CURROS / 2. CONDENADOS. Menem y Cavallo, convictos por desapoderar a los argentinos del predio que usurpa y usufructúa la Sociedad Rural
Menem y Cavallo fueron condenados por la venta del predio de La Rural
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El ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo fueron condenados por la venta del predio ferial La Rural a 3 años y 9 meses y 3 años y 6 meses de prisión respectivamente. Además fueron inhabilitados a ejercer cargos públicos de por vida.
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Además, dos ex funcionarios del Ministerio de Economía fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, mientras que dos ex directivos de la Sociedad Rural y seis tasadores fueron sobreseídos.
El veredicto fue dictado por los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y José Michelini. El veredicto fue por mayoría. Los tres jueces estuvieron de acuerdo en las condenas y las absoluciones pero tuvieron diferencias en el monto de las penas, que quedaron fijas con los votos de Giménez Uriburu y Michilini.
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En el caso se juzgó la venta en 1991 del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural por 30.000.000 millones de pesos-dólares. Pero la acusación señaló que se hizo a precio vil porque el valor real era de 130 millones. La causa judicial se inició en 1999.
Los fundamentos del tribunal se conocerán el próximo 28 de mayo. Pero Infobae pudo saber que los jueces dieron por probado que el trámite de la venta fue irregular: se evitó que la venta fuera aprobada por el Congreso, la tasación fue irregular y que hubo alertas sobre violaciones legales. Por ese motivo fueron condenados los ex funcionarios.
Pero el tribunal no pudo dar por probado que los directivos de La Rural hayan participado de esas irregularidades ni que haya existido intención delictiva de los tasadores de haber valuado el predio a un precio vil.
Menem fue condenado a tres años y nueve meses de prisión, Cavallo a tres años y seis meses y Matías Ordóñez y Gastón Figueroa Alcorta, ex integrantes de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales del Ministerio de Economía, a tres años de ejecución en suspenso. Las condenas fueron por el delito de peculado y con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La fiscal Gabriela Baigún había pedido que el predio de Palermo fuera restituido al estado nacional. Pero el tribunal dispuso que la sentencia le sea notificada al juzgado en lo civil y comercial federal donde se tramita una causa con el mismo planteo.
En su alegato, Baigún había dado por probado que la venta se hizo a un precio vil, en forma directa cuando se debió haber llamado a una licitación pública, sin la aprobación del Congreso Nacional cuando la Constitución Nacional establece que debe avalar la enajenación de tierras del Estado nacional. También remarcó que se trataba de un bien de dominio público pero fue convertido en privado y que la tasación del predio estuvo a cargo del Banco Ciudad cuando debió hacerla el Tribunal de Tasación.
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«La Sociedad Rural Argentina está convencida de que su sobreseimiento es la decisión judicial que más se ajusta a derecho», sostuvo en diálogo con la prensa Daniel Pelegrina, presidenta de la Sociedad Rural, y agregó que la entidad «continuará sosteniendo y defendiendo sus derechos sobre el Predio Ferial de Palermo».
«La Rural nada tuvo que ver con esa decisión de poner el predio a la venta, que fue realizada cumpliendo los requisitos legales y a un precio acorde con las restricciones y obligaciones que se asumían. Solo tenía dos opciones: aceptarlas o perder el predio», agregó.
El ex presidente de la Sociedad Rural Ricardo Agustín de Zavalía, el ex secretario Juan Alberto Ravagnan y seis tasadores fueron absueltos. De Zavalía fue el único de los acusados que dijo sus últimas palabras antes del veredicto. «La acusación carece de fundamentos. La venta se hizo con todos los requisitos legales y no hubo acto alguno de corrupción», dijo.
Menem y Cavallo no estuvieron presentes en la lectura del veredicto y esta fue la segunda condena que reciben juntos. En diciembre de 2015, el TOF 4 condenó a Menem a cuatro años y seis meses de prisión y a Cavallo a tres años y medio por el caso de los sobresueldos. Cavallo también fue condenado a devolver 220.868 pesos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y ahora el caso está a estudio de la Corte Suprema.
Las condenas a Menem y Cavallo por el caso de La Rural son de cumplimiento efectivo. El tribunal dispuso que una vez que queden firmen se ordene la detención del ex ministro de Economía y que en el caso de Menem se la comunique al Senado «a los fines que estime corresponder». La referencia es al hecho de que, como senador, Menem tiene inmunidad de detención y para concretarla el Congreso debe quitarle los fueros.
