carátula, que revestía la absoluta vacuidad de la denuncia, el Gobierno echó a rodar por primera vez el rumor de que era inminente un “tercer atentado”.

“Se archivó porque no había nada. No había trotyl ni detonador, ni estaba hecho el circuito necesario para que esos elementos sirvan para una explosión. Y tampoco había indicio alguno de que estuviera destinado a algún avión”, explicó a Página/12 una fuente judicial en agosto de 1999.

Un lustro de inactividad

Desde que Galeano dispuso la libertad de los Haddad han pasado más de cinco años. Hace uno, en agosto de 1998, el ex diputado del Grupo de los Ocho (disidentes del menemismo) y actual dirigente cavallista Franco Caviglia le pidió en un extenso escrito que volviera a detenerlos, y los relacionó con Monzer al Kassar, el Hezbollah libanés y el tráfico de armas hacia Bosnia y Croacia.

A partir de entonces, el juez exhumó un expediente paralelo y secreto a la causa principal y ordenó hacer algunas averiguaciones. El juez federal de Santa Rosa, Pedro Zabala, admitió recientemente que Galeano le envió un exhorto a principios de este año, aunque no quiso dar precisiones acerca de qué diligencias pedía que se realizaran.

Pero el jefe de la policía pampeana, comisario José Daniel Alberti, aseguró que ni Galeano ni Zabala le pidieron nunca que investigara nada relativo al atentado a la AMIA. “A través de la jefatura jamás se nos pidió alguna diligencia, ni del juzgado federal de Santa Rosa ni desde el de Buenos Aires”, dijo.

El 25 de julio pasado, la jueza federal de General Roca, María del Carmen García, confirmó haberle remitido a Galeano el testimonio de un obrero que durante la primera mitad de 1994 trabajó para los Haddad en Casa de Piedra volando rocas. Se trataría del perforista Francisco Gaspar Luque, cuyo nombre fue dado hace cinco años al juez por los Haddad.

Por fin, el 26 de agosto, Caviglia presentó ante el juez Jorge Urso un escrito en el que calificó al ex ministro Erman González de “autor intelectual y material” del tráfico ilícito de armas, ofreció nuevos datos sobre los vínculos entre el prófugo coronel Diego Palleros y Al Kassar (a través de la firma fantasma Debrol SA), insistió en que esta causa está relacionada con los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, dando como ejemplo de ello a los Haddad.

Lo dicho: Galeano, Pelacchi y sobre todo Ruckauf (que se jacta de haber firmado la orden de “aniquilar” la subversión y de querer ver “muertos a los asesinos”) aún deben explicar por qué han tenido tanta deferencia con dos claros sospechosos de haber participado en el mayor ataque antijudío desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.

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