AMIA – NISMAN – MEMORIA ACTIVA. Impactantes revelaciones en los testimonios de Adriana Reisfeld y Diana Malamud

Confirmado: Nisman sabía perfectamente del pago a Telleldín para desviar las investigaciones y traicionó a sus compañeros Mullen y Barbaccia. La autopsia de Andrés Malamud, marido de Diana, no se correspondía con su cadaver y su supuesta firma en el remito del volquete puesto en la puerta de la AMIA fue falsificada. La mentirosa ‘Historia Oficial’ fue pergeñada con el concurso protagónico del periodista Daniel Santoro, de Clarín. Hubo un ‘código Galeano’, destrucción de evidencias y ‘legajos secretos’ que se ocultaban y se ocultan a las partes. Al entonces prosecretario de la DAIA, Jorge Brotsztein, le decían «el comisario» por sus vínculos con la Federal.

 

Foto: Nisman le soníe al fiscal Miguel Romer. A su lado, José Barbaccia y Eamon Mullen, al térnino de la rueda de prensa en la que se anunció el comienzo del megaproceso que hundiría a éstos y llevaría a Nisman a la titularidad de la UFI-AMIA.

Adriana Reisfeld, presidente de Memoria Activa, confirmó que Alberto Nisman estaba perfectamente al tanto del pago de 400 mil pesos/dólares a Carlos Alberto Telleldín para que acusara falsamente al comisario Juan José Ribelli y a otros policías bonaerenses de haber sido los últimos poseedores de la Trafic supuestamente utilizada para demoler la AMIA. Y que traicionó a sus compañeros Eamon Mullen y José Barbaccia al impulsar la declaración de los agentes de la SIDE que certificarían aquel pago y la participación de aquellos, hundiéndolos en el fango en el que ahora se encuentran. Lo que equivale a decir que, de estar vivo, Nisman debería estar siendo juzgado junto Mullen y Barbaccia, a los que dejó en la estacada fingiendo ignorancia de esa maniobra clave (pergeñada por Carlos Vladimiro Corach, quien por ahora tampoco está siendo juzgado). Reisfeld narró como su marido discutió acremente con Nisman cuando éste admitió estar al tanto del pago. No fue esta la única revelación que surgió de las declaraciones de Reisfeld y de Diana Wassner de Malamud, pero acaso sí la principal teniendo en cuenta el denodado esfuerzo que realizan tantos hipócritas para presentar poco menos que como un héroe cívico a quien no era más que un delincuente polimorfo al servicio de potencias extranjeras.

Al grano:

El jueves pasado declararon en el juicio por el encubrimiento (de los asesinos) en el Caso AMIA, Diana Wassner de Malamud y Adriana Reisfeld. Según la crónica de Página 12, Diana Malamud denunció que «la no investigación» fue tan desastrosa que “hasta la autopsia de mi marido estaba mal hecha”, y recordó que Rubén Beraja le pidió que “no denunciara” ese hecho porque “si no iban a tener que exhumar todos los cuerpos”.

Dijo también Diana que Memoria Activa surgió porque «no queríamos que con la AMIA sucediera lo que ya había pasado con la embajada de Israel dos años antes”. Y a su turno Adriana Reisfeld explicó que “Veíamos que nadie reclamaba por los muertos de la embajada y no queríamos que pasara lo mismo con los de la AMIA”.

Diana dijo que lo que hubo fue «una no investigación, una Historia Oficial contada por (el periodista de Clarín Daniel) Santoro en los diarios. Había un ‘código Galeano’. Y a nosotros no nos decían nada”. Fue magnánima en no mencionar a otros muchos periodistas que secundaron o empardaron a Santoro en erigir un castillo de mentiras como, por dar sólo dos ejemplos, Hernán Cappiello en La Nación y Roman Lejtman en Página 12.

Diana también denunció que tardaron mucho en enterarse de que “existían legajos secretos de Galeano» que les eran escatimados y escamoteados a sus abogados. «Ellos –dijo en referencia a los dirigentes de la comunidad judía– sabían. Nosotros no».

Uno de esos dossiers secretos, y no el más pequeño, lleva mi nombre, Juan Salinas.

De las declaraciones de Diana también surge con nitidez el papel retardatario y desviador de las investigaciones (hacia la falsa pista de los policías bonaerenses) que cumplió y acaso siga cumpliendo el abogado Pablo Jacoby.  

Por último, aunque no menos importante, queda el misterio (si alguien puede evacuarlo por favor que lo haga) de por qué la fiscal Sabrina Namer insistió en obtener precisiones acerca de quién era, qué rol cumplía y qué vínculo tenía con la Policía el ex prosecretario de la DAIA Jorge Brotsztein, a quienes las testigos, según la crónica de Claudio Goldman, identificaron como “el comisario”.