Menem tiene 88 años y Cavallo 72, y ambos con problemas de salud, por lo que, en el caso de que la condena quede firme, lo más probable es que accedan a una prisión domiciliaria.
Este es el quinto juicio oral que atraviesa Menem. Fue absuelto por el encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA, por la venta de armas a Croacia y Ecuador, por tener una cuenta bancaria en Suiza y ahora por La Rural. La única condena es por los sobresueldos. Y tiene pendiente el juicio oral por la voladura en noviembre de 1995 de la fábrica militar de Río Tercero, en Córdoba.
Por su parte, Cavallo fue juzgado y absuelto por el «megacanje» de la deuda pública durante el gobierno de Fernando de la Rúa, del que también fue ministro de Economía.
Después de que se conozcan los fundamentos del veredicto, tanto las defensas como la Fiscalía y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que actúa como querellante y pidió condena para todos los acusados, podrán apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal de Casación Penal.
“La Rural” nunca fue de “La Rural”
“La Rural” nunca fue de “La Rural”. Así es pese a que en la vida cotidiana de más de siglo y medio porteños y provincianos se acostumbraran a denominar al “predio ferial de Palermo” (como gelatinosamente llamó el periodismo dominante al edificio y los terrenos que se alzan frente al Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires) con la misma denominación que es la chapa insolente de los grandes ganaderos argentinos: la Sociedad Rural Argentina (SRA).
En 1866, los estancieros “modernizadores” fundaron la SRA con un Martínez de Hoz a la cabeza. A confesión de parte relevo de prueba. Aquellos eran los “dueños de la tierra” que catorce años después de la caída de Rosas en Caseros que procuraban vincularse al “mercado mundial”, es decir, a vender a los frigoríficos ingleses la carne criada en las tierras más feraces de la Tierra.
En 1876 comenzaron a desarrollar la primera Exposición Rural que, desde entonces, desarrollaron cada año hasta el presente en aquellos terrenos, todos ellos propiedad del Estado nacional que había expropiado las tierras del Gaucho de los Cerrillos. Palermo a secas, había sido durante años, la estancia de Rosas cuya extensión comprendió los terrenos donde hoy se alzan el Zoológico, el Jardín Botánico, los bosques de Palermo y… la Rural.
La SRA no tiene allí su sede sino en un palacete de Florida casi Corrientes. Los hombres de la Rural estaban pensando en abandonar ese centro tan trajinado por masas de empleados, trabajadores y turistas e instalarse en aquellas tierras, también cercanas a los cuarteles del Ejército que albergan, entro otras unidades, al RI-1 “Patricios” y cobijaran un centro clandestino de detención durante la dictadura del proceso.
Los dueños de la tierra, la SRA, comandaron la cúpula del empresariado rural argentino. Y si alguna institución merece ser identificada con la denominación “oligarquía”, la SRA encabeza el lote escoltada por el Jockey Club y el Círculo de Armas. Los grandes monopolizadores de la tierra más productiva de la Argentina y los grandes directivos de la producción cárnica nacional están allí agrupados y desde esa trinchera no solamente guiaron a la corporación en sus especificidades técnicas y productivas, sino que jugaron un decisivo rol político en la historia política argentina desde su fundación. Los golpes militares producidos en el país los contaron como impulsores, asesores y beneficiarios. Nunc a recibirán una curcarda similar a la que aplican a su toros campeones por promotores de la democracia y la justicia social. Combatieron a la burguesía nacional pero, sobre todo, expoliaron al peón de campo y a los medianos propietarios a los que también explotaron mediante el arriendo y subordinaron. Y pagaron, y pagan, menos impuestos de los que deberían.
En la Argentina de la post dictadura, mientras se levantaba con enormes esfuerzos una estructura política democrática con gigantescas deudas sociales, la SRA ingresó de pleno en la celebración del neo-liberalismo cuyo carnaval sinfónico fue el menemismo. De allí vino la venta por decreto, en forma directa con la firma del presidente de la República de aquellos terrenos por 30 millones de dólares. Chaucha y palito. La SRA armó una empresa para explotar el Centro de Exposiciones levantado en el terreno al lado de la pista histórica adonde el presidente Juan Domingo Perón nunca fue en sus años de Gobierno, a la que el dictador Juan Carlos Onganía entró en carroza y donde Raúl Alfonsín enfrentó como presidente la silbatina y los insultos de los productores y la insolencia del entonces titular de la SRA, cuando respondió su discurso de “bienvenida” y éste otra vez volvió a hablar para intentar refutar al Presidente. Luego Menem hizo el regalo de una joya de la abuela.
