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GUARIDAS FISCALES. Inadmisible: quienes las usan para eludir el pago de impuestos reciben ayuda del Estado

No hay control fiscal sobre la fuga de capitales desde que en 2013 la AFIP abandonó el tratamiento especial de control de las operaciones relacionadas con guaridas fiscales. Como una cruenta burla, las empresas que utilizan esas guaridas para eludir el pago de impuestos, reciben ahora asistencia monetaria del Gobierno para pagar salarios.

Las guaridas perfectas son las que no se ven… o no se miran

El estado Argentino ayuda a pagar sueldos a las empresas que eluden el pago de impuestos usando «guaridas fiscales» [1], mientras la AFIP, desde 2013, hace de cuenta que no existen o peor aún, que ahora son «jurisdicciones cooperantes» [2].

En marzo de 2018 expuse, junto a mi amigo y mentor profesional Jorge Gaggero, como la AFIP había abandonado desde 2013 el tratamiento especial de control de las operaciones relacionadas con Guaridas Fiscales para evitar la elusión y evasión de impuestos y controlar la fuga de capitales. Lo hicimos en un artículo publicado en la revista «Voces en el fénix» [3] que hoy recobra vigencia por los inmensos esfuerzos de gasto fiscal que está haciendo el estado nacional para compensar el impacto de la pandemia macrista de cuatro años, de la cuarentena/pandemia del COVID 19 y de la crisis económico/financiera internacional. El esfuerzo consiste, entre otras medidas, en pagar parte de los salarios de millones de asalariados que trabajan en PyMEs pero también en grandes empresas y se da la paradoja inaceptable de que muchas de estas grandes firmas no solo han distribuido recientemente millonarias ganancias sino que además utilizan «guaridas fiscales» para su funcionamiento y «Planificación fiscal», eufemismo con el que las grandes firmas internacionales de auditoría llaman a la elusión de impuestos [4]. Para ver el detalle de algunas de estas mega firmas que acceden a ayuda pagada con los escasos recursos gubernamentales, mientras al mismo tratan de pagar lo mínimo posible torciendo la ley hasta el límite, se puede leer un detallado artículo publicado en el portal El Destape por el amigo Ari Lijalad este viernes 15 de mayo [5].

Es posible ver algunas de las muy negativas consecuencias del lamentable abandono, por parte de la AFIP,  de la «lista negra» de «Guaridas Fiscales» que estuvo vigente desde el año 2000 hasta el 2013 al apreciar hace algunos días que algunos países europeos limitan la entrega de ayuda a sus empresas, en relación con la pandemia de COVID 19, si éstas empresas tienen presencia activa en «Jurisdicciones de baja o nula tributación» (nombre formal de las «guaridas fiscales»). Un diputado nacional argentino [6] publicó en twitter, el 3 de mayo pasado, una propuesta para emular a esos países en las ayudas que entrega el Gobierno Argentino. Sin embargo, gracias a la derogación de la «lista negra» mediante el Decreto 589/2013, la Argentina no puede tratar a las operaciones y radicaciones en lugares como las Islas Caimán o las Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, como operaciones o radicaciones sospechosas de modo de excluir una empresa beneficios que otorga el mismo Estado al que estas empresas eluden pagarle impuestos. De hecho, con la firma de un convenio de intercambio de información, la gran mayoría de las «guaridas fiscales» que figuraban en la «Lista Negra» derogada en 2013 figuran ahora en el citado listado de «Jurisdicciones Cooperantes» y tienen patente de buena conducta en base a un convenio cuyo cumplimiento real es imposible de controlar. Para empeorar la situación y mostrar cuánto del poder económico y político está detrás de los más de 450 mil millones de dólares que se estima tienen los fugadores argentinos en el exterior, basta ver que cuando estas «ex guaridas fiscales» han dado cumplimiento formal y parcial enviando información de cuentas no declaradas cuyos propietarios parecen ser argentinos, las autoridades receptoras de esos datos en la AFIP han cajoneado la información como se está ventilando en la denuncia de Jorge Gaggero devenida en inicio de investigación y causa de la justicia de la mano del Fiscal Delgado [7].

Tributarista Gaggero: Muchos opinan que si se le hubiera hecho caso, hoy Macri estaría preso o cuando menos prófugo.

 

El diputado nacional Federico Fagioli escribió en su tweet del 3 de mayo: «Francia, Canadá, Dinamarca y Polonia anunciaron que no habrá ayuda estatal para empresas registradas en paraísos fiscales. Italia, Bélgica, Suecia y Austria estudian medidas similares. En Argentina no estaría de más ese debate. Mercado libre, por ejemplo, tiene sede en Delaware.”