No es un tema menor luego de que los periodistas Miriam Lewin y Horacio Lutzky revelaran que cuando se cometieron ambos atentados, la Policía Federal tenía infiltrado en la dirigencia judía a un agente, José (Iosi) Pérez, que incluso proveyó los planos de la AMIA a sus superiores y que terminó convencido de que estos estuvieron involucrados en el ataque.

Con Tiempo Argentino cerrado por el ex tesorero de la AMIA (que no quería pagar investigaciones), Sergio Szpolski, ya casi no hay registros de los avatares del juicio.

Por suerte, las audiencias son minuciosamente cubiertas por el mencionado Goldman, en nombre de una agencia (hasta el día de hoy desconocida para mi) llamada Emet, que -me desasna Daniel Schnitman, director de La Voz Judía en el acto de enviarme el texto-, en hebreo quiere decir “verdad”.

Lamentablemente el cronista, al igual que las declarantes, no terminan de poner en tela de juicio lo que es la piedra basal del encubrimiento: la supuesta existencia de camionetas-bomba y choferes suicidas. Hasta el punto de subrayar en los títulos los desafortunados dichos de Adriana Reisfeld acerca de que los juzgados por encubrimiento (Beraja, Telleldín, Menem, Palacios, etc.) serían la “conexión local” del atentado, cuando en verdad habría que hablar de “conexión internacional”, ya que los autores de los bombazos fueron a todas luces mercenarios argentinos que aprovecharon que ambos edificios, tanto el de la Embajada de Israel como el de la AMIA, estaban de refacciones, para demolerlos con gente adentro aunque, curiosamente, sin que estuviera en ellos ningún diplomático o dirigente de la DAIA, AMIA u OSA.

El mismo jueves en el que declararon Diana Malamud y Adriana Reisfeld, se hizo el tradicional acto (a esta altura, una farsa) en recordación de los muertos de la Embajada de Israel. Sin embargo, siempre puede haber algo que rompa con lo previsto, y esta vez lo fue el discurso del familiar escogido, Maximiliano Lancieri, hijo de Miguel Angel Lancieri Lomazzi, quien murió luego de haber llegado al lugar en una camioneta Dahiatsu transportando un aire acondicionado que él y un compañero debían colocar en un edificio vecino. Maximiliano Lancieri dijo que “lo único que mantiene vivo el recuerdo es la fuerza de los familiares, amigos y allegados que año tras año luchan por mantener viva la memoria de quienes nos han sido brutalmente arrancados de nuestras vidas” y pidió que “No indaguemos en ninguna pista internacional, (porque) no creo que nadie pudiera organizar ese atroz atentado sin ayuda local”, es decir, expresó su convencimiento de que los asesinos están entre nosotros.

Respecto a la crónica de Claudio Goldman: Hemos suprimido algunas repeticiones, hecho alguna aclaración y tratado a Diana Wassner de Malamud y a Diana Alche de Guinsberg por sus apellidos de casadas y viudas, que es como las conoce el público.

De la declaración de Diana Malamud lo que más me llamó la atención fue que dijo que la autopsia de su marido, Andrés Malamud, fue totalmente trucha, y que el reo Rubén Beraja le pidió  encarecidamente que no lo divulgara, acaso, pienso, porque podrían encontrarse otras muchas autopsias falseadas, comenzando por la de Tito Díaz, el portero del edificio de enfrente a la AMIA, cuyo cadáver fue ingresado a la morgue como el de una mujer y reapareció con un amortiguador incrustado debajo de un sobaco.

También resultó fuerte su admisión de que el remito del volquete dejado frente a la puerta de la AMIA escasos minutos antes de su voladura por el misionero Juan Alberto López, de la empresa Santa Rita, remito supuestamente recibido y firmado por su marido, tenía un garabato que no tenía nada que ver con el “gancho” habitual del finado, algo que quien escribe había afirmado hace dos décadas y publicado en su AMIA. El Atentado. Quienes son los autores y por qué no están presos (Planeta, 1997).

Diana Malamud confirmó que los dirigentes de “la cole” daban por bueno que el taxi boy brasileño Wilson Dos Santos había avisado 15 días antes la cónsul argentina en Milán que se preparaba un ataque contra uno de los principales edificios judíos de Buenos Aires por lo que el atentado bien podría haber sido previsto y evitado.

Al parecer no dijo que también los consulados israelíes en Milán y San Pablo habían sido advertidos. Al menos no figura en la crónica de Goldman.

Lo de los cuerpos secretos de la causa AMIA clama al cielo. ¡Deben ser desclasificados de inmediato!

……….

