DOSSIER VICENTÍN. «Una oportunidad histórica». Pronunciamiento del Partido Justicialista de Santa Fe
Como el tema nos parece de la mayor importancia, ofrecemos aquí, ademas del histórico pronunciamiento del PJ santafesino, un artículo que sitúa el contexto (la hidrovía, su importancia capital) del diario económico BAE, y por úlltimo un meduloso artículo publicado por Mauro Federico en su blog Puente Aéreo que narra tanto la cocina de la decisión gubernamental de intervenir Vicentín como los entresijos de Glencore, la trasnacional íntimamente relacionada con los tránsfugas que vaciaron Vicentin.

COMUNICADO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
Expresamos nuestro apoyo a la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández y de nuestro gobernador Omar Perotti de intervenir la empresa Vicentin SA, la que ha originado un debate que los argentinos nos debemos desde hace muchos años. Aunque la cuestión se ha plagado de operaciones mediáticas y discusiones procedimentales, el hecho más importante resulta ser la posibilidad de que los argentinos tomemos conciencia de la importancia que tiene el sector agroexportador para los intereses de toda la comunidad.
El hecho más importante resulta ser la posibilidad de que tanto el Estado –que al igual que los productores, cooperativas e instituciones financieras junto a quienes constituye los principales acreedores de la firma– no sólo pueda como éstos cobrar lo adeudado, sino también retomar el papel activo que en otras épocas supo jugar en esta estratégica actividad a través de una participación decisiva en la empresa.
Intervenida Vicentín, y haciendo foco en los fines prácticos, estamos ante una gran oportunidad para empezar a ordenar el comercio exterior de granos y manufacturas de origen agropecuario en términos del interés nacional, hecho que resulta de suma importancia para encarar con éxito un proyecto de desarrollo con justicia social.
Estamos convencidos de que la intervención es la salida posible para que desde dentro de la actividad, conociéndola y conduciéndola con manos idóneas y convencidas de los objetivos a lograr, puede hacer de Vicentín un caso testigo.
¿Y para qué una empresa testigo, una firma referente en el mercado local, orientada al interés nacional?
Por varios motivos:
Porque el 75% de las exportaciones agrícolas del país son realizadas por siete empresas multinacionales que acaparan las divisas que la Argentina necesita para promover un modelo de desarrollo nacional, industrial, y alcanzar el pleno empleo. Con una empresa dentro de ese sector estratégico se puede influir en el control del flujo de divisas evitando su fuga, y así reducir el poder especulativo que tienen las empresas agroexportadoras sobre el mercado cambiario.
Porque por la implementación de un modelo político ajeno a intereses nacionales, de economía primarizada y libre mercado, el Estado no realiza ningún control efectivo sobre lo que entra y sale de los puertos de estas empresas. Es la triste realidad desde las desregulaciones y privatizaciones de la década del 90 para acá, un Estado desguazado y cómplice de los grandes capitales extranjeros. Aunque parezca mentira, conocemos lo que estas empresas exportan por una declaración jurada que ellas mismas emiten…
Un cambio drástico en este mecanismo es urgente, pero no es suficiente con inspectores que difícilmente puedan resistirse al poder económico; por eso, desde adentro, serán más efectivos los mecanismos de control, y más probable eliminar cualquier tipo de práctica fraudulenta.
Porque se podría articular efectivamente con otros organismos públicos para mejorar la producción industrial de manufacturas agroalimentarias, generando valor agregado y tecnologías para mejorar la productividad y reducir el daño a la naturaleza.
Porque a partir de la participación de una empresa con control estatal en el mercado, surge la necesidad de que la Argentina vuelva a pensar en la logística local e internacional, aspecto fundamental para la eficiencia y crecimiento de la cadena de valor agroalimentaria. En cuanto a lo local, mediante la articulación multimodal del movimiento de cargas, potenciando el sistema ferroviario para lograr más eficiencia, descongestión ferroviaria y beneficio ambiental.
En cuanto a lo internacional, para impulsar la reconstrucción de una flota mercante nacional que nos permita obtener (liberar) divisas y potenciar nuestra industria naval, estratégica para cualquier proyecto de desarrollo nacional. El abandono deliberado del Estado argentino en este campo, nos deja a merced del interés de las empresas extranjeras y genera un quebranto anual de 7.000 millones de dólares en concepto de pago de fletes por nuestras importaciones y exportaciones.
