Retroactiva al momento en que Milei asumió y encendió la motosierra. También propone establecer que la ley garantice su estabilidad.
Es elemental que para imponer la reforma laboral que el Gobierno quiere imponer, y que abroga derechos consagrados en su artículo 14 bis, primero habría que reformar la Constitución Nacional. Y que antes de recortar derechos de los trabajadores habría que cumplir, por ejemplo, con lo que dicho artículo de nuestra Carta Magna ordena: que los trabajadores participen de las ganancias de las empresas. En este contexto, la propuesta del ex embajador en el Vaticano es una ráfaga de aire fresco en un debate que se da en un aambiente tan enrarecido que hasta obligó a sindicalistas tan propensos a la negociación como Gerardo Martínez a ponerse firmes y considerar la convocatoria a una huelga general.
Por otra parte la iniciativa de Valdés entraña una autocrítica pertinente para el peronismo. Era hora. Porque durante los gobiernos de Néstor, Cristina y Alberto Fernández no se le puso coto a una situación anómala pero tolerada hasta volverse casi invisible. Trabajé 7 años en el Archivo Nacional de la Memoria contratado por Eduardo Luis Duhalde y el equivoco comenzó de inmediato, cuando se me indicó que debía firmar el contrato en la calle Lima 265, en el corazón del barrio de Montserrat. Cuando llegue allí me encontré con que se trataba de la sede de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Pensé que había habido un error y al día siguiente fui a la ex ESMA, lo comenté… y me desasnaron. Desde principios del gobierno de De la Rúa, cuando se dispuso que ningún empleado del estado, del Presidente para abajo, pudiera ganar más de 3.000 pesos/dólares se había establecido esa modalidad de contratación, al principio para burlar ese tope y después para poder contratar empleados burlando la prohibición expresa de hacerlo. Así fue que muchos miles fuimos contratados con sueldos normalmente bajos con esta modalidad. Y los que no fueron despedidos por el gobierno de Macri y Claudio Avruj, como fue mi caso, y llegaron así hasta el momento en que asumió Milei, quedando inermes ante la motosierra.
El narrado fue solo uno de los casos. En casi todas las dependencias del estado nacional hubo muchos trabajadores que llegaron a esa infame instancia con más de una década trabajando con contratos temporarios, contratos basura, renovados cada año.
Consciente de esta situación, aplaudo de pie la iniciativa del compañero Eduardo Valdés.
Valdés cita al Papa Francisco: «El trabajo no debería ser sólo una fuente de ingresos, sino una forma de construir dignidad, comunidad y sentido».
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La medida propuesta se ampara en fallos de la Corte Suprema que reconocieron el derecho de los trabajadores a la indemnización por despido arbitrario, y a su vez busca que los trabajadores logren la estabilidad luego de transcurridos 10 años sin que el Estado haya llevado adelante los concursos que fija la ley.
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Valdés presentó un proyecto para modificar la Ley de Empleo Público (N° 25.164) con el objeto de «garantizar el derecho a la indemnización en caso de despido injustificado, y el derecho a la estabilidad luego de que los trabajadores se hubieren desempeñado más de 10 años en forma ininterrumpida sin que el Estado hubiera impulsado el concurso previsto en la ley para su pase a la planta permanente».
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La iniciativa se enmarca en una coyuntura adversa para los derechos de los trabajadores luego del anuncio del envío al Congreso de la reforma laboral.
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“Es paradójico que el Estado le exija al sector privado, luego de superado el plazo de tres meses del periodo de prueba, que asuma la indemnización ante un despido injustificado, pero que por otro lado el propio Estado pueda despedir a un trabajador luego de transcurridos 5, 10 o 28 años de antigüedad, sin pagar indemnización alguna, como ha ocurrido con varios trabajadores desvinculados a partir del 10 de diciembre de 2023 a la fecha», dijo Valdés.
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“Queremos reparar una situación de desigualdad y desprotección que afecta a miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Nacional que, pese a cumplir de manera continua y sostenida durante años las funciones ordenadas por su empleador, permanecen contratados bajo regímenes transitorios, precarios o de excepción, y luego son despedidos sin ninguna causa y sin derecho a indemnización*” continuó el legislador de Unión por la Patria.
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La iniciativa se fundamenta en los principios constitucionales de igualdad ante la ley y protección contra el despido arbitrario (arts. 14 bis y 16 de la CN), pero sobre todo en la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema, contundente al declarar inconstitucional la utilización abusiva de contrataciones temporales por parte del Estado para evadir derechos laborales.
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La medida establece que luego de cuatro años de servicio continuo todo trabajador contratado por el Estado en forma temporaria tendrá derecho a la misma indemnización que el personal de planta permanente, si es desvinculado sin causa.
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“Este proyecto es una respuesta legislativa a lo que la Corte Suprema ya ha dicho: el Estado no puede despedir trabajadores que llevan años cumpliendo funciones permanentes como si fueran eventuales. Es tiempo de reparar esa injusticia*”, sostuvo Valdés.
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El proyecto establece una cláusula transitoria que propone la aplicación retroactiva a los despidos producidos desde el 10 de diciembre de 2023*, en el marco de recortes de personal, buscando así evitar una avalancha de juicios contra el Estado, juicios en lo que éste, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no podría sino ser condenado, explicó el legislador.
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«La iniciativa propone que, luego de transcurridos diez (10) años desde la contratación, sin que la Administración haya dado cumplimiento a los concursos para efectivizar el pase a planta permanente, el trabajador/a adquiera, de pleno derecho y en forma automática -sin necesidad de acto administrativo alguno-, la condición de estabilidad en el empleo», siguió explicando.
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“Este proyecto busca terminar con la precarización estructural en el empleo público. Los argentinos ya comprobamos en el año 2000 que la flexibilización laboral no es la solución para los problemas económicos que sufre el país», razonó.
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Valdés parte de una verdad difícil de refutar: que los trabajadores, tanto del sector publico como del sector privado, no son los culpables de la crisis económica que atraviesa el empleo en la Argentina sino que son las políticas económicas recesivas impulsadas por el gobierno de Milei las que afectan el consumo, el empleo, el mercado interno y toda la cadena productiva. Sobre la importancia del trabajo, Valdés concluyó citando al Papa Francisco: «El trabajo no debería ser sólo una fuente de ingresos, sino una forma de construir dignidad, comunidad y sentido».
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El proyecto cuenta hasta el momento con las firmas de los diputados Hugo Yasky, Leandro Santoro, Lorena Pokoik, Santiago Cafiero, Carolina Gaillard, Mónica Macha, Hilda Aguirre, Varinia Marin, Nancy Sand, María Luisa Chomiak, Jorge Araujo, Eugenia Alianello, Jorge Romero, Natalia Zabala Chacur y Ana María Ianni.
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