BOLIVIA. Clamor para que la dictadura otorgue un salvoconducto a Juan Ramón Quintana

Destacados abogados y organizaciones legales piden medidas cautelares y salvoconducto para el ciudadano boliviano Juan Ramón Quintana

El Gremio Nacional de Abogados (por sus siglas en inglés, NLG), la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL) y la Asociación Estadounidense de Juristas (AAJ) condenan enérgicamente la persecución por motivos políticos del régimen de facto en Bolivia contra los miembros del gobierno del ex presidente Evo Morales, y en particular, al exministro de la Presidencia y embajador, Juan Ramón Quintana, y el abuso del sistema de aplicación de la ley para arrestarlo arbitrariamente y perseguirlo a él y a otras personas sobre la base de sus posiciones políticas pasadas.

NLG, IADL y AAJ hacen un llamado a aquellos que actualmente ejercen el poder para que cesen las violaciones continuas de los derechos humanos fundamentales del Sr. Quintana al debido proceso, la vida y la libertad, la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la ausencia de discriminación y la libertad de asilo como lo garantiza la Constitución boliviana, la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y todas las leyes y resoluciones internacionales de las que Bolivia es parte. Instamos al régimen boliviano a que cese de inmediato todas las amenazas a la integridad física del Sr. Quintana y le permita disfrutar plenamente de su derecho de asilo y salvoconducto a México, donde se le ha otorgado asilo político, como lo garantiza el derecho internacional.

NLG, IADL y AAJ denuncian firmemente la persecución política pública, explícita e incuestionable a Juan Ramón Quintana, ciudadano boliviano y ex ministro de la Presidencia y embajador en Cuba durante el gobierno de Evo Morales. Inmediatamente después de la renuncia forzada de Evo Morales a su cargo, debidamente elegido como Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia el 10 de noviembre de 2019, durante el golpe de estado de derecha y liderado por militares, el régimen interino autoproclamado comenzó una campaña pública agresiva para perseguir y capturar a Juan Ramón Quintana. El senador derechista de la región de Cochabamba, Bolivia, Arturo Murillo, quien fue designado para el cargo de Ministro de Gobierno del régimen de facto dirigido por Jeanine Añez, ha hecho repetidas declaraciones públicas infundidas de odio en los medios nacionales e internacionales, que demuestran la persecución política inequívocamente agresiva al Sr. Quintana y una clara amenaza a su integridad física. Un artículo de New York Times del 16 de noviembre de 2019 cita la declaración del Sr. Murillo: “Vamos a ir a cazar a Juan Ramón Quintana… porque es un animal…”. Murillo ha hecho declaraciones similares a la prensa en múltiples ocasiones desde la ruptura del orden constitucional el 10 de noviembre de 2019 y la expulsión forzada del gobierno de Evo Morales. El 14 de noviembre declaró a los medios locales bolivianos que “se reuniría de inmediato con la policía y daría las instrucciones necesarias para ir a buscar a Juan Ramón Quintana. ¿Por qué cazar? Porque es un animal…”. El uso de términos como “cazar” y “animal” describe no solo una persecución claramente motivada políticamente, sino también la deshumanización de la víctima para justificar la violación grave de sus derechos.

Human Rights Watch también ha denunciado los graves abusos cometidos por el régimen de derecha de facto en Bolivia y, en particular, la persecución agresiva y el lenguaje deshumanizador utilizado contra Juan Ramón Quintana. “El 13 de noviembre, el recién nombrado ministro de gobierno, Arturo Murillo, advirtió que el gobierno “perseguirá” y encarcelará a las personas que cometan “sedición”, un delito que está vagamente definido y lleva hasta tres años de prisión bajo la ley boliviana… Murillo dijo que el gobierno también “perseguiría” a Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia del expresidente Evo Morales, a quien describió como “un animal”. Cualquier investigación y enjuiciamiento contra exfuncionarios del partido político MAS de Morales debe respetar estrictamente garantías del debido proceso, dijo Human Rights Watch”.

El 25 de noviembre de 2019, se presentó una solicitud de medidas cautelares en nombre del ex ministro Quintana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El mismo día, el Ministro de Gobierno de facto, Arturo Murillo, anunció que se había emitido una orden de arresto contra el Sr. Quintana por los presuntos delitos de terrorismo, sedición, entre otros delitos graves. No se han presentado pruebas para respaldar acusaciones tan graves y la orden de arresto se produce después de más de dos semanas de declaraciones repetidas de “caza” al Sr. Quintana porque era un miembro de alto nivel del gobierno de Evo Morales.

Solo unos días antes, Murillo había anunciado que se había emitido una orden de arresto contra Evo Morales por acusaciones similares de terrorismo y sedición. Morales se encuentra actualmente en México, donde se le otorgó asilo político después de que su vida fue amenazada tras el golpe de estado del 10 de noviembre de 2019. Juan Ramón Quintana también recibió asilo político en México y actualmente recibe asilo diplomático en la Embajada de México en La Paz, Bolivia. Sin embargo, el régimen de facto de Jeanine Añez se ha negado a otorgar su salvoconducto a México, en clara violación de las normas internacionales que rigen los derechos de los asilados. Un representante del Ministerio Público de Bolivia, o la Fiscalía Nacional, declaró en televisión en vivo el 26 de noviembre que la orden de arresto para Juan Ramón Quintana fue emitida para ‘impedir su asilo’, una admisión inequívoca del abuso de la aplicación de la ley y el proceso legal para detener arbitrariamente a un individuo políticamente perseguido. Este continuo de actos de persecución cada vez más complejos complica los esfuerzos humanitarios internacionales para proporcionar al exministro Quintana y a otros exministros un salvoconducto de la embajada de México en La Paz, Bolivia, a México, donde espera su familia.

Luego de una investigación de tres días en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que un “conjunto masivo de violaciones de derechos humanos” ocurrió en Bolivia luego del golpe de estado de derecha y la represión letal ejecutada por La policía y las fuerzas armadas controladas por el régimen contra los manifestantes contra el golpe, que causaron la muerte de al menos 33 civiles y cientos de heridos. La CIDH recomendó que un panel internacional de expertos investigue las violaciones de los derechos humanos en Bolivia que ocurrieron después del golpe de estado contra Evo Morales y enfatizó que las “instituciones nacionales no están preparadas para resolver un conjunto tan masivo de violaciones de los derechos humanos” en el país.

El Gremio Nacional de Abogados (NLG), la Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL) y la Asociación Americana de Juristas (AAJ) también exigen a la CIDH que emita medidas cautelares para Juan Ramón Quintana, para garantizar su integridad física, sus derechos a un proceso debido, vida y libertad, y su derecho a un tránsito seguro a México, donde se le ha otorgado asilo político. Como concluyó la CIDH, Bolivia actualmente es incapaz de garantizar un debido proceso judicial justo y creíble a las víctimas de abusos de derechos humanos y persecución por parte del régimen de facto. Por lo tanto, está claro que la orden de arresto emitida por el régimen para Juan Ramón Quintana es un ejemplo de persecución política grave y una violación inequívoca de sus derechos humanos. La concesión de su asilo político y diplomático por parte de México debe respetarse y su salvoconducto debe garantizarse de conformidad con el derecho internacional.