Publicado en www.lavozjudia.com y remitido por su director, Daniel Schnitman

AMIA “Los acusados son la verdadera conexión local”

Cobertura del juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA      

Audiencia Nº 25, 17/3/16

Malamud: “La autopsia no corresponde a mi marido”

 

CLAUDIO GOLDMAN / EMET DIGITAL

Diana Wassner, viuda de Andrés Malamud y secretaria de Memoria Activa, una de las agrupaciones que reúnen a familiares de víctimas del atentado a la AMIA, declaró hoy, jueves, por casi tres horas en el juicio oral y público por encubrimiento de sus autores o cómplices y criticó duramente al Estado Nacional, fundamentalmente al ex presidente Carlos Menem, el destituido juez Juan José Galeano y los entonces fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, y a la dirigencia judía encabezada por Rubén Beraja.

“Todo cambió en nuestra vida”, junto con sus dos pequeñas hijas, ante “la imposibilidad de elaborar el duelo por no haber justicia”, tras “veintidós años de lucha, cuando de eso tendría que haberse ocupado el Estado”, reclamó.

La querellante relató pormenorizadamente los orígenes de su agrupación, por iniciativa de un grupo de intelectuales judíos que no querían que el ataque terrorista quedara impune como el atentado a la Embajada de Israel, del cual justo hoy, 17 de marzo, se cumplen 24 años. Dos semanas después de la explosión empezaron a reunirse en silencio en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para que todos los vieran y se enterasen de que si bien el blanco había sido judío, la víctima era la sociedad argentina; luego incorporaron discursos (quien suscribe fue uno de los oradores) hasta el 10° aniversario.

Paralelamente, muchos familiares empezaron a reunirse para hacer catarsis e hicieron su primer acto el 18 de octubre de 1994, en la esquina de donde funcionara la AMIA, para exigir verdad y justicia. En uno de esos primeros encuentros decidieron conocer a Galeano y la testigo concurrió al juzgado con Ana María Czyzewski.

“Nos explicó que ningún juez sabía sobre terrorismo y que la Justicia tenía poca capacidad para investigarlo, pero que haría lo posible; le pregunté por qué había ido a ver a Menem a su regreso de Venezuela de tomarle declaración a (Manoucher) Moatamer y me contestó que consideraba que era una cuestión de Estado”, lo cual “me generó dudas y fue el primer disparador” de una desconfianza que creció con los años, recordó ante una Sala AMIA colmada como nunca antes en este juicio: todo el subsuelo y una decena de personas en la planta baja.

Poco después del atentado, los familiares fueron citados por las autoridades de la AMIA y la DAIA para explicarles los avances de la causa y pedirles que estuviesen todos unidos porque el juzgado contaba con poca gente y ni siquiera tenía una computadora.

Allí estaban ambos titulares, Alberto Crupnicoff y Beraja, los dirigentes de la DAIA Roberto Zaidemberg (vicepresidente), Rogelio Cichowolski (secretario general) y Jorge Brotsztein (prosecretario 1º), el director ejecutivo, Alfredo Neuburger, y los abogados Alberto Cukier, Natalio Czarny y Luis Dobniewski, quien les informó que la propia AMIA había aportado once personas para que ayudaran al juez.

En esos primeros momentos “todos los familiares confiábamos en que las instituciones comunitarias nos representarían, pero no pasó mucho tiempo hasta que nos dimos cuenta de que no era así”, lamentó quien fue su cara visible durante muchos años, junto con Laura (Alche de) Ginsberg, y por ello se convencieron de que nadie haría lo que los deudos necesitaban.

Entonces ambas fueron a leer el expediente y empezaron a notar cosas que les llamaban la atención desde el mismo sentido común, como la “famosa” foja 114, que pedía intervenciones telefónicas a la Embajada de Irán y diversas personas, incluido Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, y su entorno, pese a que se supone que recién habían llegado a él tras el hallazgo del motor, el 25 de julio de 1994. Ni el juez, ni los fiscales, ni Beraja, ni Dobniewski les dieron una explicación convincente, más allá del probable traspapelado de una hoja no fechada. Pero la testigo descubrió algo mucho más grosero y personal: el remito de recepción del volquete de la sospechada empresa Santa Rita tenía una falsa firma de su marido, que estaba a cargo de las refacciones en la AMIA. Esto se lo comentó al juez, quien le dijo que ordenaría una pericia, pero recién se hizo muchos años después, luego que el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista la citó para ratificarlo. Y fue aún más grave lo que Wassner advirtió al año siguiente, cuando fue con Marita, la viuda de Claudio Ubfal, a leer las autopsias de sus esposos: la de éste último estaba incompleta y la de Andrés no le correspondía, ya que pese a que tenía su foto, no coincidían el grupo sanguíneo ni la descripción del cuerpo con una persona de 37 años. El titular de la DAIA le pidió que no lo contara porque eso podía generar pedidos de exhumación de todos los cuerpos de las víctimas, y ella lo calló hasta hoy.