Celebro la idea del diputado y me parece más que oportuno retomar un camino de lucha seria contra el uso de las «Guaridas Fiscales» para evitar pagar impuestos en Argentina, pero antes de pensar en sanciones o exclusión de beneficios para las empresas relacionadas con esas jurisdicciones finamente llamadas offshore deberá definirse quiénes son las mismas y recrear una lista negativa derogando la de jurisdicciones cooperantes. No es una decisión política fácil porque esa «lista blanca» de bondadosos cooperantes fue el resultado de la presión de la OCDE, el club de los países ricos, cuando hizo de cuenta que iba a ir en contra de ese engranaje central del descalabro de la crisis del 2008 y les «lavó la cara» firmando papelitos y pidiéndole que entregue perejiles y clientes mal asesorados para hacer de cuenta que el sistema de intercambio de información funciona, cuando en realidad es un parche o una pantalla para seguir dejando que las empresas multinacionales y los ricos no paguen impuestos en ningún país del mundo. Esa actitud de la OCDE fue, junto a los billonarios rescates de los bancos y empresas ligadas al casino internacional, entre otras cosas, lo que nos ha traído a esta crisis económico financiera del 2020, la cual fue detonada por el COVID 19 pero en modo alguno tiene que ver mayormente con ese «oportuno» virus.

He invertido unos cuantos años en estudiar, debatir y exponer en Argentina, Latinoamérica y Europa sobre las guaridas fiscales y las fugas de capitales, en especial en el equipo conducido por Jorge Gaggero en el CEFID-AR (centro de estudios estatal cerrado apenas ganó las elecciones el macrismo en 2015), por eso no pude dejar de responderle en Twitter al diputado Fagioli que es una muy buena su propuesta pero que primero hay que reconstruir la lista de guaridas fiscales desaparecida. Hoy que tengo la oportunidad de ampliar la breve respuesta que permite twitter la convertirla en propuesta de colaboración ad-honorem para la elaboración de un proyecto de Ley que repare el daño realizado en nuestro sistema tributario en 2013 y se eviten males mayores en momentos en que la ayuda estatal debe destinarse a quienes generan empleo, pagan impuestos e invierten en argentina y no a las mega empresas «locales» e internacionales que usan las «guaridas fiscales” y cuanto mecanismo pueden para evitar hacer su aporte al país donde producen y venden sus mercaderías y servicios.

Notas:

[1] En la bibliografía en inglés estas jurisdicciones y países que sirven para esconder propietarios y actividades son llamadas “Tax Havens” cuya traducción más correcta es “guaridas fiscales”, la palabra paraíso en inglés es “Heaven” y se utilizó como traducción errónea adrede para apoyar el argumento de los defensores de estas guaridas de piratas que sostiene que estos lugares son «el paraíso al que deben huir quienes ganaron el dinero a costa del sudor de su frente para evitar que los gobiernos voraces e insaciables se abalancen sobre ellos para cobrarles impuestos», una fábula que está bien lejos de la realidad.

[2] Para ver la normativa y las listas de Jurisdicciones Cooperantes en la página web de la AFIP hacer click en el siguiente link: https://www.afip.gob.ar/jurisdiccionesCooperantes/

[3] Link para acceder al artículo de Valerdi y Gaggero sobre Guaridas Fiscales publicado en Voces en el Fénix en marzo de 2018: https://www.academia.edu/36511354/LA_ARGENTINA_Y_LAS_GUARIDAS_FISCALES

[4] La elusión de impuestos consiste en torcer las normas legales impositivas hasta sus límites y buscar las lagunas y agujeros que pudieran tener de manera tal de aprovecharlo y pagar lo mínimo posible de impuestos o incluso nada. No es una actividad ilegal pero si ilícita, es decir que ha distorsionado de tal manera la intención de quien emitió las normas que violenta su espíritu aunque cumpla con las formalidades de la ley. Los más grandes estudios legales y firmas de auditoría internacional llaman a esta actividad «planificación fiscal» y venden millones de horas hombre anuales de asesoría a las empresas multinacionales y a los millonarios.

[5] Link para acceder al artículo de Ari Lijalad en El Destape: https://www.eldestapeweb.com/politica/coronavirus-en-argentina/techint-y-clarin-recibieron-ayuda-del-gobierno-para-pagar-los-sueldos-mientras-reparten-ganancias-y-tienen-cuentas-offshore-20205151900

[6] El tweet del 3 de mayo de 2020 corresponde al diputado nacional (Frente. de todos) Federico Fagioli, usuario @Fede_FagioliOK

[7] Ver nota de Claudio Mardones sobre este tema en Tiempo Argentino en el siguiente link: https://www.tiempoar.com.ar/nota/grandes-fortunas-piden-que-se-investigue-la-proteccion-estatal-a-contribuyentes-evasores

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Un comentario

  1. La raíz del problema es la falta TOTAL de control de las empresas informáticas, que maneja Bill Gates y su pulpo Google, Windows, Outlook, Facebook, Twitter y oitras instancias de incomunicación de las redes. De allí pasa a la ausencia de los ojos del estado sobre los bancos, y este par de delincuentes aprieta a gobiernos y sujetos que relajan sus exigencias. Una mayoría que llega al gobierno tras una campaña de mentiras, encantados, orondos y muy bien pagadxs se dejen apretar por estos EMPORIOS de medios y redes sociopsicópatas. Después se suma la INQUISICIÓN actual, el poder judicial que a la luz saca pistolas, mata, roba e inventa semántica de leyes. La ONU debe establecer un control inmediato del uso de internet para actos criminales contra el estado, su política y los DDHH. Cada gobierno endría que formar una comisión de expertos en informática, bancos, iglesias, universidades para administrar mejor los bienes públicos, su dinero, las reservas, el territorio y el cumplimiento de las leyes.

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