En todo este intenso debate público sobre el rearme, la OTAN y las capacidades de defensa, quizás deberíamos empezar por preguntarnos: ¿Exactamente de quiénes nos tenemos que defender?

Vimos en una época en la cual la inmensa mayoría de los operadores sistémicos, en la política, en el poder económico o en los medios de comunicación, nos repiten de forma unánime que es vital que España y la Unión Europea se armen hasta los dientes, no solamente en materia de armas convencionales sino también —y muy especialmente— en el ámbito de la guerra digital. En el año 2026, nos dicen, las guerras ya no se producen la mayor parte del tiempo en el frente de batalla sino que ahora estamos ante las así llamadas ‘guerras híbridas’. De esta forma, nuestros enemigos no estarían pensando tanto en bombardearnos ni mucho menos invadirnos por tierra, sino en lanzar campañas de desinformación, en llevar a cabo ciberataques o en acceder a inteligencia reservada e información de seguridad nacional a través del espionaje. Muy bien, pero, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes son los enemigos de la Unión Europea? ¿Quiénes son los enemigos de España?

En estos días, ha vuelto al primer plano —con el permiso del mundial de fútbol— una serie de gravísimos sucesos que tuvieron lugar entre 2020 y 2022 y que deberían ayudarnos a contestar a estas preguntas no con alineamientos geopolíticos automáticos o con miedos derivados de la guerra psicológica sino con los hechos constatado.

En varios artículos que suponen una nueva entrega del así llamado Pegasus Project, un consorcio internacional coordinado por Forbidden Stories, del que forma parte El Confidencial en España, y en el que participan treinta y nueve periodistas de catorce medios europeos, con el apoyo técnico del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, ha reconstruido el funcionamiento interno del aparato de inteligencia marroquí a partir del testimonio de tres exagentes de la DGST, el servicio secreto interior del reino. Es la continuación de la investigación que en 2021 reveló que Rabat había intentado espiar a más de 12.000 personas en una veintena de países y viene a apoyar y a aportar mayor contexto político a una serie de hechos que ya conocíamos.

Lo que hasta ahora se sostenía sobre pruebas forenses se completa con el relato de quienes ejecutaron las operaciones. La instrucción del juez José Luis Calama había constatado la infección de los móviles de Sánchez y de los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), así como la extracción de 2,57 gigabytes del teléfono del presidente entre el 19 y el 22 de mayo de 2021. Las nuevas fuentes describen la cadena de mando que ordenó los ataques y el objetivo que perseguían, recogido en tres informes reservados del CNI elaborados entre mayo y julio de aquel año: forzar a España a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La intervención del móvil presidencial se produjo pocos días después de que Rabat abriera la frontera de Ceuta y permitiera la entrada irregular de más de 10.000 personas. La misma filtración muestra que el espionaje no se limitó al Gobierno: entre 2018 y 2019, Marruecos ya había dirigido cientos de ataques contra 250 móviles con numeración española, de periodistas a activistas saharauis.

Uno de los elementos más preocupantes del asunto es que la operación alcanzó su objetivo. En marzo de 2022, diez meses después de aquel asalto informático, Sánchez remitió a Mohamed VI una carta —difundida por la Casa Real marroquí— en la que calificaba el plan de autonomía de Rabat como la base «más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto. Con ese giro, el Gobierno del PSOE puso fin a cuatro décadas de consenso de Estado y situó a España al margen de sus propias obligaciones internacionales. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización del que España fue potencia administradora, y su estatuto sigue supeditado, según la ONU, a un referéndum de autodeterminación que nunca se ha celebrado.

No debemos olvidar tampoco que dicho alineamiento geopolítico vino precedido por el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara por parte de la primera administración de Donald Trump en 2020 a cambio de que Marruecos normalizara sus relaciones con Israel en el marco de los así llamados ‘Acuerdos de Abraham’. Con la traición al pueblo saharaui, Sánchez y el PSOE no solamente estaban claudicando ante el chantaje marroquí sino que además estaban acatando las órdenes de Washington.

Es también importante tener en cuenta que la herramienta que hizo posible que se espiara al presidente de la cuarta economía de la Zona Euro y a varios de sus principales ministros es israelí y está controlado por Tel Aviv. Pegasus lo fabrica la empresa NSO Group, y cada una de sus exportaciones requiere la autorización del Ministerio de Defensa de Israel, como confirmó a la investigación la entonces embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon. Aunque Marruecos haya obtenido el software espía no directamente a través de NSO sino mediante una empresa pantalla de los Emiratos Árabes Unidos, es obvio que no habrían podido espiar al Estado español sin el plácet del gobierno sionista de Netanyahu.

Sabemos que Marruecos espió al gobierno de España para chantajearlo. Sabemos que hizo lo mismo con el gobierno francés. Sabemos que lo hizo con Pegasus y con el visto bueno de Israel. Y sabemos también que Estados Unidos espió a la canciller alemana Angela Merkel porque Barack Obama tuvo que llegar a pedirle perdón públicamente.

