El caso ha impactado, y escribimos estas líneas cuando aún resuena la voz de la jueza que ha condenado a Álvaro Uribe, el presidente de ultraderecha que gobernó Colombia entre el 2002 y el 2010, pero teniendo importante poder político desde antes de esos años y a posteriori. Fue gobernador del departamento de Antioquia, desde donde movía los hilos paramilitares, y su presencia continuó marcando la política para poner sus alfiles en la presidencia de la República, como Iván Duque, quien también se fue con las manos manchadas de sangre durante las últimas revueltas populares.

Aún se miden las consecuencias políticas de este fallo condenatorio, que de por sí son impredecibles en un país marcado en los últimos años por la polarización política y la revuelta popular.

En la historia de Colombia –país donde históricamente los grandes grupos de poder político y económico dominaron la historia del país con absoluta impunidad– se trata del primer presidente de la República que no solo ha sido llevado al banquillo de los acusados, sino también condenado. En Colombia cualquier intento de alterar ese histórico régimen político ha implicado ser asesinado: lo atestiguan centenas de miles de colombianos y colombianas que tuvieron dicho destino o terminaron pudriéndose en las cárceles.

Uribe fue condenado no por los peores crímenes que carga encima, como sus vínculos con el paramilitarismo y su larga  secuela de asesinatos;  los «falsos positivos de jóvenes» ultimados y hechos pasar por guerrilleros caídos en combate cuando Uribe impulsaba la política de «Seguridad Democrática», las masacres de El Aro y La Granja y una estela de centenares de crímenes. Allí están las Madres de Soacha, que piden justicia por sus hijos asesinados.

Uribe ha sido condenado sólo por intentar, vía sobornos, modificar testimonios que lo vinculan a él y su familia con los grupos armados paramilitares de la ultraderecha. La manipulación de testigos pasó a primer plano en el juicio que se le terminó abriendo. Pero tiene encima además ante la Justicia centenas de denuncias y otras tantas decenas de acusaciones directas por sus crímenes que nunca prosperan. Como en el caso de Al Capone, condenado por evasión fiscal y no por sus crímenes, Uribe ha sido condenado por delitos menores.

Se trata de una condena a la que Uribe podrá apelar, primero ante la Corte Superior de Bogotá, y en el caso de que se ratifique el fallo condenatorio, aún podrá hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia, en un eventual recurso de casación. Este viernes se sabrá la sentencia: la Fiscalía ha solicitado 9 años de cárcel que por tener más de 70 años (tiene 73)  podrá cumplir en su cómoda hacienda antioqueña. Es un largo recorrido como largo ha sido el camino para llegar a esta condena: casi 13 años, pues la investigación arrancó en 2012.

Uribe siempre buscó escapar del banquillo de los acusados, y lo conseguía por la impunidad reinante. Lo protegía el  Congreso, donde lo más podrido de Colombia tenía acogida. El senador Iván Cepeda se atrevió a denunciarlo ante el Congreso, en 2012, con una serie de testigos que lo respaldan. Lo acusó de organizar en Antioquía junto a su hermano  Oscar el grupo paramilitar Bloque Metro, una rama de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), nacida en la Hacienda Guacharacas, propiedad de su familia. Las evidencias son contundentes, su involucramiento más que evidente. No solo Juan Guillermo Monsalve, ex paramilitar, el testigo al que intentó sobornar lo atestigua. Hay muchos testimonios y muchisimas víctimas.

La ruina de Uribe comenzó cuando acusó a Cepeda de difamación, confiado en poder manipular a testigos. Pero la estratagema se le vino abajo, al comprobarse su intento de sobornar a Guillermo Monsalve, lo que dio un giro de 180 grados al proceso. La Corte Suprema de Justicia desestimó el caso contra Cepeda en 2018, y lo volvió contra Uribe. Para evitar que la Corte Suprema lo juzgara, Uribe renunció al curul de senador que ocupaba desde 2014, lo que hizo que el caso pasara a la justicia ordinaria, que es la que lo ha condenado.

Como era de esperar, la ultraderecha continental ha salido en su apoyo. Como pasó con Bolsonaro, Trump salió en su defensa.  Y su secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en la red X: “El único crimen del expresidente colombiano Uribe es haber luchado incansablemente por su patria. La instrumentalización del poder judicial por jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”.  Es que Uribe fue la cabecera de playa de la reacción en la región y del imperialismo, el que profundizó el «Plan Colombia«, afianzó las bases militares estadounidenses, el saqueo y el despojo. Uribe fue el peón preferido de Washington.

Los grandes grupos económicos, medios de comunicación incluidos, con la revista Semana a la cabeza, iniciaron su guerra en defensa de Uribe mucho antes de que fuera condenado, apelando a la difamación y a la exposición de la vida personal de la jueza Sandra Liliana Heredia, quien tuvo a cargo el juicio.

Las tensiones políticas por su condena podrían escalar. Uribe sigue comandando el principal partido de oposición de derecha, el Centro Democrático. El fallo se produce a menos de un año de las elecciones presidenciales en las que aliados y protegidos de Uribe competirán por la presidencia. El gobierno de Petro no transita su mejor momento político, y aún no tiene un candidato definido, aunque con este fallo, Iván Cepeda (foto)se perfila como posible candidato a la Presidencia.

El uribismo levantará la bandera de la persecución política, al estilo de Bolsonaro em Brasil, pero Petro alegará que en su gobierno no hay impunes. Todavía está por verse si Uribe también es condenado por la Corte Superior de Bogotá o la Corte Suprema de Justicia.