A Ginsberg tampoco “le cerró” la pericia de Osvaldo Laborda sobre cómo fue el atentado, y “Beraja y Cichowolski nos retaron por haber dicho que estaba mal, ya que de última pedirían otra”, señaló.

Encima, el 18 de julio de 1995, la querellante fue invitada al programa Tiempo Nuevo, de Bernardo Neustadt, y presenció el saludo fraterno entre Menem y Beraja, que se llamaron “Rubén” y “Carlitos”.

“La relación de la DAIA con el gobierno no era para el esclarecimiento del atentado”, sentenció.

Por todo eso y varias cosas más, “los familiares ya no creíamos en la Justicia, ni en los dirigentes -sentíamos que nos querían cooptar-, así que decidimos ser querellantes para saber qué había pasado realmente y que los culpables estuvieran presos”, justificó la secretaria de Memoria Activa.

Diana contó que en 1995 y por recomendación de Sergio Widder, entonces director para Latinoamérica del Centro Simon Wiesenthal, fueron a ver a Alberto Zuppi, quien había logrado la extradición del criminal de guerra nazi Erich Priebke como letrado de la Embajada de Italia.

“Queríamos un abogado no judío para que no hubiera contaminación”, afirmó.

Le pidieron al presidente de la DAIA en esa época, Rubén Beraja, que las instituciones pagaran sus honorarios, y si bien al principio les dijo que le parecía una buena idea que se constituyeran como querellantes y les ofreció un lugar para trabajar, una computadora y fotocopias del expediente, finalmente cambió de opinión y con su par de la AMIA, Alberto Crupnicoff, les explicaron que no estaban en condiciones económicas de ayudarlos y les propusieron a León Smoliansky, quien los patrocinó ad honorem junto con Elías Neuman, aportado por otro deudo, Mario Averbuch, aunque no tuvieron mucho trato con él.

El flamante abogado les comentó que le parecía extraño que la prensa supiera cosas que él ignoraba y luego les pidió que lo acompañaran al juzgado porque era una persona mayor y no lo atendían ni le daban una silla.

“No lo querían recibir ni le daban fotocopias” de la causa, mientras que “Beraja y (el entonces secretario general de la DAIA, Rogelio) Cichowolski tenían otro trato: se referían al juez (destituido Juan José Galeano) como ‘Juancito’ y siempre hablaban de ‘nosotros’”, incluyendo al juzgado, denunció Diana.

“Smoliansky nos dijo que había un ‘código Galeano’ al cual no tenía acceso, que lo discriminaban y que no podía seguir luchando contra los molinos de viento”, así que renunció.

Ya era 1997 y “volvimos con Zuppi porque ya no podíamos creer en la AMIA y la DAIA”, así que para conseguir la plata de sus honorarios constituyeron a Memoria Activa, de la cual algunos familiares formaban parte, en una asociación civil, relató su actual secretaria.

Otros deudos siguieron bajo la égida de las instituciones “porque confiaban ciegamente en los dirigentes o temían no conseguir el dinero” para un nuevo abogado, continuó.

Memoria Activa se enteró del video de la negociación entre Galeano y Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, uno o dos días antes de su difusión pública, el 6 de abril, cuando el conductor del programa Día D, Jorge Lanata, llamó para invitarlos a acompañarlo cuando lo presentara y como una muestra de apoyo, pero no aceptaron, contó Diana, arrepentida.

Así que lo vieron por televisión, como la gran mayoría de los argentinos.

Dos días después, la querellante intentó presenciar la audiencia del juez con la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Investigación de ambos atentados, pero no la dejaron entrar, así que esperó a que terminara en un bar, mientras Cichowolski y (el entonces prosecretario 1º de la DAIA, Jorge Brotsztein trataban de convencerla de que el juez no había actuado mal, sino que pretendía que el imputado dijera la verdad, y que no le había pagado a cambio de declarar contra los ex policías.

Beraja les dijo lo mismo, aunque no recuerda cuándo ni dónde.

La polémica difusión decidió a Memoria Activa a no tener más trato con la AMIA y la DAIA, cuyos directivos le recriminaban que Galeano la acusaba de entorpecer la investigación, el ex presidente Carlos Menem estaba enojado por lo que decían y su ministro del Interior, Carlos Corach, quería que abandonaran la plaza Lavalle.

Un año antes, después de leer el discurso de los familiares en el acto por el 2° aniversario, a Diana Malamud le avisaron que había un auto estacionado en la puerta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), donde trabajaba, con una pareja adentro, el cual la siguió por toda la ciudad casi hasta el límite con la Provincia de Buenos Aires. Después supo que eran policías de civil que supuestamente la protegían de sus colegas bonaerenses, que la habrían querido matar, según le informó el propio jefe de la Federal, Adrián Pelacchi, quien se disculpó por el susto.