Sin embargo, los informes oficiales españoles sobre ciberamenazas y espionaje cuentan una historia completamente distinta. El Informe Anual de Seguridad Nacional señala expresamente a Rusia y China como servicios hostiles que operan contra los intereses del país, y los informes técnicos del CCN-CERT añaden a esa lista a Corea del Norte e Irán. En cambio, no figura Marruecos, al que los documentos apenas aluden de forma indirecta como uno de los «países de la cuenca mediterránea» con capacidades ofensivas crecientes. Tampoco aparece Israel, que solo se menciona en calidad de víctima de ataques, ni Estados Unidos, pese a que es público y notorio lo que hizo con Alemania y pese a que dos agentes del CNI español fueron detenidos por filtrar información clasificada a sus servicios de inteligencia.

Más allá del incidente en sí, lo que revela todo lo ocurrido en torno al espionaje marroquí con Pegasus es la muy preocupante sensación de que no solamente la Unión Europea y España se están equivocando por completo de enemigos sino que, lo que es todavía peor, están recibiendo y acatando sus órdenes. En todo este intenso debate público sobre el rearme, la OTAN y las capacidades de defensa, quizás deberíamos empezar por ahí. ¿Exactamente de quiénes nos tenemos que defender?

Aquí la noticia tal como la había dado el mismo medio, Diario Red:

El espionaje del teléfono de Pedro Sánchez con el programa israelí Pegasus regresa a la actualidad con una investigación del consorcio internacional coordinado por Forbidden Stories, del que forma parte El Confidencial. Treinta y nueve periodistas de catorce medios europeos, con el apoyo técnico del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, han reconstruido el funcionamiento interno del aparato de inteligencia marroquí a partir del testimonio de tres ex agentes de la DGST, el servicio secreto interior del reino. Es la continuación del Pegasus Project que en 2021 reveló que Rabat había intentado espiar a más de 12.000 personas en una veintena de países.

Lo que hasta ahora se sostenía sobre pruebas forenses se completa con el relato de quienes ejecutaron las operaciones. La instrucción del juez José Luis Calama había constatado la infección de los móviles de Sánchez y de los ministros Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), así como la extracción de 2,57 gigabytes del teléfono del presidente entre el 19 y el 22 de mayo de 2021. Las nuevas fuentes describen la cadena de mando que ordenó los ataques y el objetivo que perseguían, recogido en tres informes reservados del CNI elaborados entre mayo y julio de aquel año: forzar a España a reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. La intervención del móvil presidencial se produjo pocos días después de que Rabat abriera la frontera de Ceuta y permitiera la entrada irregular de más de 10.000 personas. La misma filtración muestra que el espionaje no se limitó al Gobierno: entre 2018 y 2019, Marruecos ya había dirigido cientos de ataques contra 250 móviles con numeración española, de periodistas a activistas saharauis.

La operación alcanzó su objetivo. En marzo de 2022, diez meses después de aquel asalto informático, Sánchez remitió a Mohamed VI una carta —difundida por la Casa Real marroquí— en la que calificaba el plan de autonomía de Rabat como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. Con ese giro, el Gobierno del PSOE puso fin a cuatro décadas de consenso de Estado, que hasta entonces remitía la cuestión a una solución acordada en el marco de Naciones Unidas.

El cambio situó a España al margen de sus propias obligaciones internacionales. El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización del que España fue potencia administradora, y su estatuto sigue supeditado, según la ONU, a un referéndum de autodeterminación que nunca se ha celebrado. Al respaldar la tesis de Rabat, Madrid dejó sin atender el compromiso que le correspondía como antigua potencia colonial y se alineó con la posición de la parte que controla el territorio.

Ese realineamiento no fue una iniciativa aislada. Estados Unidos había abierto el camino en diciembre de 2020, cuando la Administración de Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara a cambio de que Rabat normalizara relaciones con Israel dentro de los Acuerdos de Abraham. España se sumó después a la línea fijada por Washington, su principal socio en la OTAN, mientras Marruecos combinaba la presión migratoria en la frontera con la interceptación de las comunicaciones del presidente.

La herramienta que hizo posible ese espionaje es israelí. Pegasus lo fabrica la empresa NSO Group, y cada una de sus exportaciones requiere la autorización del Ministerio de Defensa de Israel, como confirmó a la investigación la entonces embajadora israelí en España, Rodica Radian-Gordon. Marruecos no adquirió el programa directamente a Israel: lo obtuvo a través de una empresa pantalla emiratí que asumió el coste y evitó dejar rastro de una relación comercial entre ambos servicios.

El Gobierno español decidió llevar el caso a la Audiencia Nacional en un movimiento que fue muy criticado, ya que suponía reconocer que nuestro país había sido espiado al más alto nivel. La acción, sin embargo, se dirigió contra un autor desconocido, sin señalar a NSO ni a Israel. La instrucción, a cargo del juez José Luis Calama, quedó encallada por la falta de respuesta de las autoridades israelíes a las sucesivas comisiones rogatorias y terminó archivada. Madrid tampoco protestó ante Israel ni reclamó formalmente a Rabat por el acceso al teléfono de su presidente.

El episodio encierra una paradoja. En un momento en que los medios occidentales advierten a diario del riesgo de que potencias como Rusia o China espíen a los gobiernos de la Unión Europea, han sido Marruecos e Israel, con Estados Unidos allanando el terreno diplomático, quienes han extraído varios gigabytes de información del teléfono del jefe del Ejecutivo de la cuarta economía de la zona euro. Y lo han hecho sin que ese acceso haya alterado las relaciones de Madrid ni con Rabat, ni con Tel Aviv, ni con Washington.

Más información relacionada: el espionaje hecho con Pegasus en México.