El CELS, querellante en la causa que investiga la desaparición forzada de Maldonado y parte en la de habeas corpus por el mismo caso, fundó la recusación en que Otranto, en declaraciones periodísticas y en otros hechos, «afectó la garantía constitucional de imparcialidad, adelantó opinión respecto de los hechos investigados y exteriorizó enemistad manifiesta hacia la parte querellante».

La presentación fue realizada en el Juzgado de Esquel y en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, donde el jueves se realizará una audiencia para resolver la recusación presentada el viernes último por la familia de Santiago Maldonado por el nulo avance de la investigación.

El presidente de esa Cámara, Javier Leal de Ibarra, anticipó que este tema se resolverá dentro de las 48 horas posteriores a la audiencia, «por lo que se estima que para el lunes ya habría una resolución que no puede ser recurrida».

Según argumentó el CELS en su extensa recusación, el juez Otranto, en declaraciones periodísticas incorporadas como prueba, mostró que «les cree a los 19 gendarmes que declararon en su despacho» en Esquel la semana pasada, sin hacer mención, ni ante la prensa ni en el expediente, a «las numerosas contradicciones en las que han incurrido en sus declaraciones».

Entre otros argumentos, aludió también al trato que «el juez dio a uno de los principales testigos del caso, Matías Santana, retenido durante todo el allanamiento realizado en el día de ayer con las manos precintadas» a la espalda, así como a «la filtración a los principales diarios del país de audiencias grabadas con la declaración de testigos de la comunidad».

En cuanto a los allanamientos de este lunes ordenados por el juez se concretaron durante un operativo del que participaron 367 efectivos, entre miembros de la Policía Federal, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y policías de Santiago del Estero, Buenos Aires, San Luis y Río Negro.

Esa tropa se desplegó en el terreno y rastrilló -a pie y con canes adiestrados en búsqueda de rastros humanos- la totalidad de las 1.300 hectáreas ocupadas desde 2015 por el Pu Lof en Resistencia, en conflicto de tierras con una compañía del grupo italiano Benetton, propietario de cerca de un millón de hectáreas, la mayoría en provincias patagónicas.

En el Pu Lof, consistente en dos decenas de construcciones precarias, sñolo encontraron a cuatro personas, tres varones y una mujer.

Elementos secuestrados

En los allanamientos de viviendas de familias mapuches del Pu Lof fueron secuestradas dos mochilas, varias camperas de color negro y teléfonos celulares, todo lo cual será periciado «para determinar si efectivamente pertenecen» al joven desaparecido, informó el Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Otranto, en un comunicado difundido por el Centro de Información Judicial (CIJ).

Una de las mochilas secuestradas en ese procedimiento coincide «parcialmente» por sus características con la descripta por dos testigos de la causa y la otra tiene «semejanzas de color», informó el juzgado de Otranto.

Además, Otranto consignó que bajo el árbol donde se halló la segunda mochila el suelo aparentaba tener «tierra removida» pero la inspección con canes adiestrados dio «resultado negativo».

Respecto de los teléfonos celulares secuestrados en las viviendas allanadas, según el Juzgado de Esquel, se buscará determinar si alguno de ellos pertenece a Maldonado o si «registran datos relevantes para explicar su desaparición».

El juzgado precisó además que, en el marco del operativo, se encomendó al personal de policía científica que realizara un recorrido desde la tranquera de ingreso hasta la orilla río Chubut y «registrar toda la zona en filmaciones y fotografías» a fin de cotejarlas con «las declaraciones testimoniales recibidas».

Con esa misma finalidad -siguió informando- se realizaron tomas desde la margen contraria del río para «ilustrar el campo de visión que habrían tenido las personas que habían logrado cruzarlo el día 1 de agosto».

Contando con 33 vehículos y con apoyo de dos helicópteros, las tropas revisaron 21 construcciones, incluidas viviendas de miembros de la comunidad, otras utilizadas como puestos de guardia y «muchas» en «evidente estado de abandono».

Según el parte del juzgado, en el momento en que las fuerzas de seguridad iniciaron el allanamiento «detectaron la presencia de cuatro personas en diferentes lugares de la zona», tres de los cuales eran varones que fueron identificados y «quedaron bajo custodia policial hasta que culminó el procedimiento».