Desde el Departamento Protección del Orden Constitucional (DPOC) agregaron que no cruzaban a la provincia por la disputa entre ambas fuerzas y entre Menem y el entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde.

La querellante le pidió seguridad para ella y sus hijas al presidente de la DAIA, pero éste le explicó que la entidad no podía brindársela, sino pedirla a la Policía y le mandó a una persona a su casa para que la asesorara respecto de sus prácticas y hábitos.

Asimismo, el gerente del área del CONICET en la que trabajaba, Daniel González, le contó, compungido, que las autoridades habían recibido la orden de Menem de echarla, y que si bien logró defenderla, no pudo evitar que no le asignaran una dirección que le correspondía.

Por otra parte, la testigo narró que Zuppi fue una vez al estudio del abogado de la AMIA, Luis Dobniewski, y éste le mostró un fax que había recibido del juzgado con un escrito de Memoria Activa presentado media hora antes.

En otra ocasión, Beraja les avisó que se había recibido una amenaza contra Memoria Activa y fueron al juzgado de Carlos Branca, quien les informó de qué se trataba.

“Le dije que quienes amenazan no cumplen y Cichowolski me aclaró que no siempre era así; en el ascensor le pregunté por qué había afirmado eso y me contó que quince días antes del atentado, el ‘taxi boy’ (brasileño) Wilson dos Santos le había avisado de un ataque a un importante centro judío en Buenos Aires a la cónsul argentina en Milán, Norma Fassano, y que eso figuraba en un legajo secreto” de la causa, reveló Malamud, quien luego fue al juzgado y armó “un escándalo” por la existencia de expedientes reservados y porque el ataque se podría haber evitado, mientras uno de los secretarios, Carlos Velazco o Javier de Gamas, argumentaba que la modalidad pretendía descubrir a los terroristas y su “conexión local”.

“Ya teníamos en claro que era una ‘no investigación’: ignoraban las medidas que pedíamos, o las hacían mal o mucho después; había fojas que remitían a otras inexistentes (porque estaban en legajos secretos); y con la AMIA y la DAIA se manejaban como si fueran todos amigos”, sintetizó.

Diana recordó que el 7 de julio de 1997, el entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja, habló en el acto semanal que realizaba esa entidad y anunció que tenía una lista de encubridores del atentado a quienes denunciaría.

Dos días después y a pesar del feriado, los familiares tuvieron una reunión con la AMIA y la DAIA de cara al acto por el tercer aniversario, en un hotel cercano al Obelisco que pertenece a un entonces dirigente de la segunda, Isaac Ryb, y en esa ocasión el titular de la misma y (su entonces secretario general, Rogelio) Cichowolski les pidieron saber el contenido de su discurso, pero como alguna vez les habían censurado un fragmento, se negaron a informarles, aunque les anticiparon que estaría en línea con lo que decían cada lunes en la plaza Lavalle. Por los familiares de las víctimas también estuvieron Laura Ginsberg, Mario Averbuch, Norma y Jorge Lew, Adriana Reisfeld, Daniel Rodríguez, Luis Czyzewski y Olga Degtiar, más Enrique Burbinski y Gerardo Mazur, por Memoria Activa.

En el acto, el público abucheó al entonces canciller, Guido Di Tella; al ministro del Interior, Carlos Corach; y al propio Beraja, a quien le reclamaban los nombres de los encubridores y ante su negativa, la gente le dio la espalda, “en un gesto ofensivo y de reproche”, interpretó Diana.

Acto seguido, los presidentes de la DAIA y la AMIA, Oscar Hansman, fueron a la Casa Rosada “a pedir disculpas” por el discurso de los deudos y aclarar que no los representaba, lo cual motivó el quiebre definitivo con las instituciones por parte de Memoria Activa, pese a que el primero siempre negó haber solicitado perdón.

Los familiares también sufrieron represalias: Ginsberg, la oradora, fue amenazada en su trabajo, ese mismo 18 de julio o al día siguiente, y la agrupación de la testigo ya no pudo reunirse en Hacoaj (el club más bacán de “la cole”) donde Cichowolski tenía mucha influencia, sino que debió mudarse a Hebraica, cuyo presidente, Gilbert Lewi, estimaba a su director de Cultura, Mazur.

Por otra parte, en algún momento que no especificó Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, pidió hablar con Memoria Activa, pero sus abogados no aceptaron; ya hacia fines de 1994, el letrado de la AMIA, Luis Dobniewski, les había propuesto sacarlo de la cárcel “a dar una vuelta”, pero la testigo no pudo precisar a qué se refería. Otra vez se quejaron del juez en la Bicameral y su presidente, Carlos Soria, le preguntó al entonces fiscal José Barbaccia qué haría al respecto, a lo cual respondió que “respetaba los tiempos de (Juan José) Galeano y trabajaba codo a codo con el juzgado”, ejemplificó.

