La presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, se refirió en su columna semanal del programa Justicia Sin Vueltas a la mesa judicial armada por el Poder Ejecutivo durante la presidencia de Mauricio Macri para interferir y manejar al Poder Judicial. «Era para perseguir magistrades e incluso destituirlos, si no hacían lo que el gobierno les pedía, y para extorsionar y armar causas contra la oposición».

«La mesa judicial que tenía armada el expresidente no hubiese sido tema de investigación si se hubiese dedicado a generar proyectos de reforma para agilizar los procesos o cumplir con la Constitución Nacional, que desde 1853 habla de juicio por jurados, hecho que nunca se puso en funcionamiento a nivel nacional.

Pero no: la mesa judicial que armaron desde presidencia, y que comandaba Marquitos Peña junto a Germán Garavano, Gustavo Arribas y aproximadamente diez personas más del gobierno, incluido alguno del Consejo de la Magistratura y el mismo Mauricio Macri era, por un lado, para perseguir magistrades e incluso destituirlos, si no hacían lo que el gobierno les pedía, y por el otro, para extorsionar y armar causas contra la oposición.

La mesa judicial armada por el Poder Ejecutivo era para interferir en el Poder Judicial, para manejarlo, no para mejorarlo. Sirvió para que el Ejecutivo le ordene a los jueces lo que tenían que hacer, y así encarcelar a políticos opositores como Milagro Sala, el Chino Zannini, Amado Boudou, D’Elía, De Vido y muchos más. En un momento hubo casi un centenar de presos políticos en cárceles federales esperando ser juzgados por delitos excarcelables. Presos políticos que no podían entorpecer la investigación ni fugarse, y que claramente podían esperar su juicio en libertad.

Pero también esta mesa servía para armar causas y extorsionar, tal como venimos viendo, y asombrándonos, en la investigación que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla, quien se dedicó muy profundamente al entramado de esta asociación ilícita que amenazaba con mandar presos a empresarios si no pagaban. Esta asociación ilícita, según lo que nos vamos enterando por los medios, estaba conformada por magistrades, periodistas, agentes de inteligencia y agentes inorgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia, como el ya famoso -y no abogado- Marcelo D’Alessio.

Conjuntamente, en esta mesa judicial jugó de manera muy sucia la corporación judicial, que no son todos los jueces, sino les que se creen una elite, les que piensan que son superiores al resto de los mortales y por eso pueden hacer este lawfare o guerra judicial, porque se prestaron a enviar a la cárcel a políticos de la oposición. Magistrades que al momento de asumir su cargo habían jurado hacer cumplir la Constitución Nacional terminaron haciéndole el juego a un gobierno que se dedicó durante cuatro años a endeudarnos, y para tapar su malversación usó a los jueces y fiscales que se dejaron manosear, y a los que no, los destituyó previo ensuciarlos.

Todo esto en consonancia con los medios hegemónicos, que también se enriquecían, y a cambio elogiaban al gobierno más corrupto que supimos conseguir por el voto popular.

Estos procesos judiciales fueron mediatizados por los periodistas, porque los medios eran parte de la articulación que llevaba adelante el Ejecutivo. Porque instalaban los temas que el Ejecutivo les pasaba, no solo con grandes titulares, sino que algunos incluso fueron partícipes de las extorsiones.

También la Agencia Federal de Inteligencia fue parte, y en lugar de proteger la soberanía y la defensa nacional, se dedicó a seguir personas para luego extorsionarlas, carpetearlas.

Debo decir que Justicia Legítima denunció desde el primer día las políticas de sometimiento al Poder Judicial, y cada una de las irregularidades y los atropellos que se estaban produciendo en la Justicia, y cómo se la quebraba y se quebrantaba la Constitución Nacional. Desde el querer hacer entrar a dos jueces a la Corte Suprema de Justicia sin los mecanismos previstos hasta restringir la autarquía económica del Ministerio Público Fiscal, la apretada a cada magistrade, el hostigamiento permanente del que fue víctima la ex procuradora, Alejandra Gils Carbó –más de 200 tapas en los diarios hasta que lograron que renuncie-, el avance sobre el Consejo de la Magistratura, la persecución a les abogades defensores de derechos humanos y también a los jueces laborales.

Llegamos hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto a otras organizaciones que veían igual que nosotres la manipulación y la embestida que se hacía a la Justicia.

Justicia Legítima nunca se dejó amedrentar por esta banda de forajidos que se reunía quincenalmente para armar la estrategia de desguace del Poder Judicial.

Recién ahora vemos reconocer estas maniobras a varios magistrades. Esperemos que se investigue con todas las garantías del debido proceso, porque desde Justicia Legítima queremos llegar a la verdad».