Porque participando activamente desde adentro de la actividad, resulta posible conocer los detalles de la estructura de costos, precios y margen de ganancia, pudiendo dilucidar y exhibir la trama ilegal de lavado de dinero y evasión impositiva que caracteriza al sector, como también prevenir las maniobras especulativas respecto de los precios de los alimentos, con fines económicos y/o políticos. Demostrar, y dar a conocer públicamente, que el porcentaje de ventas “en negro” que pasa por estas empresas es muy importante; y así, dejar al descubierto la inacción y complicidad de los sucesivos gobiernos (en sus tres niveles) por no decidir investigar el tema. Con una empresa participando en el sector, dirigida por argentinos que representen los intereses nacionales se podrá abordar las causas del problema y no habrá excusas para avanzar sobre la resolución definitiva.
Porque aunque Vicentin acapare, en la actualidad, el 9% del mercado local de granos, cereales y aceites, bien puede generar incentivos económicos con precios de referencia que le permitan rápidamente ganar más participación en el mercado, al mismo tiempo que se beneficia a los productores agropecuarios más pequeños orientando sus compras para desconcentrar la producción. Con Vicentin aplicada al interés nacional, los pequeños productores podrían tener una chance de eludir los condicionamientos, y bajos precios, de los intermediarios impuestos por las multinacionales como parte de su estrategia financiera de evasión y aumento desmedido del margen de ganancias.
Por la importancia y magnitud de este proyecto, si se lo aborda en este sentido, se necesita inevitablemente la participación de diversos actores de la comunidad productiva: cooperativas productoras de granos, las agremiaciones de productores, los trabajadores de la firma, los actores vinculados a la comercialización. Todo ello con la imprescindible conducción de representaciones estatales Nacional y Provincial.
Entendemos que resulta atinada y técnicamente impecable la intervención solicitada por la IGPJ (Inspección General de Personas Jurídicas) de la Provincia de Santa Fe que pone en primer lugar el sostenimiento del empleo de trabajadores directos e indirectos, la defensa de pequeños y medianos productores y de las cooperativas que éstos conforman, como así también de todo el sector social y productivo del hinterland del conglomerado empresario dentro del marco legal correspondiente.
La clave: la hidrovía Paraguay-Paraná

POR ERNESTO HADIDA / BAE / RESÚMEN LATINOAMERICANO
Los ojos están puestos sobre la empresa Renova, la subfacturación y el rol de Glencore. La UIF investiga la triangulación de exportaciones que hacía Vicentin a través de las aguas del Paraná, ante la imposibilidad de saber dónde termina Glencore y dónde empieza Vicentin en la firma Renova
“Vicentin no era una isla”. Así al menos lo cree el titular de Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, en el escrito que el organismo le presentó a la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita para que investigue si Vicentin “forma parte de una red corporativa que incluye 16 firmas en el país y otras tantas en Uruguay, Paraguay, Brasil y España”.
Cruz, como antes el director del Banco Nación Claudio Lozano, y acaso también el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, intuyen que las operaciones de la cerealera son tan oscuras y barrosas como las aguas del Paraná. La UIF, de hecho, cree que “existen indicios que nos permiten sostener que Vicentin no sólo habría simulado su estado de cesación de pagos, sino que, a su vez, habría utilizado su estructura en el exterior y/o la de Glencore para remitir sus ganancias al extranjero”.

Pero Cruz no es el primero. Pasaron ya casi seis meses desde que el informe de Claudio Lozano sacara del limo los balances de Vicentine hiciera evidente que “de las 20 empresas en que Vicentin SAIC tiene participación (sea controlada o vinculada), en las 17 empresas para las que se presenta información, todas tienen patrimonio neto positivo, destacándose el caso de Vicentin Paraguay, Oleaginosa San Lorenzo y Renova (en la que actualmente tiene una participación minoritaria)”.
“En el caso de los resultados, la situación es diferente, dado de que 11 de estas 17 empresas tienen resultado positivo. Dentro de ellas, además de Renova, se destaca el caso de Vicentin Paraguay, Friar y Vicentin Europa”. Datos que dan indicios fuertes de dos cuestiones: la triangulación de exportaciones que hacía Vicentin a través de las aguas del Paraná y la imposibilidad de saber dónde termina Glencore y empieza Vicentin en la firma Renova.
