Con el fujimorismo derrotado por microscópica diferencia en las urnas, la victoria del candidato de Perú Libre debe ser leída a partir de sus propias limitaciones: resultado que condiciona y obliga al ganador a duras negociaciones con los sectores de la política tradicional peruana, los que ya están dispuestos a toda suerte de entorpecimientos, incluso a desconocer el mandato popular, que sí o sí deberá ser garantizado por las organizaciones progresistas. El llamado a una Asamblea Constituyente, la aplicación de la anunciada reforma agraria, el combate a la pobreza, las inversiones en salud y la creación de ministerios claves para el desarrollo de Perú fueron algunos de los proyectos prometidos por el candidato electo, que ahora tendrá que llevarlos adelante sobre un territorio minado con desafíos y enconadas oposiciones.

 

 

POR SANTIAGO MASETTI / REDACCIÓN ALA,  Buenos Aires

Con la ajustada victoria de Pedro Castillo en el balotaje presidencial, el profesor oriundo de la localidad de Cajamarca, no sólo asumirá la presidencia de Perú el 28 de Julio próximo, sino que tendrá que responder al electorado que se dividió y por unos pocos votos lo ubicó en la Casa de Gobierno o Palacio de Pizzarro.

Con el 99.795 por ciento de las actas escrutadas el candidato presidencial de Perú Libre se impuso este miércoles con el 50.206% de los votos frente a la derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular, quien cosechó el 49,794 de los sufragios, en el balotaje celebrado el domingo último en la nación incaica

La bipolaridad marcada en la segunda vuelta, al resultar ganador por menos de un punto, lejos de los festejos coyunturales prometen un dolor de cabeza a un futuro mandatario que durante la campaña se vio obligado a modificar o ampliar su plan de gobierno para paulatinamente ir ganando respaldos.

La desigualdad y el combate de la pobreza estructural fueron siempre el principal tema de campaña de Castillo, quien además deberá darle solución a una complejísima situación sanitaria, que se encuentra en crisis mucho antes de la llegada del Coronavirus.

Por ello, la presentación del “Plan de Gobierno Perú al Bicentenario – Sin Corrupción”, el cual contiene siete puntos principales y luego de las elecciones generales de mayo, sumó propuestas de la ex candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza.

El primer punto está relacionado al sistema de salud y particularmente busca frenar los numerosos casos de Coronavirus que registra el país. Allí indica que el Gobierno dispondrá “de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas” y la convocatoria a un consejo de científicos y técnicos en salud para el desarrollo de un programa denominado ‘Programa Nacional Perú Libre de Pandemia’.

En este punto en particular, toma importante trascendencia la capacidad de Castillo de llegar a acuerdos con otros gobiernos y/o farmacéuticas del mundo, para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, que le permitan inocular a la población; pero a la vez le servirá para diferenciarse de sus antecesores y despegarse de los gobiernos del establishment, quienes no supieron o no quisieron dar respuesta alguna a este tema.

En la denominada “batalla parlamentaria”, Castillo tendrá un panorama demasiado complejo, donde tendrá que buscar gobernabilidad a través de acuerdos y consensos con los sectores tradicionales de la política peruana que van a hegemonizar el Congreso. Por ello es vital el diálogo constante con las bases sociales y sus organizaciones, para ir construyendo poder por fuera del ámbito parlamentario, y así garantizar un respaldo popular para que lo defienda en las calles, ante una posible (y casi segura) avanzada de la derecha.

Sin la activa movilización, participación y sincero diálogo entre el próximo mandatario peruano y las organizaciones populares, a Castillo y las fuerzas nacionales, se le tornará imposible avanzar hacía las conquistas que el pueblo peruano exige.

Dentro del plan trazado por Castillo se encuentra la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el cual en sus inicios estará abocada al enfrentamiento del Covid 19, realizando la distribución de más de 20 millones de barbijos, jabones, alcohol, pulsos de oxímetros, producción de oxigeno medicinal y atención a la salud mental.

El último punto plantea la convocatoria a un referéndum para reformar la Carta Magna. Entre los aspectos que se busca incluir en la nueva constitución se encuentran que se reconozca “expresamente y garantice los derechos a la salud y la educación, a la alimentación, a la vivienda, y el acceso al internet; el reconocimiento a los pueblos originarios y a nuestra diversidad cultural; de los derechos de la naturaleza y el buen vivir”, entre otros.

Además, el documento también pone como prioridades la reactivación de la economía, el “inicio del proceso de la segunda reforma agraria”, el retorno a la educación presencial, la masificación del gas como política de Estado y una clase de reforma tributaria para “aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud”.

En lo que respecta a la política exterior, el panorama que le tocará a Castillo, será convivir con países denominados progresistas, como Argentina con Alberto Fernández; Luis Arce en Bolivia; Nicolás Maduro en Venezuela y con la posibilidad de resultar vencedor (palestino y comunista) en Chile Daniel Jadue. De esta manera, en Sudamérica en particular, las posibilidades de una alianza estratégica para un desarrollo genuino, sostenible, inclusivo y compartido entre todas las naciones volvería a tomar impulso y el grupo de Lima, quedará reducido y sin uno de sus principales bastiones. De ahora en más la audacia y la agilidad de Castillo consistirá en aplicar éste y otros programas de Gobierno, en una sociedad que se encuentra extremadamente dividida, por lo que tendrá que negociar punto por punto, en un sistema político que tiene sus propios mecanismos para destituir presidentes de forma express.