En tanto, la mujer identificada ayer por los mapuches como Elizabeth Loncopan, «no permitió que pueda ser debidamente identificada», increpando a los policías, por lo cual fue conducida «con esa finalidad» por orden del juez a la ciudad de Esquel, distante a 80 kilómetros de allí, dónde recuperó la  libertad en horas de la tarde, añade el informe judicial.

Ayer, en declaraciones radiales, una de las voceras del Pu Lof en Resistencia, Andrea Millañanco, desmintió que integrantes de esa comunidad hubieran rastrillado el predio en busca de Maldonado y denunció que, durante el allanamiento del lunes, algunos miembros de la comunidad fueron «precintados durante doce horas» y hubo «maltratos constantes».

En declaraciones a FM Blue y FM La Patriada, Millañanco dijo que el procedimiento ordenado por Otranto constituyó «una falta de respeto hacia la familia, hacia nosotros y toda la sociedad» y que, en el marco de la causa por la desaparición de Maldonado, «se intenta descalificar» a los testigos provenientes de la comunidad.

El megallanamiento del lunes también recibió críticas de la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, quien volvió a cargar contra el juez Otranto y consideró que el prolongado cateo se realizó en la «máxima ilegalidad» y con «total arbitrariedad y autoritarismo».

«En su máxima ilegalidad, el juez directamente impidió a Sergio Maldonado -hermano de Santiago- ingresar y verificar el procedimiento que se realizó de una manera desproporcionada, con un despliegue que mostró la brutalidad de la fuerza del Estado en una comunidad donde hay mujeres y niños», dijo la abogada en declaraciones a radio Cooperativa.

Tras el operativo de ayer, Heredia y Sergio Maldonado se presentaron esta mañana en el juzgado de Esquel pero -según afirmaron a la prensa la abogada y el hermano mayor de Santiago- el juez Otranto se negó a recibirlos.

Insólito allanamiento de una peluquería

También ayer, y por disposición del juez Otranto, la Policía Federal allanó al mediodía una modesta peluquería de la ciudad Villa Mercedes, en San Luis (foto de presentación), luego de que alguien informara que allí se habñua cortado el pelo Santiago Maldonado hace dos semanas.

“Enrique Pérez Álvarez, un veterinario de 28 años, que vive en Villa Mercedes, vio la noticia en El Diario de la República y se presentó voluntariamente en las oficinas de la Unidad Regional II dónde aseguró que fue él quien fue a cortarse el pelo a la peluquería de General Paz 380 que fue allanada esta mañana”, describió la situación El Diario de Chubut

En su página online, el matutino se jactó de haber accedido “en forma exclusiva a la declaración del joven donde asegura que el peluquero le hizo una broma por su supuesto parecido con Santiago Maldonado”.

“’Te pareces a Maldonado, hasta la barba tenes’, le habría dicho Miguel, su peluquero, hace 10 días cuando se fue a emprolijar un poco el corte y aunque a él le pareció mala la comparación, le restó importancia, hasta este martes por la mañana cuándo Enrique Pérez Álvarez se encontró en el Facebook de El Diario de la República con la noticia del allanamiento ordenado por juez federal de Esquel, Guido Otranto a la peluquería de Miguel Rossia, de calle General Paz al 380, donde supuestamente habría estado Santiago Maldonado.

“El joven de 28 años, con una mezcla de fastidio y desconcierto, recorrió las seis cuadras que separan su casa de la peluquería para pedirle explicaciones, porque había llevado el chiste demasiado lejos. Según la exposición que radicó el joven en la oficina de informaciones de la Unidad Regional II,  llegó al local, habló con Miguel y con su esposa que le aseguraron que ellos no llamaron a la policía y que debía tratarse de un anónimo que lo vio en ese lugar o algún empleado que lo hizo sin consultarlos.

“Cerca de las 15:30, Enrique, veterinario de profesión, fue hasta la sede policial y manifestó que lo hacía para aclarar lo sucedido y evitar cualquier cosa que lo pueda comprometer y se dejó fotografiar, para que puedan adjuntar su imagen actual a la exposición.”