Cabe recordar que Renova no es una firma más del holding Vicentin: YPF Agro, la empresa que se hará cargo como fiduciario de Vicentin, le compra cerca del 40% del bioteanol y biodiesel que usan Glencore y Vicentin en la planta Renova, instalada en el Gran Rosario, en las localidades de San Lorenzo y Timbúes. Para mejorar ese negocio, Vicentín obtuvo un préstamo de USD295 millones para financiar la operatoria de la molienda de soja a través de la firma Renova, con un préstamo otorgado por los bancos de la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco Mundial, Natixis y Rabobank. Indicios que le hicieron poner el ojo a Cruz, de la UIF, sobre la empresa Renova.
Pero en realidad Vicentin parece cada vez más una parada hacia el destino final: la discusión sobre la situación actual de la hidrovía Paraguay – Paraná. La hidrovía es la yugular del sistema agroexportaodor argentino: por ahí sale el 80% de lo que produce el campo. La ruta fluvial, que tiene una extensión de 3.422 kilómetros, que recorre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, mueve unos USD70.000 millones, unos 4.400 buques que transportan cien millones de toneladas.
Quizás por eso aún nadie habla de la hidrovía, aunque el presidente Alberto Fernández lo hizo pocas horas de comenzar su mandato, en diciembre del año pasado, cuando anunció que la explotación de la hidrovía, hoy en manos de dos empresas denunciadas: la empresa Emepa de Gabriel Romero, empresario relacionado con el radicalismo y que declaró en la “causa cuadernos” haber pagado USD600 mil para lograr la extensión por una década de la concesión en 2010; y del belga Jan de Nul, que pertenece a los hermanos Peter y Dirk De Nul. cuya concesión vence en 2021, pasará a manos de las provincias “que tienen la hidrovía y usan la hidrovía” como dijo el presidente Fernández.
Lo cierto es que el pasado “cuadernista” de Romero y pese al acercamiento de Jan de Nul hacia algunos gobernadores (en febrero el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, recibió a los embajadores de Bélgica, Peter Maddens y de Paraguay, Julio César Vera Cáceres y a Jan Pieter de Nul, CEO global de Jan Del Nul Group) es probable que muchos acuerdos, tácitos y expresos, se caigan luego de la expropiación de Vicentin.
El tema central, afirman muchos senadores cercanos a la vicepresidenta, Cristina Fernández, sigue siendo el ingreso de dólares al país, la subfacturación y el rol de Glencore. Y es que por la hidrovía este año podrían salir más de USD28.000 millones, dólares que la economía argentina necesita para sobrevivir a la pandemia acaso más que la vacuna del Covid19. Controlar esos dólares a través de una empresa bajo soberanía estatal como Vicentin le servirá al Gobierno para saber cuáles son los niveles reales de subfacturación de exportaciones de las grandes cerealeras (que algunos creen en más de USD5.000 millones por año) y quien es el mayor elusor y evasor del fisco en el rio Paraná. Las miradas, por ahora, van dirigidas hacia la firma anglo-suiza.
Pero el affaire Vicentin también logre filtrar y hacer pública la extraña y sospechosa trama que llevó a la cárcel a dos pesos pesados del Paraná: el primero, el jefe del Sindicato Unido de Portuarios Argentinos, Hermes Orlando “Vino caliente” Juárez, quien fuera un hombre de mucho poder en el Gran Rosario, detenido en el marco de un megaoperativo policial acusado de extorsión y lavado de dinero y que al que el juez Adrián González Charvay le permitió volver a su casa, a orillas del río Paraná. El segundo,Omar “Caballo” Suárez ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), quien la Sala 1 de la Cámara Federal revocó el procesamiento por lavado de dinero.
Esos dos hombres, ahora sin el yugo de la selectiva Justicia macrista bajo sus espaldas, acaso podrán contar cuales y de qué empresas eran las barcazas del convoy de 16 unidades con 24 mil toneladas de carga, que transitan a menudo en la hidrovía Paraguay– Paraná (y la cual equivale a la carga de 20 trenes de 40 vagones cada uno, o a 960 camiones cargando 25 toneladas cada uno) que solían ir vacías al Paraguay y volver llenas al país, cuando supuestamente habían salido repletas de la Argentina.
Una pregunta que se hacen senadores, miembros de la UIF, jueces paraguayos y fiscales argentinos, que creen haber encontrado, sorpresivamente, un “triángulo de las bermudas sojero” en suelo paraguayo, donde las oleaginosas y los cereales le desaparecían al fisco, no ya abducidos por OVNIS, sino por la codicia de varias empresas locales y multinacionales.
