CARRIÓ – GARAVANO: El origen de la pelea

Recién veía como Gustavo Sylvestre decía que al menos en lo que concierne a la causa AMIA y su encubrimiento, Elisa Carrió tiene razón en detestar al ministro Germán Garavano. Ese, al parecer, origen de tanta animadversión, está reflejado en las páginas iniciales de La infAMIA, libro del que reproduzco un fragmento. JS

La querella del Poder Ejecutivo pasó de acusar a los encubridores, a encubrir y proteger a parte de ellos. Ocurrió en dos pasos. A fines de marzo de 2017, Mariana Stilman, la abogada que estaba al frente de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el juicio, renunció dando un sonoro portazo tras denunciar al ministro Garavano por  «pinchar» la acusación con el obvio propósito de que la mayoría de los imputados resulten absueltos.

Poco antes, el ministro había conferido su mismo rango a quien hasta entonces era el segundo de Stilman, Miguel Inchausti, hombre de su confianza que de inmediato le pidió a Stilman, invocando «directivas expresas» de Garavano, que a la hora de acusar adoptara un rol pasivo. En fin, que se hiciera la distraída y mirara para otro lado; que hiciera la plancha y trabajara «a reglamento» de modo que los imputados pudieran zafar.

Como Stilman no se avino a ello, se produjeron «reiterados conflictos por sostener juicios encontrados a la hora de tomar decisiones puntuales durante el desarrollo mismo de las audiencias», como escribió ella para explicar que renunciaba por no serle posible «resignar su posicionamiento profesional respecto al juicio, en orden a su conciencia jurídica, ni ser parte de un conflicto permanente dentro de la propia querella» puesto que «las diferencias de criterio explicitadas (…) resultan insalvables, y los conflictos y presiones que ello provoca me impiden ejercer mi rol con la libertad y probidad que considero necesarias (…) máxime tratándose de una causa que (…) me genera un superlativo compromiso moral y una alta sensibilidad social ante el reclamo de los familiares de la víctimas…».

En su carta al ministro, Stilman recordó que había llegado a la Unidad AMIA (que en marzo pasado fue disuelta por orden de Macri) de la mano de Elisa Carrió, de la que había sido abogada personal.  

Junto a Stilman trabajaba en la querella el joven abogado Ezequiel Strajman, a quien el atentado impactó muy especialmente porque se produjo cuando era niño, vivía a una cuadra de la mutual y las explosiones hicieron estallar los vidrios de su casa. Hacía tres semanas que Strajman había sido sancionado y suspendida su participación en el juicio con el subjetivísimo argumento de que había «perdido objetividad».

Horas después de la renuncia de Stilman, se conoció la de Strajman, que había integrado la querella desde antes que se iniciara al juicio; que había llegado a encabezarla como interino hasta la llegada de Stilman y que había asistido a todas las audiencias hasta que recibió la orden de dejar de asistir a ellas. Strajman le explicó por escrito a los jueces que su dimisión se debía a “los cambios que se plantean en cuanto al rol que debe ejercer esta querella (que) no se condicen con mis convicciones respecto a cuál debe ser la forma de trabajar para llegar a la verdad de los hechos investigados”. Y en otra carta, esta vez dirigida al ministro Garavano, le expresó su «profundo malestar moral», y le recordó que su desempeño jamás había recibido «ninguna objeción» hasta el momento en que lo sacaron del juicio con un empujón.

El segundo paso del encubrimiento del encubrimiento (o encubrimiento al cuadrado) se dio más recientemente, en febrero último, cuando al entrar el juicio conducido por el Trubunal Oral Federal 2 (TOF 2, integrado por Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel) en su tramo final con los alegatos, la “acusación” del Ministerio de Justicia experimentó un obsceno giro copernicano y acometió con perversidad inédita una defensa cerrada de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia (pasó de pedir que se los condenara a 8 años de cárcel a pedir su absolución). Como la querella gubernamental no mencionó al reo Rubén Ezra Beraja, la propia AMIA, encabezada por el abogado Agustín Zbar (otrora enemigo acérrimo de Alberto Nisman) reclamó airadamente que el manto de impunidad también alcanzara al ex banquero defraudador.

Garavano actuó con pleno respaldo del presidente Macri, “El argumento central para cambiar de postura fue que los ex fiscales habían sido los primeros en investigar y sostener la pista iraní y la responsabilidad de Hezbolá en el atentado. Y que habían promovido desde un principio las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados (…) Macri tomó una decisión de Estado (…) fuentes de la Presidencia aseguraron que no mediaron pedidos de Estados Unidos e Israel, que a través de sus diplomáticos y sus servicios de inteligencia siempre estuvieron presentes en el caso AMIA”, escribió Julio Blanck en Clarín el domingo 11 de febrero.