Hasta aquí la crónica de El Diario de Chubut. Al enterarse de la novedad, Sergio Maldonado estalló: “¡Esto es digno de un sketch de Capusotto!”, exclamó.

Maldonado y la abogada de la familia, Verónica Heredia, suscribieron un comunicado luego de que el juez Otranto se negara a recibirlos en su despacho. En ese comunicado sostienen que “es evidente la parcialidad con la que (el juez) diariamente ejerce su cargo” y remató “Cada día se hace más difícil seguir adelante”, sentencia el escrito.

«Queremos informar que en el día de la fecha, solicitamos una reunión con el juez a cargo de la causa Guido Otranto y no fuimos recibidos. Reiteramos que nuestros pedidos y reclamos sólo están enfocados en encontrar a Santiago. Es mucha la angustia que tenemos y cada día se hace más difícil seguir adelante», señaló la familia en un comunicado de prensa difundido esta tarde.

La abogada de la familia, Verónica Heredia, y Sergio Maldonado, se presentaron hoy ante el juzgado de Otranto para solicitarle información en relación al allanamiento realizado ayer en la comunidad mapuche de Cushamen, durante el cual se secuestraron dos mochilas, varias camperas de color negro y teléfonos celulares, pero no fueron recibidos.

Según una nota que dejaron en el juzgado, mientras se encontraban esperando en la mesa de entradas, ingresaron los abogados de Gendarmería, en tanto que «diariamente» el juez se reúne con representantes del Ministerio de Seguridad.

«Es evidente con la parcialidad que diariamente ejerce su cargo en esta causa como el incumplimiento a su obligación a informarme de que está realizando para encontrar a mi hermano. Aún más, sus públicas declaraciones ofenden a Santiago y a toda nuestra familia», dice la nota dejada hoy en el juzgado.

En el comunicado, la familia Maldonado señaló que «si bien el juez Otranto es responsable en la demora de la investigación», los que les «deben una explicación desde el inicio son, en primer lugar, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y (el jefe de Gabinete de esa cartera) Pablo Noceti, quien estuvo presente en el lugar en el momento de la desaparición de Santiago».

«Ellos deberían saber dónde está Santiago y que pasó el primero de Agosto de 2017», señaló la familia en una nota publicada en la página www.santiagomaldonado.com.

La abogada

En declaraciones a radio Cooperativa, la abogada Heredia, volvió a cargar contra el juez Otranto y consideró que el allanamiento que ordenó a la comunidad mapuche de Cushamen fue hecho en la “máxima ilegalidad” y con “total arbitrariedad y autoritarismo”.

“En su máxima ilegalidad, el juez directamente impidió a Sergio Maldonado ingresar y verificar el procedimiento que se realizó de una manera desproporcionada, con un despliegue que mostró la brutalidad de la fuerza del Estado en una comunidad donde hay mujeres y niños”, dijo la abogada a radio Cooperativa.

Para la abogada, Otranto decidió ayer “avanzar con total arbitrariedad y autoritarismo” en el allanamiento a la comunidad en vez de “escuchar el testimonio de tres personas de la comunidad que iban a reforzar lo que ya dijeron otros integrantes”, actividad que estaba programada y suspendió.

Y remató: «El juez no quiere escuchar la verdad; no quiere escuchar ni ver”.

Heredia denunció que durante el operativo del lunes “en forma intimidatoria, fueron atados con precintos Matías Santana, quien valientemente declaró en el juzgado, y otro joven, y una mujer fue llevada directamente a la comisaría”.

Luego de la recusación al juez Otranto que plantearon la semana pasada, la abogada y la familia de Maldonado tiene que presentarse hoy ante a Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que escuchará los fundamentos de la querella y del Ministerio Público Fiscal.

Heredia cuestionó también las declaraciones periodísticas de Otranto el pasado fin de semana, en las que señaló que la principal hipótesis que maneja es que Santiago se habría ahogado en el río, y consideró que esa situación “no surge de ningún lado”.

“Exigimos un juez y un fiscal que investiguen con reglas claras de derecho, con respeto a Santiago y la familia. El juez no puede salir por un medio diciendo cualquier cosa. Es inhumano e ilegal”, concluyó la letrada.