Vicentin: La idea fue de ella, la decisión fue de él
![Por Mauro Federico ♣ La intervención oficial en el escandaloso desaguisado del holding Vicentin está muy lejos de ser la punta de lanza de una avanzada estatista. Sin embargo, los grupos de la economía concentrada, las grandes patronales agropecuarias y Juntos por el Cambio se abroquelaron para resistir la medida, agitando la absurda consigna de que “Argentina va rumbo a ser Venezuela” con el claro objetivo de provocar temor ante una inexistente fiebre expropiadora del gobierno de Alberto Fernández. En […]](https://puenteaereodigital.com/wp-content/uploads/2020/06/Vicentin-360x184.png)
La intervención oficial en el escandaloso desaguisado del holding Vicentin está muy lejos de ser la punta de lanza de una avanzada estatista. Sin embargo, los grupos de la economía concentrada, las grandes patronales agropecuarias y Juntos por el Cambio se abroquelaron para resistir la medida, agitando la absurda consigna de que “Argentina va rumbo a ser Venezuela” con el claro objetivo de provocar temor ante una inexistente fiebre expropiadora del gobierno de Alberto Fernández. En el oficialismo, las tensiones entre dirigentes con miradas contrapuestas, provocaron algunos chisporroteos dentro del Frente de Todos, que muestra más homogeneidad de criterio para caracterizar el desastre legado por el macrismo, que para señalar el camino de salida de este laberinto. El verdadero negocio detrás de la cerealera y el rol de la mayor multinacional alimentaria del mundo. Pasen y lean.

POR MAURO FEDERICO
Empresas que evaden impuestos hubo siempre. Estados que miran para otro lado, también. La historia enseña que para evitar los abusos del poder económico y recuperar lo robado, a veces es necesario actuar con fortaleza, sin que ello suponga violar las leyes. Un claro ejemplo ocurrió hace más de ochenta años durante la llamada Década Infame, cuando al gobierno de facto de Agustín P. Justo no le quedó otro camino que iniciar un reclamo formal ante la Justicia contra el Grupo Bemberg por la evasión del impuesto a la transferencia de bienes, mediante la constitución de sociedades anónimas con residencia en el extranjero (una de las formas más utilizadas por los holdings argentinos para eludir el pago de cargas impositivas).
El caso Bemberg se inició en 1937 y terminó transformándose en uno de los escándalos económicos más importantes de la restauración conservadora. El “trust” propiedad de esta tradicional familia alemana, llegó a deber al Estado argentino la suma de $ 181.000.000 a principios de la década del cuarenta, solamente en concepto de impuesto a la herencia. Esta defraudación había sido tolerada y legitimada por los gobiernos de la Década Infame.
Cuando Juan Domingo Perón llegó a la presidencia en 1946, la concentración económica y el desenvolvimiento de prácticas monopólicas afectaban a vastos sectores de la industria. Entre ellos, la cervecera ocupaba un lugar de importancia debido a que se trataba de un producto de consumo masivo, cuya demanda crecía vertiginosamente desde finales del siglo XIX. Si bien el justicialismo ensayó diversos instrumentos de contralor comercial y financiero de los grupos empresariales, eludió la expropiación y la nacionalización de grandes sectores de la industria.
La ofensiva de Perón contra el grupo Bemberg fue excepcional. A través de la sanción de la ley 14.122, dispuso la liquidación de sus bienes, para luego adquirir las empresas a precios bajos, con lo que el Estado pasó a tener el control público de la industria cervecera y puso en marcha ambiciosas iniciativas de cogestión obrera a través de cooperativas que participaron del control de las compañías. En su ensayo sobre La nacionalización de las empresas Bemberg, el analista Claudio Belini recuerda que “esta medida fue presentada por sus detractores como expresión del autoritarismo de Perón o bien como una venganza personal de Evita contra los que no apoyaban la tarea de su fundación”.
Curiosamente setenta años después, la oposición encarnada en los fragmentos aún humeantes del detonado gobierno de Mauricio Macri, aliada con los sectores de la economía concentrada y las patronales agropecuarias, utilizan argumentos similares para enfrentar la decisión de Alberto Fernández de avanzar en la intervención y posterior expropiación del Grupo Vicentin. El “espejo” de aquel autoritarismo es el chavismo venezolano; y la figura de Evita, hoy la encarna Cristina Fernández de Kirchner, que en la afiebrada mente de sus contreras, “busca vengarse por aquella derrota de la 125”.