La empresa montada por la SRA para explotar el Centro de Exposiciones instalado en el terreno es 50 % de la Rural, 25 % de Fénix Entertaiment Group y 25 % de Alto Palermo. El decreto que anula la vergüenza de aquella entrega firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y rubricado por el jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina (h) vuelve las cosas atrás. Es un acto jurídico restitutivo, no una expropiación, porque el acto menemista de 1991 es totalmente nulo. Constituye un hecho anunciado en una “cálida tarde de justicia”. Que se queden tranquilos los grandes ganaderos: las vacas y todos los animales del campo podrán pacer una vez por año en la pista central en esos días de invierno porteño para ser juzgadas por sus valores específicos.
Lo que vuelve al Estado, es decir a la Nación, es aquello que fue siempre de ella y es una pequeña parte de lo que aquél Estado hace por el campo nacional, a través de los decisivos aportes del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), los créditos del Banco de la Nación Argentina y de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de las Universidades Nacionales, entre otras contribuciones que respaldan al emprendimiento empresario.
No es la reforma agraria, ni el socialismo nacional, lo que se definió por el decreto. No es siquiera el “capitalismo de estado” que hace poner la piel de gallina a ese fiel compañero de ruta de la SRA, el diario matutino porteño “La Nación”, creado por quién increíblemente nos mira, todavía, desde los billetes de dos pesos.
En ese marco del Palermo de Rosas están también los terrenos donde están asentadas “las canchas de polo”, donde se juega la final del famoso Abierto Argentino. Conviene recordar que aquellos no son de los polistas, ni de su Asociación, ni de los criadores de petisos ad hoc. Esas canchas son el asentamiento del Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército, que el mundo polo nombra simplemente como “Remonta”, como si fuera una marca privada. La secuencia correcta es Comando de Remonta y Veterinaria, Estado Mayor General del Ejército Argentino, Presidencia de la Nación, Gobierno y Estado Nacionales. Durante el menemismo se estuvo a punto de realizar otra venta como la de “la Rural”. Un paraíso para emprendimientos inmobiliarios de lujo. Como el que iba a instalar en la sede de los Astilleros de la Armada “Domecq García” a través de otro decretazo menemista que había vendido los mismos a precio vil a un grupo aventurero. El presidente Néstor Kirchner derogó ese decreto y restauró una operativa de producción naval civil y de la Defensa bajo el nombre de “Almirante Storni”, mucho más digno que el anterior.
Una conducción firme del gobierno marca la reorganización de un Estado democrático, productivo, social y plural. Las patronales del campo son una parte de la Nación, pero no pueden colocarse por encima de la Nación. Y el decreto restitutivo de “la Rural” al seno de aquél es parte de una política que ordena el sentido de un proyecto. El proyecto y “la rural» son del pueblo. Puro pueblo.
*Docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.
PARA SABSAY ES ILEGAL. Buenos Aires, 23 Dic 2012, dom El abogado constitucionalista Daniel Sabsay evaluó que la expropiación del predio de la Sociedad Rural Argentina fue «una violación a los postulados de legalidad y de no confiscatoriedad».
«La garantía constitucional de inviolabilidad de la propiedad está contemplada en el artículo 17 de nuestra Constitución, el que establece que ningún habitante puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Agrega que la expropiación deberá tener una causa de utilidad pública, la que debe ser calificada por ley e indemnizada en su justo valor, en forma previa», advirtió Sabsay.
El experto consideró: «Todos los argentinos somos titulares de un derecho fundamental, el de propiedad, el que goza de las mencionadas garantías». «Frente a estas claras e indiscutidas premisas, tanto en la normativa como en la jurisprudencia, no puede sino sorprendernos la decisión del Poder Ejecutivo nacional de proceder a expropiar el predio que ocupa la Sociedad Rural en Palermo, por medio de un decreto y haciendo referencia a una situación judicial del pasado derivada de la supuesta venta a precio vil de ese predio, durante la presidencia de Carlos Menem», consideró.
En una nota publicada por un matutino porteño, Sabsay advirtió que en este caso se produce «un despojo ilegítimo y arbitrario de una propiedad, a través de una confiscación».