“El 30 de marzo pasado estaba acordado que la UIF se presentara en la Cámara de Casación, que debía resolver el pedido realizado por la anterior gestión del organismo de constituirse en querellante, pero las nuevas autoridades faltaron a la cita explicando luego extraoficialmente que dejaban la causa. El faltazo hizo que Casación anulara el reclamo, perjudicándonos grandemente”, agregó.

«El artículo 76, inciso 22 de la Constitución Nacional es claro -explica Alejandro Iaccarino, leyéndolo-: ‘Los tratados internacionales sobre protección de los Derechos Humanos firmados por Argentina y los acuerdos concluidos con los organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tienen jerarquía constitucional y sólo podrán ser denunciados por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara'».

Iaccarino hace una pausa y enfatiza: “Quienes en el ejercicio de su función pública violan deliberadamente derechos constitucionales, atentan contra las instituciones democráticas y traicionan tanto a sus compatriotas como a la Nación».

«Mi hermano Carlos y yo fuimos secuestrados, vejados, torturados y desapoderados de nuestros bienes. La intervención de la UIF en la causa era esencial para asegurar y reafirmar el ejercicio de nuestro derecho a recuperar los bienes apropiados. Y tratándose de delitos de lesa humanidad, es obligación del l Estado acompañar a quienes, en situación de vulnerabilidad, necesitamos ayuda para eliminar o cuando menos reducir los obstáculos que dificultan que ejerzamos nuestros derechos», agregó.

Para Iaccarino, los acuerdos de Argentina con el GAFI suponen “un deber cuyo cumplimiento supone acciones positivas” por lo que omitirlas es “responsabilidad de sus funcionarios, que de ese modo se convierten en cómplices del saqueo”.

Es más, sostiene que dicha inacción “vuelve inoperativa” a la UIF, lo que “deja indefensa a la población ante el lavado de dinero proveniente de la corrupción y el terrorismo, y en nuestro caso puntualmente del terrorismo de Estado”.

Iaccarino centró sus críticas en Mariano Federicci y María Eugenia Talarico,  presidente y vicepresidenta de la UIF. Dijo que “provienen de estudios que defendieron a quienes la UIF investigaba hasta diciembre pasado por lavado de dinero”, y que “apenas asumieron anunciaron a los trabajadores dedicados a las causas de lesa humanidad que desactivaban esas políticas porque no las consideraban terrorismo”.

De este modo, siguió diciendo, “el 22 de febrero pasado fueron desafectados quienes habían trabajado la causa Papel Prensa y en el seguimiento de las cuentas de los represores prófugos por delitos de lesa humanidad, sobre los que se habían impulsado el congelamiento de las cuentas”.

Antecedentes

Durante la gestión anterior, presidida por el hoy procesado José Sbatella, la UIF intervino como querellante en causas de lesa humanidad, con la hipótesis de que la apropiación y venta posterior de los bienes de los detenidos-desaparecidos entrañaban un delito de lavado de dinero.

Sbatella, señaló Alejandro Iaccarino, estaba convencido de esa intervención “era una herramienta para retrotraer la historia, dado que esa vía prevé la expropiación de bienes desde el mismo momento del saqueo”.

Fue así que la UIF pidió ser querellante en la causa por el robo de bienes de detenidos-desaparecidos en la ESMA, recordó.