Esta vez y luego de pedirle a Stilman que renunciará también a la Unidad Especial de Investigación del PEN, Carrió arremetió contra Garavano por entrometerse en la labor de la querella. “El ministro debe dar explicaciones sobre su intempestiva decisión”, dijo Carrió, y un comunicado de su Coalición Cívica-ARI destacó que a pesar las promesas de Garavano de no volver a entrometerse en la labor de la querella, “casi un año después, un día antes de que el nuevo apoderado (Enrique Ventós) se presentara en la audiencia para alegar, de acuerdo a las instrucciones dadas por el doctor Cimadevilla, conforme al requerimiento de elevación a juicio de la propia querella y en consonancia con la acusación que había realizado la Unidad AMIA en diciembre, el Ministro de Justicia dispuso que se revocara el poder del nuevo apoderado y que se presentara a alegar en el juicio el abogado José Console, integrante del Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors, quien había sido designado también para trabajar en la querella, pero no tenía poder para representar a la Unidad AMIA”.

Console, un allegado a Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, el “Rey del Juego” (que se encontraba festejando la disolución por decreto de la Lotería Nacional) y “bestia negra” de Carrió, pidió la absolución de los ex fiscales Mullen y Barbaccia. Y a la vez –y no menos importante– fue cuestionado por estar inhabilitado para alegar en nombre del Ministerio Público por incompatibilidad, ya que tiene un cargo en el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires.

El comunicado de la CC-ARI alertó que todo ello se veía “agravado por los numerosos rumores acerca de los vínculos de amistad entre los ex fiscales y los integrantes del ministerio de Garavano”. No era para menos, casi de inmediato, el blog “El cohete a la luna” que dirige Verbitsky publicó una nota titulada “Las amistades peligrosas” en la que informó que Silvina Rivarola O’Connor, esposa de Barbaccia, también es titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que concursó cuando Garavano era el Procurador porteño. Sin embargo, desde febrero de 2016 se encuentra todavía más cerca del ministro porque hace uso de una licencia de aquel cargo por el ejercicio transitorio como Directora de Coordinación y representación Nacional ante Organismos Internacionales de la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del mismo ministro Garavano.

Console no sólo pidió la absolución de los fiscales. También pidió 7 años de prisión a Telleldín (absuelto en el juicio principal por no haber “evidencia alguna de que conociera el destino que habría de dársele” a la Trafic que supuestamente se habría utilizado como vehículo-bomba), la misma pena que a Galeano, quien lo había extorsionado con el apoyo y complicidad de los fiscales, Rubén Beraja, la SIDE y obviamente las más altas instancias del gobierno nacional de entonces.

Telleldín pasó así a ser uno de los máximos perjudicados por el cambiazo ya que hasta ese momento el Ministerio Público, a través de la Unidad Especial AMIA, le pedía apenas un año de prisión… que había cumplido por decuplicado. Telleldín, que se recibió de abogado estando preso, no se quedó quieto y denunció penalmente al ministro Garavano, acusándolo de coacción, peculado y encubrimiento (al cuadrado) por “encubrir a los encubridores Mullen y Barbaccia a causa de su cercanía con ellos, especialmente con Barbaccia y su esposa”.  Recordó también que el TOF2 había ordenado que se aclarase la situación laboral de Console, ya que tiene un contrato en el Ministerio de Justicia y simultámente otro en el Consejo de la Magistratura porteño, donde es secretario letrado de Silvia Loreley Blanco, pareja del subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) Juan Sebastián De Stéfano, también hombre de Angelici.

Así las cosas, el TOF decidió, con los votos de los jueces Gorini y Costabel, apartar por incompatibilidad a Console del juicio, pero al mismo tiempo dio por válido su alegato alegando que se encontraba a su lado otro abogado de la Unidad Especial d Investigación AMIA, Horacio De Filippo, que si estaba habilitado para participar en el juicio.

En este contexto, no sería de extrañar que el juicio que discurrió durante años sistemáticamente ignorado y silenciado por los medios hegemónicos, termine con una condena simbólica contra un ex juez Galeano convertido en el pato de la boda (y acaso alguna otra condena leve, no de cumplimiento efectivo, como para disimular) y que a partir de entonces como ya se ha empezado a hacer desde fines de 2017, la prensa y medios hegemónicos y la agencia estatal Télam utilicen exclusivamente el marbete de “juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA” al  inminente juicio a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y a su canciller… por haber intentado desbloquear la causa mediante un acuerdo con el gobierno de la República Islámica de Irán, para que los altos funcionarios persas acusados por el fiscal Nisman pudieran ser interrogados por la justicia argentina, acuerdo que, vale la pena recordar, fue refrendado por ambas cámaras del Congreso.

Ese juicio, que CFK urgió a que se realice lo más pronto posible, promete ser ocasión de bochorno universal para la depauperada justicia local por la absoluta insustancialidad de las acusaciones.