“Denunciamos la connivencia de los fiscales con el juez”, subrayó Diana Malamud.

“Como en el juzgado nos escatimaban el expediente, (el entonces abogado de Memoria Activa, Alberto) Zuppi dejó de ir y buscamos a Pablo Jacoby, que tenía más experiencia en este edificio (los tribunales federales); si bien el primer contacto fue cordial, después vivió lo mismo que el resto” de los letrados de Memoria Activa, aseguró su secretaria.

Galeano estaba interesado en convencerlos de la culpabilidad de unos policías bonaerenses, así que una vez les hizo oír una escucha telefónica que involucraba al ex subcomisario Juan José Ribelli y en otra oportunidad notaron un clima de “jolgorio porque creían que habían esclarecido el atentado”, tras haber descubierto que su padre era un “obrero millonario”, en referencia a la cesión anticipada de bienes a favor de sus hijos el mismo día que Telleldín había entregado la Trafic, lo cual interpretaron que era el blanqueo del pago por la intermediación con los terroristas, relató.

Más adelante, Memoria Activa debió decidir si requería o no la elevación a juicio oral, “más allá de que faltaban un montón de medidas y los abogados dudaban de las pruebas contra los ex policías bonaerenses, sobre todo a partir de la difusión del video; Zuppi no quería acusarlos y Jacoby aconsejaba lo contrario porque si después surgía algo, ya no podrían hacerlo, y de última, al final desistían”; ésta fue la posición que primó, aseveró Diana.

Hacia el final de su testimonio, la testigo reveló que después de pedir muchas veces que extrajeran muestras de ADN a los familiares que todavía viven, hace seis meses la Fiscalía les pidió autorización para cotejarlo con restos no identificados y aún no enterrados de las víctimas, una de la cuales permanece como NN.

Y luego calificó de “causa casi perdida” la que investiga el atentado en sí mismo y que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Un dato de color, que se dio por primera vez en el juicio, fueron los aplausos del público, como cuando el presidente rotativo del Tribunal Oral Federal Nº 2, Néstor Costabel, impidió que la defensora de Beraja, Valeria Corbacho, le preguntara qué opinaba Memoria Activa sobre el fallecido fiscal Alberto Nisman antes de la firma del memorándum con Irán.

La letrada se quejó por los ruidos mientras intentaba guiar una línea de interrogatorio tendiente a probar que muchas de las denuncias de esta agrupación las habían hecho la AMIA y la DAIA en 1997 y ante la Justicia.

Luego se pasó a un cuarto intermedio para la declaración de Adriana Reisfeld, hermana de Noemí y presidenta de Memoria Activa. Éstos eran algunos de los testimonios más esperados del juicio porque esta entidad batalla contra la impunidad desde un principio y muchas veces en soledad, al punto de haber denunciado al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, impulsado y conseguido el juicio político y posterior destitución de Galeano, y también empujado y sostenido el reclamo para que se llevara a cabo el debate que hoy las tuvo como protagonistas.

Reisfeld: «Vi a fiscales en evento recaudatorio de DAIA»

Adriana Reisfeld, hermana de Noemí y presidenta de Memoria Activa, declaró hoy por casi una hora en el juicio y sorprendió al revelar un hecho que reflejaría una estrecha relación entre los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que “eran invisibles” y la testigo no sabía “qué hacían”, y la DAIA.

“Estuve con ellos y también con (el fallecido Alberto) Nisman en una casa particular, a la cual me invitaron -creo que por error- para una conferencia de (la entonces letrada de la entidad, Marta) Nercellas durante el juicio oral anterior (realizado entre 2001 y 2004), para recaudar fondos para pagarle” sus honorarios porque “se ve que era cara…”, relató.

“Cuando notaron mi presencia, quien me invitó sugirió que sería interesante escuchar mis opiniones, pero el moderador (y asesor político de la DAIA, Alfredo) Neuburger no me dio la palabra”, se quejó Adriana, quien luego destacó el tenso momento que se vivió cuando su marido, Enrique Churba, discutió con Nisman acerca de la legalidad y conveniencia de la declaración de los agentes de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado, que luego confirmarían el pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, para que modificara su indagatoria e involucrara a ex policías bonaerenses.

Como consecuencia del ataque terrorista “nuestra familia cambió para siempre: nos partieron en dos y tuve que dedicarme a buscar justicia”, resumió al principio de su testimonio.

Noemí tenía 36 años y trabajaba como asistente social de la AMIA, al mando de Norma Lew, pero solo concurría al edificio sus días de guardia, que eran los miércoles, aunque por las vacaciones de invierno había cambiado con una compañera de trabajo y asistió ese fatídico lunes 18 de julio de 1994.