Mal que les pese a quienes construyeron esta demonización de los hechos, existió en la decisión de intervenir en el desaguisado de Vicentin una clara muestra de lo que expresa la esencia misma del Frente de Todos. Y eso quedó evidenciado en la conferencia de prensa en la que el presidente anunció la intervención flanqueado por el ministro de Producción Matías Kulfas y la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien reporta en la interna del Frente de Todos a la vicepresidenta. “Muchas gracias por haber escuchado la idea”, le dice la legisladora al presidente cuando le cede la palabra, a lo que Alberto le responde: “Gracias por habernos ayudado en la redacción de la iniciativa y en la idea”. El acto arrojó gestualidades claras que permiten inferir cómo se produjo el proceso de decisión para intervenir la empresa Vicentin. La idea fue de Cristina, la decisión de impulsar el proyecto –como debe ser- corresponde al primer mandatario.
Cacerolas para los fideos
Salieron a las calles y a los balcones. Algunos tenían cacerolas, otros banderas con el logo impreso de la empresa. El epicentro fue la localidad santafesina de Avellaneda, donde se encuentran las oficinas del holding cerealero más importante de la provincia. Pero también se hicieron sentir en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires. “#Vicentin no se expropia”, fue la consigna agitada en redes sociales por el puñado de miles que se manifestaron sin tener bien en claro siquiera de qué se trataba la demanda. Legisladores opositores y empresarios también expresaron su oposición a la iniciativa. Sin embargo, ninguno planteó alternativas para rescatar al grupo Vicentin, pagar su deuda con el Banco Nación, la AFIP y 2500 productores de Córdoba y Santa Fe, evitar el desguace de la empresa y mantener las 7000 fuentes de trabajo directas. Lo único que hicieron fue cuestionar la única propuesta que contempla todas esas variables: la efectuada por el gobierno nacional.
Es más que evidente que el Frente de Todos no tenía en sus planes expropiar ninguna empresa y mucho menos en medio de la ríspida negociación con los bonistas externos que requiere de muchos avales externos a quienes no les agrada demasiado este tipo de prácticas intervencionistas. Además, el gobierno se ve en la obligación de rescatar a su principal banco público, a quien Vicentin le adeuda un monto que representa un tercio de sus beneficios y que, al no pagarse, coloca en una comprometida situación financiera a la entidad. Solo al Nación la empresa intervenida le adeuda 300 millones de dólares. Si se le suma la deuda con AFIP y la que mantiene con otros bancos públicos, el monto se eleva casi hasta los 600 millones de dólares. Pasando en limpio: Vicentin quiebra y no cobra nadie. O sea vos tampoco.
Ni hablar sobre las irregularidades que presenta la deuda. Unos cien millones se le prestaron durante noviembre de 2019, tras la derrota de Macri en las elecciones generales, incluso cuando la empresa estaba en cesación de pagos. A la semana de haber recibido el último tramo del dinero, pidió la convocatoria de acreedores. La maniobra, repetida hasta el hartazgo por el gobierno macrista, era clara. Se le otorgaba un préstamo impagable a un grupo “amigo” –principal sostén de la campaña macrista en tierras santafesinas– para luego propiciar un negocio que tuviera participación de socios “extranjeros” para salvar la empresa.
Además de las esperables voces opositoras, aparecieron otros que –desde los márgenes de la coalición gobernante– expresaron su disidencia con la idea de la expropiación. Desde el muy enojado Guillermo Moreno, hasta el ecuménico Eduardo Duhalde, expresaron su disidencia en los medios de comunicación. Otros, sin exponerse, también manifestaron su contrariedad, como por ejemplo algunos dirigentes del Frente Renovador y ciertos integrantes del círculo cercano al presidente. Incluso a mitad de semana se echó a correr la versión de que Alberto recularía en su decisión producto de la presión ejercida por los opositores al proyecto. Nada de eso sucedió.
La verdadera joya de la abuela
Detrás de la polémica desatada por la expropiación de Vicentin aparece la sombra de la multinacional Glencore, uno de los holdings más grandes del mundo dedicados al comercio de alimentos y commodities. Este monstruo se asoció con la empresa santafesina en 2007 para conformar Renova, un joint venture en el que las dos empresas tenían el 50% de las acciones. Esta es la verdadera joya de la abuela.