Cuando rescataron a esta última, tras ver uno de sus dedos entre los escombros, en medio del dolor de sus heridas llegó a pedir que buscaran a su hijo, Agustín, y a su subordinada, pero ambos ya habían fallecido.

Los restos de Noemí recién aparecieron el sábado 23, tras seis días de larga y agobiante espera en la sede provisoria de la AMIA, en Ayacucho 632, un predio vendido varios años después.

Tras el atentado, sus dos hijas, de 9 y 12 años, se quedaron primeramente con el padre, pero poco después pasaron a estar a cargo de Adriana y su madre, que las criaron “y muy bien”, según se ufanó la testigo.

Una semana después del ataque, un grupo de familiares comenzaron a reunirse en la galería Galecor, de Villa Crespo, y recién a la cuarta semana asistió por primera vez a los reclamos de Memoria Activa en la plaza Lavalle, junto con su mamá y su esposo.

“Desde un primer momento no nos sentimos contenidos ni representados por las instituciones comunitarias porque a nosotros nos habían matado a nuestros familiares y a ellas les habían derrumbado un edificio, que después reconstruyeron en el mismo lugar”; además, “los dirigentes ‘cuidaban su quintita’ y defendían sus intereses personales”, sentenció Reisfeld.

Con otros deudos fueron al juzgado y enseguida notaron que lo que allí les informaban y lo que les aportaban los dirigentes judíos no era lo que necesitaban, ya que había irregularidades como que se enteraban de lo que ocurría por los diarios, y por eso decidieron presentarse como querellantes al año siguiente.

Como no podían pagarle a un abogado, el entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja, les recomendó consultar con un grupo de asesores que colaboraban ad honorem con las entidades y se reunían cada quince días, y de entre ellos eligieron a León Smoliansky, quien los patrocinó durante más de dos años.

“Dejó por la defraudación que sentía por parte de (el destituido juez Juan José) Galeano y los fiscales: a él lo dejaban esperando mientras que los abogados de la querella AMIA-DAIA tenían una familiaridad con el juzgado que no era habitual, Beraja entraba con solo tocar a la puerta y a nosotros nos atendía un secretario o un empleado, ellos se llevaban fotocopias y nosotros teníamos que sacarlas abajo y pagarlas, había legajos secretos que la AMIA y la DAIA conocían…”, diferenció.

Así, la distancia con las instituciones crecía tanto como las irregularidades que observaban en el expediente y entonces rechazaron integrarse jurídicamente a las primeras y, en 1997, constituyeron a Memoria Activa como una fundación sin fines de lucro, a fin de recaudar fondos para pagarle al letrado que querían: Alberto Zuppi.

Con el tiempo, este letrado también sufrió la diferencia en el trato y como la causa se había tornado demasiado voluminosa les pidió que contrataran a otro abogado; así llegaron a Pablo Jacoby, quien ya conocía a Galeano y confiaba en tener una mejor relación con el juzgado, pero pronto advirtió la realidad, relató la querellante.

El año 1997 representó el punto de quiebre con la dirigencia judía: el lunes 7 de julio, Beraja fue al acto semanal de Memoria Activa en la plaza Lavalle para anunciar que “entregaría una lista con los involucrados” en el encubrimiento del atentado “y la gente entendió que lo haría el 18”, en el evento por el 3er aniversario, contó.

Dos días después, junto con el presidente de la AMIA, Oscar Hansman, citó a los deudos en un hotel céntrico y les pidieron “insistentemente” leer previamente el discurso de los familiares, “que sería fuerte y diría muchas verdades”, pero se negaron a dárselos; “también se convino que no habría invitados especiales (del gobierno menemista) y que el palco sería solo para los familiares”, lo cual finalmente no se cumplió.

Asistió con Laura Ginsberg, Diana Malamud, Norma Lew, Luis Czyzewski y Gerardo Mazur, el único que no había perdido a un ser querido, pero era un importante integrante de Memoria Activa.

Finalmente, el discurso leído por la primera (Guinsberg) causó conmoción porque “acusó al gobierno de (los entonces presidente, Carlos) Menem y (gobernador bonaerense, Eduardo) Duhalde de consentir la impunidad, a Galeano de no investigar y a la dirigencia comunitaria de permitirlo, entre otras irregularidades”, memoró Reisfeld.

En cambio, “Beraja no dio los nombres (esperados) y el público lo abucheó; después nos recriminó haberlo preparado, pero fue espontáneo”, aclaró.

Al mediodía, los titulares de la AMIA y la DAIA “cruzaron la Plaza” de Mayo rumbo a la Casa Rosada, la sede del gobierno nacional, “para pedir disculpas en su nombre” por las palabras de los familiares, según ellos a pedido del entonces ministro del Interior, Carlos Corach, prosiguió la testigo.

Luego amenazaron a Ginsberg y hacia fines de ese año, poco antes de irse de viaje, llamaron telefónicamente a Reisfeld, con música judía de fondo: “Me dijeron que me fuera a mi país (¿por Israel?) y dejara de reclamar”.

Reisfeld: “Acusados son la verdadera conexión local”

“Cuando criticábamos a (el destituido juez Juan José Galeano y a los fiscales (por entonces Eamon Mullen y José Barbaccia) nos decían que estábamos locos, pero después nos dieron la razón”, reivindicó hoy  Adriana Reisfeld, hermana de la difunta Noemí y presidenta de Memoria Activa, en el juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del atentado a la AMIA.

En 1999, la entidad denunció al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “porque no había justicia”.

Por otra parte, la querellante contó que en cierto momento el juez les ofreció reunirse con Carlos Telleldín, el último poseedor conocido de la camioneta-bomba Trafic, pero se negaron porque no hacía al debido proceso; sin embargo, el entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja, sí lo hizo, “para la época (1995, cuando Telleldín recibió tanto a el ex capitán Héctor Pedro Vergés (uno de los jefes tanto del siniestro Comando Libertadores de América, versión cordobesa de la Triple A, como del centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Perla) como a la entonces presidenta de la Cámara Federal, Luisa Riva Aramayo”, que actuaba en nombre de Corach, es decir, del gobierno nacional.

“Nos dijo que daba todo por la causa y que nada tenía que perder porque no tenía hijos”, recordó.

Reisfeld también ejemplificó las diferencias metodológicas con la AMIA y la DAIA con la decisión de dos de los abogados de esta última, Roberto Zaidemberg y Marta Nercellas, de filmar y grabar al imputado Bautista Huici en un bar.

“En el juicio oral anterior, ella dijo que lo volvería a hacer si eso le servía a la causa”, recalcó.

La testigo también se quejó de que su querella no fue avisada de que se le tomaría declaración al “testigo C” Abolghasem Mesbahi en Alemania, mientras que las instituciones no solo lo sabían, sino que algunos de sus abogados asistieron a la misma, tal como se enteraron por la prensa.

Y relató que una vez le recriminó al juez que no detuviera a la mujer de Telleldín, Ana María Boragni, pero que éste le respondió que dejara que cuidara a sus hijos, tras lo cual la declarante le preguntó quién velaba por las hijas de su hermana.

Luego, explicó que tanto la decisión de requerir la elevación a juicio de los ex policías bonaerenses como la posterior de no acusarlos por el atentado, más allá de que era evidente que habían cometidos delitos comunes, fueron adoptadas por votación en el seno de Memoria Activa.

Hacia el final de su testimonio, la querellante se exacerbó: “En 1997 denunciamos un encubrimiento y éstos que están acá (por los acusados) son la verdadera ‘conexión local’: no pusieron la bomba, pero son los responsables de la impunidad, y Galeano es un farsante”, lo increpó antes de que el presidente rotativo del Tribunal Oral Federal Nº 2, Néstor Costabel, le pidiera que se calmara, en medio de aplausos del numeroso público.

A continuación, la abogada de Beraja, Valeria Corbacho, intentó sin suerte que le reconociera méritos a su defendido, como que “los nombres” de encubridores reclamados constituyeron una denuncia presentada oportunamente ante la Justicia o que el ex presidente de la DAIA había sido condenado a muerte en Irán por su accionar en la causa.

Finalmente y en virtud de los dichos de Reisfeld y, previamente, Diana Malamud, el letrado de los ex uniformados, José Manuel Ubeira, solicitó que se cite a Laura Alché, viuda de José “Kuky” Ginsberg y actual titular de la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), y al ex abogado de Memoria Activa Alberto Zuppi, moción que contó con el apoyo de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la propia entidad, que recordó que ya lo había ofrecido.

En cambio, se opusieron las defensas de los ex fiscales -“las testigos son querellantes y no los ofrecieron, no pueden pedirlos otras partes”- y juez -“en esta causa no hay denuncias de amenazas o falta de acceso a expedientes secretos”; esto último no es así-.

Habida cuenta que el próximo jueves es feriado, se pasó a un cuarto intermedio hasta el 31 de marzo, cuando declararán los ex policías bonaerenses Eduardo Toledo y Marcelo Casas.

Previamente llamó la atención la insistencia de la fiscal Sabrina Namer por conocer precisiones acerca de quién era, qué rol cumplía y qué vínculo tenía con la Policía el ex prosecretario de la DAIA Jorge Brotsztein, a quienes las testigos identificaron como “el comisario”, y que el tribunal consultara si alguna de las partes hará una petición respecto de la audiencia del 28 de abril, que erróneamente describió como “el comienzo de la Pascua judía” cuando en realidad el séptimo día de Pésaj recién comenzará cerca de las 18 y las sesiones nunca duran hasta esa hora.

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