En su reporte anual de 2019, la compañía reporta haber obtenido ingresos brutos por 11.600 millones de dólares entre sus dos ramas: industrial, que incluye explotación de minas de carbón, cobre, cobalto, zinc, níquel y otras ferroaleaciones; y comercial, dedicada a la compra y venta de materias primas de productos alimenticios. De hecho, Glencore llega a controlar el 10% del mercado global de trigo y cerca del 25% del de girasol, cebada y colza. Para evitar costos de logística inmanejables, la multinacional cuenta con una flota de barcos mayor a la de la Armada Británica, administra 150 bases en 35 países y emplea a más de 160 mil personas.
A pesar de su poderío (o justamente por él) el grupo no estuvo exento de escándalos de corrupción. Su fundador, el ya difunto belga Marc Rich, fue acusado en 1983 por la fiscalía neoyorquina por una evasión fiscal superior a los 50 millones de dólares (y, a pesar de ser sionista y muy relacionado con el Mossad, de haber hecho pingües negocios el Irán del ayatolá Jomeini. N. del E.). Para evadir a la justicia, el empresario se mudó a Suiza. Hasta que en una de las últimas decisiones de su gobierno, el presidente Bill Clinton resolvió indultarlo en enero de 2001. Las irregularidades del holding también aparecieron en los Panamá Papers y los Paradise Papers, que revelaron el uso de empresas offshore en paraísos fiscales para evadir impuestos. Uno de los casos más sonados fue el de Glencore Australia, investigada por la Australian Taxation Office (ATO) por evadir el pago de 2.500 millones de dólares.
En Argentina, la empresa es propietaria del 50% de la empresa minera Alumbrera, cuyo emprendimiento principal es Bajo de la Alumbrera, en la provincia de Catamarca (norte), que produce anualmente 321.000 toneladas de concentrado de cobre y oro. La firma controla toda la cadena, con un proceso que abarca operaciones en Catamarca, Tucumán y Santa Fe y que incluye la extracción, el pasaje por una planta concentradora, un mineraloducto, el filtrado y su posterior traslado al Puerto General San Martín, en Santa Fe, desde donde parten entre uno y dos buques mensuales por el río Paraná hacia los mercados internacionales.
No es la única terminal portuaria administrada por Glencore. La otra, también ubicada en la provincia de Santa Fe, está dentro de la Planta Timbúes de Renova, la empresa de gestiona en sociedad con la argentina Vicentin para elaborar productos como aceite de soja, harina de soja, biodiesel o glicerina, entre otros. La mala situación económica de Vicentin en los últimos años llevó a la empresa argentina a ofrecer a Glencore la venta de su participación en Renova. En diciembre, ambas firmas cerraron un acuerdo por el que Glencore aumentaba su participación de 50% a 66% de las acciones. En abril, le ofreció pagar 325 millones de dólares por el 33% que aún seguía en manos de Vicentin, aunque el acuerdo no se cerró. Y ahora todo quedaría en la nada si se concreta la expropiación que le arrebataría a la multinacional el control de una actividad estratégica para el desarrollo energético de la Argentina.
El gran desafio
“Vicentin llegó a ser la empresa agroexportadora número uno de la Argentina porque apostó a la producción industrial. En los años del macrismo, sin embargo, los créditos del Banco Nación desbarrancaron en maniobras financieras que deben investigarse judicialmente y que generaron la angustia de casi treinta mil familias que sufrieron las consecuencias de una política que priorizó lo financiero, el lavado de dinero y la fuga de capitales por encima de lo productivo”, sostiene Carlos del Frade diputado provincial de Santa Fe y miembro de la Comisión creada por la legislatura para investigar el affaire.
La idea de Del Frade va en sintonía con lo que propuso el economista Claudio Lozano, actualmente miembro del Directorio del Nación, de promover la creación de una empresa pública, mixta, que permita la participación de trabajadores, productores, cooperativas y el conocimiento de profesionales surgidos de las universidades de Rosario y el Litoral. “Hay futuro para Vicentin y Santa Fe en la medida que se profundice la democracia, la transparencia y la participación, teniendo como base el respeto a las familias trabajadoras y la necesidad de contar con el estado nacional jugando fuerte y marcando la cancha en el negocio exportador y en el sistema financiero”, concluye el legislador.
